ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros sobre impulso del programa de mejora de la reglamentación y reducción de cargas administrativas

Reducir costes administrativos derivados de nuestra legislación es una tarea que permitirá mejorar las relaciones de los ciudadanos con sus administraciones públicas y aumentar la competitividad de nuestras empresas, eliminando obstáculos y cargas y simplificando legislación que entorpezca la actividad empresarial.

La mejora de la reglamentación y la simplificación de la legislación constituyen procesos imprescindibles para responder a la exigencia ciudadana de máxima calidad y eficiencia de los servicios públicos.

En los últimos años, las administraciones públicas han venido trabajando intensamente en el objetivo de reducir las cargas administrativas y simplificar las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos. Cabe citar, en este sentido, iniciativas de gran alcance abordadas recientemente, como la supresión de la obligación de presentar fotocopias del DNI y de los certificados de empadronamiento en la Administración central, lo que supone un ahorro de 7,5 millones de documentos en papel y cerca de 7 millones de horas en gestiones.

El momento actual de desarrollo tecnológico y de avance en las sociedad de la información ofrece una oportunidad sin precedentes para que las administraciones públicas avancen con buen ritmo en la simplificación de los procedimientos con impacto ciudadano. La administración electrónica y la gestión telemática de los procesos permiten, sin duda, dar un salto cualitativo esencial para la agilización de trámites y procedimientos, con la consecuente reducción de tiempo y coste en las gestiones de los ciudadanos con sus administraciones.

Por otra parte, la transparencia, calidad y eficiencia en la gestión de los servicios públicos constituyen también objetivos prioritarios de las administraciones públicas que, reforzados con la creación de la Agencia estatal de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios, deben ser aprovechados como pieza clave de un nuevo modelo de gestión pública orientada al servicio de los intereses generales.

Así pues, de la mano de las nuevas posibilidades que ofrece la administración electrónica, es necesario un nuevo impulso que permita seguir avanzando en la doble perspectiva de reducir el impacto directo de la regulación en los ciudadanos y en la actividad empresarial.

Ha llegado el momento de analizar nuestra legislación para ver si ésta puede simplificarse, al objeto de aligerar las cargas que pesan sobre los operadores y ciudadanos garantizando su claridad, actualización, eficiencia y fácil aplicación, respetando el derecho existente, contando siempre con la participación de las administraciones de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

La Unión Europea está directamente implicada en este objetivo. Desde hace años, tanto la Unión Europea como los Estados Miembros han elaborado contribuciones importantes, como el denominado «Informe Mandelkern» (2000) y el Libro Blanco de la Comisión sobre la gobernanza europea (2001), así como varios informes del Parlamento europeo relativos a «Simplificar y mejorar la reglamentación».

Las conclusiones de varios Consejos europeos han recogido estas contribuciones y han reiterado la necesidad de una acción coordinada entre la Unión y los Estados Miembros, orientada a la mejora de la reglamentación para disponer de una legislación simple, comprensible y de buena calidad. En ese sentido, cabe destacar las conclusiones del Consejo europeo de Lisboa, posteriormente refrendadas por los Consejos europeos de Laeken, Estocolmo, Barcelona y Bruselas.

En el reciente Consejo europeo de primavera, celebrado en Bruselas el 8 y 9 de marzo de 2007, los Jefes de Estado y de Gobierno han concluido que la mejora de la legislación es un elemento central para aumentar la competitividad y promover el crecimiento sostenible y el empleo.

Dentro de las acciones que comprende la mejora de la reglamentación, el Consejo ha destacado, por un lado, la importancia de revisar periódicamente el programa de simplificación, así como aquilatar el sistema de evaluaciones de impacto.

Por otro lado, el Consejo ha concluido que la reducción de cargas administrativas constituye una medida importante para impulsar la economía de Europa, estimando necesario un importante esfuerzo común para reducir las cargas administrativas derivadas de la legislación de la UE en un 25%, para 2012. En consecuencia, ha aprobado el Programa de Acción de la Comisión Europea de Reducción de cargas administrativas, que se refiere a las cargas sobre las empresas originadas por la legislación tanto europea como nacional. Teniendo en cuenta los diversos puntos de partida y la estructura político-administrativa de cada uno de los Estados Miembros, el Consejo Europeo les invita a establecer sus propios objetivos nacionales de ambición comparable en sus respectivos ámbitos de competencia, antes de 2008.

Los Estados miembros deben, pues, adoptar medidas a escala nacional y expresar un compromiso claro con el programa de mejora de la reglamentación y con la reducción de las cargas administrativas. Los avances conseguidos a este respecto deberán reflejarse en los Programas nacionales de reforma.

España, que siempre ha expresado su apoyo al proceso de mejora de la reglamentación y simplificación de la legislación, asume las conclusiones del Consejo europeo de primavera, y se compromete a llevar a cabo las medidas necesarias para que estas conclusiones se plasmen en realidades.

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, el Consejo de Ministros acuerda:

1. Crear un Grupo de Alto Nivel, presidido por el Ministro de Administraciones Públicas e integrado, entre otros, por el Secretario de Estado de Economía, el Secretario de Estado para la Unión Europea, el Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y la Subsecretaria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La Secretaría del Grupo, sin voz ni voto, corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas.

2. Encargar a dicho Grupo la elaboración de un Plan de acción para la reducción de cargas administrativas, que deberá ser presentado antes de fin de 2007, con los siguientes objetivos:

• a. Valoración de las cargas administrativas existentes para las empresas en la legislación nacional, con el objeto de reducirlas en un objetivo de ambición comparable al 25% europeo para el año 2012. En especial se profundizará en las medidas necesarias para disminuir los trámites administrativos relacionados con la creación de nuevas empresas.
• b. Determinar la participación española en el Programa de acción de la Comisión de reducción de cargas administrativas, cuyo objetivo es que las cargas administrativas derivadas de la legislación de la UE se reduzcan en un 25% para 2012.
• c. Impulsar la mejora de la regulación de forma que se reduzcan las cargas administrativas que las nuevas normas supongan para las empresas y ciudadanos en general.
• d. Avanzar en el uso intensivo de tecnologías de la información, incluyendo la interconectividad entre administraciones, como forma de reducir las cargas administrativas en los procedimientos de impacto ciudadano.

3. Establecer la necesaria colaboración con las comunidades autónomas y los entes locales, a través de la Conferencia Sectorial de Administración Local, para vincular su participación en los objetivos recogidos en el Plan.

4. En el seno de la Comisión Interministerial de Simplificación Administrativa, identificar nuevas iniciativas que permitan avanzar en los procesos de simplificación de trámites que inciden en la vida de los ciudadanos y en sus relaciones con las administraciones públicas.

5. Acordar mecanismos de colaboración con las Cámaras de Comercio y las organizaciones empresariales y sindicales para avanzar en la rápida identificación de aquellas medidas que permitan la reducción de las cargas administrativas que dificultan la creación de nuevas empresas y limitan la actividad de las ya existentes.