Sumario

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 10 del Texto Refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, regula los requisitos que debe reunir el solicitante para poder ser titular de la prestación. Específicamente, en el apartado d) del citado artículo, se prevé que no podrán acceder a la prestación de renta garantizada de ciudadanía quienes estén percibiendo prestaciones contributivas o no contributivas a cargo de cualquiera de las administraciones públicas, estableciéndose a continuación una salvedad para los casos de víctimas de violencia de género. La previsión contenida en referido apartado d) del artículo 10, deriva, a su vez, de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3.º, al señalarse que la renta garantizada de ciudadanía no complementará los ingresos que pudieren percibir los solicitantes procedentes de acciones protectoras de la seguridad social, en cualquiera de sus modalidades contributivas o no contributivas, o de cualesquiera otros regímenes o sistemas públicos de protección.

La reforma del sistema de prestaciones por desempleo aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, introdujo el subsidio de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, también llamado «subsidio parcial», contemplando los casos en los que el último contrato, que da lugar a la situación de desempleo, sea un contrato a tiempo parcial.

Los representantes del Diálogo Social, siguiendo la trayectoria de participación activa en la configuración de la prestación de renta garantizada de ciudadanía desde sus inicios, han manifestado ahora la necesidad de facilitar el acceso a esta prestación en el supuesto indicado anteriormente, al objeto de evitar que los beneficiarios de los referidos subsidios parciales, puedan llegar a encontrarse en una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. A este respecto hay que tener en cuenta que el párrafo sexto del inciso II de la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1/2014 reconoce el principio de subsidiaridad, como la base de la prestación de último recurso, y que siendo así, el propio artículo 3 del texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el citado Decreto Legislativo, contempla este principio con la posibilidad de excepciones para ser atendidas en determinados supuestos de complementariedad.

Por lo expuesto, en base a la Constitución y a las competencias exclusivas establecidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, se considera oportuno modificar el texto refundido de las normas legales vigentes que regulan el acceso y disfrute a la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castila y León, con el fin de permitir el acceso a dicha prestación a los perceptores del subsidio parcial de desempleo que reúnan el resto de los requisitos exigidos en la normativa reguladora de la prestación de renta garantizada de ciudadanía.