Decreto 29/2023, de 21 de abril, de tercera modificación del Decreto 144/2010, de 24 de noviembre, por el que se establecen los precios públicos correspondientes a determinados servicios sociales especializados. 

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Sumario

Preámbulo

La disposición adicional segunda del Decreto 144/2010, de 24 de noviembre, por el que se establecen los precios públicos correspondientes a determinados servicios sociales especializados dispone que, con efectos de 1 de enero de cada ejercicio, los precios públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho decreto se actualizarán del mismo modo que con carácter general lo hagan las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social.

La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, regula una nueva disciplina no indexadora en el ámbito del sector público que elimina las revisiones predeterminadas de valores monetarios en función de índices de precios.

Por otra parte, el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, establece que todo régimen de revisión de valores monetarios en el sector público deberá tomar como referencia la estructura de costes de la actividad cuyo valor monetario es objeto de revisión, ponderándose cada componente de costes en función de su peso relativo en el valor íntegro de dicha actividad.

El tiempo transcurrido desde la aprobación del Decreto 144/2010, de 24 de octubre, y los cambios económicos acaecidos en los últimos años, así como la imposibilidad de revisión de los precios públicos conforme a índices de consumo, hacen necesario e inaplazable revisar los precios públicos de determinados servicios en los que el precio establecido ha quedado desfasado, y regular un nuevo sistema de revisión de precios. Asimismo, se hace preciso aprobar un precio público específico para el servicio de alojamiento residencial de carácter psicogeriátrico, al tratarse de un servicio distinto al residencial para el cual no existe precio público establecido.

La presente disposición se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la propuesta está justificada por una razón de interés general, con la finalidad de modificar el régimen de revisión de estos precios públicos y a su vez actualizarlos conforme a la normativa vigente. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad descrita, ejerciéndose de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio de seguridad jurídica.

El artículo 16 del texto refundido de la Ley de Tasas y de Precios Públicos, aprobado por Decreto Legislativo 1/1998, de 11 de junio, dispone que el establecimiento, modificación o supresión de los precios públicos, se realizará mediante Decreto del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta conjunta de la Consejería competente en materia de hacienda y de la Consejería que en cada caso corresponda por razón de la materia, debiendo incorporarse a la misma una memoria económico-financiera justificativa de los importes propuestos.

En su virtud, a propuesta conjunta de la Consejera de Hacienda y la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 21 de abril de 2023,

ACUERDA