RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2024, de la Presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se convoca la acción concertada para la prestación del servicio «Centros de crisis de atención a víctimas de violencias sexuales»

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Sumario

Por Orden FAM/8/2024, de 9 de enero, se aprueban las bases por las que se regula la acción concertada para la prestación del servicio «Centros de crisis de atención a víctimas de violencias sexuales».

Con fecha 19 de septiembre de 2024 la Dirección General de la Mujer emite informe de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 7.3 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico del concierto social en determinados ámbitos del Sistema de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública de Castilla y León.

De acuerdo con la previsión del artículo 15 de la Orden FAM/8/2024, de 9 de enero, que atribuye a la persona titular de la presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León la competencia para convocar los procedimientos de concertación,

RESUELVO

Primero. Objeto.

El objeto de la presente resolución es convocar la acción concertada para la prestación del servicio centro de crisis de atención a víctimas de violencias sexuales en cada una de las provincias de Castilla y León.

Segundo. Contenido del servicio que se concierta.

1. El servicio objeto de concertación comprenderá la atención a víctimas de violencias sexuales.

2. El servicio de atención en los centros de crisis comprenderá información, atención psicológica, asesoramiento jurídico y acompañamiento social.

3. Los centros de crisis desarrollarán, además, iniciativas de prevención de la violencia sexual y de sensibilización con el objeto de mejorar el trato social a las víctimas y su credibilidad. Estas iniciativas requerirán la autorización previa del órgano directivo competente en materia de atención a víctimas de violencia contra las mujeres.

4. En todos los centros se prestará una atención presencial, telefónica y telemática.

Tercero. Requisitos de las entidades para concertar.

Para suscribir el concierto social, las personas físicas, jurídicas o las uniones de aquellas que se constituyan temporalmente a estos efectos, proveedores de servicios y prestaciones sociales, deberán reunir los siguientes requisitos:

• a) Figurar inscritas en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social de Castilla y León.
• b) Disponer de medios y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes bases, así como el cumplimiento de toda aquella normativa que, con carácter general o específico, les sea de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad, como por el tipo de prestación o servicio objeto de concertación.
• c) No incurrir en alguno de los supuestos previstos en el régimen de prohibiciones establecido de la normativa sobre contratación o subvenciones públicas.
• d) No haber sido sancionadas con carácter firme por la comisión de una infracción muy grave en el ámbito de los servicios sociales, en el plazo de los cuatro años anteriores al inicio del procedimiento del concierto social.
• e) Compromiso de suscribir una póliza de responsabilidad civil suficiente para garantizar la cobertura de los daños o perjuicios ocasionados en las personas y los bienes como consecuencia de la gestión o actividad del personal del centro. La póliza deberá suscribirse en el plazo máximo de 15 días desde la adjudicación del concierto.

Cuarto. Destinatarias de la actuación concertada y sistema de acceso al servicio.

1. Serán destinatarias de la actuación concertada las mujeres, mayores de 16 años, que vivan, residan o trabajen en Castilla y León, víctimas de violencia de género que requieran una intervención especializada por ser víctima de algún tipo de violencia sexual, presente o pasada, así como sus familiares y personas de su entorno.

Se entiende por violencia sexual los actos de naturaleza sexual definidos en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

2. También serán destinatarias del servicio las mujeres que sin vivir, residir o trabajar en Castilla y León hayan sido objeto de una agresión sexual en el territorio de la Comunidad de Castilla y León así como las víctimas procedentes de otras Comunidades Autónomas en los términos que dispongan los protocolos suscritos al efecto.

3. El acceso al servicio por parte de las personas destinatarias será siempre gratuito y voluntario.

4. El acceso a este recurso puede realizarse por vía telefónica, a través de un número de teléfono establecido específicamente para esta atención, telemática, a través de una página web y presencial.

5. El acceso puede ser por iniciativa de la destinataria, sin necesidad de cita o por derivación de cualquier recurso público o privado.

6. El acceso será confidencial y las personas usuarias no estarán obligadas a facilitar sus datos. Sólo cuando la víctima vaya a recibir una prestación especializada se requerirá a la víctima para que facilite los datos personales que resulten necesarios, al objeto de lograr una atención coordinada, integral y continuada de las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. El tratamiento de estos datos se realizará observando lo dispuesto por la normativa vigente sobre protección de datos personales.

En el marco de la normativa vigente sobre protección de datos se deberá trasladar a la persona usuaria la información básica sobre el tratamiento de sus datos y, en su caso, la forma de acceso a la información.

7. El acceso al recurso no se condiciona a haber denunciado ni a estar en disposición de hacerlo.

Quinto. Condiciones técnicas, características y requisitos del servicio objeto de concertación.

1. Condiciones técnicas del servicio:

• 1.1. Las instalaciones serán puestas a disposición de las entidades adjudicatarias del concierto por la Gerencia de Servicios Sociales.

  Las instalaciones y su ubicación podrán ser modificadas por el centro directivo competente en materia de mujer por razones técnicas, organizativas o de fuerza mayor, debidamente justificadas, a otro centro del sistema de servicios sociales si ello es necesario para garantizar el servicio a las personas usuarias.

• 1.2. El servicio de centros de crisis deberán garantizar, a través de los medios necesarios, que todas las personas usuarias tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes, en un lenguaje claro y comprensible, mediante formatos accesibles y adaptados a las circunstancias personales de sus destinatarios, garantizándose su acceso universal, conforme establece el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, y el artículo 5.3 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación.
• 1.3. La atención se llevará a cabo por un equipo de profesionales especializados en materia de violencias sexuales, a jornada completa, con las siguientes titulaciones:
  • 1.3.1. Dos profesionales del Grupo I (un titulado/a en Derecho y un titulado/a en Psicología)
  • 1.3.2. Dos profesionales del Grupo II (titulados/as en Trabajo social)
• 1.4. Los centros de crisis que sean concertados se integrarán en la Red de Atención a las víctimas de violencia de género de Castilla y León.
• 1.5. Dicha atención se prestará de acuerdo con un protocolo de actuación y coordinación elaborado por la Gerencia de Servicios Sociales.
• 1.6. Los centros tendrán carácter provincial.

2. Características del servicio:

• 2.1. A través del servicio de los centros de crisis se prestará una atención individualizada y centrada en la persona.
• 2.2. El servicio se prestará de forma adaptada, atendiendo a las necesidades de las personas usuarias, respetando la confidencialidad y privacidad de las personas usuarias.
• 2.3. El servicio de atención en los centros de crisis comprenderá las siguientes prestaciones:
  • a) Información general en materia de violencias sexuales.
  • b) Atención psicológica de emergencia y crisis.
  • c) Asesoramiento jurídico.
  • d) Acompañamiento social y asesoramiento para el proceso de toma de decisiones.
  • e) Atención a las demandas de familiares y del entorno de la víctima para orientar el apoyo y acompañamiento que puedan prestar a la víctima.
  • f) Información sobre todos los derechos y recursos disponibles para las víctimas de violencia sexual, en formato accesible y comprensible al contexto y situación de cada persona usuaria.
  • g) Derivación a otros servicios especializados o de emergencias.
  • h) Información y atención inmediata de emergencia a víctimas de cualquier tipo de violencia contra la mujer.
• 2.4. El servicio se prestará siempre bajo el principio de coordinación entre administraciones públicas y demás entidades implicadas en la atención integral de las personas usuarias.
• 2.5 Para garantizar la sostenibilidad de los centros y favorecer la atención integral de las usuarias, la prestación del servicio será compatible con el desarrollo de otros programas y proyectos sociales de la entidad.
• 2.6 El servicio de atención estará garantizado en todo momento y el horario podrá adaptarse a la demanda y tiempos de ocio de la población joven.

3. Requisitos del servicio que se presta a las personas usuarias:

3.1. El servicio que se preste deberá respetar los siguientes derechos de las personas usuarias:

• a) Derecho a ser atendidas sin discriminación por cualquier razón, condición o circunstancia personal o social.
• b) Derecho a ser informadas de todos los derechos relacionados con la defensa, protección y asistencia que las asisten, así como aquellos dirigidos a obtener su reinserción social, como a recibir acompañamiento, cuando se valore como oportuno, y apoyo en la tramitación de dichos derechos.
• c) Derecho a estar informada, opinar y participar en el diseño de su plan individual de intervención.
• d) Derecho a la utilización reservada de su historial, así como de los datos que consten en el mismo y a la confidencialidad de los/as profesionales que conozcan sobre él, conforme a la normativa relativa a la protección de datos personales y al Derecho al Honor y a la Intimidad personal y familiar.
• e) Derecho a acceder a las prestaciones asistenciales complementarias de cualquier tipo que pueda solicitar, por su condición de víctima de violencia de género y cualquier otra que se recoja en la legislación vigente.
• f) Derecho a tener acceso a todos los recursos y servicios que comprende la Red de atención a las víctimas de violencia de género del sistema de responsabilidad pública de Castilla y León.
• g) Derecho a recibir servicios de calidad.
• h) Cualquier otro derecho recogido en la normativa en materia de atención a víctimas de violencia de género.

Sexto. Funciones de las entidades durante la prestación del servicio.

1. Las entidades concertadas, en la prestación del servicio Centro de crisis, desarrollarán las siguientes funciones generales:

• a) Atender, informar y orientar a las personas víctimas de violencia sexual que soliciten el servicio, a familiares y personas del entorno.
• b) La evaluación y diagnóstico inicial de cada caso.
• c) El equipo técnico, de forma conjunta con las personas usuarias del servicio, crearán e implementarán un plan de intervención individualizado, en colaboración con el resto de recursos de la Red, incluidos los residenciales cuando la víctima así lo requiera.
• d) Intervención especializada e integral, mediante una atención interdisciplinar.
• e) Activación, a través del 112, del dispositivo de emergencia, en los casos en que se valore necesario.
• f) Derivación de las solicitudes de ingreso en centros de acogida de la Red, según los protocolos de acceso a los mismos.
• g) Realización de las memorias de gestión y recogida de indicadores que permitan la evaluación cuantitativa y cualitativa del Servicio y del perfil de usuarias y demanda.
• h) Desarrollo de acciones de sensibilización y prevención de la violencia sexual en el ámbito de sus competencias.
• i) Colaboración en el desarrollo actuaciones de sensibilización y/o prevención en violencia sexual con perspectiva de género.

2. Las entidades deberán, además, desarrollar las siguientes funciones especializadas:

• a) Servicio jurídico: Las funciones de este servicio serán desarrolladas por profesionales tituladas/os en Derecho, con formación en violencia de género y específica en casos de violencia sexual. Las funciones son información, orientación y asesoramiento jurídico.
• b) Servicio psicológico: Las funciones de este servicio serán desarrollas por profesionales tituladas/os en psicología con formación en violencia de género y específicamente en casos de violencia sexual. Se emplearán técnicas y herramientas de intervención aprobadas por la comunidad científica y siempre con perspectiva de género.
• c) Servicio psicológico especializado en adolescentes: Este tipo de funciones serán desarrolladas por tituladas/os en Psicología, con formación en violencia de género y específicamente en violencia sexual en casos con adolescentes.
• d) Servicio de acompañamiento social: Este tipo de funciones podrán ser desarrolladas por profesionales tituladas/os en Trabajo Social, Educación Social, Integración Social, Agente de Igualdad, Promoción de Igualdad de género o titulación equivalente, con formación en violencia de género y específica en violencia sexual. Esta intervención se realizará con perspectiva de género durante todo el proceso de atención, centrándose en favorecer la recuperación e inserción de las víctimas.

Estos servicios se prestarán, coordinadamente y en los términos previstos en el protocolo previsto en el artículo 6 de la orden, por el personal adscrito al centro concertado o bien por profesionales que prestan sus servicios especializados dentro de la Red de atención a las víctimas de violencia de género de Castilla y León.

3. Las entidades concertadas desarrollarán, además, las siguientes funciones complementarias:

• a) Funciones de coordinación técnica: corresponde a la entidad la supervisión y coordinación en el desarrollo de las tareas del equipo, cobertura de las necesidades logísticas, participación en reuniones relacionadas con la prestación del servicio, aseguramiento del adecuado tratamiento de la información generada y la gestión de personal.
• b) Funciones de administración y archivo: corresponde a la entidad el desarrollo de las tareas administrativas, la custodia y el tratamiento de la información que se genere en la prestación del servicio objeto de concertación.

Séptimo. Financiación y precio del concierto.

1. La financiación del servicio de centro de crisis de atención a víctimas de violencias sexuales se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad, con cargo a la aplicación presupuestaria 09.21.232A01.250.00.

2. El precio máximo del concierto para 9 centros de crisis será 3.197.880,00€, correspondiendo un importe de 177.660,00€ por año y centro.

3. El precio es el importe que se abonará, durante la vigencia del concierto, por los gastos de personal y gestión para el correcto funcionamiento de cada centro de crisis, con independencia del número de usuarias atendidas.

4. Este precio incluye todos los conceptos para el correcto funcionamiento de los centros, excluyendo los gastos ordinarios asumidos por la Gerencia de Servicios Sociales en su condición de titular de los locales como son los suministros de electricidad, calefacción y agua y los gastos de la comunidad de propietarios. Se entienden incluidos, todo tipo de impuestos o tasas estatales, autonómicas o locales existentes. En el caso de que la entidad titular del concierto no esté exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el precio será el correspondiente al precio con el IVA incluido.

5. La financiación del servicio objeto de concertación se realizará con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Octavo. Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes se presentarán utilizando el formulario «Solicitud de concertación para la Prestación del servicio centro de crisis de atención a víctimas de violencias sexuales en Castilla y León», accesible desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es

En el precitado formulario se deberá indicar de forma expresa la provincia del centro para el cual se realizan la solicitud.

Las entidades presentarán una solicitud por provincia.

2. La solicitud incluye declaración responsable relativa a los siguientes extremos:

• a) Representación de la entidad solicitante.
• b) Que la solicitante se halla inscrita en el Registro de entidades, servicios y centros de carácter social de Castilla y León.
• c) Que dispone de los medios y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el catálogo de servicios sociales de la Administración pública concertante en los ámbitos de actuación de la acción concertada y que cumple la normativa que le sea de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por el tipo de servicio objeto de concertación.
• d) Que la solicitante no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones ni en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
• e) Que la solicitante es titular de la cuenta corriente en la que desea recibir el pago por la concertación.
• f) Que la solicitante no mantiene deudas o sanciones de naturaleza tributaria en período ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.
• g) Que no ha sido sancionada con carácter firme por la comisión de una infracción muy grave en el ámbito de los servicios sociales, en el plazo de los cuatro años anteriores al inicio del procedimiento del concierto social.
• h) Que el personal que desarrolla su actividad en el centro donde se presta el servicio concertado dispone de certificado negativo de delitos sexuales.
• i) Que se compromete a suscribir una póliza de responsabilidad civil suficiente para garantizar la cobertura de los daños o perjuicios ocasionados en las personas y los bienes como consecuencia de la gestión y actividad del centro. La póliza deberá suscribirse en el plazo máximo de 15 días desde la adjudicación del concierto.

3. Junto a la solicitud, en el caso de que la solicitante se oponga expresamente a que el órgano gestor verifique directamente o por medios telemáticos los datos, deberá presentar:

• a) Copia del NIF de la entidad solicitante.
• b) Poder de representación.
• c) Copia del DNI o NIE de la persona representante de la entidad.
• d) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, si quien presenta la solicitud es empresa.
• e) Justificante de la inscripción en Registro de entidades, servicios y centros de carácter social en Castilla y León.

4. Junto con la documentación relacionada en el apartado anterior, a la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

• a) Proyecto técnico con la descripción del servicio y las características y condiciones en las que se va a prestar. Dicha descripción incluirá la relación de profesionales, con referencia a la antigüedad, categoría profesional y titulación, de las personas trabajadoras en el centro.
• b) En su caso, plan de igualdad o documentación acreditativa de las medidas de igualdad adoptadas en los últimos dos años.
• c) Para acreditar la experiencia vinculada al objeto del concierto, una declaración responsable que incluya los datos básicos de los proyectos, descripción del objeto, destinatarios, importe, financiación, actuaciones desarrolladas, fecha del proyecto, así como otros que se consideren relevantes.

En la declaración debe constar el objeto y las fechas de prestación del servicio.

Noveno. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 10.4 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento.

2. Las solicitudes se presentarán telemáticamente en la forma y según los modelos normalizados de esta convocatoria, a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, accesible desde la sede electrónica de la Comunidad de Castilla y León: en la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es

La interesada deberá disponer de DNI electrónico o certificado electrónico expedido por entidad prestadora del servicio de certificación reconocida por la Junta de Castilla y León, y que sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas.

Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el apartado anterior reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

3. El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

4. Las personas interesadas deberán cursar sus solicitudes, junto con la correspondiente documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos, sin perjuicio de la posibilidad de que la Administración pueda requerir al particular la exhibición del documento o de la información original en los términos previstos en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. El registro electrónico emitirá un recibo de confirmación de la recepción, consistente en una copia auténtica de la solicitud que incluye la fecha, hora y número de registro. Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por el interesado, garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo de presentación. La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmisión implica que no se ha producido la recepción correctamente, debiendo realizarse la presentación en otro momento.

6. El formulario de solicitud indica la documentación a presentar, así como aquellos documentos cuyos datos consultará la Comunidad de Castilla y León, salvo oposición de la persona interesada, en virtud del artículo 28.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común, y que en cuyo caso deberán ser presentados. Asimismo, la solicitud conllevará también la autorización para consultar las obligaciones tributarias, salvo que se señale en ella la no autorización, en cuyo caso también se tendrá que aportar.

Décimo. Notificación electrónica.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 10.4 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero, las notificaciones se practicarán por medios electrónicos.

Las notificaciones y comunicaciones que los órganos competentes de la Gerencia de Servicios Sociales dirijan a las interesadas se realizarán mediante la puesta a disposición del documento de que se trate a través del sistema de notificación por comparecencia en sede electrónica, para lo cual las interesadas se suscribirán al procedimiento correspondiente en el enlace https://www.ae.jcyl.es/notifica

Para la práctica de la notificación la Administración enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico de la interesada o, en su caso, de la persona representante que este haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración. La falta de práctica de este aviso, de carácter meramente informativo, no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

En los supuestos de notificaciones electrónicas de carácter obligatorio, se entenderán rechazadas cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Cuando la entidad interesada o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.

Undécimo. Criterios de valoración.

1. Las solicitudes se valorarán de 0 a 100 puntos, considerando los siguientes criterios:

• a) Experiencia de la entidad en la gestión de servicios de atención a víctimas de violencias sexuales en los últimos 5 años, hasta un máximo de 50 puntos, adjudicándose 10 puntos por año completo, según los siguientes criterios:
  • • Atención especializada a víctimas de todo tipo de violencias sexuales, 5 puntos por año completo. Máximo 25 puntos.
  • • Experiencia en medidas de prevención y sensibilización de la violencia sexual en todos los ámbitos. 3 puntos por año completo. Máximo 15 puntos.
  • • Experiencia en la gestión de servicios y/o programas de atención a víctimas de violencia de género. 1 punto por año. Máximo 5 puntos.
  • • Participación en la detección y derivación de víctimas a los recursos de la red de atención. 1 punto por año. Máximo 5 puntos.

  La experiencia deberá acreditarse con la presentación de una declaración responsable que incluya los datos básicos de los proyectos, descripción del objeto, destinatarios, importe, financiación, actuaciones desarrolladas, fecha del proyecto, así como otros que se consideren relevantes.

• b) Proyecto técnico que comprenda la descripción del servicio y las características y condiciones en las que se va a prestar. El proyecto deberá incorporar la perspectiva de género y estar redactado en lenguaje no sexista. Este proyecto se valorará con un máximo de 40 puntos distribuidos de la siguiente manera:
  • • Hasta un máximo de 20 puntos por la calidad técnica del servicio y las prácticas que incidan en la calidad del servicio que se presta.

    Se puntuará la fundamentación del proyecto en el que se recojan las necesidades y expectativas de la población destinataria, datos estadísticos, referencia normativa, trayectoria de la entidad, así como la descripción del proyecto de intervención teniendo en cuenta la calidad técnica en la formulación de los objetivos, la descripción de las actividades, la coherencia entre objetivos y actividades, la temporalidad de su ejecución, los recursos humanos y materiales a utilizar, metodología de intervención, criterios e indicadores de evaluación, coordinación interna y externa así protocolos de intervención elaborados, que deberán acompañarse al proyecto presentado.

    Los proyectos se puntuarán proporcionalmente atendiendo al mejor diseño.

  • • Hasta un máximo de 20 puntos en concepto de innovación. Se considerará que un proyecto es innovador cuando incorpore aspectos novedosos en cualquiera de sus elementos ya sea en la metodología, la planificación, la organización de las actuaciones que integran el proyecto o el análisis de resultados.

  Los proyectos se puntuarán proporcionalmente según su grado de innovación.

• c) Claridad y visibilidad de la perspectiva de género y en el empleo del lenguaje no sexista para lo cual se valorarán, hasta un máximo de 5 puntos, los proyectos que incorporen un plan de igualdad o que hayan implantado medidas de igualdad en los últimos dos años en alguna de estas áreas:
  • – Revisión de la clasificación profesional, igualdad en materia retributiva, tipología de contrato.
  • – Presencia de mujeres en cargos de responsabilidad y acciones que favorezcan la presencia de las mujeres en áreas y niveles en los que estén subrepresentadas.
  • – Medidas para prevenir y actuar ante el acoso sexual y por razón de sexo.

  Este criterio se acreditará con la presentación del plan de igualdad o documentación acreditativa de las medidas de igualdad adoptadas en los últimos dos años.

• d) Tener contratadas a personas con discapacidad. Hasta un máximo 5 puntos.

La cuantificación de los trabajadores de la entidad así como la determinación del número de trabajadores con discapacidad que, como mínimo, deben integrar su plantilla en cumplimiento de la obligación legal de reserva establecida en el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, se realizará tomando como referencia el período de 12 meses anteriores a la fecha de solicitud de la concertación y de acuerdo con las reglas de cálculo establecidas en la Disposición adicional primera del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.

2. De conformidad con lo dispuesto en la ley 16/2010, en el caso de que varias entidades obtengan, conforme a los criterios anteriores, la misma valoración, siempre que sean análogas condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social, se optará por aquella que esté constituida sin ánimo de lucro y en el caso de que ambas lo sean, se optará por aquella que forme parte de la Red de Protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León.

Duodécimo. Plazo de ejecución del concierto social y eventuales prórrogas.

1. El plazo de ejecución de los servicios concertados será de 2 años contados desde el 1 de diciembre de 2024 o desde el día siguiente al de la fecha de formalización del concierto social si fuera posterior. Antes de la finalización del plazo inicial y por mutuo acuerdo de las partes el concierto podrá ser objeto de prórroga por un plazo máximo de 2 años.

2. La prórroga del concierto deberá acordarse con, al menos, una antelación mínima de tres meses al momento de finalización del concierto.

3. La prórroga del concierto estará supeditada a la valoración previa de la necesidad de mantenimiento del servicio en los mismos términos y condiciones que venía prestándose, a la existencia de una demanda suficiente que justifique su viabilidad en cumplimento del principio de eficiencia en la gestión de fondos públicos, a la buena ejecución de la prestación y a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

Decimotercero. Modificación del concierto.

1. El concierto podrá modificarse por razones de interés público para adecuar la prestación del servicio, una vez firmado el concierto, a nuevas necesidades que pudieran surgir o, en su caso, a la actualización de la contraprestación económica que perciba la entidad concertante, siempre de forma debidamente justificada.

2. Las modificaciones no podrán suponer, en su conjunto, más del 20% del precio inicial del concierto durante su vigencia. Dichas modificaciones quedan condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos de la Comunidad.

3. El procedimiento de modificación se iniciará, en todo caso, de oficio bien por propia iniciativa de la entidad concertante o bien a instancia de la entidad concertada siendo, en todo caso, preceptiva la audiencia a la misma. La modificación se formalizará en documento administrativo suscrito por las dos partes que se incorporará como anexo al concierto social. En el documento se deberán concretar y justificar la causa la modificación, el porcentaje del precio del concierto al que, como máximo, pueda afectar, la identificación de los elementos del concierto objeto de modificación e inicio de la aplicación de la modificación acordada. El plazo para resolver y notificar la resolución de modificación será, como máximo, de tres meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

4. Las modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales del concierto.

Decimocuarto. Cesión y subcontratación de las prestaciones del concierto.

1. En los casos de cambio de entidad titular o gestora del centro con el que se haya suscrito un acuerdo de acción concertada, la cesión de dicho acuerdo deberá contar con la autorización previa y expresa del centro directivo competente en materia de mujer, que adoptará en su resolución las medidas necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio. La nueva entidad cesionaria deberá acreditar, con carácter previo a la autorización de la cesión, que cumple los requisitos establecidos para las entidades que concurrieron al concierto social vigente, así como su capacidad para prestar los servicios concertados en las mismas condiciones que le fueron exigidas a la entidad cedente.

2. La entidad que suscribe el acuerdo de acción concertada podrá subcontratar partes no fundamentales de la prestación, siempre que dicho extremo no incida en la atención personalizada de las personas destinatarias, no pudiendo subcontratar el personal técnico, ni el personal de dirección. La entidad que desea subcontratar debe obtener previamente autorización expresa de la Administración concertante.

Decimoquinto. Causas de extinción y resolución del concierto.

Son causas de extinción y resolución del concierto las previstas en el artículo 18 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero y en el artículo 94 bis de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre.

Decimosexto. Comisión de Verificación.

1. La Comisión de Verificación es el órgano colegiado encargado de verificar los requisitos y criterios establecidos en el régimen jurídico de la correspondiente convocatoria.

2. La Comisión de Verificación estará compuesta por:

• a) Presidencia: La persona titular del Servicio con competencias en materia de atención a víctimas de violencia contra las mujeres.
• b) Vocalías: dos personas, funcionarias, dependientes de la dirección general con competencia en materia de atención a las víctimas de violencia contra las mujeres, designadas por su titular, una de las cuales actuará como secretaria con voz y voto.

3. La comisión verificará el cumplimiento de los requisitos de las entidades y valorará las solicitudes admitidas de acuerdo con los criterios de valoración determinados en la presente resolución y elevará al órgano instructor la propuesta de resolución de adjudicación del concierto social.

Decimoséptimo. Instrucción y resolución.

1. La competencia para instruir el procedimiento de concertación corresponde a la persona titular del centro directivo competente en materia de mujer.

2. Una vez recibidas las solicitudes se verificará que reúnen los requisitos exigidos y que van acompañadas de la documentación requerida.

Si se apreciara que alguna solicitud no está debidamente cumplimentada o no está acompañada de la documentación exigida, se requerirá a la persona solicitante de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que en el plazo de diez días proceda a su subsanación o acompañe la documentación necesaria, en su caso, de forma telemática, con indicación de que si así no lo hiciese se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución del órgano competente de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del mismo texto legal.

3. Una vez determinadas las solicitudes admitidas la Comisión de Verificación procederá a su valoración conforme a los criterios y la puntuación previstos en las bases y en la presente convocatoria y elevará a la persona instructora el informe que servirá de base para la realización de la propuesta de resolución del procedimiento.

4. El órgano competente para dictar la resolución será la persona titular de la presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

La resolución, que tendrá el contenido establecido en el artículo 10. 2 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero, se notificará conforme a lo establecido en los artículos 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5. El plazo máximo de resolución y notificación será de tres meses contados desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución a la entidad interesada se entenderá desestimada la solicitud en los términos previstos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común.

6. Contra la resolución de concertación, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición ante persona titular de la presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales, en el plazo de un mes, o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el plazo de dos meses. En ambos casos, el plazo para recurrir se computará a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la Resolución.

Decimoctavo. Formalización.

El concierto social se formalizará en documento administrativo, suscrito por ambas partes, en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la resolución por la que se resuelve el procedimiento de concertación del servicio. El documento recogerá los extremos previstos en el artículo 11 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero.

Decimonoveno. Régimen de pagos.

1. El servicio prestado se abonará mensualmente previa presentación por la entidad concertada, dentro de los 5 primeros días del mes siguiente, de la siguiente documentación:

• a) Factura del mes correspondiente.
• b) Informe que recoja el número de personas atendidas, distinguiendo entre mujeres víctimas, familiares y personas de su entorno. Estos datos se aportarán desagregados por sexo. También se indicará la relación de servicios prestados a cada persona usuaria durante el mes de referencia y las posibles incidencias acaecidas durante la prestación del servicio.

Las facturas correspondientes a la prestación del servicio de los meses de diciembre se abonarán con cargo a la anualidad presupuestaria siguiente.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.4 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero, y el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre y el artículo único del LE0000547303_20150228Decreto 16/2015, de 26 de febrero, la entidad concertada está obligada a facturar electrónicamente las contraprestaciones objeto del presente concierto a través de la Plataforma de Facturación Electrónica.

Vigésimo. Obligaciones de las entidades concertadas.

1. La entidad concertada estará obligada a ejecutar las prestaciones, servicios o actuaciones en los términos descritos en la presente convocatoria y en el respectivo documento de formalización del concierto social.

2. La prestación de este servicio tiene la consideración de prestación de servicio público por lo que la entidad prestadora deberá respetar los derechos establecidos en la normativa específica y en el catálogo de servicios a favor de las personas usuarias de dichos servicios.

3. La entidad concertada estará obligada a:

• a) Proporcionar a las personas usuarias una atención adecuada, integral, personalizada y continuada, adaptada a sus necesidades específicas de apoyo.
• b) Facilitar las prestaciones, servicios o actuaciones objeto del concierto de acuerdo con los estándares de calidad asistencial exigidos, por la Ley 16/2010, de 20 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla y León.
• c) Elaborar una memoria sobre el desarrollo del concierto social tras la finalización del período de vigencia. En la memoria se deberá reflejar, asimismo, las retribuciones dinerarias o en especie asignadas a los puestos de trabajo, desagregados por sexo, vinculados a la prestación objeto de concierto social.
• d) Garantizar y proteger, de acuerdo con la normativa sobre protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y, especialmente, su honor e intimidad personal y familiar, cumpliendo con el deber de confidencialidad y reserva de los datos personales, familiares o sociales a los que tiene acceso, de conformidad con la normativa sobre protección de datos personales.
• e) Promover la participación de las personas destinatarias de los servicios sociales, así como, en su caso, la de sus familiares y personas del entorno.
• f) Comunicar a la administración pública concertante cualquier modificación que pueda afectar al desarrollo del objeto del concierto y, en particular, cualquier modificación en la composición y/o categoría profesional de la plantilla.
• g) Colaborar con la administración pública concertante facilitando, en todo momento, las tareas de inspección o de otro tipo de control y, en particular, suministrarle toda aquella información que le sea solicitada que resulte necesaria para valorar la ejecución del concierto social, con sujeción a la legislación en materia de protección de datos.
• h) Poner a disposición de las personas usuarias un sistema de quejas y reclamaciones, que deberán comunicarse a la administración pública concertante, junto con la respuesta aportada por la entidad concertada.
• i) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de la prestación objeto de concierto social, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración concertante.
• j) Presentar declaración responsable en la que se haga constar que el personal que desarrolla la actividad objeto de concierto social en los centros dispone de certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.

  La declaración responsable deberá ser actualizada o completada con los cambios de personal que se produzcan durante la vigencia del concierto social. En el supuesto de que alguna persona resulte afectada de manera sobrevenida por el incumplimiento de esta obligación se actuará en los términos regulados en el artículo 58 de la LO 8/2021 de 4 de junio.

• k) Comunicar cualquier subvención pública que se reciba para la misma finalidad objeto de la prestación, actuación o servicio del concierto social, al efecto de que por la Administración pública concertante se verifique que, en ningún caso, pueda superarse el coste total del contenido del concierto social.
• l) Hacer constar la condición de entidad colaboradora del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública de Castilla y León en su denominación, documentación y publicidad. Asimismo, en el interior de los establecimientos donde desarrolle la prestación, servicio o actuación objeto del concierto social, las entidades concertantes deberán instalar, a su cargo, una placa acreditativa de su condición de colaboradoras del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública de Castilla y León, según modelo oficial de la identidad corporativa, que estará disponible para su descarga en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).
• m) Cumplir con las obligaciones derivadas de cualquier otra normativa que, con carácter general o específico, les sea de aplicación tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por el objeto del concierto social.
• n) Disponer, durante toda la vigencia del concierto, de un seguro de responsabilidad civil con el que responder ante los daños causados a terceros, no imputables a la administración concertante, en el desarrollo del servicio objeto de concertación.
• ñ) Mantener las instalaciones, mobiliario y enseres en condiciones adecuadas de funcionamiento e higiene.
• o) Facilitar a la Gerencia de Servicios Sociales la información que requiera en ejercicio del seguimiento y control del concierto social previsto en el artículo 19 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero.

Vigesimoprimero. Obligaciones de la Gerencia de Servicios sociales.

Una vez formalizado el concierto social, la Gerencia de Servicios Sociales está obligada a:

• a) Garantizar el acceso a las personas usuarias de los servicios objeto del concierto en condiciones de igualdad, teniendo en cuenta, en su caso, la especificidad del servicio, por las vías establecidas tal y como se recoge en el resuelvo 4º, en su punto 4, de esta Resolución.
• b) Poner a disposición de la entidad suscriptora del concierto, en su caso, los locales donde se desarrolle la prestación del servicio.
• c) Abonar a la entidad concertada el importe por la realización del objeto de concierto social.
• d) Comunicar de manera fehaciente a la entidad concertada cualquier circunstancia que afecte de manera relevante al concierto social suscrito y pudiera suponer su modificación o resolución, debiendo hacerlo con un plazo mínimo de dos meses de antelación, a la fecha en que se haga efectiva la circunstancia de la que se trate.
• e) Realizar la evaluación y seguimiento de los conciertos sociales. En este caso, la Gerencia de Servicios Sociales supervisará, a través de las Gerencias territoriales, en cada concierto y de forma periódica, el cumplimiento de las obligaciones por la entidad prestadora del concierto, así como las que deriven de la legislación social vigente.

La Comisión de Seguimiento de la Dirección General de la Mujer realizará, al menos, una evaluación al mes de funcionamiento del concierto. Dicha evaluación tendrá por objeto el estudio individualizado de cada centro, así como las actuaciones realizadas. A petición de la entidad concertante y tras la presentación de un plan de viabilidad ajustado a la demanda podrán exceptuarse determinados días y horarios de atención siempre que se asegure el funcionamiento de un servicio de urgencias y la atención inmediata en caso necesario además de la atención telefónica 24/7. Además, durante la vigencia del concierto se realizará un sistema de monitoreo y seguimiento. La evaluación tendrá en cuenta los posibles incumplimientos de las condiciones establecidas en el concierto, los objetivos de calidad establecidos y el grado de consecución de estos; a tal efecto tomará en consideración quejas y reclamaciones, así como las encuestas de satisfacción de las usuarias.

Vigesimosegundo. Sistema de seguimiento y control público del concierto social.

1. La Gerencia de Servicios Sociales desarrollará el control y supervisión del servicio objeto de concertación.

2. El seguimiento y control sobre la actividad concertada servirán de base para determinar si se mantiene o no la prestación de los servicios en régimen de acción concertada y para determinar si procede la prórroga de los acuerdos.

3. El seguimiento y control permitirá analizar el grado de cumplimiento de las condiciones establecidas en el concierto, los objetivos de calidad establecidos y su grado de consecución; comprenderá, también, el análisis de las quejas y sugerencias así como de las encuestas de satisfacción efectuadas, en su caso, a las personas usuarias.

Vigesimotercero. Comisión de Seguimiento.

1. Se constituirá en la Dirección General de la Mujer una comisión de seguimiento que mantendrá, al menos, una reunión durante la vigencia del concierto, donde se revisará la ejecución del concierto. La comisión de seguimiento examinará, además, las memorias presentadas por las entidades y, en su caso, las evaluaciones efectuadas y adoptará las propuestas oportunas sobre la prórroga, extinción o ampliación del ámbito material del concierto.

2. La comisión de seguimiento estará compuesta por las mismas personas que integran la comisión de verificación.

Vigesimocuarto. Publicidad.

La entidad concertada deberá hacer constar su condición de entidad colaboradora del Sistema de Servicios Sociales, de conformidad con la previsión del artículo 15.2.m) del Decreto 3/2022, de 17 de febrero.

Vigesimoquinto. Régimen de penalidades aplicables al incumplimiento del concierto.

1. Los incumplimientos no culpables de las condiciones de la acción concertada o del servicio objeto de concierto, siempre que no constituyan causa de resolución, darán lugar a la imposición de las penalidades previstas en este artículo.

2. Los incumplimientos no culpables previstos en el apartado anterior serán los siguientes:

• a) El incumplimiento no culpable de las instrucciones u órdenes dictadas por la unidad gestora en sus facultades de supervisión e inspección de la ejecución del concierto.
• b) La existencia de deficiencias o de una demora injustificada en la prestación de los servicios.
• c) La falta de remisión, sin causa justificada, de los informes de ejecución.
• d) El incumplimiento no culpable de las obligaciones establecidas en las bases reguladoras de la presente convocatoria y en el Decreto 2/2019, de 17 de febrero.
• e) La comisión de dos o más incumplimientos en el plazo de un año.
• f) Retraso en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del concierto que supongan un detrimento o interrupción en el servicio causante de daños personales.
• g) Inadecuado mantenimiento de los locales, instalaciones y mobiliario con deficiencias que den lugar a la producción de daños materiales y/o personales graves.

3. Consecuencias de los incumplimientos:

La comisión de alguno de los incumplimientos no culpables previstos en el apartado anterior podrá dar lugar a la imposición de la penalidad consistente en el 2% de la facturación mensual.

4. El procedimiento para la imposición de penalidades se iniciará por resolución de la persona titular de la presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, a propuesta de la persona titular del centro directivo competente en materia de mujer.

La instrucción corresponderá al órgano administrativo que se designe en la resolución de inicio del procedimiento.

La resolución del procedimiento corresponde a la persona titular de la presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, previa propuesta del órgano instructor.