Ley Org醤ica 8/2021, de 4 de junio, de protecci髇 integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• T蚑ULO PRELIMINAR.�Disposiciones Generales
  • Art韈ulo 1燨bjeto
  • Art韈ulo 2犃mbito de aplicaci髇
  • Art韈ulo 3燜ines
  • Art韈ulo 4燙riterios generales
  • Art韈ulo 5燜ormaci髇
  • Art韈ulo 6燙olaboraci髇 y cooperaci髇 entre las administraciones p鷅licas
  • Art韈ulo 7燙onferencia Sectorial de infancia y adolescencia
  • Art韈ulo 8燙olaboraci髇 p鷅lico-privada
• T蚑ULO I.�Derechos de los ni駉s, ni馻s y adolescentes frente a la violencia
  • Art韈ulo 9燝arant韆 de los derechos de los ni駉s, ni馻s y adolescentes v韈timas de violencia
  • Art韈ulo 10燚erecho de informaci髇 y asesoramiento
  • Art韈ulo 11燚erecho de las v韈timas a ser escuchadas
  • Art韈ulo 12燚erecho a la atenci髇 integral
  • Art韈ulo 13燣egitimaci髇 para la defensa de derechos e intereses en los procedimientos judiciales que traigan causa de una situaci髇 de violencia
  • Art韈ulo 14燚erecho a la asistencia jur韉ica gratuita
• T蚑ULO II.�Deber de comunicaci髇 de situaciones de violencia
  • Art韈ulo 15燚eber de comunicaci髇 de la ciudadan韆
  • Art韈ulo 16燚eber de comunicaci髇 cualificado
  • Art韈ulo 17燙omunicaci髇 de situaciones de violencia por parte de ni駉s, ni馻s y adolescentes
  • Art韈ulo 18燚eberes de informaci髇 de los centros educativos y establecimientos residenciales
  • Art韈ulo 19燚eber de comunicaci髇 de contenidos il韈itos en Internet
  • Art韈ulo 20燩rotecci髇 y seguridad
• T蚑ULO III.�Sensibilizaci髇, prevenci髇 y detecci髇 precoz
  • CAP蚑ULO I.�Estrategia para la erradicaci髇 de la violencia sobre la infancia y la adolescencia
    • Art韈ulo 21燛strategia de erradicaci髇 de la violencia sobre la infancia y la adolescencia
  • CAP蚑ULO II.�Niveles de actuaci髇
    • Art韈ulo 22燚e la sensibilizaci髇
    • Art韈ulo 23燚e la prevenci髇
    • Art韈ulo 24燩revenci髇 de la radicalizaci髇 en los ni駉s, ni馻s y adolescentes
    • Art韈ulo 25燚e la detecci髇 precoz
  • CAP蚑ULO III.�Del 醡bito familiar
    • Art韈ulo 26燩revenci髇 en el 醡bito familiar
    • Art韈ulo 27燗ctuaciones espec韋icas en el 醡bito familiar
    • Art韈ulo 28燬ituaci髇 de ruptura familiar
    • Art韈ulo 29燬ituaci髇 de violencia de g閚ero en el 醡bito familiar
  • CAP蚑ULO IV.�Del 醡bito educativo
    • Art韈ulo 30燩rincipios
    • Art韈ulo 31燚e la organizaci髇 educativa
    • Art韈ulo 32燬upervisi髇 de la contrataci髇 de los centros educativos
    • Art韈ulo 33燜ormaci髇 en materia de derechos, seguridad y responsabilidad digital
    • Art韈ulo 34燩rotocolos de actuaci髇
    • Art韈ulo 35燙oordinador o Coordinadora de bienestar y protecci髇
  • CAP蚑ULO V.�De la Educaci髇 Superior
    • Art韈ulo 36營mplicaci髇 de la Educaci髇 Superior en la erradicaci髇 de la violencia sobre la infancia y la adolescencia
    • Art韈ulo 37燗ctuaciones del Consejo de Universidades en la lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia
  • CAP蚑ULO VI.�Del 醡bito sanitario
    • Art韈ulo 38燗ctuaciones en el 醡bito sanitario
    • Art韈ulo 39燙omisi髇 frente a la violencia en los ni駉s, ni馻s y adolescentes
    • Art韈ulo 40燗ctuaciones de los centros y servicios sanitarios ante posibles situaciones de violencia
  • CAP蚑ULO VII.�Del 醡bito de los servicios sociales
    • Art韈ulo 41燗ctuaciones por parte de los servicios sociales
    • Art韈ulo 42燚e los equipos de intervenci髇
    • Art韈ulo 43燩lan de intervenci髇
    • Art韈ulo 44燬eguimiento y registro de los casos de violencia sobre las personas menores de edad
  • CAP蚑ULO VIII.�De las nuevas tecnolog韆s
    • Art韈ulo 45燯so seguro y responsable de Internet
    • Art韈ulo 46燚iagn髎tico y control de contenidos
  • CAP蚑ULO IX.�Del 醡bito del deporte y el ocio
    • Art韈ulo 47燩rotocolos de actuaci髇 frente a la violencia en el 醡bito deportivo y de ocio
    • Art韈ulo 48燛ntidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad de forma habitual
  • CAP蚑ULO X.�De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
    • Art韈ulo 49燯nidades especializadas
    • Art韈ulo 50燙riterios de actuaci髇
  • CAP蚑ULO XI.�De la Administraci髇 General del Estado en el Exterior
    • Art韈ulo 51燛mbajadas y Consulados
  • CAP蚑ULO XII.�De la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos
    • Art韈ulo 52燚e la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos
• T蚑ULO IV.�De las actuaciones en centros de protecci髇
  • Art韈ulo 53燩rotocolos de actuaci髇 en los centros de protecci髇 de personas menores de edad
  • Art韈ulo 54營ntervenci髇 ante casos de explotaci髇 sexual y trata de personas menores de edad sujetas a medidas de protecci髇
  • Art韈ulo 55燬upervisi髇 por parte del Ministerio Fiscal
• T蚑ULO V.�De la organizaci髇 administrativa
  • CAP蚑ULO I.�Registro Central de informaci髇
    • Art韈ulo 56燫egistro Central de informaci髇 sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia
  • CAP蚑ULO II.�De la certificaci髇 negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos
    • Art韈ulo 57燫equisito para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad
    • Art韈ulo 58燙onsecuencias de la existencia de antecedentes en caso de personas trabajadoras o aquellas que realicen una pr醕tica no laboral que conlleve el alta en la Seguridad Social
    • Art韈ulo 59燙onsecuencias del incumplimiento del requisito en caso de personas que realicen actividades en r間imen de voluntariado
    • Art韈ulo 60燙ancelaci髇 de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera燚otaci髇 presupuestaria
  • Disposici髇 adicional segunda燬oluciones habitacionales y de apoyo psicosocial
  • Disposici髇 adicional tercera燤ejora de los datos de opini髇 p鷅lica
  • Disposici髇 adicional cuarta燝astos de personal
  • Disposici髇 adicional quinta燫eferencias normativas
  • Disposici髇 adicional sexta燩rocedimiento de comprobaci髇 automatizada de los antecedentes regulados en los art韈ulos 57 a 60
  • Disposici髇 adicional s閜tima燙omisi髇 de seguimiento
  • Disposici髇 adicional octava燗cceso al territorio a los ni駉s y ni馻s solicitantes de asilo
  • Disposici髇 adicional novena燬eguridad Social de las personas acogedoras especializadas de dedicaci髇 exclusiva
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria 鷑ica燚erogaci髇 normativa
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera燤odificaci髇 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882
  • Disposici髇 final segunda燤odificaci髇 del C骴igo Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889
  • Disposici髇 final tercera燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria
  • Disposici髇 final cuarta燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
  • Disposici髇 final quinta燤odificaci髇 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad
  • Disposici髇 final sexta燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal
  • Disposici髇 final s閜tima燤odificaci髇 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jur韉ica gratuita
  • Disposici髇 final octava燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil
  • Disposici髇 final novena燤odificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
  • Disposici髇 final d閏ima燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero
  • Disposici髇 final und閏ima燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
  • Disposici髇 final duod閏ima燤odificaci髇 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
  • Disposici髇 final decimotercera燤odificaci髇 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica
  • Disposici髇 final decimocuarta燤odificaci髇 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenaci髇 de las profesiones sanitarias
  • Disposici髇 final decimoquinta燤odificaci髇 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicci髇 Voluntaria
  • Disposici髇 final decimosexta燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
  • Disposici髇 final decimos閜tima燙reaci髇 del Consejo Estatal de Participaci髇 de la Infancia y de la Adolescencia
  • Disposici髇 final decimoctava燭韙ulo competencial
  • Disposici髇 final decimonovena燙ar醕ter ordinario de determinadas disposiciones
  • Disposici髇 final vig閟ima燛specializaci髇 de los 髍ganos judiciales, de la fiscal韆 y de los equipos t閏nicos que presten asistencia especializada a los Juzgados y Tribunales
  • Disposici髇 final vig閟ima primera燚esarrollo normativo y ejecuci髇 de la ley
  • Disposici髇 final vig閟ima segunda燗daptaci髇 normativa
  • Disposici髇 final vig閟ima tercera營ncorporaci髇 de derecho de la Uni髇 Europea
  • Disposici髇 final vig閟ima cuarta燩rocedimiento para la determinaci髇 de edad
  • Disposici髇 final vig閟ima quinta燛ntrada en vigor

Art韈ulo 1 Objeto

1. La ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los ni駉s, ni馻s y adolescentes a su integridad f韘ica, ps韖uica, psicol骻ica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protecci髇 integral, que incluyan la sensibilizaci髇, la prevenci髇, la detecci髇 precoz, la protecci髇 y la reparaci髇 del da駉 en todos los 醡bitos en los que se desarrolla su vida.

2. A los efectos de esta ley, se entiende por violencia toda acci髇, omisi髇 o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo f韘ico, ps韖uico o social, con independencia de su forma y medio de comisi髇, incluida la realizada a trav閟 de las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇, especialmente la violencia digital.

En cualquier caso, se entender� por violencia el maltrato f韘ico, psicol骻ico o emocional, los castigos f韘icos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotaci髇, incluyendo la violencia sexual, la corrupci髇, la pornograf韆 infantil, la prostituci髇, el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la violencia de g閚ero, la mutilaci髇 genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a pornograf韆, la extorsi髇 sexual, la difusi髇 p鷅lica de datos privados as� como la presencia de cualquier comportamiento violento en su 醡bito familiar.

3. Se entiende por buen trato a los efectos de la presente ley aquel que, respetando los derechos fundamentales de los ni駉s, ni馻s y adolescentes, promueve activamente los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democr醫ica, soluci髇 pac韋ica de conflictos, derecho a igual protecci髇 de la ley, igualdad de oportunidades y prohibici髇 de discriminaci髇 de los ni駉s, ni馻s y adolescentes.

Art韈ulo 2 羗bito de aplicaci髇

1. La presente ley es de aplicaci髇 a las personas menores de edad que se encuentren en territorio espa駉l, con independencia de su nacionalidad y de su situaci髇 administrativa de residencia y a los menores de nacionalidad espa駉la en el exterior en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 51.

2. Las obligaciones establecidas en esta ley ser醤 exigibles a todas las personas f韘icas o jur韉icas, p鷅licas o privadas, que act鷈n o se encuentren en territorio espa駉l. A estos efectos, se entender� que una persona jur韉ica se encuentra en territorio espa駉l cuando tenga domicilio social, sede de direcci髇 efectiva, sucursal, delegaci髇 o establecimiento de cualquier naturaleza en territorio espa駉l.

Art韈ulo 3 Fines

Las disposiciones de esta ley persiguen los siguientes fines:

• a) Garantizar la implementaci髇 de medidas de sensibilizaci髇 para el rechazo y eliminaci髇 de todo tipo de violencia sobre la infancia y la adolescencia, dotando a los poderes p鷅licos, a los ni駉s, ni馻s y adolescentes y a las familias, de instrumentos eficaces en todos los 醡bitos, de las redes sociales e Internet, especialmente en el familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, del 醡bito judicial, de las nuevas tecnolog韆s, del deporte y el ocio, de la Administraci髇 de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
• b) Establecer medidas de prevenci髇 efectivas frente a la violencia sobre la infancia y la adolescencia, mediante una informaci髇 adecuada a los ni駉s, ni馻s y adolescentes, la especializaci髇 y la mejora de la pr醕tica profesional en los distintos 醡bitos de intervenci髇, el acompa馻miento de las familias, dot醤dolas de herramientas de parentalidad positiva, y el refuerzo de la participaci髇 de las personas menores de edad.
• c) Impulsar la detecci髇 precoz de la violencia sobre la infancia y la adolescencia mediante la formaci髇 interdisciplinar, inicial y continua de los y las profesionales que tienen contacto habitual con los ni駉s, ni馻s y adolescentes.
• d) Reforzar los conocimientos y habilidades de los ni駉s, ni馻s y adolescentes para que sean parte activa en la promoci髇 del buen trato y puedan reconocer la violencia y reaccionar frente a la misma.
• e) Reforzar el ejercicio del derecho de los ni駉s, ni馻s y adolescentes a ser o韉os, escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta debidamente en contextos de violencia contra ellos, asegurando su protecci髇 y evitando su victimizaci髇 secundaria.
• f) Fortalecer el marco civil, penal y procesal para asegurar la tutela judicial efectiva de los ni駉s, ni馻s y adolescentes v韈timas de violencia.
• g) Fortalecer el marco administrativo para garantizar una mejor tutela administrativa de los ni駉s, ni馻s y adolescentes v韈timas de violencia.
• h) Garantizar la reparaci髇 y restauraci髇 de los derechos de las v韈timas menores de edad.
• i) Garantizar la especial atenci髇 a los ni駉s, ni馻s y adolescentes que se encuentren en situaci髇 de especial vulnerabilidad.
• j) Garantizar la erradicaci髇 y la protecci髇 frente a cualquier tipo de discriminaci髇 y la superaci髇 de los estereotipos de car醕ter sexista, racista, homof骲ico, bif骲ico, transf骲ico o por razones est閠icas, de discapacidad, de enfermedad, de aporofobia o exclusi髇 social o por cualquier otra circunstancia o condici髇 personal, familiar, social o cultural.
• k) Garantizar una actuaci髇 coordinada y colaboraci髇 constante entre las distintas administraciones p鷅licas y los y las profesionales de los diferentes sectores implicados en la sensibilizaci髇, prevenci髇, detecci髇 precoz, protecci髇 y reparaci髇.
• l) Abordar y erradicar, desde una visi髇 global, las causas estructurales que provocan que la violencia contra la infancia tenga cabida en nuestra sociedad.
• m) Establecer los protocolos, mecanismos y cualquier otra medida necesaria para la creaci髇 de entornos seguros, de buen trato e inclusivos para toda la infancia en todos los 醡bitos desarrollados en esta ley en los que la persona menor de edad desarrolla su vida. Se entender� como entorno seguro aquel que respete los derechos de la infancia y promueva un ambiente protector f韘ico, psicol骻ico y social, incluido el entorno digital.
• n) Proteger la imagen del menor desde su nacimiento hasta despu閟 de su fallecimiento.

Art韈ulo 4 Criterios generales

1. Ser醤 de aplicaci髇 los principios y criterios generales de interpretaci髇 del inter閟 superior del menor, recogidos en el art韈ulo 2 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, as� como los siguientes:

• a) Prohibici髇 de toda forma de violencia sobre los ni駉s, ni馻s y adolescentes.
• b) Prioridad de las actuaciones de car醕ter preventivo.
• c) Promoci髇 del buen trato al ni駉, ni馻 y adolescente como elemento central de todas las actuaciones.
• d) Promover la integralidad de las actuaciones, desde la coordinaci髇 y cooperaci髇 interadministrativa e intradministrativa, as� como de la cooperaci髇 internacional.
• e) Protecci髇 de los ni駉s, ni馻s y adolescentes frente a la victimizaci髇 secundaria.
• f) Especializaci髇 y capacitaci髇 de los y las profesionales que tienen contacto habitual con los ni駉s, ni馻s y adolescentes para la detecci髇 precoz de posibles situaciones de violencia.
• g) Reforzar la autonom韆 y capacitaci髇 de las personas menores de edad para la detecci髇 precoz y adecuada reacci髇 ante posibles situaciones de violencia ejercida sobre ellos o sobre terceros.
• h) Individualizaci髇 de las medidas teniendo en cuenta las necesidades espec韋icas de cada ni駉, ni馻 o adolescente v韈tima de violencia.
• i) Incorporaci髇 de la perspectiva de g閚ero en el dise駉 e implementaci髇 de cualquier medida relacionada con la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
• j) Incorporaci髇 del enfoque transversal de la discapacidad al dise駉 e implementaci髇 de cualquier medida relacionada con la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
• k) Promoci髇 de la igualdad de trato de ni駉s y ni馻s mediante la coeducaci髇 y el fomento de la ense馻nza en equidad, y la deconstrucci髇 de los roles y estereotipos de g閚ero.
• l) Evaluaci髇 y determinaci髇 formal del inter閟 superior del menor en todas las decisiones que afecten a una persona menor de edad.
• m) Asegurar la supervivencia y el pleno desarrollo de las personas menores de edad.
• n) Asegurar el ejercicio del derecho a la participaci髇 de los ni駉s, ni馻s y adolescentes en toda toma de decisiones que les afecte.
• �) Accesibilidad universal, como medida imprescindible, para hacer efectivos los mandatos de esa Ley a todos los ni駉s, ni馻s y adolescentes, sin excepciones.

2. Adoptar todas las medidas necesarias para promover la recuperaci髇 f韘ica, ps韖uica, psicol骻ica y emocional y la inclusi髇 social de los ni駉s, ni馻s y adolescentes v韈timas de violencia, as� como su inclusi髇 social.

3. Las personas menores de edad que hayan cometido actos de violencia deber醤 recibir apoyo especializado, especialmente educativo, orientado a la promoci髇 del buen trato y la prevenci髇 de conductas violentas con el fin de evitar la reincidencia.

Art韈ulo 5 Formaci髇

1. Las administraciones p鷅licas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, promover醤 y garantizar醤 una formaci髇 especializada, inicial y continua en materia de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia a los y las profesionales que tengan un contacto habitual con las personas menores de edad. Dicha formaci髇 comprender� como m韓imo:

• a) La educaci髇 en la prevenci髇 y detecci髇 precoz de toda forma de violencia a la que se refiere esta ley.
• b) Las actuaciones a llevar a cabo una vez que se han detectado indicios de violencia.
• c) La formaci髇 espec韋ica en seguridad y uso seguro y responsable de Internet, incluyendo cuestiones relativas al uso intensivo y generaci髇 de trastornos conductuales.
• d) El buen trato a los ni駉s, ni馻s y adolescentes.
• e) La identificaci髇 de los factores de riesgo y de una mayor exposici髇 y vulnerabilidad ante la violencia.
• f) Los mecanismos para evitar la victimizaci髇 secundaria.
• g) El impacto de los roles y estereotipos de g閚ero en la violencia que sufren los ni駉s, ni馻s y adolescentes.

2. Adem醩 de lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones p鷅licas, en el 醡bito de sus competencias, deber醤 garantizar que el personal docente y educador recibe formaci髇 espec韋ica en materia de educaci髇 inclusiva.

3. Los colegios de abogados y procuradores facilitar醤 a sus miembros el acceso a formaci髇 espec韋ica sobre los aspectos materiales y procesales de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, tanto desde la perspectiva del Derecho interno como del Derecho de la Uni髇 Europea y Derecho Internacional, as� como a programas de formaci髇 continua en materia de lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

Lo previsto en los art韈ulos 5.3, 14.2, 14.3, 18, 35 y 48.1.b) y c) producir醤 efectos a los seis meses de la entrada en vigor de la ley, conforme establece la disposici髇 final vig閟ima quinta.LE0000699574_20210625

4. El dise駉 de las actuaciones formativas a las que se refiere este art韈ulo tendr醤 especialmente en cuenta la perspectiva de g閚ero, as� como las necesidades espec韋icas de las personas menores de edad con discapacidad, con un origen racial, 閠nico o nacional diverso, en situaci髇 de desventaja econ髆ica, personas menores de edad pertenecientes al colectivo LGTBI o con cualquier otra opci髇 u orientaci髇 sexual y/o identidad de g閚ero y personas menores de edad no acompa馻das.

Art韈ulo 6 Colaboraci髇 y cooperaci髇 entre las administraciones p鷅licas

1. Las distintas administraciones p鷅licas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, deber醤 colaborar entre s�, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico, al objeto de lograr una actuaci髇 eficaz en los 醡bitos de la prevenci髇, detecci髇 precoz, protecci髇 y reparaci髇 frente a la violencia sobre los ni駉s, ni馻s y adolescentes.

2. Las administraciones p鷅licas promover醤 la colaboraci髇 institucional a nivel nacional e internacional mediante acciones de intercambio de informaci髇, conocimientos, experiencias y buenas pr醕ticas.

3. Para garantizar la necesaria cooperaci髇 entre todas las administraciones p鷅licas, los asuntos relacionados con la aplicaci髇 de esta ley ser醤 abordados en el seno de la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia.

Art韈ulo 7 Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia

1. La Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia es el 髍gano de cooperaci髇 entre las administraciones p鷅licas en materia de protecci髇 y desarrollo de la infancia y la adolescencia.

2. Las funciones de la citada Conferencia se dirigir醤 a conseguir los siguientes objetivos:

• a) La coherencia y complementariedad de las actividades que realicen las administraciones p鷅licas en el 醡bito de la protecci髇 y desarrollo de los derechos de la infancia y la adolescencia, y especialmente en la lucha frente a la violencia sobre estos colectivos.
• b) El mayor grado de eficacia y eficiencia en la identificaci髇, formulaci髇 y ejecuci髇 de las pol韙icas, programas y proyectos impulsados por las distintas administraciones p鷅licas en aplicaci髇 de lo previsto en esta ley.
• c) La participaci髇 de las administraciones p鷅licas en la formaci髇 y evaluaci髇 de la Estrategia de erradicaci髇 de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

3. La Conferencia Sectorial aprobar� su reglamento de organizaci髇 y funcionamiento interno de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 147.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, garantiz醤dose la presencia e intervenci髇 de las comunidades aut髇omas, entidades locales y del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.

Art韈ulo 8 Colaboraci髇 p鷅lico-privada

1. Las administraciones p鷅licas promover醤 la colaboraci髇 p鷅lico-privada con el fin de facilitar la prevenci髇, detecci髇 precoz e intervenci髇 en las situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia, fomentando la suscripci髇 de convenios con los medios de comunicaci髇, los agentes sociales, los colegios profesionales, las confesiones religiosas, y dem醩 entidades privadas que desarrollen su actividad en contacto habitual con ni駉s, ni馻s y adolescentes o en su 醡bito material de relaci髇.

2. Asimismo, las administraciones p鷅licas competentes adoptar醤 las medidas necesarias con el fin de asegurar el adecuado desarrollo de las acciones de colaboraci髇 con el sector de las nuevas tecnolog韆s contempladas en el cap韙ulo VIII del t韙ulo III.

En especial, se fomentar� la colaboraci髇 de las empresas de tecnolog韆s de la informaci髇 y comunicaci髇, las Agencias de Protecci髇 de Datos de las distintas administraciones p鷅licas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Administraci髇 de Justicia con el fin de detectar y retirar, a la mayor brevedad posible, los contenidos ilegales en las redes que supongan una forma de violencia sobre los ni駉s, ni馻s y adolescentes.

3. Las administraciones p鷅licas fomentar醤 el intercambio de informaci髇, conocimientos, experiencias y buenas pr醕ticas con la sociedad civil relacionadas con la protecci髇 de las personas menores de edad en Internet, bajo un enfoque multidisciplinar e inclusivo.

4. En los casos de violencia sobre la infancia, la colaboraci髇 entre las administraciones p鷅licas y los medios de comunicaci髇 pondr� especial 閚fasis en el respeto al honor, a la intimidad y a la propia imagen de la v韈tima y sus familiares, incluso en caso de fallecimiento del menor. En esta situaci髇, la difusi髇 de cualquier tipo de imagen deber� contar con la autorizaci髇 expresa de herederos o progenitores.

Art韈ulo 9 Garant韆 de los derechos de los ni駉s, ni馻s y adolescentes v韈timas de violencia

1. Se garantiza a todos los ni駉s, ni馻s y adolescentes v韈timas de violencia los derechos reconocidos en esta ley.

2. Las administraciones p鷅licas pondr醤 a disposici髇 de los ni駉s, ni馻s y adolescentes v韈timas de violencia, as� como de sus representantes legales, los medios necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos previstos en esta ley, teniendo en consideraci髇 las circunstancias personales, familiares y sociales de aquellos que pudieran tener una mayor dificultad para su acceso. En todo caso, se tendr醤 en consideraci髇 las necesidades de las personas menores de edad con discapacidad, o que se encuentren en situaci髇 de especial vulnerabilidad.

3. Los ni駉s, ni馻s y adolescentes tendr醤 derecho a que su orientaci髇 sexual e identidad de g閚ero, sentida o expresada, sea respetada en todos los entornos de vida, as� como a recibir el apoyo y asistencia precisos cuando sean v韈timas de discriminaci髇 o violencia por tales motivos.

4. Con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos previstos en esta ley, los ni駉s, ni馻s y adolescentes v韈timas de violencia contar醤 con la asistencia y apoyo de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas, que actuar醤 como mecanismo de coordinaci髇 del resto de recursos y servicios de protecci髇 de las personas menores de edad.

A estos efectos, el Ministerio de Justicia y las comunidades aut髇omas con competencias transferidas, promover醤 la adopci髇 de convenios con otras administraciones p鷅licas y con las entidades del tercer sector, para la eficaz coordinaci髇 de la ayuda a las v韈timas.

Art韈ulo 10 Derecho de informaci髇 y asesoramiento

1. Las administraciones p鷅licas proporcionar醤 a los ni駉s, ni馻s y adolescentes v韈timas de violencia de acuerdo con su situaci髇 personal y grado de madurez, y, en su caso, a sus representantes legales, y a la persona de su confianza designada por 閘 mismo, informaci髇 sobre las medidas contempladas en esta ley que les sean directamente aplicables, as� como sobre los mecanismos o canales de informaci髇 o denuncia existentes.

2. Los ni駉s, ni馻s y adolescentes v韈timas de violencia ser醤 derivados a la Oficina de Asistencia a las V韈timas correspondiente, donde recibir醤 la informaci髇, el asesoramiento y el apoyo que sea necesario en cada caso, de conformidad con lo previsto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la v韈tima del delito.

3. La informaci髇 y el asesoramiento a la que se refieren los apartados anteriores deber� proporcionarse en un lenguaje claro y comprensible, en un idioma que puedan entender y mediante formatos accesibles en t閞minos sensoriales y cognitivos y adaptados a las circunstancias personales de sus destinatarios, garantiz醤dose su acceso universal. Cuando se trate de territorios con lenguas cooficiales el ni駉, ni馻 o adolescente podr� recibir dicha informaci髇 en la lengua cooficial que elija.

Art韈ulo 11 Derecho de las v韈timas a ser escuchadas

1. Los poderes p鷅licos garantizar醤 que las ni馻s, ni駉s y adolescentes sean o韉os y escuchados con todas las garant韆s y sin l韒ite de edad, asegurando, en todo caso, que este proceso sea universalmente accesible en todos los procedimientos administrativos, judiciales o de otra 韓dole relacionados con la acreditaci髇 de la violencia y la reparaci髇 de las v韈timas. El derecho a ser o韉os de los ni駉s, ni馻s y adolescentes solo podr� restringirse, de manera motivada, cuando sea contrario a su inter閟 superior.

2. Se asegurar� la adecuada preparaci髇 y especializaci髇 de profesionales, metodolog韆s y espacios para garantizar que la obtenci髇 del testimonio de las v韈timas menores de edad sea realizada con rigor, tacto y respeto. Se prestar� especial atenci髇 a la formaci髇 profesional, las metodolog韆s y la adaptaci髇 del entorno para la escucha a las v韈timas en edad temprana.

3. Los poderes p鷅licos tomar醤 las medidas necesarias para impedir que planteamientos te髍icos o criterios sin aval cient韋ico que presuman interferencia o manipulaci髇 adulta, como el llamado s韓drome de alienaci髇 parental, puedan ser tomados en consideraci髇.

Art韈ulo 12 Derecho a la atenci髇 integral

1. Los poderes p鷅licos proporcionar醤 a los ni駉s, ni馻s y adolescentes v韈timas de violencia una atenci髇 integral, que comprender� medidas de protecci髇, apoyo, acogida y recuperaci髇.

2. Entre otros aspectos, la atenci髇 integral, en aras del inter閟 superior de la persona menor, comprender� especialmente medidas de:

• a) Informaci髇 y acompa馻miento psicosocial, social y educativo a las v韈timas.
• b) Seguimiento de las denuncias o reclamaciones.
• c) Atenci髇 terap閡tica de car醕ter sanitario, psiqui醫rico y psicol骻ico para la v韈tima y, en su caso, la unidad familiar.
• d) Apoyo formativo, especialmente en materia de igualdad, solidaridad y diversidad.
• e) Informaci髇 y apoyo a las familias y, si fuera necesario y estuviese objetivamente fundada su necesidad, seguimiento psicosocial, social y educativo de la unidad familiar.
• f) Facilitaci髇 de acceso a redes y servicios p鷅licos.
• g) Apoyo a la educaci髇 e inserci髇 laboral.
• h) Acompa馻miento y asesoramiento en los procedimientos judiciales en los que deba intervenir, si fuera necesario.
• i) Todas estas medidas deber醤 tener un enfoque inclusivo y accesible para que puedan atender a todos los ni駉s, ni馻s y adolescentes sin excepci髇.

3. Las administraciones p鷅licas deber醤 adoptar las medidas de coordinaci髇 necesarias entre todos los agentes implicados con el objetivo de evitar la victimizaci髇 secundaria de los ni駉s, ni馻s y adolescentes con los que en cada caso, deban intervenir.

4. Las administraciones p鷅licas procurar醤 que la atenci髇 a las personas menores v韈timas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno amigable adaptado al ni駉, ni馻 o adolescente.

5. Las administraciones sanitarias, educativas y los servicios sociales competentes garantizar醤 de forma universal y con car醕ter integral la atenci髇 temprana desde el nacimiento hasta los seis a駉s de edad de todo ni駉 o ni馻 con alteraciones o trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos en el 醡bito de cobertura de la ley, as� como el apoyo al desarrollo infantil.

Art韈ulo 13 Legitimaci髇 para la defensa de derechos e intereses en los procedimientos judiciales que traigan causa de una situaci髇 de violencia

1. Los ni駉s, ni馻s y adolescentes v韈timas de violencia est醤 legitimados para defender sus derechos e intereses en todos los procedimientos judiciales que traigan causa de una situaci髇 de violencia.

Dicha defensa se realizar�, con car醕ter general, a trav閟 de sus representantes legales en los t閞minos del art韈ulo 162 del C骴igo Civil. Tambi閚 podr� realizarse a trav閟 del defensor judicial designado por el Juzgado o Tribunal, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, en los supuestos previstos en el art韈ulo 26.2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril.

En el caso de los ni駉s, ni馻s o adolescentes bajo la guarda y/o tutela de una entidad p鷅lica de protecci髇 que denuncian a esta o al personal a su servicio por haber ejercido violencia contra ellos, se entender�, en todo caso, que existe un conflicto de intereses entre el ni駉 y su tutor o guardador.

2. Incoado un procedimiento penal como consecuencia de una situaci髇 de violencia sobre un ni駉, ni馻 o adolescente, el Letrado de la Administraci髇 de Justicia derivar� a la persona menor de edad v韈tima de violencia a la Oficina de Atenci髇 a la V韈tima competente, cuando ello resulte necesario en atenci髇 a la gravedad del delito, la vulnerabilidad de la v韈tima o en aquellos casos en los que la v韈tima lo solicite, en cumplimiento de lo dispuesto en el art韈ulo 10 de la Ley 4/2015, de 27 de abril.

Art韈ulo 14 Derecho a la asistencia jur韉ica gratuita

1. Las personas menores de edad v韈timas de violencia tienen derecho a la defensa y representaci髇 gratuitas por abogado y procurador de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jur韉ica gratuita.

2. Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos de especializaci髇, asegurar醤 una formaci髇 espec韋ica en materia de los derechos de la infancia y la adolescencia, con especial atenci髇 a la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉 y sus observaciones generales, debiendo recibir, en todo caso, formaci髇 especializada en materia de violencia sobre la infancia y adolescencia.

Lo previsto en los art韈ulos 5.3, 14.2, 14.3, 18, 35 y 48.1.b) y c) producir醤 efectos a los seis meses de la entrada en vigor de la ley, conforme establece la disposici髇 final vig閟ima quinta.LE0000699574_20210625

3. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptar醤 las medidas necesarias para la designaci髇 urgente de letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia contra menores de edad y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a las v韈timas.

Lo previsto en los art韈ulos 5.3, 14.2, 14.3, 18, 35 y 48.1.b) y c) producir醤 efectos a los seis meses de la entrada en vigor de la ley, conforme establece la disposici髇 final vig閟ima quinta.LE0000699574_20210625

4. Los Colegios de Procuradores adoptar醤 las medidas necesarias para la designaci髇 urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia contra menores de edad cuando la v韈tima desee personarse como acusaci髇 particular.

5. El abogado o abogada designado para la v韈tima tendr� tambi閚 habilitaci髇 legal para la representaci髇 procesal de aquella hasta la designaci髇 del procurador o procuradora, en tanto la v韈tima no se haya personado como acusaci髇 conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente. Hasta entonces cumplir� el abogado o abogada el deber de se馻lamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos.

6. Las personas menores de edad v韈timas de violencia podr醤 personarse como acusaci髇 particular en cualquier momento del procedimiento si bien ello no permitir� retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personaci髇, ni podr� suponer una merma del derecho de defensa del acusado.

Art韈ulo 15 Deber de comunicaci髇 de la ciudadan韆

Toda persona que advierta indicios de una situaci髇 de violencia ejercida sobre una persona menor de edad, est� obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atenci髇 inmediata que la v韈tima precise.

Art韈ulo 16 Deber de comunicaci髇 cualificado

1. El deber de comunicaci髇 previsto en el art韈ulo anterior es especialmente exigible a aquellas personas que por raz髇 de su cargo, profesi髇, oficio o actividad, tengan encomendada la asistencia, el cuidado, la ense馻nza o la protecci髇 de ni駉s, ni馻s o adolescentes y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido conocimiento de una situaci髇 de violencia ejercida sobre los mismos.

En todo caso, se consideran incluidos en este supuesto el personal cualificado de los centros sanitarios, de los centros escolares, de los centros de deporte y ocio, de los centros de protecci髇 a la infancia y de responsabilidad penal de menores, centros de acogida de asilo y atenci髇 humanitaria de los establecimientos en los que residan habitualmente o temporalmente personas menores de edad y de los servicios sociales.

2. Cuando las personas a las que se refiere el apartado anterior tuvieran conocimiento o advirtieran indicios de la existencia de una posible situaci髇 de violencia de una persona menor de edad, deber醤 comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales competentes.

Adem醩, cuando de dicha violencia pudiera resultar que la salud o la seguridad del ni駉, ni馻 o adolescente se encontrase amenazada, deber醤 comunicarlo de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o al Ministerio Fiscal.

3. Cuando las personas a las que se refiere el apartado 1 adviertan una posible infracci髇 de la normativa sobre protecci髇 de datos personales de una persona menor de edad, deber醤 comunicarlo de forma inmediata a la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos.

4. En todo caso, las personas a las que se refiere el apartado 1 deber醤 prestar a la v韈tima la atenci髇 inmediata que precise, facilitar toda la informaci髇 de que dispongan, as� como prestar su m醲ima colaboraci髇 a las autoridades competentes.

A estos efectos, las administraciones p鷅licas competentes establecer醤 mecanismos adecuados para la comunicaci髇 de sospecha de casos de personas menores de edad v韈timas de violencia.

Art韈ulo 17 Comunicaci髇 de situaciones de violencia por parte de ni駉s, ni馻s y adolescentes

1. Los ni駉s, ni馻s y adolescentes que fueran v韈timas de violencia o presenciaran alguna situaci髇 de violencia sobre otra persona menor de edad, podr醤 comunicarlo, personalmente, o a trav閟 de sus representantes legales, a los servicios sociales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial y, en su caso, a la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos.

2. Las administraciones p鷅licas establecer醤 mecanismos de comunicaci髇 seguros, confidenciales, eficaces, adaptados y accesibles, en un lenguaje que puedan comprender, para los ni駉s, ni馻s y adolescentes, que podr醤 estar acompa馻dos de una persona de su confianza que ellos mismos designen.

3. Las administraciones p鷅licas garantizar醤 la existencia y el apoyo a los medios electr髇icos de comunicaci髇, tales como l韓eas telef髇icas gratuitas de ayuda a ni駉s, ni馻s y adolescentes, as� como su conocimiento por parte de la sociedad civil, como herramienta esencial a disposici髇 de todas las personas para la prevenci髇 y detecci髇 precoz de situaciones de violencia sobre los ni駉s, ni馻s y adolescentes.

Art韈ulo 18 Deberes de informaci髇 de los centros educativos y establecimientos residenciales

1. Todos los centros educativos al inicio de cada curso escolar, as� como todos los establecimientos en los que habitualmente residan personas menores de edad, en el momento de su ingreso, facilitar醤 a los ni駉s, ni馻s y adolescentes toda la informaci髇, que, en todo caso, deber� estar disponible en formatos accesibles, referente a los procedimientos de comunicaci髇 de situaciones de violencia regulados por las administraciones p鷅licas y aplicados en el centro o establecimiento, as� como de las personas responsables en este 醡bito. Igualmente, facilitar醤 desde el primer momento informaci髇 sobre los medios electr髇icos de comunicaci髇, tales como las l韓eas telef髇icas de ayuda a los ni駉s, ni馻s y adolescentes.

2. Los citados centros y establecimientos mantendr醤 permanentemente actualizada esta informaci髇 en un lugar visible y accesible, adoptar醤 las medidas necesarias para asegurar que los ni駉s, ni馻s y adolescentes puedan consultarla libremente en cualquier momento, permitiendo y facilitando el acceso a esos procedimientos de comunicaci髇 y a las l韓eas de ayuda existentes.

Lo previsto en los art韈ulos 5.3, 14.2, 14.3, 18, 35 y 48.1.b) y c) producir醤 efectos a los seis meses de la entrada en vigor de la ley, conforme establece la disposici髇 final vig閟ima quinta.LE0000699574_20210625

Art韈ulo 19 Deber de comunicaci髇 de contenidos il韈itos en Internet

1. Toda persona, f韘ica o jur韉ica, que advierta la existencia de contenidos disponibles en Internet que constituyan una forma de violencia contra cualquier ni駉, ni馻 o adolescente, est� obligada a comunicarlo a la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial.

2. Las administraciones p鷅licas deber醤 garantizar la disponibilidad de canales accesibles y seguros de denuncia de la existencia de tales contenidos. Estos canales podr醤 ser gestionados por l韓eas de denuncia nacionales homologadas por redes internacionales, siempre en colaboraci髇 con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Art韈ulo 20 Protecci髇 y seguridad

1. Las administraciones p鷅licas, en el 醡bito de sus competencias, establecer醤 los mecanismos oportunos para garantizar la confidencialidad, protecci髇 y seguridad de las personas que hayan puesto en conocimiento de las autoridades situaciones de violencia sobre ni駉s, ni馻s y adolescentes.

2. Los centros educativos y de ocio y tiempo libre, as� como los establecimientos en los que habitualmente residan personas menores de edad adoptar醤 todas las medidas necesarias para garantizar la protecci髇 y seguridad de los ni駉s, ni馻s y adolescentes que comuniquen una situaci髇 de violencia.

3. La autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte, podr� acordar las medidas de protecci髇 previstas en la normativa espec韋ica aplicable en materia de protecci髇 a testigos, cuando lo estime necesario en atenci髇 al riesgo o peligro que derive de la formulaci髇 de denuncia conforme a los art韈ulos anteriores.

Art韈ulo 21 Estrategia de erradicaci髇 de la violencia sobre la infancia y la adolescencia

1. La Administraci髇 General del Estado, en colaboraci髇 con las comunidades aut髇omas, las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales elaborar� una Estrategia nacional, de car醕ter plurianual, con el objetivo de erradicar la violencia sobre la infancia y la adolescencia, con especial incidencia en los 醡bitos familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las nuevas tecnolog韆s, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta Estrategia se aprobar� por el Gobierno a propuesta de la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia y se acompa馻r� de una memoria econ髆ica en la que los centros competentes identificar醤 las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que habr� de financiarse.

Dicha Estrategia se elaborar� en consonancia con la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, y contar� con la participaci髇 del Observatorio de la Infancia, las entidades del tercer sector, la sociedad civil, y, de forma muy especial, con los ni駉s, ni馻s y adolescentes.

Su impulso corresponder� al departamento ministerial que tenga atribuidas las competencias en pol韙icas de infancia.

En la elaboraci髇 de la Estrategia se contar� con la participaci髇 de ni駉s, ni馻s y adolescentes a trav閟 del Consejo Estatal de Participaci髇 de la Infancia y de la Adolescencia.

2. Anualmente, el 髍gano al que corresponda el impulso de la Estrategia elaborar� un informe de evaluaci髇 acerca del grado de cumplimiento y la eficacia de la Estrategia de erradicaci髇 de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Dicho informe, que deber� ser elevado al Consejo de Ministros, se realizar� en colaboraci髇 con los Ministerios de Justicia, Interior, Sanidad, Educaci髇 y Formaci髇 Profesional y el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.

Los resultados del informe anual de evaluaci髇, que contendr� los datos estad韘ticos disponibles sobre violencia hacia la infancia y la adolescencia, se har醤 p鷅licos para general conocimiento, y deber醤 ser tenidos en cuenta para la elaboraci髇 de las pol韙icas p鷅licas correspondientes.

Art韈ulo 22 De la sensibilizaci髇

1. Las administraciones p鷅licas promover醤, en el 醡bito de sus competencias, campa馻s y acciones concretas de informaci髇 evaluables y basadas en la evidencia, destinadas a concienciar a la sociedad acerca del derecho de los ni駉s, ni馻s y adolescentes a recibir un buen trato. Dichas campa馻s incluir醤 medidas contra aquellas conductas, discursos y actos que favorecen la violencia sobre la infancia y la adolescencia en sus distintas manifestaciones, incluida la discriminaci髇, la criminalizaci髇 y el odio, con el objetivo de promover el cambio de actitudes en el contexto social.

Asimismo, las administraciones p鷅licas impulsar醤 campa馻s espec韋icas de sensibilizaci髇 para promover un uso seguro y responsable de Internet, desde un enfoque de aprovechamiento de las oportunidades y su uso en positivo, incorporando la perspectiva y opiniones de los propios ni駉s, ni馻s y adolescentes.

2. Estas campa馻s se realizar醤 de modo accesible, diferenciando por tramos de edad, de manera que se garantice el acceso a las mismas a todas las personas menores de edad y especialmente, a aquellas que por raz髇 de su discapacidad necesiten de apoyos espec韋icos.

Art韈ulo 23 De la prevenci髇

1. Las administraciones p鷅licas competentes establecer醤 planes y programas de prevenci髇 para la erradicaci髇 de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

Estos planes y programas comprender醤 medidas espec韋icas en los 醡bitos familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las nuevas tecnolog韆s, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el marco de la estrategia de erradicaci髇 de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, y deber醤 ser evaluados en los t閞minos que establezcan las administraciones p鷅licas competentes.

2. Los planes y programas de prevenci髇 para la erradicaci髇 de la violencia sobre la infancia y la adolescencia identificar醤, conforme a los factores de riesgo, a los ni駉s, ni馻s y adolescentes en situaci髇 de especial vulnerabilidad, as� como a los grupos espec韋icos de alto riesgo, con el objeto de priorizar las medidas y recursos destinados a estos colectivos.

3. En todo caso, tendr醤 la consideraci髇 de actuaciones en materia de prevenci髇 las siguientes:

• a) Las dirigidas a la promoci髇 del buen trato en todos los 醡bitos de la vida de los ni駉s, ni馻s y adolescentes, as� como todas las orientadas a la formaci髇 en parentalidad positiva.
• b) Las dirigidas a detectar, reducir o evitar las situaciones que provocan los procesos de exclusi髇 o inadaptaci髇 social, que dificultan el bienestar y pleno desarrollo de los ni駉s, ni馻s y adolescentes.
• c) Las que tienen por objeto mitigar o compensar los factores que favorecen el deterioro del entorno familiar y social de las personas menores de edad.
• d) Las que persiguen reducir o eliminar las situaciones de desprotecci髇 debidas a cualquier forma de violencia sobre la infancia y la adolescencia.
• e) Las que promuevan la informaci髇 dirigida a los ni駉s, ni馻s y adolescentes, la participaci髇 infantil y juvenil, as� como la implicaci髇 de las personas menores de edad en los propios procesos de sensibilizaci髇 y prevenci髇.
• f) Las que fomenten la conciliaci髇 familiar y laboral, as� como la corresponsabilidad parental.
• g) Las enfocadas a fomentar tanto en las personas adultas como en las menores de edad el conocimiento de los principios y disposiciones de la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉.
• h) Las dirigidas a concienciar a la sociedad de todas las barreras que sit鷄n a los ni駉s, ni馻s y adolescentes en situaciones de desventaja social y riesgo de sufrir violencia, as� como las dirigidas a reducir o eliminar dichas barreras.
• i) Las destinadas a fomentar la seguridad en todos los 醡bitos de la infancia y la adolescencia.
• j) Las dirigidas al fomento de relaciones igualitarias entre los ni駉s y ni馻s, en las que se identifiquen las distintas formas de violencia contra ni馻s, adolescentes y mujeres.
• k) Las dirigidas a formar de manera continua y especializada a los profesionales que intervienen habitualmente con ni駉s, ni馻s y adolescentes, en cuestiones relacionadas con la atenci髇 a la infancia y adolescencia, con particular atenci髇 a los colectivos en situaci髇 de especial vulnerabilidad.
• l) Las encaminadas a evitar que ni馻s, ni駉s y adolescentes abandonen sus estudios para asumir compromisos laborales y familiares, no acordes con su edad, con especial atenci髇 al matrimonio infantil, que afecta a las ni馻s en raz髇 de sexo.
• m) Cualquier otra que se recoja en relaci髇 a los distintos 醡bitos de actuaci髇 regulados en esta ley.

4. Las actuaciones de prevenci髇 contra la violencia en ni駉s, ni馻s y adolescentes, tendr醤 una consideraci髇 prioritaria. A tal fin, los Presupuestos Generales del Estado se acompa馻r醤 de documentaci髇 asociada al informe de impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia en la que los distintos centros gestores del presupuesto individualizar醤 las partidas presupuestarias consignadas para llevarlas a cabo.

Art韈ulo 24 Prevenci髇 de la radicalizaci髇 en los ni駉s, ni馻s y adolescentes

Las administraciones p鷅licas competentes adoptar醤 las medidas de sensibilizaci髇, prevenci髇 y detecci髇 precoz necesarias para proteger a las personas menores de edad frente a los procesos en los que prime el aprendizaje de modelos de conductas violentas o de conductas delictivas que conducen a la violencia en cualquier 醡bito en el que se manifiesten, as� como para el tratamiento y asistencia de las mismas en los casos en que esta llegue a producirse. En todo caso, se proporcionar� un tratamiento preventivo que incorpore las dimensiones de g閚ero y de edad.

Art韈ulo 25 De la detecci髇 precoz

1. Las administraciones p鷅licas, en el 醡bito de sus competencias, desarrollar醤 anualmente programas de formaci髇 inicial y continua destinada a los profesionales cuya actividad requiera estar en contacto habitual con ni馻s, ni駉s y adolescentes con el objetivo de detectar precozmente la violencia ejercida contra los mismos y que esta violencia pueda ser comunicada de acuerdo con lo previsto en los art韈ulos 15 y 16.

2. En aquellos casos en los que se haya detectado precozmente alguna situaci髇 de violencia sobre una persona menor de edad, esta situaci髇 deber� ser inmediatamente comunicada por el o la profesional que la haya detectado a los progenitores, o a quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que existan indicios de que la mencionada violencia haya sido ejercida por estos.

3. Las administraciones p鷅licas competentes promover醤 la capacitaci髇 de personas menores de edad para que cuenten con herramientas para detectar situaciones de violencia.

Art韈ulo 26 Prevenci髇 en el 醡bito familiar

1. Las administraciones p鷅licas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, deber醤 proporcionar a las familias en sus m鷏tiples formas, y a aquellas personas que convivan habitualmente con ni駉s, ni馻s y adolescentes, para crear un entorno seguro, el apoyo necesario para prevenir desde la primera infancia factores de riesgo y fortalecer los factores de protecci髇, as� como apoyar la labor educativa y protectora de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, para que puedan desarrollar adecuadamente su rol parental o tutelar.

2. A tal fin, dentro de los planes y programas de prevenci髇 previstos en el art韈ulo 23, las administraciones p鷅licas competentes deber醤 incluir, como m韓imo, un an醠isis de la situaci髇 de la familia en el territorio de su competencia, que permita identificar sus necesidades y fijar los objetivos y medidas a aplicar.

3. Las medidas a las que se refiere el apartado anterior deber醤 estar enfocadas a:

• a) Promover el buen trato, la corresponsabilidad y el ejercicio de la parentalidad positiva. A los efectos de esta ley, se entiende por parentalidad positiva el comportamiento de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, fundamentado en el inter閟 superior del ni駉, ni馻 o adolescente y orientado a que la persona menor de edad crezca en un entorno afectivo y sin violencia que incluya el derecho a expresar su opini髇, a participar y ser tomado en cuenta en todos los asuntos que le afecten, la educaci髇 en derechos y obligaciones, favorezca el desarrollo de sus capacidades, ofrezca reconocimiento y orientaci髇, y permita su pleno desarrollo en todos los 髍denes.

  En ning鷑 caso las actuaciones para promover la parentalidad positiva deben ser utilizadas con otros objetivos en caso de conflicto entre progenitores, separaciones o divorcios, ni para la imposici髇 de la custodia compartida no acordada. Tampoco debe ser relacionada con situaciones sin aval cient韋ico como el s韓drome de alienaci髇 parental.

• b) Promover la educaci髇 y el desarrollo de estrategias b醩icas y fundamentales para la adquisici髇 de valores y competencias emocionales, tanto en los progenitores, o en quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, como en los ni駉s y ni馻s de acuerdo con el grado de madurez de los mismos. En particular, se promover� la corresponsabilidad y el rechazo de la violencia contra las mujeres y ni馻s, la educaci髇 con enfoque inclusivo y el desarrollo de estrategias durante la primera infancia destinadas a la adquisici髇 de habilidades para una crianza que permita el establecimiento de un lazo afectivo fuerte, rec韕roco y seguro con sus progenitores, o con quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento.
• c) Promover la atenci髇 a las mujeres durante el periodo de gestaci髇 y facilitar el buen trato prenatal. Esta atenci髇 deber� incidir en la identificaci髇 de aquellas circunstancias que puedan influir negativamente en la gestaci髇 y en el bienestar de la mujer, as� como en el desarrollo de estrategias para la detecci髇 precoz de situaciones de riesgo durante el embarazo y de preparaci髇 y apoyo.
• d) Proporcionar un entorno obst閠rico y perinatal seguro para la madre y el reci閚 nacido e incorporar los protocolos, con evidencia cient韋ica demostrada, para la detecci髇 de enfermedades o alteraciones gen閠icas, destinados al diagn髎tico precoz y, en su caso, al tratamiento y atenci髇 sanitaria temprana del o la reci閚 nacida.
• e) Desarrollar programas de formaci髇 a adultos y a ni駉s, ni馻s y adolescentes en habilidades para la negociaci髇 y resoluci髇 de conflictos intrafamiliares.
• f) Adoptar programas dirigidos a la promoci髇 de formas positivas de aprendizaje, as� como a erradicar el castigo con violencia f韘ica o psicol骻ica en el 醡bito familiar.
• g) Crear los servicios necesarios de informaci髇 y apoyo profesional a los ni駉s, ni馻s y adolescentes a fin de que tengan la capacidad necesaria para detectar precozmente y rechazar cualquier forma de violencia, con especial atenci髇 a los problemas de las ni馻s y adolescentes que por g閚ero y edad sean v韈timas de cualquier tipo de discriminaci髇 directa o indirecta.
• h) Proporcionar la orientaci髇, formaci髇 y apoyos que precisen las familias de los ni駉s, ni馻s y adolescentes con discapacidad, a fin de permitir una atenci髇 adecuada de estos en su entorno familiar, al tiempo que se fomenta su grado de autonom韆, su participaci髇 activa en la familia y su inclusi髇 social en la comunidad.
• i) Desarrollar programas de formaci髇 y sensibilizaci髇 a adultos y a ni駉s, ni馻s y adolescentes, encaminados a evitar la promoci髇 intrafamiliar del matrimonio infantil, el abandono de los estudios y la asunci髇 de compromisos laborales y familiares no acordes con la edad.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de octubre de 2021, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5570-2021, contra los art韈ulos 30 p醨rafo 2.�; 3 b); 26, apartados 2 y 3; 27; disposici髇 final primera apartado 9, y disposici髇 final segunda apdo. 1 (獴.O.E.� 16 octubre).LE0000709674_20211016

Art韈ulo 27 Actuaciones espec韋icas en el 醡bito familiar

1. Las administraciones p鷅licas impulsar醤 medidas de pol韙ica familiar encaminadas a apoyar los aspectos cualitativos de la parentalidad positiva en progenitores o quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento. En particular, las destinadas a prevenir la pobreza y las causas de exclusi髇 social, as� como la conciliaci髇 de la vida familiar y laboral en el marco del di醠ogo social, a trav閟 de horarios y condiciones de trabajo que permitan atender adecuadamente las responsabilidades derivadas de la crianza, y el ejercicio igualitario de dichas responsabilidades por hombres y mujeres.

Dichas medidas habr醤 de individualizarse en funci髇 de las distintas necesidades de apoyo espec韋ico que presente cada unidad familiar, con especial atenci髇 a las familias con ni駉s, ni馻s o adolescentes con discapacidad, o en situaci髇 de especial vulnerabilidad. Y las dirigidas a prevenir la separaci髇 del entorno familiar.

2. Las administraciones p鷅licas elaborar醤 y/o difundir醤 materiales formativos, en formato y lenguaje accesibles en t閞minos sensoriales y cognitivos, dirigidos al ejercicio positivo de las responsabilidades parentales o tutelares. Estos materiales contendr醤 formaci髇 en materia de derechos y deberes de los ni駉s, ni馻s y adolescentes, e incluir醤 contenidos espec韋icos referidos a combatir roles y estereotipos de g閚ero que sit鷄n a las ni馻s en plano de desigualdad, contenidos sobre la diversidad sexual y de g閚ero, como medida de prevenci髇 de conductas discriminatorias y violentas hacia los ni駉s, ni馻s y adolescentes.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de octubre de 2021, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5570-2021, contra los art韈ulos 30 p醨rafo 2.�; 3 b); 26, apartados 2 y 3; 27; disposici髇 final primera apartado 9, y disposici髇 final segunda apdo. 1 (獴.O.E.� 16 octubre).LE0000709674_20211016

Art韈ulo 28 Situaci髇 de ruptura familiar

Las administraciones p鷅licas deber醤 prestar especial atenci髇 a la protecci髇 del inter閟 superior de los ni駉s, ni馻s y adolescentes en los casos de ruptura familiar, adoptando, en el 醡bito de sus competencias, medidas especialmente dirigidas a las familias en esta situaci髇 con hijos y/o hijas menores de edad, a fin de garantizar que la ruptura de los progenitores no implique consecuencias perjudiciales para el bienestar y el pleno desarrollo de los mismos.

Entre otras, se adoptar醤 las siguientes medidas:

• a) Impulso de los servicios de apoyo a las familias, los puntos de encuentro familiar y otros recursos o servicios especializados de titularidad p鷅lica que permitan una adecuada atenci髇 y protecci髇 a la infancia y adolescencia frente a la violencia.
• b) Impulso de los gabinetes psicosociales de los juzgados as� como de servicios de mediaci髇 y conciliaci髇, con pleno respeto a la autonom韆 de los progenitores y de los ni駉s, ni馻s y adolescentes implicados.

Art韈ulo 29 Situaci髇 de violencia de g閚ero en el 醡bito familiar

1. Las administraciones p鷅licas deber醤 prestar especial atenci髇 a la protecci髇 del inter閟 superior de los ni駉s, ni馻s y adolescentes que conviven en entornos familiares marcados por la violencia de g閚ero, garantizando la detecci髇 de estos casos y su respuesta espec韋ica, que garantice la plena protecci髇 de sus derechos.

2. Las actuaciones de las administraciones p鷅licas deben producirse de una forma integral, contemplando conjuntamente la recuperaci髇 de la persona menor de edad y de la madre, ambas v韈timas de la violencia de g閚ero. Concretamente, se garantizar� el apoyo necesario para que las ni馻s, ni駉s y adolescentes, de cara a su protecci髇, atenci髇 especializada y recuperaci髇, permanezcan con la mujer, salvo si ello es contrario a su inter閟 superior.

Para ello, los servicios sociales y de protecci髇 de la infancia y adolescencia asegurar醤:

• a) La detecci髇 y la respuesta espec韋ica a las situaciones de violencia de g閚ero.
• b) La derivaci髇 y la coordinaci髇 con los servicios de atenci髇 especializada a menores de edad v韈timas de violencia de g閚ero.

Asimismo, se seguir醤 las pautas de actuaci髇 establecidas en los protocolos que en materia de violencia de g閚ero tienen los diferentes organismos sanitarios, policiales, educativos, judiciales y de igualdad.

Art韈ulo 30 Principios

El sistema educativo debe regirse por el respeto mutuo de todos los miembros de la comunidad educativa y debe fomentar una educaci髇 accesible, igualitaria, inclusiva y de calidad que permita el desarrollo pleno de los ni駉s, ni馻s y adolescentes y su participaci髇 en una escuela segura y libre de violencia, en la que se garantice el respeto, la igualdad y la promoci髇 de todos sus derechos fundamentales y libertades p鷅licas, empleando m閠odos pac韋icos de comunicaci髇, negociaci髇 y resoluci髇 de conflictos.

Los ni駉s, ni馻s y adolescentes en todas las etapas educativas e independientemente de la titularidad del centro, recibir醤, de forma transversal, una educaci髇 que incluya su participaci髇, el respeto a los dem醩, a su dignidad y sus derechos, especialmente de aquellos menores que sufran especial vulnerabilidad por su condici髇 de discapacidad o de alg鷑 trastorno del neurodesarrollo, la igualdad de g閚ero, la diversidad familiar, la adquisici髇 de habilidades para la elecci髇 de estilos de vida saludables, incluyendo educaci髇 alimentaria y nutricional, y una educaci髇 afectivo sexual, adaptada a su nivel madurativo y, en su caso, discapacidad, orientada al aprendizaje de la prevenci髇 y evitaci髇 de toda forma de violencia y discriminaci髇, con el fin de ayudarles a reconocerla y reaccionar frente a la misma.El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de octubre de 2021, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5570-2021, contra los art韈ulos 30 p醨rafo 2.�; 3 b); 26, apartados 2 y 3; 27; disposici髇 final primera apartado 9, y disposici髇 final segunda apdo. 1 (獴.O.E.� 16 octubre).LE0000709674_20211016

Art韈ulo 31 De la organizaci髇 educativa

1. Todos los centros educativos elaborar醤 un plan de convivencia, de conformidad con el art韈ulo 124 de la Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇, entre cuyas actividades se incluir� la adquisici髇 de habilidades, sensibilizaci髇 y formaci髇 de la comunidad educativa, promoci髇 del buen trato y resoluci髇 pac韋ica de conflictos por el personal del centro, el alumnado y la comunidad educativa sobre la resoluci髇 pac韋ica de conflictos.

2. Asimismo, dicho plan recoger� los c骴igos de conducta consensuados entre el profesorado que ejerce funciones de tutor/a, los equipos docentes y el alumnado ante situaciones de acoso escolar o ante cualquier otra situaci髇 que afecte a la convivencia en el centro educativo, con independencia de si estas se producen en el propio centro educativo o si se producen, o contin鷄n, a trav閟 de las tecnolog韆s de la informaci髇 y de la comunicaci髇.

El Claustro del profesorado y el Consejo Escolar tendr醤 entre sus competencias el impulso de la adopci髇 y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y protecci髇 de los derechos de las personas menores de edad ante cualquier forma de violencia.

3. Las administraciones educativas velar醤 por el cumplimiento y aplicaci髇 de los principios recogidos en este cap韙ulo. Asimismo, establecer醤 las pautas y medidas necesarias para el establecimiento de los centros como entornos seguros y supervisar醤 que todos los centros, independientemente de su titularidad, apliquen los protocolos preceptivos de actuaci髇 en casos de violencia.

Art韈ulo 32 Supervisi髇 de la contrataci髇 de los centros educativos

Las administraciones educativas y las personas que ostenten la direcci髇 y titularidad de todos los centros educativos supervisar醤 la seguridad en la contrataci髇 de personal y controlar醤 la aportaci髇 de los certificados obligatorios, como son los recogidos en el cap韙ulo II del t韙ulo V, tanto del personal docente como del personal auxiliar, contrato de servicio, u otros profesionales que trabajen o colaboren habitualmente en el centro escolar de forma retribuida o no.

Art韈ulo 33 Formaci髇 en materia de derechos, seguridad y responsabilidad digital

Las administraciones p鷅licas garantizar醤 la plena inserci髇 del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garant韆 de la intimidad personal y familiar y la protecci髇 de datos personales, conforme a lo previsto en el art韈ulo 83 de la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales.

Espec韋icamente, las administraciones p鷅licas promover醤 dentro de todas las etapas formativas el uso adecuado de Internet.

Art韈ulo 34 Protocolos de actuaci髇

1. Las administraciones educativas regular醤 los protocolos de actuaci髇 contra el abuso y el maltrato, el acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de g閚ero, violencia dom閟tica, suicidio y autolesi髇, as� como cualquier otra manifestaci髇 de violencia comprendida en el 醡bito de aplicaci髇 de esta ley. Para la redacci髇 de estos protocolos se contar� con la participaci髇 de ni駉s, ni馻s y adolescentes, otras administraciones p鷅licas, instituciones y profesionales de los diferentes sectores implicados en la prevenci髇, detecci髇 precoz, protecci髇 y reparaci髇 de la violencia sobre ni駉s, ni馻s y adolescentes.

Dichos protocolos deber醤 ser aplicados en todos los centros educativos, independientemente de su titularidad y evaluarse peri骴icamente con el fin de valorar su eficacia. Deber醤 iniciarse cuando el personal docente o educador de los centros educativos, padres o madres del alumnado o cualquier miembro de la comunidad educativa, detecten indicios de violencia o por la mera comunicaci髇 de los hechos por parte de los ni駉s, ni馻s o adolescentes.

2. Entre otros aspectos, los protocolos determinar醤 las actuaciones a desarrollar, los sistemas de comunicaci髇 y la coordinaci髇 de los y las profesionales responsables de cada actuaci髇. Dicha coordinaci髇 deber� establecerse tambi閚 con los 醡bitos sanitario, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y judicial.

Asimismo, deber醤 contemplar actuaciones espec韋icas cuando el acoso tenga como motivaci髇 la discapacidad, problemas graves del neurodesarrollo, problemas de salud mental, la edad, prejuicios racistas o por lugar de origen, la orientaci髇 sexual, la identidad o expresi髇 de g閚ero. De igual modo, dichos protocolos deber醤 contemplar actuaciones espec韋icas cuando el acoso se lleve a cabo a trav閟 de las nuevas tecnolog韆s o dispositivos m髒iles y se haya menoscabado la intimidad, reputaci髇 o el derecho a la protecci髇 de datos personales de las personas menores de edad.

3. Las personas que ostenten la direcci髇 o titularidad de los centros educativos se responsabilizar醤 de que la comunidad educativa est� informada de los protocolos de actuaci髇 existentes as� como de la ejecuci髇 y el seguimiento de las actuaciones previstas en los mismos.

4. Se llevar醤 a cabo actuaciones de difusi髇 de los protocolos elaborados y formaci髇 especializada de los profesionales que intervengan, a fin de que cuenten con la formaci髇 adecuada para detectar situaciones de esta naturaleza.

Art韈ulo 35 Coordinador o Coordinadora de bienestar y protecci髇

1. Todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad, independientemente de su titularidad, deber醤 tener un Coordinador o Coordinadora de bienestar y protecci髇 del alumnado, que actuar� bajo la supervisi髇 de la persona que ostente la direcci髇 o titularidad del centro.

2. Las administraciones educativas competentes determinar醤 los requisitos y funciones que debe desempe馻r el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protecci髇. Asimismo, determinar醤 si estas funciones han de ser desempe馻das por personal ya existente en el centro escolar o por nuevo personal.

Las funciones encomendadas al Coordinador o Coordinadora de bienestar y protecci髇 deber醤 ser al menos las siguientes:

• a) Promover planes de formaci髇 sobre prevenci髇, detecci髇 precoz y protecci髇 de los ni駉s, ni馻s y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al alumnado. Se priorizar醤 los planes de formaci髇 dirigidos al personal del centro que ejercen de tutores, as� como aquellos dirigidos al alumnado destinados a la adquisici髇 por estos de habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia.

  Asimismo, en coordinaci髇 con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, deber� promover dicha formaci髇 entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento.

• b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones educativas, los casos que requieran de intervenci髇 por parte de los servicios sociales competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora necesario, y sin perjuicio del deber de comunicaci髇 en los casos legalmente previstos.
• c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno.
• d) Promover medidas que aseguren el m醲imo bienestar para los ni駉s, ni馻s y adolescentes, as� como la cultura del buen trato a los mismos.
• e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilizaci髇 de m閠odos alternativos de resoluci髇 pac韋ica de conflictos.
• f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevenci髇 y protecci髇 de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad aut髇oma.
• g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.
• h) Coordinar con la direcci髇 del centro educativo el plan de convivencia al que se refiere el art韈ulo 31.
• i) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas menores de edad, la comunicaci髇 inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
• j) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento il韈ito de datos de car醕ter personal de las personas menores de edad, la comunicaci髇 inmediata por parte del centro educativo a las Agencias de Protecci髇 de Datos.
• k) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentaci髇 saludable y nutritiva que permita a los ni駉s, ni馻s y adolescentes, en especial a los m醩 vulnerables, llevar una dieta equilibrada.

3. El Coordinador o Coordinadora de bienestar y protecci髇 actuar�, en todo caso, con respeto a lo establecido en la normativa vigente en materia de protecci髇 de datos.

Lo previsto en los art韈ulos 5.3, 14.2, 14.3, 18, 35 y 48.1.b) y c) producir醤 efectos a los seis meses de la entrada en vigor de la ley, conforme establece la disposici髇 final vig閟ima quinta.LE0000699574_20210625

Art韈ulo 36 Implicaci髇 de la Educaci髇 Superior en la erradicaci髇 de la violencia sobre la infancia y la adolescencia

1. Los centros de Educaci髇 Superior promover醤 en todos los 醡bitos acad閙icos la formaci髇, docencia e investigaci髇 en derechos de la infancia y adolescencia en general y en la lucha contra la violencia ejercida sobre los mismos en particular.

2. En concreto, los ciclos formativos de grado superior, de grado y posgrado y los programas de especializaci髇 de las profesiones sanitarias, del 醡bito social, del 醡bito educativo, de Periodismo y Ciencias de la Informaci髇, del derecho, y de aquellas otras titulaciones conducentes al ejercicio de profesiones en contacto habitual con personas menores de edad, promover醤 la incorporaci髇 en sus planes de estudios de contenidos espec韋icos dirigidos a la prevenci髇, detecci髇 precoz e intervenci髇 de los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia teniendo en cuenta la perspectiva de g閚ero.

Art韈ulo 37 Actuaciones del Consejo de Universidades en la lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia

Entre las actividades y publicaciones anuales del Consejo de Universidades se promover� la inclusi髇 en el mundo acad閙ico del estudio y la investigaci髇 de los derechos de la infancia y la adolescencia en general y de la violencia sobre los mismos en particular, y m醩 espec韋icamente en aquellos estudios orientados al ejercicio de profesiones que impliquen el contacto habitual con personas menores de edad.

Art韈ulo 38 Actuaciones en el 醡bito sanitario

1. Las administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promover醤 e impulsar醤 actuaciones para la promoci髇 del buen trato a la infancia y la adolescencia, as� como para la prevenci髇 y detecci髇 precoz de la violencia sobre los ni駉s, ni馻s y adolescentes, y de sus factores de riesgo, en el marco del protocolo com鷑 de actuaci髇 sanitaria previsto en el art韈ulo 39.2.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones sanitarias competentes promover醤 la elaboraci髇 de protocolos espec韋icos de actuaci髇 en el 醡bito de sus competencias, que faciliten la promoci髇 del buen trato, la identificaci髇 de factores de riesgo y la prevenci髇 y detecci髇 precoz de la violencia sobre ni駉s, ni馻s y adolescentes, as� como las medidas a adoptar para la adecuada asistencia y recuperaci髇 de las v韈timas, y que deber醤 tener en cuenta las especificidades de las actuaciones a desarrollar cuando la v韈tima de violencia sea una persona con discapacidad, problemas graves del neurodesarrollo, problemas de salud mental o en la que concurra cualquier otra situaci髇 de especial vulnerabilidad. Se promover�, as� mismo, la coordinaci髇 con todos los agentes implicados.

3. Las administraciones sanitarias competentes facilitar醤 el acceso de los ni駉s, ni馻s y adolescentes a la informaci髇, a los servicios de tratamiento y recuperaci髇, garantizando la atenci髇 universal y accesible a todos aquellos que se encuentren en las situaciones de desprotecci髇, riesgo y violencia a las que se refiere esta ley. Especialmente, se garantizar� una atenci髇 a la salud mental integral reparadora y adecuada a su edad.

Art韈ulo 39 Comisi髇 frente a la violencia en los ni駉s, ni馻s y adolescentes

1. De acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 74 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesi髇 y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordar� en el plazo de un a駉 a contar desde la entrada en vigor de esta ley, la creaci髇 de una Comisi髇 frente a la violencia en los ni駉s, ni馻s y adolescentes. Dicha Comisi髇 contar� con expertos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses designados por el Ministerio de Justicia, junto con expertos de las profesiones sanitarias implicadas en la prevenci髇, valoraci髇 y tratamiento de las v韈timas de violencia contra los ni駉s, ni馻s y adolescentes.

2. La Comisi髇 frente a la violencia en los ni駉s, ni馻s y adolescentes apoyar� y orientar� la planificaci髇 de las medidas con incidencia sanitaria contempladas en la ley, y elaborar� en el plazo de seis meses desde su constituci髇 un protocolo com鷑 de actuaci髇 sanitaria, que eval鷈 y proponga las medidas necesarias para la correcta aplicaci髇 de la ley y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya a la erradicaci髇 de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Dicho protocolo establecer� los procedimientos de comunicaci髇 de las sospechas o evidencias de casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia a los servicios sociales correspondientes, as� como la colaboraci髇 con el Juzgado de Guardia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la entidad p鷅lica de protecci髇 a la infancia y el Ministerio Fiscal. Para la redacci髇 del mencionado protocolo se procurar� contar con la participaci髇 de otras administraciones p鷅licas, instituciones y profesionales de los diferentes sectores implicados en la prevenci髇, detecci髇 precoz, protecci髇 y reparaci髇 de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

3. Asimismo, la citada Comisi髇 emitir� un informe anual, que incluir� los datos disponibles sobre la atenci髇 sanitaria de las personas menores de edad v韈timas de violencia, desagregados por sexo y edad, as� como informaci髇 sobre la implementaci髇 de las medidas con incidencia sanitaria contempladas en la ley. Este informe ser� remitido al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y al Observatorio Estatal de la infancia, y sus resultados ser醤 incluidos en el informe anual de evaluaci髇 de la Estrategia de erradicaci髇 de la violencia sobre la infancia y la adolescencia previsto en el art韈ulo 21.2.

Art韈ulo 40 Actuaciones de los centros y servicios sanitarios ante posibles situaciones de violencia

1. Todos los centros y servicios sanitarios, en los que se preste asistencia sanitaria a una persona menor de edad como consecuencia de cualquier tipo de violencia, deber醤 aplicar el protocolo com鷑 de actuaci髇 sanitaria previsto en el art韈ulo 39.2, incluido al alta hospitalaria.

2. Los registros relativos a la atenci髇 de las personas menores de edad v韈timas de violencia quedar醤 incorporados en su historia cl韓ica y su protecci髇 estar� a lo dispuesto en el art韈ulo 16.3 de esta ley.

Art韈ulo 41 Actuaciones por parte de los servicios sociales

1. El personal funcionario que desarrolle su actividad profesional en los servicios sociales, en el ejercicio de sus funciones relativas a la protecci髇 de los ni駉s, ni馻s y adolescentes, tendr� la condici髇 de agente de la autoridad y podr� solicitar en su 醡bito geogr醘ico correspondiente la colaboraci髇 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los servicios sanitarios y de cualquier servicio p鷅lico que fuera necesario para su intervenci髇.

2. Con el fin de responder de forma adecuada a las situaciones de urgencia que puedan presentarse y en tanto no se pueda derivar el caso a la Entidad P鷅lica de Protecci髇 a la infancia, cada comunidad aut髇oma determinar� el procedimiento para que los funcionarios que desarrollan su actividad profesional en los servicios sociales de atenci髇 primaria, puedan adoptar las medidas oportunas de coordinaci髇 para garantizar la mejor protecci髇 de las personas menores de edad v韈timas de violencia.

Sin perjuicio de lo anterior y del deber de comunicaci髇 cualificado previsto en el art韈ulo 16, cuando los servicios sociales de atenci髇 primaria tengan conocimiento de un caso de violencia en el que la persona menor de edad se encuentre adem醩 en situaci髇 de desprotecci髇, lo comunicar醤 inmediatamente a la Entidad P鷅lica de Protecci髇 a la infancia.

3. Cuando la gravedad lo requiera, los y las profesionales de los servicios sociales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podr醤 acompa馻r a la persona menor de edad a un centro sanitario para que reciba la atenci髇 que precise, informando a sus progenitores o a quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que se sospeche que la mencionada violencia haya sido ejercida por estos, en cuyo caso se pondr� en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Art韈ulo 42 De los equipos de intervenci髇

1. Las administraciones p鷅licas competentes dotar醤 a los servicios sociales de atenci髇 primaria y especializada de profesionales y equipos de intervenci髇 familiar y con la infancia y la adolescencia, especialmente entrenados en la detecci髇 precoz, valoraci髇 e intervenci髇 frente a la violencia ejercida sobre las personas menores de edad.

2. Los equipos de intervenci髇 de los servicios sociales que trabajen en el 醡bito de la violencia sobre las personas menores de edad, deber醤 estar constituidos, preferentemente, por profesionales de la educaci髇 social, de la psicolog韆 y del trabajo social, y cuando sea necesario de la abogac韆, especializados en casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia.

Art韈ulo 43 Plan de intervenci髇

1. En todos los casos en los que exista riesgo o sospecha de violencia sobre los ni駉s, ni馻s o adolescentes, los servicios sociales de atenci髇 primaria establecer醤, de forma coordinada con la entidad p鷅lica de protecci髇 a la infancia, las v韆s para apoyar a la familia en el ejercicio positivo de sus funciones parentales de protecci髇. En caso necesario, los servicios sociales dise馻r醤 y llevar醤 a cabo un plan de intervenci髇 familiar individualizado de forma coordinada y con la participaci髇 del resto de 醡bitos implicados.

2. La valoraci髇 por parte de los servicios sociales de atenci髇 primaria de los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia deber� realizarse, siempre que sea posible, de forma interdisciplinar y coordinada con la entidad p鷅lica de protecci髇 a la infancia y con aquellos equipos y profesionales de los 醡bitos de la salud, la educaci髇, la judicatura, o la seguridad existentes en el territorio que puedan aportar informaci髇 sobre la situaci髇 de la persona menor de edad y su entorno familiar y social.

En aquellas situaciones que se consideren de especial gravedad por la tipolog韆 del acto violento, especialmente en los casos de delitos de naturaleza sexual, se requerir� de la intervenci髇 de un profesional especializado desde la comunicaci髇 o detecci髇 del caso.

3. Corresponder� a los servicios sociales de atenci髇 primaria la recogida de la informaci髇 sobre los posibles casos de violencia, y de concretar, con la participaci髇 de los y las profesionales correspondientes, el an醠isis interdisciplinar del caso, recabando siempre que sea necesario, el apoyo o intervenci髇 de la entidad p鷅lica de protecci髇 a la infancia, as� como, en su caso, de los servicios de atenci髇 a mujeres v韈timas de violencia de g閚ero de la comunidad aut髇oma correspondiente. Las actuaciones desarrolladas por los servicios sociales de atenci髇 primaria en el marco del plan de intervenci髇 sobre casos de riesgo o sospecha de maltrato infantil se notificar醤 a los servicios sociales especializados de protecci髇 de menores.

4. Los poderes p鷅licos garantizar醤 a los ni駉s, ni馻s y adolescentes v韈timas de delitos violentos y, en todo caso, de delitos de naturaleza sexual, de trata o de violencia de g閚ero una atenci髇 integral para su recuperaci髇 a trav閟 de servicios especializados.

Art韈ulo 44 Seguimiento y registro de los casos de violencia sobre las personas menores de edad

1. Los servicios sociales de atenci髇 primaria deber醤 establecer, de conformidad con el procedimiento que se regule en cada comunidad aut髇oma, un sistema de seguimiento y registro de los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia en el que consten las notificaciones y comunicaciones recibidas, los casos confirmados y las distintas medidas puestas en marcha en relaci髇 con la intervenci髇 de dichos servicios sociales.

2. La informaci髇 estad韘tica de casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia procedente de los servicios sociales de atenci髇 primaria, junto con la procedente de la entidad p鷅lica de protecci髇 a la infancia, ser� incorporada, con la desagregaci髇 establecida, en el Registro Unificado de Maltrato Infantil al que se refiere el art韈ulo 22 ter de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, y que pasa a denominarse Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (en adelante RUSSVI).

Art韈ulo 45 Uso seguro y responsable de Internet

1. Las administraciones p鷅licas desarrollar醤 campa馻s de educaci髇, sensibilizaci髇 y difusi髇 dirigidas a los ni駉s, ni馻s y adolescentes, familias, educadores y otros profesionales que trabajen habitualmente con personas menores de edad sobre el uso seguro y responsable de Internet y las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇, as� como sobre los riesgos derivados de un uso inadecuado que puedan generar fen髆enos de violencia sexual contra los ni駉s, ni馻s y adolescentes como el ciberbullying, el grooming, la ciberviolencia de g閚ero o el sexting, as� como el acceso y consumo de pornograf韆 entre la poblaci髇 menor de edad.

Asimismo, fomentar醤 medidas de acompa馻miento a las familias, reforzando y apoyando el rol de los progenitores a trav閟 del desarrollo de competencias y habilidades que favorezcan el cumplimiento de sus obligaciones legales y, en particular, las establecidas en el art韈ulo 84.1 de la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales.

2. Las administraciones p鷅licas pondr醤 a disposici髇 de los ni駉s, ni馻s y adolescentes, familias, personal educador y otros profesionales que trabajen habitualmente con personas menores de edad un servicio espec韋ico de l韓ea de ayuda sobre el uso seguro y responsable de Internet, que ofrezca a los usuarios asistencia y asesoramiento ante situaciones potenciales de riesgo y emergencia de las personas menores de edad en Internet.

3. Las administraciones p鷅licas deber醤 adoptar medidas para incentivar la responsabilidad social de las empresas en materia de uso seguro y responsable de Internet por la infancia y la adolescencia.

Asimismo, fomentar醤 en colaboraci髇 con el sector privado que el inicio y desarrollo de aplicaciones y servicios digitales tenga en cuenta la protecci髇 a la infancia y la adolescencia.

4. Las campa馻s institucionales de prevenci髇 e informaci髇 deben incluir entre sus objetivos la prevenci髇 sobre contenidos digitales sexuales y/o violentos que pueden influir y ser perjudiciales para la infancia y adolescencia.

Art韈ulo 46 Diagn髎tico y control de contenidos

1. Las administraciones p鷅licas, en el 醡bito de sus competencias, deber醤 realizar peri骴icamente diagn髎ticos, teniendo en cuenta criterios de edad y g閚ero, sobre el uso seguro de Internet entre los ni駉s, ni馻s y adolescentes y las problem醫icas de riesgo asociadas, as� como de las nuevas tendencias.

2. Las administraciones p鷅licas fomentar醤 la colaboraci髇 con el sector privado, para la creaci髇 de entornos digitales seguros, una mayor estandarizaci髇 en el uso de la clasificaci髇 por edades y el etiquetado inteligente de contenidos digitales, para conocimiento de los ni駉s, ni馻s y adolescentes y apoyo de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, en la evaluaci髇 y selecci髇 de tipos de contenidos, servicios y dispositivos.

Adem醩, las administraciones p鷅licas fomentar醤 la implementaci髇 y el uso de mecanismos de control parental que ayuden a proteger a las personas menores de edad del riesgo de exposici髇 a contenidos y contactos nocivos, as� como de los mecanismos de denuncia y bloqueo.

3. Las administraciones p鷅licas, en colaboraci髇 con el sector privado y el tercer sector, fomentar醤 los contenidos positivos en l韓ea y el desarrollo de contenidos adaptados a las necesidades de los diferentes grupos de edad, impulsando entre la industria c骴igos de autorregulaci髇 y corregulaci髇 para el uso seguro y responsable en el desarrollo de productos y servicios destinados al p鷅lico infantil y adolescente, as� como fomentar y reforzar la incorporaci髇 por parte de la industria de mecanismos de control parental de los contenidos ofrecidos o mediante la puesta en marcha de protocolos de verificaci髇 de edad, en aplicaciones y servicios disponibles en Internet para impedir el acceso a los reservados a adultos.

4. Las administraciones p鷅licas trabajar醤 para conseguir que en los envases de los instrumentos de las nuevas tecnolog韆s deba figurar un aviso mediante el que se advierta de la necesidad de un uso responsable de estas tecnolog韆s para prevenir conductas adictivas espec韋icas. As� mismo, se recomienda a las personas adultas responsables de la educaci髇 de la infancia y adolescencia la vigilancia y responsabilidad en el uso adecuado de estas tecnolog韆s.

Art韈ulo 47 Protocolos de actuaci髇 frente a la violencia en el 醡bito deportivo y de ocio

Las administraciones p鷅licas, en el 醡bito de sus competencias, regular醤 protocolos de actuaci髇 que recoger醤 las actuaciones para construir un entorno seguro en el 醡bito deportivo y de ocio y que deben seguirse para la prevenci髇, detecci髇 precoz e intervenci髇, frente a las posibles situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia comprendidas en el 醡bito deportivo y de ocio.

Dichos protocolos deber醤 ser aplicados en todos los centros que realicen actividades deportivas y de ocio, independientemente de su titularidad y, en todo caso, en la Red de Centros de Alto Rendimiento y Tecnificaci髇 Deportiva, Federaciones Deportivas y Escuelas municipales.

Art韈ulo 48 Entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad de forma habitual

1. Las entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad est醤 obligadas a:

• a) Aplicar los protocolos de actuaci髇 a los que se refiere el art韈ulo anterior que adopten las administraciones p鷅licas en el 醡bito deportivo y de ocio.
• b) Implantar un sistema de monitorizaci髇 para asegurar el cumplimiento de los protocolos anteriores en relaci髇 con la protecci髇 de las personas menores de edad.Lo previsto en los art韈ulos 5.3, 14.2, 14.3, 18, 35 y 48.1.b) y c) producir醤 efectos a los seis meses de la entrada en vigor de la ley, conforme establece la disposici髇 final vig閟ima quinta.LE0000699574_20210625
• c) Designar la figura del Delegado o Delegada de protecci髇 al que las personas menores de edad puedan acudir para expresar sus inquietudes y quien se encargar� de la difusi髇 y el cumplimiento de los protocolos establecidos, as� como de iniciar las comunicaciones pertinentes en los casos en los que se haya detectado una situaci髇 de violencia sobre la infancia o la adolescencia.Lo previsto en los art韈ulos 5.3, 14.2, 14.3, 18, 35 y 48.1.b) y c) producir醤 efectos a los seis meses de la entrada en vigor de la ley, conforme establece la disposici髇 final vig閟ima quinta.LE0000699574_20210625
• d) Adoptar las medidas necesarias para que la pr醕tica del deporte, de la actividad f韘ica, de la cultura y del ocio no sea un escenario de discriminaci髇 por edad, raza, discapacidad, orientaci髇 sexual, identidad sexual o expresi髇 de g閚ero, o cualquier otra circunstancia personal o social, trabajando con los propios ni駉s, ni馻s y adolescentes, as� como con sus familias y profesionales, en el rechazo al uso de insultos y expresiones degradantes y discriminatorias.
• e) Fomentar la participaci髇 activa de los ni駉s, ni馻s y adolescentes en todos los aspectos de su formaci髇 y desarrollo integral.
• f) Fomentar y reforzar las relaciones y la comunicaci髇 entre las organizaciones deportivas y los progenitores o quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento.

2. Asimismo, adem醩 de la formaci髇 a la que se refiere el art韈ulo 5, quienes trabajen en las citadas entidades deber醤 recibir formaci髇 espec韋ica para atender adecuadamente las diferentes aptitudes y capacidades de los ni駉s, ni馻s y adolescentes con discapacidad para el fomento y el desarrollo del deporte inclusivo de estos.

Art韈ulo 49 Unidades especializadas

1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las comunidades aut髇omas y de las entidades locales actuar醤 como entornos seguros para la infancia y la adolescencia. Con tal finalidad, contar醤 con unidades especializadas en la investigaci髇 y prevenci髇, detecci髇 y actuaci髇 de situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia y preparadas para una correcta y adecuada intervenci髇 ante tales casos.

Las administraciones competentes adoptar醤 las medidas necesarias para garantizar que en los procesos de ingreso, formaci髇 y actualizaci髇 del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se incluyan contenidos espec韋icos sobre el tratamiento de situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una perspectiva policial.

2. Las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que act鷈n en un mismo territorio colaborar醤, dentro de su 醡bito competencial, para lograr un eficaz desarrollo de sus funciones en el 醡bito de la lucha contra la violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia, en los t閞minos previstos en la Ley Org醤ica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

3. Las administraciones p鷅licas, en el 醡bito de sus competencias, potenciar醤 la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante el desarrollo de herramientas tecnol骻icas interoperables que faciliten la investigaci髇 de los delitos.

Art韈ulo 50 Criterios de actuaci髇

1. La actuaci髇 de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia, se regir� por el respeto a los derechos de los ni駉s, ni馻s y adolescentes y la consideraci髇 de su inter閟 superior.

2. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuar醤 de conformidad con los protocolos de actuaci髇 policial con personas menores de edad, as� como cualesquiera otros protocolos aplicables. En este sentido, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales, auton髆icas y locales contar醤 con los protocolos necesarios para la prevenci髇, sensibilizaci髇, detecci髇 precoz, investigaci髇 e intervenci髇 en situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia, a fin de procurar una correcta y adecuada intervenci髇 ante tales casos.

En todo caso, proceder醤 conforme a los siguientes criterios:

• a) Se adoptar醤 de forma inmediata todas las medidas provisionales de protecci髇 que resulten adecuadas a la situaci髇 de la persona menor de edad.
• b) Solo se practicar醤 diligencias con intervenci髇 de la persona menor de edad que sean estrictamente necesarias. Por regla general la declaraci髇 del menor se realizar� en una sola ocasi髇 y, siempre, a trav閟 de profesionales espec韋icamente formados.
• c) Se practicar醤 sin dilaci髇 todas las diligencias imprescindibles que impliquen la intervenci髇 de la persona menor de edad, una vez comprobado que se encuentra en disposici髇 de someterse a dichas intervenciones.
• d) Se impedir� cualquier tipo de contacto directo o indirecto en dependencias policiales entre la persona investigada y el ni駉, ni馻 o adolescente.
• e) Se permitir� a las personas menores de edad, que as� lo soliciten, formular denuncia por s� mismas y sin necesidad de estar acompa馻das de una persona adulta.
• f) Se informar� sin demora al ni駉, ni馻 o adolescente de su derecho a la asistencia jur韉ica gratuita y, si as� lo desea, se requerir� al Colegio de Abogados competente la designaci髇 inmediata de abogado o abogada del turno de oficio espec韋ico para su personaci髇 en dependencias policiales.
• g) Se dispensar� un buen trato al ni駉, ni馻 o adolescente, con adaptaci髇 del lenguaje y las formas a su edad, grado de madurez y resto de circunstancias personales.
• h) Se procurar� que el ni駉, ni馻 o adolescente se encuentre en todo momento en compa耥a de una persona de su confianza designada libremente por 閘 o ella misma en un entorno seguro, salvo que se observe el riesgo de que dicha persona podr韆 actuar en contra de su inter閟 superior, de lo cual deber� dejarse constancia mediante declaraci髇 oficial.

Art韈ulo 51 Embajadas y Consulados

1. Corresponde a las Embajadas y a las Oficinas Consulares de Espa馻 en el exterior, de acuerdo con lo establecido en art韈ulo 5 h) del Convenio de Relaciones Consulares de Viena y dem醩 normativa internacional en este 醡bito, la protecci髇 de los intereses de los menores de nacionalidad espa駉la que se encuentren en el extranjero. Dicha protecci髇 se guiar� por los principios generales recogidas en la misma.

2. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Uni髇 Europea y Cooperaci髇, a trav閟 de la Direcci髇 General de Asuntos Consulares y Espa駉les en el Exterior, coordinar� con la Direcci髇 General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 o con la Unidad que se determine, las actuaciones de los menores espa駉les en el exterior, especialmente en los casos en los que se prevea el retorno a Espa馻 de los mismos.

Art韈ulo 52 De la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos

1. La Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos ejercer� las funciones y potestades que le corresponden de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 47 de la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal, con el fin de garantizar una protecci髇 espec韋ica de los datos personales de las personas menores de edad en los casos de violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia, especialmente cuando se realice a trav閟 de las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇.

2. La Agencia garantizar� la disponibilidad de un canal accesible y seguro de denuncia de la existencia de contenidos il韈itos en Internet que comportaran un menoscabo grave del derecho a la protecci髇 de datos personales.

3. Se permitir� a las personas menores de edad, que as� lo soliciten, formular denuncia por s� mismas y sin necesidad de estar acompa馻das de una persona adulta, siempre que el funcionario p鷅lico encargado estime que tiene madurez suficiente.

4. Las personas mayores de catorce a駉s podr醤 ser sancionadas por hechos constitutivos de infracci髇 administrativa de acuerdo con la normativa sobre protecci髇 de datos personales.

5. Cuando la autor韆 de los hechos cometidos corresponda a una persona menor de dieciocho a駉s, responder醤 solidariamente con ella de la multa impuesta sus progenitores, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en raz髇 al incumplimiento del deber de cuidado y vigilancia para prevenir la infracci髇 administrativa que se impute a las personas menores de edad.

Art韈ulo 53 Protocolos de actuaci髇 en los centros de protecci髇 de personas menores de edad

1. Todos los centros de protecci髇 de personas menores de edad ser醤 entornos seguros e, independientemente de su titularidad, est醤 obligados a aplicar los protocolos de actuaci髇 que establezca la Entidad P鷅lica de Protecci髇 a la infancia, y que contendr醤 las actuaciones que deben seguirse para la prevenci髇, detecci髇 precoz e intervenci髇 frente a las posibles situaciones de violencia comprendidas en el 醡bito de aplicaci髇 de esta ley. Estas administraciones deber醤 aprobar est醤dares e indicadores que permitan evaluar la eficacia de estos protocolos en su 醡bito de aplicaci髇.

Entre otros aspectos, los protocolos:

• a) Determinar醤 la forma de iniciar el procedimiento, los sistemas de comunicaci髇 y la coordinaci髇 de los y las profesionales responsables de cada actuaci髇.
• b) Establecer醤 mecanismos de queja y denuncia sencillos, accesibles, seguros y confidenciales para informar, de forma que los ni駉s, ni馻s y adolescentes sean tratados sin riesgo de sufrir represalias. Las respuestas a estas quejas ser醤 susceptibles de ser recurridas. En todo caso las personas menores de edad tendr醤 derecho a remitir quejas de forma confidencial al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente y al Defensor del Pueblo o ante las instituciones auton髆icas hom髄ogas.
• c) Garantizar que, en el momento del ingreso, el centro de protecci髇 facilite a la persona menor de edad, por escrito y en idioma y formato que le resulte comprensible y accesible, las normas de convivencia y el r間imen disciplinario que rige en el centro, as� como informaci髇 sobre los mecanismos de queja y de comunicaci髇 existentes.
• d) Deber醤 contemplar actuaciones espec韋icas cuando el acoso tenga como motivaci髇 la discapacidad, el racismo o el lugar de origen, la orientaci髇 sexual, la identidad o expresi髇 de g閚ero. De igual modo, dichos protocolos deber醤 contemplar actuaciones espec韋icas cuando el acoso se lleve a cabo a trav閟 de las nuevas tecnolog韆s de las personas menores de edad o dispositivos m髒iles y se haya menoscabado la intimidad y reputaci髇.
• e) Deber醤 tener en cuenta las situaciones en las que es aconsejable el traslado de la persona menor de edad a otro centro para garantizar su inter閟 superior y su bienestar.

2. Lo previsto en este art韈ulo se entiende sin perjuicio de lo se馻lado en cap韙ulo IV del t韙ulo II de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, y en el art韈ulo 778 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con respecto a centros espec韋icos de protecci髇 de menores con problemas de conducta.

Art韈ulo 54 Intervenci髇 ante casos de explotaci髇 sexual y trata de personas menores de edad sujetas a medidas de protecci髇

Los protocolos a los que se refiere el art韈ulo anterior deber醤 contener actuaciones espec韋icas de prevenci髇, detecci髇 precoz e intervenci髇 en posibles casos de abuso, explotaci髇 sexual y trata de seres humanos que tengan como v韈timas a personas menores de edad sujetas a medida protectora y que residan en centros residenciales bajo su responsabilidad. Se tendr� muy especialmente en cuenta para la elaboraci髇 de estas actuaciones la perspectiva de g閚ero, as� como las medidas necesarias de coordinaci髇 con el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto de agentes sociales implicados.

Art韈ulo 55 Supervisi髇 por parte del Ministerio Fiscal

1. El Ministerio Fiscal visitar� peri骴icamente de acuerdo con lo previsto en la normativa interna de los centros de protecci髇 de personas menores de edad para supervisar el cumplimiento de los protocolos de actuaci髇 y dar seguimiento a los mecanismos de comunicaci髇 de situaciones de violencia, as� como escuchar a los ni駉s, ni馻s y adolescentes que as� lo soliciten.

2. Las entidades p鷅licas de protecci髇 a la infancia mantendr醤 comunicaci髇 de car醕ter permanente con el Ministerio Fiscal y, en su caso, con la autoridad judicial que acord� el ingreso, sobre las circunstancias relevantes que puedan producirse durante la estancia en un centro que afecte a la persona menor de edad, as� como la necesidad de mantener el mismo.

Art韈ulo 56 Registro Central de informaci髇 sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia

1. Con la finalidad de compartir informaci髇 que permita el conocimiento uniforme de la situaci髇 de la violencia contra la infancia y la adolescencia, el Gobierno establecer�, mediante real decreto la creaci髇 del Registro Central de informaci髇 sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia, as� como la informaci髇 concreta y el procedimiento a trav閟 del cual el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el RUSSVI y las distintas administraciones p鷅licas deben suministrar los datos requeridos al registro.

El real decreto se馻lar� la informaci髇 que debe notificarse anonimizada al Registro que, como m韓imo, comprender� los siguientes aspectos:

• a) Con respecto a las v韈timas: edad, sexo, tipo de violencia, gravedad, nacionalidad y, en su caso, discapacidad.
• b) Con respecto a las personas agresoras: edad, sexo y relaci髇 con la v韈tima.
• c) Informaci髇 policial (denuncias, victimizaciones, etc.) y judicial.
• d) Medidas puestas en marcha, frente a la violencia sobre la infancia y adolescencia.

2. El Registro Central de informaci髇 sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia quedar� adscrito org醤icamente al departamento ministerial que tenga atribuidas las competencias en pol韙icas de infancia.

3. Con los datos obtenidos por el Registro se publicar� anualmente un informe de la situaci髇 de la violencia contra la infancia y la adolescencia al que se dar� la mayor publicidad posible.

Art韈ulo 57 Requisito para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad

1. Ser� requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, el no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales tipificados en el t韙ulo VIII de la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal, as� como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el t韙ulo VII bis del C骴igo Penal. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deber� acreditar esta circunstancia mediante la aportaci髇 de una certificaci髇 negativa del Registro Central de delincuentes sexuales

2. A los efectos de esta ley, son profesiones, oficios y actividades que implican contacto habitual con personas menores de edad, todas aquellas, retribuidas o no, que por su propia naturaleza y esencia conllevan el trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional con ni駉s, ni馻s o adolescentes, as� como, en todo caso, todas aquellas que tengan como destinatarios principales a personas menores de edad.

3. Queda prohibido que las empresas y entidades den ocupaci髇 en cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad a quienes tengan antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

Art韈ulo 58 Consecuencias de la existencia de antecedentes en caso de personas trabajadoras o aquellas que realicen una pr醕tica no laboral que conlleve el alta en la Seguridad Social

1. La existencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos al inicio de la actividad en aquellos trabajos o actividades que impliquen contacto habitual con personas menores conllevar� la imposibilidad legal de contrataci髇.

2. La existencia sobrevenida de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos conllevar� el cese inmediato de la relaci髇 laboral por cuenta ajena o de las pr醕ticas no laborales. No obstante, siempre que fuera posible, en atenci髇 a las circunstancias concurrentes en el centro de trabajo y a la actividad desarrollada en el mismo, la empresa podr� efectuar un cambio de puesto de trabajo siempre que la nueva ocupaci髇 impida el contacto habitual con personas menores de edad.

De conformidad con lo anterior, el trabajador por cuenta ajena deber� comunicar a su empleador cualquier cambio que se produzca en dicho Registro respecto de la existencia de antecedentes, aun cuando estos se deriven de hechos anteriores al inicio de su relaci髇 laboral. La omisi髇 de esta comunicaci髇 ser� considerada como incumplimiento grave y culpable a los efectos de lo dispuesto en el art韈ulo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores.

Esta obligaci髇 de comunicaci髇, as� como las consecuencias de su incumplimiento, deber醤 incluirse tambi閚 en los acuerdos que se suscriban entre las empresas y los beneficiarios de las pr醕ticas no laborales que se formalicen al amparo del Real Decreto 1543/2011, de 31 de diciembre, por el que se regulan las pr醕ticas no laborales en empresas.

Art韈ulo 59 Consecuencias del incumplimiento del requisito en caso de personas que realicen actividades en r間imen de voluntariado

1. La existencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos al inicio de la actividad en aquellas actividades de voluntariado que impliquen el contacto habitual con personas menores de edad obliga a la entidad de voluntariado a prescindir de forma inmediata del voluntario o voluntaria. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales actividades deber� acreditar esta circunstancia mediante la aportaci髇 de una certificaci髇 negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

2. La existencia sobrevenida de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos conllevar� el fin inmediato de la participaci髇 de la persona voluntaria en las actividades que impliquen el contacto habitual con personas menores. No obstante, siempre que fuera posible, en atenci髇 a las circunstancias concurrentes en la entidad y a la actividad desarrollada en el mismo, la entidad podr� efectuar un cambio de actividad de voluntariado siempre que la misma no suponga el contacto habitual con personas menores de edad.

3. Las comunidades aut髇omas establecer醤 mediante norma con rango de ley el r間imen sancionador correspondiente al incumplimiento de las obligaciones establecidas en el art韈ulo 57.1.

Art韈ulo 60 Cancelaci髇 de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos

1. Los antecedentes que figuren como cancelados en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos no se tomar醤 en consideraci髇 a los efectos de limitar el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores de edad.

2. Instada por la persona interesada la cancelaci髇 de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, y transcurrido el plazo m醲imo de tres meses sin que por la Administraci髇 se haya dictado resoluci髇, la petici髇 se entender� desestimada por silencio administrativo, sin que sea de aplicaci髇 a estos supuestos lo establecido en el art韈ulo 3 del Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas normas procedimentales en materia de justicia e interior.

Disposici髇 adicional primera Dotaci髇 presupuestaria

El Estado y las comunidades aut髇omas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, deber醤 dotar a los Juzgados y Tribunales de los medios personales y materiales necesarios para el adecuado cumplimiento de las nuevas obligaciones legales. Asimismo, se deber� dotar a los Institutos de Medicina Legal, Oficinas de Atenci髇 a las Victimas, 髍ganos t閏nicos que prestan asesoramiento pericial o asistencial y servicios sociales de los medios personales y materiales necesarios para el adecuado cumplimiento de los fines y obligaciones previstas en esta ley.

Disposici髇 adicional segunda Soluciones habitacionales y de apoyo psicosocial

Las administraciones p鷅licas, en el 醡bito de sus competencias, priorizar醤 las soluciones habitacionales ante los desahucios de familias en el que alguno de sus miembros sea una persona menor de edad, y promover醤 medidas de apoyo psicosocial con el fin de reducir el posible impacto emocional, sin perjuicio de la consideraci髇 de otras situaciones graves de vulnerabilidad.

Disposici髇 adicional tercera Mejora de los datos de opini髇 p鷅lica

El Centro de Investigaciones Sociol骻icas realizar� anualmente una encuesta acerca de las opiniones de la poblaci髇, tanto adulta como infantil y adolescente, con respecto a la violencia ejercida sobre los ni駉s, ni馻s y adolescentes y la utilidad de las medidas establecidas en la ley, que permita establecer series temporales para valorar los cambios sociales m醩 relevantes sobre la violencia hacia la infancia y la adolescencia.

La encuesta tendr� perspectiva de discapacidad y g閚ero; garantizar� que los ni駉s, ni馻s y adolescentes con discapacidad est閚 representados entre las personas encuestadas.

Los resultados de este an醠isis deber醤 ser incluidos en el informe anual de evaluaci髇 de la Estrategia de erradicaci髇 de la violencia sobre la infancia y la adolescencia previsto en el art韈ulo 21.2.

Disposici髇 adicional cuarta Gastos de personal

Las actuaciones derivadas de la aplicaci髇 y desarrollo de esta ley que tengan incidencia sobre el personal de las administraciones p鷅licas, se ajustar醤 a las normas b醩icas sobre gastos de personal que sean de aplicaci髇.

Disposici髇 adicional quinta Referencias normativas

Las referencias realizadas en el ordenamiento jur韉ico al Registro Central de Delincuentes Sexuales deber醤 entenderse realizadas al Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

Asimismo, las referencias realizadas en el ordenamiento jur韉ico al Registro Unificado de Maltrato Infantil deber醤 entenderse realizadas al Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la infancia.

Disposici髇 adicional sexta Procedimiento de comprobaci髇 automatizada de los antecedentes regulados en los art韈ulos 57 a 60

1. En el plazo de un a駉, el Gobierno establecer� los mecanismos necesarios que permitan la comprobaci髇 autom醫ica de la inexistencia de antecedentes, en los casos en que la actividad conlleve el alta en la Seguridad Social o en mutualidades de Previsi髇 Social, mediante el cruce de la informaci髇 existente en las bases de datos de trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia y de quienes realicen una pr醕tica no laboral, y la recogida en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

2. Asimismo, el Gobierno establecer� los mecanismos necesarios que permitan, para las personas que desarrollen actividades de voluntariado, la comprobaci髇 de la inexistencia de antecedentes mediante el cruce de la informaci髇 recopilada por las asociaciones en las que desarrollen su actividad voluntaria y la recogida en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

3. En el mismo sentido, el Gobierno establecer� los mecanismos necesarios que permitan la comprobaci髇 autom醫ica de la inexistencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos de aquellas personas que realicen pr醕ticas no laborales que no precisen el alta en la Seguridad Social.

Disposici髇 adicional s閜tima Comisi髇 de seguimiento

1. Por orden de los Ministros de Justicia, Interior y de Derechos Sociales y Agenda 2030, a propuesta de la Direcci髇 General de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, se crear� una Comisi髇 de seguimiento en el plazo m醲imo de un a駉 a partir de la aprobaci髇 de esta ley, con el objeto de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jur韉icas y econ髆icas y la evaluaci髇 de su impacto.

La Comisi髇 de seguimiento podr� requerir la colaboraci髇 de todos los departamentos ministeriales y en especial de los Ministerios de Sanidad, Consumo, Educaci髇 y Formaci髇 Profesional e Igualdad mediante la participaci髇 en los asuntos que se estime de su competencia.

2. La Comisi髇 deber� emitir en el plazo m醲imo de dos a駉s, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, un informe razonado que incluya el an醠isis mencionado en el apartado anterior y sugerencias para la mejora del sistema.

3. A la luz de dicho informe los Ministros de Justicia, Interior y de Derechos Sociales y Agenda 2030 promover醤, en su caso, las modificaciones que consideren convenientes.

V閍se la Orden PCM/126/2023, de 10 de febrero, por la que se crea y regula la Comisi髇 de seguimiento de la L.O. 8/2021, de 4 de junio, de protecci髇 integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia (獴.O.E.� 14 febrero).LE0000747578_20230215

Disposici髇 adicional octava Acceso al territorio a los ni駉s y ni馻s solicitantes de asilo

Las autoridades competentes garantizar醤 a los ni駉s y ni馻s en necesidad de protecci髇 internacional el acceso al territorio y a un procedimiento de asilo con independencia de su nacionalidad y de su forma de entrada en Espa馻, en los t閞minos establecidos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de protecci髇 subsidiaria.

Disposici髇 adicional novena Seguridad Social de las personas acogedoras especializadas de dedicaci髇 exclusiva

Reglamentariamente el Gobierno determinar� en el plazo de un a駉 de la entrada en vigor de la presente ley org醤ica, el alcance y condiciones de la incorporaci髇 a la Seguridad Social de las personas que sean designadas como acogedoras especializadas de dedicaci髇 exclusiva, previstas en el art韈ulo 20.1 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el R間imen que les corresponda, as� como los requisitos y procedimiento de afiliaci髇, alta y cotizaci髇.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta ley.

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, queda modificada en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica el primer p醨rafo del apartado 1 del art韈ulo 109 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 109 bis

  1. Las v韈timas del delito que no hubieran renunciado a su derecho podr醤 ejercer la acci髇 penal en cualquier momento antes del tr醡ite de calificaci髇 del delito, si bien ello no permitir� retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personaci髇. Si se personasen una vez transcurrido el t閞mino para formular escrito de acusaci髇 podr醤 ejercitar la acci髇 penal hasta el inicio del juicio oral adhiri閚dose al escrito de acusaci髇 formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones personadas.�

  LE0000017566_20240320
• Dos. Se modifica el art韈ulo 110 que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 110

  Las personas perjudicadas por un delito que no hubieren renunciado a su derecho podr醤 mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del tr醡ite de calificaci髇 del delito y ejercitar las acciones civiles que procedan, seg鷑 les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones. Si se personasen una vez transcurrido el t閞mino para formular escrito de acusaci髇 podr醤 ejercitar la acci髇 penal hasta el inicio del juicio oral adhiri閚dose al escrito de acusaci髇 formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones personadas.

  Aun cuando las personas perjudicadas no se muestren parte en la causa, no por esto se entiende que renuncian al derecho de restituci髇, reparaci髇 o indemnizaci髇 que a su favor puede acordarse en sentencia firme, siendo necesario que la renuncia de este derecho se haga en su caso de una manera clara y terminante.�

  LE0000017566_20240320
• Tres. Se modifica el art韈ulo 261, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 261

  Tampoco estar醤 obligados a denunciar:

  • 1.� Quien sea c髇yuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva con 閘 en an醠oga relaci髇 de afectividad.
  • 2.� Quienes sean ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive.

  Esta disposici髇 no ser� aplicable cuando se trate de un delito contra la vida, de un delito de homicidio, de un delito de lesiones de los art韈ulos 149 y 150 del C骴igo Penal, de un delito de maltrato habitual previsto en el art韈ulo 173.2 del C骴igo Penal, de un delito contra la libertad o contra la libertad e indemnidad sexual o de un delito de trata de seres humanos y la v韈tima del delito sea una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protecci髇.�

  LE0000017566_20240320
• Cuatro. Se modifica el apartado primero del art韈ulo 416, que queda redactado como sigue:

  獷st醤 dispensados de la obligaci髇 de declarar:

  • 1. Los parientes del procesado en l韓eas directa ascendente y descendente, su c髇yuge o persona unida por relaci髇 de hecho an醠oga a la matrimonial, sus hermanos consangu韓eos o uterinos y los colaterales consangu韓eos hasta el segundo grado civil. El Juez instructor advertir� al testigo que se halle comprendido en el p醨rafo anterior que no tiene obligaci髇 de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, y el Letrado de la Administraci髇 de Justicia consignar� la contestaci髇 que diere a esta advertencia.
    Lo dispuesto en el apartado anterior no ser� de aplicaci髇 en los siguientes casos:
    • 1.� Cuando el testigo tenga atribuida la representaci髇 legal o guarda de hecho de la v韈tima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protecci髇.
    • 2.� Cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la v韈tima sea una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protecci髇.
    • 3.� Cuando por raz髇 de su edad o discapacidad el testigo no pueda comprender el sentido de la dispensa. A tal efecto, el Juez oir� previamente a la persona afectada, pudiendo recabar el auxilio de peritos para resolver.
    • 4.� Cuando el testigo est� o haya estado personado en el procedimiento como acusaci髇 particular.
    • 5.� Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento despu閟 de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo.�
  LE0000017566_20240320
• Cinco. Se suprime el p醨rafo cuarto del art韈ulo 433.LE0000017566_20240320
• Seis. Se suprime el p醨rafo tercero del art韈ulo 448.LE0000017566_20240320
• Siete. Se introduce un art韈ulo 449 bis con el siguiente contenido:

  獳rt韈ulo 449 bis

  Cuando, en los casos legalmente previstos, la autoridad judicial acuerde la pr醕tica de la declaraci髇 del testigo como prueba preconstituida, la misma deber� desarrollarse de conformidad con los requisitos establecidos en este art韈ulo.

  La autoridad judicial garantizar� el principio de contradicci髇 en la pr醕tica de la declaraci髇. La ausencia de la persona investigada debidamente citada no impedir� la pr醕tica de la prueba preconstituida, si bien su defensa letrada, en todo caso, deber� estar presente. En caso de incomparecencia injustificada del defensor de la persona investigada o cuando haya razones de urgencia para proceder inmediatamente, el acto se sustanciar� con el abogado de oficio expresamente designado al efecto.

  La autoridad judicial asegurar� la documentaci髇 de la declaraci髇 en soporte apto para la grabaci髇 del sonido y la imagen, debiendo el Letrado de la Administraci髇 de Justicia, de forma inmediata, comprobar la calidad de la grabaci髇 audiovisual. Se acompa馻r� acta sucinta autorizada por el Letrado de la Administraci髇 de Justicia, que contendr� la identificaci髇 y firma de todas las personas intervinientes en la prueba preconstituida.

  Para la valoraci髇 de la prueba preconstituida obtenida conforme a lo previsto en los p醨rafos anteriores, se estar� a lo dispuesto en el art韈ulo 730.2.�

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• Ocho. Se introduce un art韈ulo 449 ter con el siguiente contenido:

  獳rt韈ulo 449 ter

  Cuando una persona menor de catorce a駉s o una persona con discapacidad necesitada de especial protecci髇 deba intervenir en condici髇 de testigo en un procedimiento judicial que tenga por objeto la instrucci髇 de un delito de homicidio, lesiones, contra la libertad, contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad, contra las relaciones familiares, relativos al ejercicio de derechos fundamentales y libertades p鷅licas, de organizaciones y grupos criminales y terroristas y de terrorismo, la autoridad judicial acordar�, en todo caso, practicar la audiencia del menor como prueba preconstituida, con todas las garant韆s de la pr醕tica de prueba en el juicio oral y de conformidad con lo establecido en el art韈ulo anterior. Este proceso se realizar� con todas las garant韆s de accesibilidad y apoyos necesarios.

  La autoridad judicial podr� acordar que la audiencia del menor de catorce a駉s se practique a trav閟 de equipos psicosociales que apoyar醤 al Tribunal de manera interdisciplinar e interinstitucional, recogiendo el trabajo de los profesionales que hayan intervenido anteriormente y estudiando las circunstancias personales, familiares y sociales de la persona menor o con discapacidad, para mejorar el tratamiento de los mismos y el rendimiento de la prueba. En este caso, las partes trasladar醤 a la autoridad judicial las preguntas que estimen oportunas quien, previo control de su pertinencia y utilidad, se las facilitar� a las personas expertas. Una vez realizada la audiencia del menor, las partes podr醤 interesar, en los mismos t閞minos, aclaraciones al testigo. La declaraci髇 siempre ser� grabada y el Juez, previa audiencia de las partes, podr� recabar del perito un informe dando cuenta del desarrollo y resultado de la audiencia del menor.

  Para el supuesto de que la persona investigada estuviere presente en la audiencia del menor se evitar� su confrontaci髇 visual con el testigo, utilizando para ello, si fuese necesario, cualquier medio t閏nico.

  Las medidas previstas en este art韈ulo podr醤 ser aplicables cuando el delito tenga la consideraci髇 de leve.�

  LE0000017566_20240320
• Nueve. Se modifican los apartados 6 y 7 del art韈ulo 544 ter, que quedan redactados como sigue:

  �6. Las medidas cautelares de car醕ter penal podr醤 consistir en cualesquiera de las previstas en la legislaci髇 procesal criminal. Sus requisitos, contenido y vigencia ser醤 los establecidos con car醕ter general en esta ley. Se adoptar醤 por el Juez de instrucci髇 atendiendo a la necesidad de protecci髇 integral e inmediata de la v韈tima y, en su caso, de las personas sometidas a su patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.

  7. Las medidas de naturaleza civil deber醤 ser solicitadas por la v韈tima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o personas con la capacidad judicialmente modificada, determinando su r間imen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un 髍gano del orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el art韈ulo 158 del C骴igo Civil. Cuando existan menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protecci髇 que convivan con la v韈tima y dependan de ella, el Juez deber� pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertenencia de la adopci髇 de las referidas medidas.

  Estas medidas podr醤 consistir en la forma en que se ejercer� la patria potestad, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, atribuci髇 del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinar el r間imen de guarda y custodia, suspensi髇 o mantenimiento del r間imen de visitas, comunicaci髇 y estancia con los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protecci髇, el r間imen de prestaci髇 de alimentos, as� como cualquier disposici髇 que se considere oportuna a fin de apartarles de un peligro o de evitarles perjuicios.

  Cuando se dicte una orden de protecci髇 con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido con la violencia a la que se refiere el apartado 1 de este art韈ulo, la autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte, suspender� el r間imen de visitas, estancia, relaci髇 o comunicaci髇 del inculpado respecto de los menores que dependan de 閘. No obstante, a instancia de parte, la autoridad judicial podr� no acordar la suspensi髇 mediante resoluci髇 motivada en el inter閟 superior del menor y previa evaluaci髇 de la situaci髇 de la relaci髇 paternofilial.

  Las medidas de car醕ter civil contenidas en la orden de protecci髇 tendr醤 una vigencia temporal de treinta d韆s. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la v韈tima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicci髇 civil, las medidas adoptadas permanecer醤 en vigor durante los treinta d韆s siguientes a la presentaci髇 de la demanda. En este t閞mino las medidas deber醤 ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el Juez de primera instancia que resulte competente.�

  El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de octubre de 2021, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5570-2021, contra los art韈ulos 30 p醨rafo 2.�; 3 b); 26, apartados 2 y 3; 27; disposici髇 final primera apartado 9, y disposici髇 final segunda apdo. 1 (獴.O.E.� 16 octubre).LE0000709674_20211016LE0000017566_20240320
• Diez. Se introduce un art韈ulo 703 bis con el siguiente contenido:

  獳rt韈ulo 703 bis

  Cuando en fase de instrucci髇, en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 449 bis y siguientes, se haya practicado como prueba preconstituida la declaraci髇 de un testigo, se proceder�, a instancia de la parte interesada, a la reproducci髇 en la vista de la grabaci髇 audiovisual, de conformidad con el art韈ulo 730.2, sin que sea necesaria la presencia del testigo en la vista.

  En los supuestos previstos en el art韈ulo 449 ter, la autoridad judicial solo podr� acordar la intervenci髇 del testigo en el acto del juicio, con car醕ter excepcional, cuando sea interesada por alguna de las partes y considerada necesaria en resoluci髇 motivada, asegurando que la grabaci髇 audiovisual cuenta con los apoyos de accesibilidad cuando el testigo sea una persona con discapacidad.

  En todo caso, la autoridad judicial encargada del enjuiciamiento, a instancia de parte, podr� acordar su intervenci髇 en la vista cuando la prueba preconstituida no re鷑a todos los requisitos previstos en el art韈ulo 449 bis y cause indefensi髇 a alguna de las partes.�

  LE0000017566_20240320
• Once. Se modifica el p醨rafo segundo del art韈ulo 707, que queda redactado como sigue:

  獸uera de los casos previstos en el art韈ulo 703 bis, cuando una persona menor de dieciocho a駉s o una persona con discapacidad necesitada de especial protecci髇 deba intervenir en el acto del juicio, su declaraci髇 se llevar� a cabo, cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ella puedan derivar del desarrollo del proceso o de la pr醕tica de la diligencia, evitando la confrontaci髇 visual con la persona inculpada. Con este fin podr� ser utilizado cualquier medio t閏nico que haga posible la pr醕tica de esta prueba, incluy閚dose la posibilidad de que los testigos puedan ser o韉os sin estar presentes en la sala mediante la utilizaci髇 de tecnolog韆s de la comunicaci髇 accesible.�

  LE0000017566_20240320
• Doce. Se modifica el art韈ulo 730, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 730

  1. Podr醤 tambi閚 leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad de aquellas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral.

  2. A instancia de cualquiera de las partes, se podr� reproducir la grabaci髇 audiovisual de la declaraci髇 de la v韈tima o testigo practicada como prueba preconstituida durante la fase de instrucci髇 conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 449 bis.�

  LE0000017566_20240320
• Trece. Se adiciona un apartado 3 al art韈ulo 777, con el siguiente contenido:

  �3. Cuando una persona menor de catorce a駉s o una persona con discapacidad necesitada de especial protecci髇 deba intervenir en condici髇 de testigo, ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en el art韈ulo 449 ter, debiendo la autoridad judicial practicar prueba preconstituida, siempre que el objeto del procedimiento sea la instrucci髇 de alguno de los delitos relacionados en tal art韈ulo.

  A efectos de su valoraci髇 como prueba en sentencia, la parte a quien interese deber� instar en el juicio oral la reproducci髇 de la grabaci髇 audiovisual, en los t閞minos del art韈ulo 730.2.�

  LE0000017566_20240320
• Catorce. Se adiciona un apartado 2 y se reenumeran los apartados del 2 al 6, que pasan a ser del 3 al 7, en el art韈ulo 788, con el siguiente contenido:

  �2. Ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en el art韈ulo 703 bis en cuanto a la no intervenci髇 en el acto del juicio del testigo, cuando se haya practicado prueba preconstituida de conformidad con lo dispuesto en los art韈ulos 449 bis y siguientes.�

  LE0000017566_20240320

Disposici髇 final segunda Modificaci髇 del C骴igo Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889

Uno. Se modifica el art韈ulo 92 del C骴igo Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889, que queda redactado como sigue:

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de octubre de 2021, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5570-2021, contra los art韈ulos 30 p醨rafo 2.�; 3 b); 26, apartados 2 y 3; 27; disposici髇 final primera apartado 9, y disposici髇 final segunda apdo. 1 (獴.O.E.� 16 octubre).LE0000709674_20211016

LE0000013389_20230302

Dos. Se modifica el art韈ulo 154 del C骴igo Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889, que queda redactado como sigue:

LE0000013389_20230302

Tres. Se modifica el art韈ulo 158 del C骴igo Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889, que queda redactado como sigue:

LE0000013389_20230302

Cuatro. Se modifica el apartado 5 del art韈ulo 172 del C骴igo Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889, que queda redactado como sigue:

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Disposici髇 final tercera Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria

Se introduce un art韈ulo sesenta y seis bis en la Ley Org醤ica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, con el siguiente contenido:

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Disposici髇 final cuarta Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

La Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, queda modificada de la forma siguiente:

• Uno. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 307, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

  �2. El curso de selecci髇 incluir� necesariamente: un programa te髍ico de formaci髇 multidisciplinar, un per韔do de pr醕ticas tuteladas en diferentes 髍ganos de todos los 髍denes jurisdiccionales y un per韔do en el que los jueces y juezas en pr醕ticas desempe馻r醤 funciones de sustituci髇 y refuerzo. Solamente la superaci髇 de cada uno de ellos posibilitar� el acceso al siguiente.

  En la fase te髍ica de formaci髇 multidisciplinar se incluir� el estudio en profundidad de las materias que integran el principio de no discriminaci髇 y la igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la legislaci髇 especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas. Asimismo, incluir� el estudio en profundidad de la legislaci髇 nacional e internacional sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, con especial atenci髇 a la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉 y sus observaciones generales.�

  LE0000019669_20221223
• Dos. Se modifica el art韈ulo 310, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

  獳rt韈ulo 310

  Todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoci髇 en las Carreras Judicial y Fiscal contemplar醤 el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas contra la violencia de g閚ero, y su aplicaci髇 con car醕ter transversal en el 醡bito de la funci髇 jurisdiccional.

  El temario deber� garantizar la adquisici髇 de conocimientos sobre el principio de no discriminaci髇 y especialmente de igualdad entre mujeres y hombres y, en particular, de la normativa espec韋ica dictada para combatir la violencia sobre la mujer, incluyendo la de la Uni髇 Europea y la de tratados e instrumentos internacionales en materia de igualdad, discriminaci髇 y violencia contra las mujeres ratificados por Espa馻.

  Asimismo, las pruebas selectivas contemplar醤 el estudio de la tutela judicial de los derechos de la infancia y la adolescencia, su protecci髇 y la aplicaci髇 del principio del inter閟 superior de la persona menor de edad. El temario deber� garantizar la adquisici髇 de conocimientos sobre normativa interna, europea e internacional, con especial atenci髇 a la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉 y sus observaciones generales.�

  LE0000019669_20221223
• Tres. Se modifica el apartado 5 del art韈ulo 433 bis, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

  �5.� El Plan de Formaci髇 Continuada de la Carrera Judicial contendr� cursos espec韋icos de naturaleza multidisciplinar sobre la tutela judicial del principio de igualdad entre mujeres y hombres, la discriminaci髇 por cuesti髇 de sexo, la m鷏tiple discriminaci髇 y la violencia ejercida sobre las mujeres, as� como la trata en todas sus formas y manifestaciones y la capacitaci髇 en la aplicaci髇 de la perspectiva de g閚ero en la interpretaci髇 y aplicaci髇 del Derecho, adem醩 de incluir dicha formaci髇 de manera transversal en el resto de cursos.

  Asimismo, el Plan de Formaci髇 Continuada contemplar� cursos espec韋icos de naturaleza disciplinar sobre la tutela judicial de los derechos de los ni駉s, ni馻s y adolescentes. En todo caso, en los cursos de formaci髇 se introducir� el enfoque de la discapacidad de los ni駉s, ni馻s y adolescentes.�

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• Cuatro. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 434, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

  �2. � Tendr� como funci髇 la colaboraci髇 con el Ministerio de Justicia en la selecci髇, formaci髇 inicial y continuada de los miembros de la Carrera Fiscal, el Cuerpo de Letrados y dem醩 personal al servicio de la Administraci髇 de Justicia.

  El Centro de Estudios Jur韉icos impartir� anualmente cursos de formaci髇 sobre el principio de igualdad entre mujeres y hombres y su aplicaci髇 con car醕ter transversal a quienes integren la Carrera Fiscal, el Cuerpo de Letrados y dem醩 personal al servicio de la Administraci髇 de Justicia, as� como sobre la detecci髇 precoz y el tratamiento de situaciones de violencia de g閚ero.

  Asimismo, el Centro de Estudios Jur韉icos impartir� anualmente cursos espec韋icos de naturaleza multidisciplinar sobre la tutela judicial de los derechos de la infancia y la adolescencia. En todo caso, en los cursos de formaci髇 se introducir� el enfoque de la discapacidad de los ni駉s, ni馻s y adolescentes.�

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• Cinco. Se modifican los apartados 3 y 4 del art韈ulo 480 que quedan redactados como sigue:

  獳rt韈ulo 480

  3. Los Facultativos del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administraci髇 de Justicia. Atendiendo a la actividad t閏nica y cient韋ica del Instituto, dentro del citado Cuerpo podr醤 establecerse especialidades.

  Son funciones del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses la asistencia t閏nica en las materias de sus disciplinas profesionales a autoridades judiciales, gubernativas, al Ministerio Fiscal y a los m閐icos forenses, en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigaci髇. A tal efecto llevar醤 a cabo los an醠isis e investigaci髇 que les sean solicitados, emitir醤 los dict醡enes e informes pertinentes y evacuar醤 las consultas que les sean planteadas por las autoridades citadas, as� como por los particulares en el curso de procesos judiciales y por organismos o empresas p鷅licas que afecten al inter閟 general, y contribuir醤 a la prevenci髇 de intoxicaciones.

  Prestar醤 sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses, as� como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en las unidades administrativas que se establezcan, en los supuestos y condiciones que se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

  4. Los T閏nicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un cuerpo nacional de auxilio especializado al servicio de la Administraci髇 de Justicia y realizar醤 funciones de auxilio t閏nico especializado en las actividades cient韋icas y de investigaci髇 propias del citado Instituto, as� como de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

  Prestar醤 servicio, en los supuestos y condiciones que se establezcan en las relaciones de puestos de trabajo de los citados organismos.�

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Disposici髇 final quinta Modificaci髇 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad

Se modifica el p醨rafo a) del art韈ulo 3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

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Disposici髇 final sexta Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal

Se modifica la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal, que queda redactada en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica la circunstancia 4.� del art韈ulo 22, que queda redactada como sigue:

  �4.� Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminaci髇 referente a la ideolog韆, religi髇 o creencias de la v韈tima, la etnia, raza o naci髇 a la que pertenezca, su sexo, edad, orientaci髇 o identidad sexual o de g閚ero, razones de g閚ero, de aporofobia o de exclusi髇 social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta.�

  LE0000018349_20230429
• Dos. Se modifica el p醨rafo b) del art韈ulo 39, que queda redactado como sigue:
  • 玝) Las de inhabilitaci髇 especial para empleo o cargo p鷅lico, profesi髇, oficio, industria o comercio, u otras actividades, sean o no retribuidas, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho.�
  LE0000018349_20230429
• Tres. Se modifica el art韈ulo 45, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

  獳rt韈ulo 45

  La inhabilitaci髇 especial para profesi髇, oficio, industria o comercio u otras actividades, sean o no retribuidas, o cualquier otro derecho, que ha de concretarse expresa y motivadamente en la sentencia, priva a la persona penada de la facultad de ejercerlos durante el tiempo de la condena. La autoridad judicial podr� restringir la inhabilitaci髇 a determinadas actividades o funciones de la profesi髇 u oficio, retribuido o no, permitiendo, si ello fuera posible, el ejercicio de aquellas funciones no directamente relacionadas con el delito cometido.�

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• Cuatro. Se modifica el art韈ulo 46, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

  獳rt韈ulo 46

  La inhabilitaci髇 especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, priva a la persona condenada de los derechos inherentes a la primera, y supone la extinci髇 de las dem醩, as� como la incapacidad para obtener nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena. La pena de privaci髇 de la patria potestad implica la p閞dida de la titularidad de la misma, subsistiendo aquellos derechos de los que sea titular el hijo o la hija respecto de la persona condenada que se determinen judicialmente. La autoridad judicial podr� acordar estas penas respecto de todas o algunas de las personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protecci髇 que est閚 a cargo de la persona condenada.

  Para concretar qu� derechos de las personas menores de edad o personas con discapacidad han de subsistir en caso de privaci髇 de la patria potestad y para determinar respecto de qu� personas se acuerda la pena, la autoridad judicial valorar� el inter閟 superior de la persona menor de edad o con discapacidad, en relaci髇 a las circunstancias del caso concreto.

  A los efectos de este art韈ulo, la patria potestad comprende tanto la regulada en el C骴igo Civil, incluida la prorrogada y la rehabilitada, como las instituciones an醠ogas previstas en la legislaci髇 civil de las comunidades aut髇omas.�

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• Cinco. Se modifica el p醨rafo introductorio del art韈ulo 49, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

  獿os trabajos en beneficio de la comunidad, que no podr醤 imponerse sin el consentimiento de la persona condenada, le obligan a prestar su cooperaci髇 no retribuida en determinadas actividades de utilidad p鷅lica, que podr醤 consistir, en relaci髇 con delitos de similar naturaleza al cometido por la persona condenada, en labores de reparaci髇 de los da駉s causados o de apoyo o asistencia a las v韈timas, as� como en la participaci髇 de la persona condenada en talleres o programas formativos de reeducaci髇, laborales, culturales, de educaci髇 vial, sexual, resoluci髇 pac韋ica de conflictos, parentalidad positiva y otros similares. Su duraci髇 diaria no podr� exceder de ocho horas y sus condiciones ser醤 las siguientes:�

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• Seis. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 57, que queda redactado como sigue:

  �1. Las autoridades judiciales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio, el orden socioecon髆ico y las relaciones familiares, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podr醤 acordar en sus sentencias la imposici髇 de una o varias de las prohibiciones contempladas en el art韈ulo 48, por un tiempo que no exceder� de diez a駉s si el delito fuera grave, o de cinco si fuera menos grave.

  No obstante lo anterior, si la persona condenada lo fuera a pena de prisi髇 y el Juez o Tribunal acordara la imposici髇 de una o varias de dichas prohibiciones, lo har� por un tiempo superior entre uno y diez a駉s al de la duraci髇 de la pena de prisi髇 impuesta en la sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco a駉s, si fuera menos grave. En este supuesto, la pena de prisi髇 y las prohibiciones antes citadas se cumplir醤 necesariamente por la persona condenada de forma simult醤ea.�

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• Siete. Se modifica el p醨rafo 6.� del apartado 1 del art韈ulo 83, que queda redactado como sigue:

  �6.� Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educaci髇 vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protecci髇 de los animales, de igualdad de trato y no discriminaci髇, resoluci髇 pac韋ica de conflictos, parentalidad positiva y otros similares.�

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• Ocho. Se modifica el art韈ulo 107, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 107

  La autoridad judicial podr� decretar razonadamente la medida de inhabilitaci髇 para el ejercicio de determinado derecho, profesi髇, oficio, industria o comercio, cargo o empleo u otras actividades, sean o no retribuidas, por un tiempo de uno a cinco a駉s, cuando la persona haya cometido con abuso de dicho ejercicio, o en relaci髇 con 閘, un hecho delictivo, y cuando de la valoraci髇 de las circunstancias concurrentes pueda deducirse el peligro de que vuelva a cometer el mismo delito u otros semejantes, siempre que no sea posible imponerle la pena correspondiente por encontrarse en alguna de las situaciones previstas en los n鷐eros 1.�, 2.� y 3.� del art韈ulo 20.�

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• Nueve. Se modifica el p醨rafo 5.� del apartado 1 del art韈ulo 130, que queda redactado como sigue:

  �5.� Por el perd髇 de la persona ofendida, cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancias de la persona agraviada o la ley as� lo prevea. El perd髇 habr� de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto la autoridad judicial sentenciadora deber� o韗 a la persona ofendida por el delito antes de dictarla.

  En los delitos cometidos contra personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protecci髇 que afecten a bienes jur韉icos eminentemente personales, el perd髇 de la persona ofendida no extingue la responsabilidad criminal.�

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• Diez. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 132, que queda redactado como sigue:

  �1. Los t閞minos previstos en el art韈ulo precedente se computar醤 desde el d韆 en que se haya cometido la infracci髇 punible. En los casos de delito continuado, delito permanente, as� como en las infracciones que exijan habitualidad, tales t閞minos se computar醤, respectivamente, desde el d韆 en que se realiz� la 鷏tima infracci髇, desde que se elimin� la situaci髇 il韈ita o desde que ces� la conducta.

  En los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, y contra las relaciones familiares, excluidos los delitos contemplados en el p醨rafo siguiente, cuando la v韈tima fuere una persona menor de dieciocho a駉s, los t閞minos se computar醤 desde el d韆 en que 閟ta haya alcanzado la mayor韆 de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento.

  En los delitos de tentativa de homicidio, de lesiones de los art韈ulos 149 y 150, en el delito de maltrato habitual previsto en el art韈ulo 173.2, en los delitos contra la libertad, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata de seres humanos, cuando la v韈tima fuere una persona menor de dieciocho a駉s, los t閞minos se computar醤 desde que la v韈tima cumpla los treinta y cinco a駉s de edad, y si falleciere antes de alcanzar esa edad, a partir de la fecha del fallecimiento.�

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• Once. Se modifica el art韈ulo 140 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 140 bis

  1. A las personas condenadas por la comisi髇 de uno o m醩 delitos comprendidos en este t韙ulo se les podr� imponer adem醩 una medida de libertad vigilada.

  2. Si la v韈tima y quien sea autor de los delitos previstos en los tres art韈ulos precedentes tuvieran un hijo o hija en com鷑, la autoridad judicial impondr�, respecto de este, la pena de privaci髇 de la patria potestad.

  La misma pena se impondr� cuando la v韈tima fuere hijo o hija del autor, respecto de otros hijos e hijas, si existieren.�

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• Doce. Se introduce un art韈ulo 143 bis, con el siguiente contenido:

  獳rt韈ulo 143 bis

  La distribuci髇 o difusi髇 p鷅lica a trav閟 de Internet, del tel閒ono o de cualquier otra tecnolog韆 de la informaci髇 o de la comunicaci髇 de contenidos espec韋icamente destinados a promover, fomentar o incitar al suicidio de personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protecci髇 ser� castigada con la pena de prisi髇 de uno a cuatro a駉s.

  Las autoridades judiciales ordenar醤 la adopci髇 de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos a los que se refiere el p醨rafo anterior, para la interrupci髇 de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.�

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• Trece. Se modifica el apartado 3.� del art韈ulo 148, que queda redactado como sigue:

  �3.� Si la v韈tima fuere menor de catorce a駉s o persona con discapacidad necesitada de especial protecci髇.�

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• Catorce. Se modifica el art韈ulo 156 ter, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 156 ter

  La distribuci髇 o difusi髇 p鷅lica a trav閟 de Internet, del tel閒ono o de cualquier otra tecnolog韆 de la informaci髇 o de la comunicaci髇 de contenidos espec韋icamente destinados a promover, fomentar o incitar a la autolesi髇 de personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protecci髇 ser� castigada con la pena de prisi髇 de seis meses a tres a駉s.

  Las autoridades judiciales ordenar醤 la adopci髇 de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos a los que se refiere el p醨rafo anterior, para la interrupci髇 de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.�

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• Quince. Se introduce el art韈ulo 156 quater, con el siguiente contenido:

  獳rt韈ulo 156 quater

  A las personas condenadas por la comisi髇 de uno o m醩 delitos comprendidos en este T韙ulo, cuando la v韈tima fuere alguna de las personas a que se refiere el apartado 2 del art韈ulo 173, se les podr� imponer adem醩 una medida de libertad vigilada.�

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• Diecis閕s. Se introduce el art韈ulo 156 quinquies, con el siguiente contenido:

  獳rt韈ulo 156 quinquies

  A las personas condenadas por la comisi髇 de alguno de los delitos previstos en los art韈ulos 147.1, 148, 149, 150 y 153 en los que la v韈tima sea una persona menor de edad se les podr� imponer, adem醩 de las penas que procedan, la pena de inhabilitaci髇 especial para cualquier profesi髇, oficio u otras actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre tres y cinco a駉s al de la duraci髇 de la pena de privaci髇 de libertad impuesta en la sentencia o por un tiempo de dos a cinco a駉s cuando no se hubiere impuesto una pena de prisi髇, en ambos casos se atender� proporcionalmente a la gravedad del delito, el n鷐ero de los delitos cometidos y a las circunstancias que concurran en la persona condenada.�

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• Diecisiete. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 177 bis, que queda redactado como sigue:

  �1. Ser� castigado con la pena de cinco a ocho a駉s de prisi髇 como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio espa駉l, sea desde Espa馻, en tr醤sito o con destino a ella, empleando violencia, intimidaci髇 o enga駉, o abusando de una situaci髇 de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la v韈tima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepci髇 de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la v韈tima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes:

  • a) La imposici髇 de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o pr醕ticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.
  • b) La explotaci髇 sexual, incluyendo la pornograf韆.
  • c) La explotaci髇 para realizar actividades delictivas.
  • d) La extracci髇 de sus 髍ganos corporales.
  • e) La celebraci髇 de matrimonios forzados.

  Existe una situaci髇 de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuesti髇 no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso.

  Cuando la v韈tima de trata de seres humanos fuera una persona menor de edad se impondr�, en todo caso, la pena de inhabilitaci髇 especial para cualquier profesi髇, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre seis y veinte a駉s al de la duraci髇 de la pena de privaci髇 de libertad impuesta.�

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• Dieciocho. Se modifican las circunstancias 3.� y 4.� del apartado 1 del art韈ulo 180, que quedan redactadas como sigue:

  �3.� Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situaci髇 de especial vulnerabilidad por raz髇 de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, salvo lo dispuesto en el art韈ulo 183.

  4.� Cuando, para la ejecuci髇 del delito, la persona responsable se hubiera prevalido de una situaci髇 de convivencia o de una relaci髇 de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopci髇, o afines, con la v韈tima.�

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• Diecinueve. Se modifican las letras a) y d) del apartado 4 del art韈ulo 183, que quedan redactadas como sigue:
  • 玜) Cuando la v韈tima se halle en una situaci髇 de especial vulnerabilidad por raz髇 de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, y, en todo caso, cuando sea menor de cuatro a駉s.
  • d) Cuando, para la ejecuci髇 del delito, el responsable se hubiera prevalido de una situaci髇 de convivencia o de una relaci髇 de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopci髇, o afines, con la v韈tima.�
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• Veinte. Se modifica el art韈ulo 183 quater, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 183 quater

  El consentimiento libre del menor de diecis閕s a駉s, excepto en los casos del art韈ulo 183.2 del C骴igo Penal, excluir� la responsabilidad penal por los delitos previstos en este cap韙ulo cuando el autor sea una persona pr髕ima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez f韘ica y psicol骻ica.�

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• Veintiuno. Se modifican las letras a) y b) del apartado 3 del art韈ulo 188, que quedan redactadas como sigue:
  • 玜) Cuando la v韈tima se halle en una situaci髇 de especial vulnerabilidad por raz髇 de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia.
  • b) Cuando, para la ejecuci髇 del delito, el responsable se hubiera prevalido de una situaci髇 de convivencia o de una relaci髇 de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopci髇, o afines, con la v韈tima.�
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• Veintid髎. Se modifican las letras b), c) y g) del apartado 2 del art韈ulo 189, que quedan redactadas como sigue:
  • 玝) Cuando los hechos revistan un car醕ter particularmente degradante o vejatorio, se emplee violencia f韘ica o sexual para la obtenci髇 del material pornogr醘ico o se representen escenas de violencia f韘ica o sexual.
  • c) Cuando se utilice a personas menores de edad que se hallen en una situaci髇 de especial vulnerabilidad por raz髇 de enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia.
  • g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de derecho, de la persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protecci髇, o se trate de cualquier persona que conviva con 閘 o de otra persona que haya actuado abusando de su posici髇 reconocida de confianza o autoridad.�
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• Veintitr閟. Se modifica el art韈ulo 189 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 189 bis

  La distribuci髇 o difusi髇 p鷅lica a trav閟 de Internet, del tel閒ono o de cualquier otra tecnolog韆 de la informaci髇 o de la comunicaci髇 de contenidos espec韋icamente destinados a promover, fomentar o incitar a la comisi髇 de los delitos previstos en este cap韙ulo y en los cap韙ulos II bis y IV del presente t韙ulo ser� castigada con la pena de multa de seis a doce meses o pena de prisi髇 de uno a tres a駉s.

  Las autoridades judiciales ordenar醤 la adopci髇 de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos a los que se refiere el p醨rafo anterior, para la interrupci髇 de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.�

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• Veinticuatro. Se introduce el art韈ulo 189 ter, con el siguiente contenido:

  獳rt韈ulo 189 ter

  Cuando de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 31 bis una persona jur韉ica sea responsable de los delitos comprendidos en este Cap韙ulo, se le impondr醤 las siguientes penas:

  • a) Multa del triple al qu韓tuple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la persona f韘ica tiene prevista una pena de prisi髇 de m醩 de cinco a駉s.
  • b) Multa del doble al cu醖ruple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la persona f韘ica tiene prevista una pena de prisi髇 de m醩 de dos a駉s no incluida en el anterior inciso.
  • c) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos.

  Atendidas las reglas establecidas en el art韈ulo 66 bis, las autoridades judiciales podr醤 asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art韈ulo 33.�

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• Veinticinco. Se modifica el apartado 3 del art韈ulo 192, que queda redactado como sigue:

  �3. La autoridad judicial podr� imponer razonadamente, adem醩, la pena de privaci髇 de la patria potestad o la pena de inhabilitaci髇 especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por el tiempo de seis meses a seis a駉s, y la pena de inhabilitaci髇 para empleo o cargo p鷅lico o ejercicio de la profesi髇 u oficio, retribuido o no, por el tiempo de seis meses a seis a駉s.

  La autoridad judicial impondr� a las personas responsables de los delitos comprendidos en el presente t韙ulo, sin perjuicio de las penas que correspondan con arreglo a los art韈ulos precedentes, una pena de inhabilitaci髇 especial para cualquier profesi髇, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre cinco y veinte a駉s al de la duraci髇 de la pena de privaci髇 de libertad impuesta en la sentencia si el delito fuera grave, y entre dos y veinte a駉s si fuera menos grave, en ambos casos se atender� proporcionalmente a la gravedad del delito, el n鷐ero de los delitos cometidos y a las circunstancias que concurran en la persona condenada.�

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• Veintis閕s. Se modifica el art韈ulo 201, que queda redactado como sigue:

  �1.� Para proceder por los delitos previstos en este Cap韙ulo ser� necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

  2. No ser� precisa la denuncia exigida en el apartado anterior para proceder por los hechos descritos en el art韈ulo 198 de este C骴igo, ni cuando la comisi髇 del delito afecte a los intereses generales, a una pluralidad de personas o si la v韈tima es una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protecci髇.

  3. El perd髇 del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acci髇 penal sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 130.1.5.�, p醨rafo segundo.�

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• Veintisiete. Se modifica el apartado 3 del art韈ulo 215, que queda redactado como sigue:

  獷l perd髇 de la persona ofendida extingue la acci髇 penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 130.1.5.�, p醨rafo segundo de este C骴igo.�

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• Veintiocho. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 220, que queda redactado como sigue:

  �2. La misma pena se impondr� a quien ocultare o entregare a terceros una persona menor de dieciocho a駉s para alterar o modificar su filiaci髇.�

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• Veintinueve. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 225 bis, que queda redactado como sigue:

  �2. A los efectos de este art韈ulo, se considera sustracci髇:

  • 1.� El traslado de una persona menor de edad de su lugar de residencia habitual sin consentimiento del otro progenitor o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia.
  • 2.� La retenci髇 de una persona menor de edad incumpliendo gravemente el deber establecido por resoluci髇 judicial o administrativa.�
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• Treinta. Se modifica el p醨rafo tercero del art韈ulo 267, que queda redactado como sigue:

  獷n estos casos, el perd髇 de la persona ofendida extingue la acci髇 penal.�

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• Treinta y uno. Se modifica el art韈ulo 314, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 314

  Quienes produzcan una grave discriminaci髇 en el empleo, p鷅lico o privado, contra alguna persona por raz髇 de su ideolog韆, religi髇 o creencias, su situaci髇 familiar, su pertenencia a una etnia, raza o naci髇, su origen nacional, su sexo, edad, orientaci髇 o identidad sexual o de g閚ero, razones de g閚ero, de aporofobia o de exclusi髇 social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, por ostentar la representaci髇 legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado espa駉l, y no restablezcan la situaci髇 de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanci髇 administrativa, reparando los da駉s econ髆icos que se hayan derivado, ser醤 castigados con la pena de prisi髇 de seis meses a dos a駉s o multa de doce a veinticuatro meses.�

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• Treinta y dos. Se introduce un nuevo art韈ulo 361 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 361 bis

  La distribuci髇 o difusi髇 p鷅lica a trav閟 de Internet, del tel閒ono o de cualquier otra tecnolog韆 de la informaci髇 o de la comunicaci髇 de contenidos espec韋icamente destinados a promover o facilitar, entre personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protecci髇, el consumo de productos, preparados o sustancias o la utilizaci髇 de t閏nicas de ingesti髇 o eliminaci髇 de productos alimenticios cuyo uso sea susceptible de generar riesgo para la salud de las personas ser� castigado con la pena de multa de seis a doce meses o pena de prisi髇 de uno a tres a駉s.

  Las autoridades judiciales ordenar醤 la adopci髇 de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos a los que se refiere el p醨rafo anterior, para la interrupci髇 de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.�

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• Treinta y tres. Se modifica el art韈ulo 511, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 511

  1. Incurrir� en la pena de prisi髇 de seis meses a dos a駉s, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitaci髇 especial para empleo o cargo p鷅lico por tiempo de uno a tres a駉s el particular encargado de un servicio p鷅lico que deniegue a una persona una prestaci髇 a la que tenga derecho por raz髇 de su ideolog韆, religi髇 o creencias, su situaci髇 familiar, pertenencia a una etnia, raza o naci髇, su origen nacional, su sexo, edad, orientaci髇 o identidad sexual o de g閚ero, razones de g閚ero, de aporofobia o de exclusi髇 social, la enfermedad que padezca o su discapacidad.

  2. Las mismas penas ser醤 aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociaci髇, fundaci髇, sociedad o corporaci髇 o contra sus miembros por raz髇 de su ideolog韆, religi髇 o creencias, su situaci髇 familiar, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o naci髇, su origen nacional, su sexo, edad, orientaci髇 o identidad sexual o de g閚ero, razones de g閚ero, de aporofobia o de exclusi髇 social, la enfermedad que padezca o su discapacidad.

  3. Los funcionarios p鷅licos que cometan alguno de los hechos previstos en este art韈ulo, incurrir醤 en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitaci髇 especial para empleo o cargo p鷅lico por tiempo de dos a cuatro a駉s.

  4. En todos los casos se impondr� adem醩 la pena de inhabilitaci髇 especial para profesi髇 u oficio educativos, en el 醡bito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre uno y tres a駉s al de la duraci髇 de la pena impuesta si esta fuera de privaci髇 de libertad, cuando la pena impuesta fuera de multa, la pena de inhabilitaci髇 especial tendr� una duraci髇 de uno a tres a駉s. En todo caso se atender� proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente.�

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• Treinta y cuatro. Se modifica el art韈ulo 512, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 512

  Quienes en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestaci髇 a la que tenga derecho por raz髇 de su ideolog韆, religi髇 o creencias, su situaci髇 familiar, su pertenencia a una etnia, raza o naci髇, su origen nacional, su sexo, edad, orientaci髇 o identidad sexual o de g閚ero, razones de g閚ero, de aporofobia o de exclusi髇 social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, incurrir醤 en la pena de inhabilitaci髇 especial para el ejercicio de profesi髇, oficio, industria o comercio e inhabilitaci髇 especial para profesi髇 u oficio educativos, en el 醡bito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de uno a cuatro a駉s.�

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• Treinta y cinco. Se modifica el apartado 4.� del art韈ulo 515, que queda redactado como sigue:

  �4.� Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminaci髇 o violencia contra personas, grupos o asociaciones por raz髇 de su ideolog韆, religi髇 o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o naci髇, su origen nacional, su sexo, edad, orientaci髇 o identidad sexual o de g閚ero, razones de g閚ero, de aporofobia o de exclusi髇 social, situaci髇 familiar, enfermedad o discapacidad.�

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Disposici髇 final s閜tima Modificaci髇 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jur韉ica gratuita

Se modifica el p醨rafo g) del art韈ulo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jur韉ica gratuita que queda redactado como sigue:

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Disposici髇 final octava Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil

La Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica el primer p醨rafo y la letra c) del apartado 5 del art韈ulo 2, que quedan redactados como sigue:

  �5. Toda resoluci髇 de cualquier orden jurisdiccional y toda medida en el inter閟 superior de la persona menor de edad deber� ser adoptada respetando las debidas garant韆s del proceso y, en particular:

  [...]

  • c) La participaci髇 de progenitores, tutores o representantes legales del menor o de un defensor judicial si hubiera conflicto de inter閟 o discrepancia con ellos y del Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses. Se presumir� que existe un conflicto de inter閟 cuando la opini髇 de la persona menor de edad sea contraria a la medida que se adopte sobre ella o suponga una restricci髇 de sus derechos.�
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• Dos. Se modifica el art韈ulo 12, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 12 Actuaciones de protecci髇

  1. La protecci髇 de los menores por los poderes p鷅licos se realizar� mediante la prevenci髇, detecci髇 y reparaci髇 de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de declaraci髇 de desamparo, la asunci髇 de la tutela por ministerio de la ley. En las actuaciones de protecci髇 deber醤 primar, en todo caso, las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas.

  2. Los poderes p鷅licos velar醤 para que los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y les facilitar醤 servicios accesibles de prevenci髇, asesoramiento y acompa馻miento en todas las 醨eas que afectan al desarrollo de los menores.

  3. Cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de una v韈tima de violencia de g閚ero o dom閟tica, las actuaciones de los poderes p鷅licos estar醤 encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la permanencia de los menores, con independencia de su edad, con aquella, as� como su protecci髇, atenci髇 especializada y recuperaci髇.

  4. Cuando no pueda ser establecida la mayor韆 de edad de una persona, ser� considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad. A tal efecto, el Fiscal deber� realizar un juicio de proporcionalidad que pondere adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte o documento equivalente de identidad presentado, en su caso, no es fiable. La realizaci髇 de pruebas m閐icas para la determinaci髇 de la edad de los menores se someter� al principio de celeridad, exigir� el previo consentimiento informado del afectado y se llevar� a cabo con respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente. No podr醤 realizarse, en ning鷑 caso, desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas m閐icas especialmente invasivas.

  Asimismo, una vez adoptada la medida de guarda o tutela respecto a personas menores de edad que hayan llegado solas a Espa馻, las Entidades P鷅licas comunicar醤 la adopci髇 de dicha medida al Ministerio del Interior, a efectos de inscripci髇 en el Registro Estatal correspondiente.

  5. Las Entidades P鷅licas garantizar醤 los derechos reconocidos en esta ley a las personas menores de edad desde el momento que accede por primera vez a un recurso de protecci髇 y proporcionar醤 una atenci髇 inmediata integral y adecuada a sus necesidades, evitando la prolongaci髇 de las medidas de car醕ter provisional y de la estancia en los recursos de primera acogida.

  6. Cualquier medida de protecci髇 no permanente que se adopte respecto de menores de tres a駉s se revisar� cada tres meses, y respecto de mayores de esa edad se revisar� cada seis meses. En los acogimientos permanentes la revisi髇 tendr� lugar el primer a駉 cada seis meses y, a partir del segundo a駉, cada doce meses.

  7. Adem醩, de las distintas funciones atribuidas por ley, la Entidad P鷅lica remitir� al Ministerio Fiscal informe justificativo de la situaci髇 de un determinado menor cuando este se haya encontrado en acogimiento residencial o acogimiento familiar temporal durante un periodo superior a dos a駉s, debiendo justificar la Entidad P鷅lica las causas por las que no se ha adoptado una medida protectora de car醕ter m醩 estable en ese intervalo,

  8. Los poderes p鷅licos garantizar醤 los derechos y obligaciones de los menores con discapacidad en lo que respecta a su custodia, tutela, guarda, adopci髇 o instituciones similares, velando al m醲imo por el inter閟 superior del menor. Asimismo, garantizar醤 que los menores con discapacidad tengan los mismos derechos respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos y a fin de prevenir su ocultaci髇, abandono, negligencia o segregaci髇 velar醤 porque se proporcione con anticipaci髇 informaci髇, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.�

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• Tres. Se modifica el apartado 1, que queda redactado como sigue, y se suprimen los apartados 4 y 5 del art韈ulo 13:

  �1. Toda persona o autoridad, especialmente aquellas que por su profesi髇, oficio o actividad detecten una situaci髇 de riesgo o posible desamparo de una persona menor de edad, lo comunicar醤 a la autoridad o sus agentes m醩 pr髕imos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.�

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• Cuatro. Se introduce un art韈ulo 14 bis con el siguiente contenido:

  獳rt韈ulo 14 bis Actuaciones en casos de urgencia

  1. Cuando la urgencia del caso lo requiera, sin perjuicio de la guarda provisional a la que se refiere el art韈ulo anterior y el art韈ulo 172.4 del C骴igo Civil, la actuaci髇 de los servicios sociales ser� inmediata.

  2. La atenci髇 en casos de urgencia a que se refiere este art韈ulo no est� sujeta a requisitos procedimentales ni de forma, y se entiende en todo caso sin perjuicio del deber de prestar a las personas menores de edad el auxilio inmediato que precisen.�

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• Cinco. Se modifican los apartados 1 y 2 del art韈ulo 17, que quedan redactados como sigue:

  �1. Se considerar� situaci髇 de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona menor de edad se vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentar韆n su declaraci髇 de situaci髇 de desamparo y la asunci髇 de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervenci髇 de la administraci髇 p鷅lica competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptaci髇 que le afectan y evitar su desamparo y exclusi髇 social, sin tener que ser separado de su entorno familiar.

  2. Ser醤 considerados como indicadores de riesgo, entre otros:

  • a) La falta de atenci髇 f韘ica o ps韖uica del ni駉, ni馻 o adolescente por parte de los progenitores, o por las personas que ejerzan la tutela, guarda, o acogimiento, que comporte un perjuicio leve para la salud f韘ica o emocional del ni駉, ni馻 o adolescente cuando se estime, por la naturaleza o por la repetici髇 de los episodios, la posibilidad de su persistencia o el agravamiento de sus efectos.
  • b) La negligencia en el cuidado de las personas menores de edad y la falta de seguimiento m閐ico por parte de los progenitores, o por las personas que ejerzan la tutela, guarda o acogimiento.
  • c) La existencia de un hermano o hermana declarado en situaci髇 de riesgo o desamparo, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente.
  • d) La utilizaci髇, por parte de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, del castigo habitual y desproporcionado y de pautas de correcci髇 violentas que, sin constituir un episodio severo o un patr髇 cr髇ico de violencia, perjudiquen su desarrollo.
  • e) La evoluci髇 negativa de los programas de intervenci髇 seguidos con la familia y la obstrucci髇 a su desarrollo o puesta en marcha.
  • f) Las pr醕ticas discriminatorias, por parte de los responsables parentales, contra los ni駉s, ni馻s y adolescentes que conlleven un perjuicio para su bienestar y su salud mental y f韘ica, en particular:
    • 1.� Las actitudes discriminatorias que por raz髇 de g閚ero, edad o discapacidad puedan aumentar las posibilidades de confinamiento en el hogar, la falta de acceso a la educaci髇, las escasas oportunidades de ocio, la falta de acceso al arte y a la vida cultural, as� como cualquier otra circunstancia que por raz髇 de g閚ero, edad o discapacidad, les impidan disfrutar de sus derechos en igualdad.
    • 2.� La no aceptaci髇 de la orientaci髇 sexual, identidad de g閚ero o las caracter韘ticas sexuales de la persona menor de edad.
  • g) El riesgo de sufrir ablaci髇, mutilaci髇 genital femenina o cualquier otra forma de violencia en el caso de ni馻s y adolescentes basadas en el g閚ero, las promesas o acuerdos de matrimonio forzado.
  • h) La identificaci髇 de las madres como v韈timas de trata.
  • i) Las ni馻s y adolescentes v韈timas de violencia de g閚ero en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 1.1 de la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protecci髇 integral contra la violencia de g閚ero.
  • j) Los ingresos m鷏tiples de personas menores de edad en distintos hospitales con s韓tomas recurrentes, inexplicables y/o que no se confirman diagn髎ticamente.
  • k) El consumo habitual de drogas t髕icas o bebidas alcoh髄icas por las personas menores de edad.
  • l) La exposici髇 de la persona menor de edad a cualquier situaci髇 de violencia dom閟tica o de g閚ero.
  • m) Cualquier otra circunstancia que implique violencia sobre las personas menores de edad que, en caso de persistir, pueda evolucionar y derivar en el desamparo del ni駉, ni馻 o adolescente.�
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• Seis. Se a馻de un nuevo art韈ulo 17 bis con el siguiente contenido:

  獳rt韈ulo 17 bis Personas menores de catorce a駉s en conflicto con la ley

  Las personas a las que se refiere el art韈ulo 3 de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal de los menores ser醤 incluidas en un plan de seguimiento que valore su situaci髇 socio-familiar dise馻do y realizado por los servicios sociales competentes de cada comunidad aut髇oma.

  Si el acto violento pudiera ser constitutivo de un delito contra la libertad o indemnidad sexual o de violencia de g閚ero, el plan de seguimiento deber� incluir un m骴ulo formativo en igualdad de g閚ero.�

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• Siete. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 20, que queda redactado como sigue:

  �1. Cuando no sea posible la permanencia en el entorno familiar de origen, el acogimiento familiar, de acuerdo con su finalidad y con independencia del procedimiento en que se acuerde, revestir� las modalidades establecidas en el C骴igo Civil y, en raz髇 de la vinculaci髇 del menor con la familia acogedora, podr� tener lugar, de acuerdo al inter閟 superior del menor, en la propia familia extensa del menor o en familia ajena.

  El acogimiento familiar podr� ser especializado, entendiendo por tal el que se desarrolla en una familia en la que alguna o algunas de las personas que integran la unidad familiar dispone de cualificaci髇, experiencia o formaci髇 espec韋ica para desempe馻r esta funci髇 respecto de menores con necesidades o circunstancias especiales, pudiendo percibir por ello una compensaci髇.

  El acogimiento especializado podr� ser de dedicaci髇 exclusiva cuando as� se determine por la Entidad P鷅lica por raz髇 de las necesidades y circunstancias especiales del menor en situaci髇 de ser acogido, percibiendo en tal caso la persona o personas designadas como acogedoras una compensaci髇 en atenci髇 a dicha dedicaci髇.�

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• Ocho. Se a馻de un art韈ulo 20 ter con el siguiente contenido:

  獳rt韈ulo 20 ter Tramitaci髇 de las solicitudes de acogimiento transfronterizo de personas menores de edad en Espa馻 remitidas por un Estado miembro de la Uni髇 Europea o por un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996

  1. El Ministerio de Justicia, en su calidad de Autoridad Central Espa駉la, ser� la autoridad competente para recibir las solicitudes de acogimiento transfronterizo de personas menores de edad procedentes de un Estado miembro de la Uni髇 Europea o de un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996. Dichas solicitudes deber醤 ser remitidas por la Autoridad Central del Estado requirente al objeto de obtener la preceptiva autorizaci髇 de las autoridades espa駉las competentes con car醕ter previo a que se pueda producir el acogimiento.

  2. Las solicitudes de acogimiento deber醤 realizarse por escrito y acompa馻rse de los documentos que la Autoridad Central espa駉la requiera para valorar la idoneidad de la medida en beneficio de la persona menor de edad y la aptitud del establecimiento o familia para llevar a cabo dicho acogimiento. En todo caso, adem醩 de la requerida por la normativa internacional aplicable, deber� aportarse un informe sobre el ni駉, ni馻 o adolescente, los motivos de su propuesta de acogimiento, la modalidad de acogimiento, la duraci髇 del mismo y c髆o se prev� hacer seguimiento de la medida.

  3. Recibida la solicitud de acogimiento transfronterizo, la Autoridad Central espa駉la comprobar� que la solicitud re鷑e el contenido y los requisitos seg鷑 lo previsto en el apartado anterior y la transmitir� a la Administraci髇 auton髆ica competente para su aprobaci髇.

  4. La Administraci髇 auton髆ica competente, una vez evaluada la solicitud, remitir� su decisi髇 a la Autoridad Central espa駉la que la har� llegar a la Autoridad Central del Estado requirente. 趎icamente en caso de ser favorable, las autoridades competentes de dicho Estado dictar醤 una resoluci髇 que ordene el acogimiento en Espa馻, notificar醤 a todas las partes interesadas y solicitar醤 su reconocimiento y ejecuci髇 en Espa馻 directamente ante el Juzgado o Tribunal espa駉l territorialmente competente.

  5. El plazo m醲imo para la tramitaci髇 y respuesta de la solicitud ser� de tres meses.

  6. Las solicitudes de acogimiento y sus documentos adjuntos deber醤 acompa馻rse de una traducci髇 legalizada en espa駉l.�

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• Nueve. Se a馻de un art韈ulo 20 quater con el siguiente contenido:

  獳rt韈ulo 20 quater Motivos de denegaci髇 de las solicitudes de acogimiento transfronterizo de personas menores de edad en Espa馻

  1. La Autoridad Central espa駉la rechazar� las solicitudes de acogimiento transfronterizo cuando:

  • a) El objeto o finalidad de la solicitud de acogimiento no garantice el inter閟 superior de la persona menor de edad para lo cual se tendr� especialmente en cuenta la existencia de v韓culos con Espa馻.
  • b) La solicitud no re鷑a los requisitos exigidos para su tramitaci髇. En este caso, se devolver� a la Autoridad Central requirente indicando los motivos concretos de la devoluci髇 con el fin de que pueda subsanarlos.
  • c) Se solicite el desplazamiento de una persona menor de edad incursa en un procedimiento penal o sancionador o que haya sido condenada o sancionada por la comisi髇 de cualquier il韈ito penal o administrativo.
  • d) No se haya respetado el derecho fundamental de la persona menor de edad a ser o韉a y escuchada, as� como a mantener contactos con sus progenitores o representantes legales, salvo si ello es contrario a su superior inter閟.�
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• Diez. Se a馻de un nuevo art韈ulo 20 quinquies con el siguiente contenido:

  獳rt韈ulo 20 quinquies Del procedimiento para la transmisi髇 de las solicitudes de acogimiento transfronterizo de personas menores de edad desde Espa馻 a otro Estado miembro de la Uni髇 Europea o a un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996

  1. Las solicitudes de acogimiento transfronterizo que soliciten las Autoridades competentes en materia de protecci髇 de personas menores de edad se remitir醤 por escrito a la Autoridad Central espa駉la, que las transmitir� a las autoridades competentes del Estado miembro requerido para su tramitaci髇.

  2. La tramitaci髇 y aprobaci髇 de dichas solicitudes se regir� por el Derecho Nacional del Estado miembro requerido.

  3. La Autoridad Central espa駉la remitir� la decisi髇 del acogimiento requerido a la Autoridad solicitante.

  4. Las solicitudes de acogimiento y los documentos adjuntos que se dirijan a una autoridad extranjera deber醤 acompa馻rse de una traducci髇 a una lengua oficial del Estado requerido o aceptada por este.�

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• Once. Se a馻de un nuevo art韈ulo 21 ter con el siguiente contenido:

  獳rt韈ulo 21 ter Medidas para garantizar la convivencia y la seguridad en los centros de protecci髇 a la infancia y la adolescencia

  1. Las medidas adoptadas para garantizar la convivencia y la seguridad en los centros de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, consistir醤 en medidas de car醕ter preventivo y de desescalada, pudi閚dose tambi閚 adoptar excepcionalmente y como 鷏timo recurso, medidas de contenci髇 f韘ica del menor.

  Se proh韇e la contenci髇 mec醤ica, consistente en la sujeci髇 de una persona menor de edad o a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o a objetos muebles.

  2. Toda medida que se aplique en un centro de protecci髇 a la infancia y la adolescencia para garantizar la convivencia y seguridad se regir� por los principios de legalidad, necesidad, individualizaci髇, proporcionalidad, idoneidad, graduaci髇, transparencia y buen gobierno.

  Asimismo, la ejecuci髇 de las medidas de contenci髇 se regir� por los principios rectores de excepcionalidad, m韓ima intensidad posible y tiempo estrictamente necesario, y se llevar醤 a cabo con el respeto debido a la dignidad, a la privacidad y a los derechos de la persona menor de edad.

  3. Las medidas de desescalada y de contenci髇 deber醤 aplicarse por personal especializado con formaci髇 en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, as� como en resoluci髇 de conflictos y t閏nicas de sujeci髇 personal.

  4. Las medidas de desescalada consistir醤 en todas aquellas t閏nicas verbales de gesti髇 emocional conducentes a la reducci髇 de la tensi髇 u hostilidad del menor que se encuentre en estado de alteraci髇 y/o agitaci髇 con inminente y grave peligro para su vida e integridad o para la de otras personas.

  5. Las medidas de contenci髇 f韘ica podr醤 consistir en la interposici髇 entre el menor y la persona u objeto que se encuentra en peligro, la restricci髇 f韘ica de espacios o movimientos y, en 鷏tima instancia, bajo un estricto protocolo, la inmovilizaci髇 f韘ica del menor por personal especializado del centro.

  Como medida excepcional y 鷑icamente aplicable en centros de protecci髇 de menores con trastornos de conducta, la medida de contenci髇 f韘ica podr� consistir en la sujeci髇 de las mu馿cas del menor con equipos homologados, que se aplicar� con las garant韆s previstas en el art韈ulo 28 de esta ley.

  6. Las medidas de contenci髇 aplicadas en los centros de protecci髇 a la infancia y la adolescencia deber醤 ser comunicadas con car醕ter inmediato a la Entidad P鷅lica y al Ministerio Fiscal. Asimismo, se anotar醤 en el Libro Registro de Incidencias, que ser� supervisado por parte de la direcci髇 del centro y en el expediente individualizado del menor, que debe mantenerse actualizado.

  La aplicaci髇 de medidas de contenci髇 requerir�, en todos los casos en que se hiciera uso de la fuerza, la exploraci髇 f韘ica del menor por facultativo m閐ico en el plazo m醲imo de 48 horas, extendi閚dose el correspondiente parte m閐ico.

  7. Las medidas de contenci髇 no podr醤 aplicarse a personas menores de catorce a駉s, a las menores gestantes, a las menores hasta seis meses despu閟 de la terminaci髇 del embarazo, a las madres lactantes, a las personas que tengan hijos e hijas consigo, ni a quienes se encuentren convalecientes por enfermedad grave, salvo que de la actuaci髇 de aquellos pudiera derivarse un inminente y grave peligro para su vida e integridad o para la de otras personas.

  Corresponde al Director del Centro o persona en la que este haya delegado, la adopci髇 de decisiones sobre las medidas de contenci髇 f韘ica consistentes en la restricci髇 de espacios y movimientos o la inmovilizaci髇 del menor, que deber醤 ser motivadas y habr醤 de notificarse con car醕ter inmediato a la Entidad P鷅lica y al Ministerio Fiscal.�

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• Doce. Se modifica el art韈ulo 27, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 27 Medidas de seguridad

  1. Las medidas de seguridad podr醤 consistir en la contenci髇 del menor, en su aislamiento provisional o en registros personales y materiales. Las medidas de seguridad solo podr醤 utilizarse fracasadas las medidas preventivas y de desescalada, que tendr醤 car醕ter prioritario.

  2. Las medidas de seguridad deber醤 aplicarse por personal especializado y con formaci髇 en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, resoluci髇 de conflictos y t閏nicas de sujeci髇. Este personal solo podr� usar medidas de seguridad con los menores como 鷏timo recurso, en casos de intentos de fuga, resistencia activa que suponga una alteraci髇 grave de la convivencia o una vulneraci髇 grave a los derechos de otros menores o riesgo directo de autolesi髇, de lesiones a otros o da駉s graves a las instalaciones.

  3. Corresponde al Director del Centro o persona en la que este haya delegado, la adopci髇 de decisiones sobre las medidas de seguridad, que deber醤 ser motivadas y habr醤 de notificarse con car醕ter inmediato a la Entidad P鷅lica y al Ministerio Fiscal y podr醤 ser recurridas por el menor, el Ministerio Fiscal y la Entidad P鷅lica, ante el 髍gano judicial que est� conociendo del ingreso, el cual resolver� tras recabar informe del centro y previa audiencia del menor y del Ministerio Fiscal.

  4. Las medidas de seguridad aplicadas deber醤 registrarse en el Libro Registro de Incidencias, que ser� supervisado por parte de la direcci髇 del centro.�

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• Trece. Se modifica el art韈ulo 28, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 28 Medidas de contenci髇

  1. Las medidas de contenci髇 se adoptar醤 en atenci髇 a las circunstancias en presencia y en la forma en que se establece en los apartados siguientes del presente art韈ulo.

  2. El personal de los centros 鷑icamente podr� utilizar medidas de contenci髇 previo intento de restauraci髇 de la convivencia y de la seguridad a trav閟 de medidas de desescalada.

  3. La contenci髇 f韘ica solo podr� consistir en la interposici髇 entre el menor y la persona o el objeto que se encuentra en peligro, la restricci髇 f韘ica de espacios y movimientos y, en 鷏tima instancia, bajo un estricto protocolo, la inmovilizaci髇 f韘ica por personal especializado del centro.

  En los centros de protecci髇 espec韋icos de menores con problemas de conducta, ser� admisible 鷑icamente y con car醕ter excepcional la sujeci髇 de las mu馿cas del menor con equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible evitar por otros medios la puesta en grave riesgo de la vida o la integridad f韘ica del menor o de terceros. Esta medida excepcional solo podr� aplicarse por el tiempo m韓imo imprescindible, que no podr� ser superior a una hora. Durante este tiempo, la persona menor de edad estar� acompa馻da presencialmente y de forma continua, o supervisada de manera permanente, por un educador u otro profesional del equipo educativo o t閏nico del centro.

  La aplicaci髇 de esta medida se comunicar� de manera inmediata a la Entidad P鷅lica, al Ministerio Fiscal y al 髍gano judicial que est� conociendo del ingreso.

  4. La contenci髇 mec醤ica est� prohibida en los t閞minos establecidos en el art. 21 ter de esta Ley.�

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• Catorce. Se modifica el art韈ulo 29, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 29 Aislamiento del menor

  1. El aislamiento provisional de un menor mediante su permanencia en un espacio adecuado del que se impida su salida solo podr� utilizarse en prevenci髇 de actos violentos, autolesiones, lesiones a otros menores residentes en el centro, al personal del mismo o a terceros, as� como de da駉s graves a sus instalaciones. Se aplicar� puntualmente en el momento en el que sea preciso y en ning鷑 caso como medida disciplinaria.

  2. El aislamiento no podr� exceder de tres horas consecutivas sin perjuicio del derecho al descanso del menor. Durante el periodo de tiempo en que el menor permanezca en aislamiento estar� acompa馻do presencialmente y de forma continua o supervisado de manera permanente por un educador u otro profesional del equipo educativo o t閏nico del centro.�

  LE0000008600_20210625
• Quince. Se modifica el art韈ulo 30, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 30 Registros personales y materiales

  1. Los registros personales y materiales se llevar醤 a cabo con el respeto debido a la dignidad, privacidad y a los derechos fundamentales de la persona, con el fin de evitar situaciones de riesgo producidas por la introducci髇 o salida del centro de objetos, instrumentos o sustancias que por s� mismos o por su uso inadecuado pueden resultar peligrosos o perjudiciales.

  Se utilizar醤 preferentemente medios electr髇icos.

  2. El registro personal y cacheo del menor se efectuar� por el personal indispensable que requerir�, al menos dos profesionales del centro del mismo sexo que el menor. Cuando implique alguna exposici髇 corporal esta ser� parcial, se realizar� en lugar adecuado, sin la presencia de otros menores y preservando en todo lo posible la intimidad del menor.

  3. El personal del centro podr� realizar el registro de las pertenencias del menor, pudiendo retirarle aquellos objetos que se encuentren en su posesi髇 que pudieran ser de il韈ita procedencia, resultar da駃nos para s�, para otros o para las instalaciones del centro o que no est閚 autorizados para menores de edad. Los registros materiales se deber醤 comunicar previamente al menor siempre que no pudieran efectuarse en su presencia.�

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Disposici髇 final novena Modificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Se modifican los art韈ulos 779 y 780 con la siguiente redacci髇:

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Disposici髇 final d閏ima Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero

La Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero queda modificada en los siguientes t閞minos:

Se a馻de un apartado nuevo 4 al art韈ulo 1, con la siguiente redacci髇:

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Disposici髇 final und閏ima Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores

Se modifica la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica el art韈ulo 4, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 4 Derechos de las v韈timas y de las personas perjudicadas

  El Ministerio Fiscal y el Juez de Menores velar醤 en todo momento por la protecci髇 de los derechos de las v韈timas y de las personas perjudicadas por las infracciones cometidas por las personas menores de edad.

  De manera inmediata se les instruir� de las medidas de asistencia a las v韈timas que prev� la legislaci髇 vigente, debiendo el Letrado de la Administraci髇 de Justicia derivar a la v韈tima de violencia a la Oficina de Atenci髇 a la V韈tima competente.

  Las v韈timas y las personas perjudicadas tendr醤 derecho a personarse y ser parte en el expediente que se incoe al efecto, para lo cual el Letrado de la Administraci髇 de Justicia les informar� en los t閞minos previstos en los art韈ulos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruy閚doles de su derecho a nombrar direcci髇 letrada o instar su nombramiento de oficio en caso de ser titulares del derecho a la asistencia jur韉ica gratuita. Asimismo, les informar� de que, de no personarse en el expediente y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitar� si correspondiere.

  Quienes se personaren podr醤 desde entonces tomar conocimiento de lo actuado e instar la pr醕tica de diligencias y cuanto a su derecho convenga. Sin perjuicio de lo anterior, el Letrado de la Administraci髇 de Justicia deber� comunicar a las v韈timas y a las personas perjudicadas, se hayan o no personado, todas aquellas resoluciones que se adopten tanto por el Ministerio Fiscal como por el Juez de Menores, que puedan afectar a sus intereses.

  En especial, cuando el Ministerio Fiscal, en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 18 de esta Ley, desista de la incoaci髇 del expediente deber� inmediatamente ponerlo en conocimiento de las v韈timas y las personas perjudicadas haci閚doles saber su derecho a ejercitar las acciones civiles que les asisten ante la jurisdicci髇 civil.

  Del mismo modo, el Letrado de la Administraci髇 de Justicia notificar� por escrito la sentencia que se dicte a las v韈timas y las personas perjudicadas por la infracci髇 penal, aunque no se hayan mostrado parte en el expediente.

  Cuando la v韈tima lo sea de un delito de violencia de g閚ero, tiene derecho a que le sean notificadas por escrito, mediante testimonio 韓tegro, las medidas cautelares de protecci髇 adoptadas. Asimismo, tales medidas cautelares ser醤 comunicadas a las administraciones p鷅licas competentes para la adopci髇 de medidas de protecci髇, sean estas de seguridad o de asistencia social, jur韉ica, sanitaria, psicol骻ica o de cualquier otra 韓dole.

  La v韈tima de un delito violento tiene derecho a ser informada permanentemente de la situaci髇 procesal del presunto agresor. En particular, en el caso de una medida, cautelar o definitiva, de internamiento, la v韈tima ser� informada en todo momento de los permisos y salidas del centro del presunto agresor, salvo en aquellos casos en los que manifieste su deseo de no recibir notificaciones.�

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• Dos. Se modifica el art韈ulo 59, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 59 Medidas de vigilancia y seguridad

  1. Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros podr醤 suponer, en la forma y con la periodicidad que se establezca reglamentariamente, inspecciones de los locales y dependencias, as� como registros de personas, ropas y enseres de los menores internados.

  2. Se podr醤 utilizar exclusivamente los medios de contenci髇 que se establezcan reglamentariamente para evitar actos de violencia o lesiones de las personas que cumplen las medidas previstas en esta ley, a s� mismos o a otras personas, para impedir actos de fuga y da駉s en las instalaciones del centro o ante la resistencia activa a las instrucciones del personal del mismo en el ejercicio leg韙imo de su cargo.

  Solo ser� admisible, con car醕ter excepcional, la sujeci髇 de las mu馿cas de la persona que cumple medida de internamiento con equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible aplicar medidas menos lesivas.

  3. Se proh韇e la contenci髇 mec醤ica consistente en la sujeci髇 de una persona a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o a objetos muebles.

  4. La aplicaci髇 de medidas de contenci髇 requerir� en todos los casos en que se hiciera uso de la fuerza, la exploraci髇 f韘ica del interno por facultativo m閐ico en el plazo m醲imo de 48 horas, extendi閚dose el correspondiente parte m閐ico.

  5. Las medidas de contenci髇 aplicadas en los centros deber醤 ser comunicadas con car醕ter inmediato al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal. Asimismo, se anotar醤 en el Libro Registro de Incidencias, que ser� supervisado por parte de la direcci髇 del centro y en el expediente individualizado del menor, que debe mantenerse actualizado.�

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Disposici髇 final duod閏ima Modificaci髇 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social

Se a馻de un apartado 19 al art韈ulo 8 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto con la siguiente redacci髇:

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Disposici髇 final decimotercera Modificaci髇 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica

Se a馻de un nuevo apartado 5 al art韈ulo 15 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica, en los siguientes t閞minos:

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Disposici髇 final decimocuarta Modificaci髇 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenaci髇 de las profesiones sanitarias

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenaci髇 de las profesiones sanitarias, queda modificada en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 17 que queda redactado de la siguiente manera:

  �1. Los t韙ulos de especialista en Ciencias de la Salud ser醤 expedidos por el Ministerio de Sanidad.�

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• Dos. Se a馻de una nueva disposici髇 transitoria s閜tima con la siguiente redacci髇:

  獶isposici髇 transitoria s閜tima Expedici髇 de t韙ulos de especialista en Ciencias de la Salud

  Los procedimientos de expedici髇 de t韙ulos iniciados con anterioridad al 1 de enero de 2022 y a鷑 en curso, seguir醤 siendo tramitados por el Ministerio de Universidades y, por tanto, los t韙ulos ser醤 expedidos por este 鷏timo.�

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Lo previsto en la disposici髇 final decimocuarta producir� efectos a partir del 1 de enero de 2022, conforme establece la disposici髇 final vig閟ima quinta.LE0000699574_20210625

Disposici髇 final decimoquinta Modificaci髇 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicci髇 Voluntaria

Se modifica la especialidad 4.� del apartado 2 del art韈ulo 18 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicci髇 Voluntaria, que queda redactada como sigue:

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Disposici髇 final decimosexta Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Se modifica la disposici髇 transitoria s閜tima de la Ley Org醤ica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactada como sigue:

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Disposici髇 final decimos閜tima Creaci髇 del Consejo Estatal de Participaci髇 de la Infancia y de la Adolescencia

El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la aprobaci髇 de esta ley, proceder� a la creaci髇 del Consejo Estatal de Participaci髇 de la Infancia y de la Adolescencia, de modo que se garantice el ejercicio efectivo del derecho de participaci髇 en la formulaci髇, aplicaci髇 y evaluaci髇 de planes, programas y pol韙icas nacionales que afectan a los ni駉s, ni馻s y adolescentes.

Disposici髇 final decimoctava T韙ulo competencial

La presente ley org醤ica se dicta al amparo de lo previsto en el art韈ulo 149.1, 1.�, 2.� y 18.� de la Constituci髇 espa駉la (en adelante CE), que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de regulaci髇 de las condiciones b醩icas que garanticen la igualdad de todos los espa駉les en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, nacionalidad, inmigraci髇, emigraci髇, extranjer韆 y derecho de asilo, y bases del r間imen jur韉ico de las administraciones p鷅licas, respectivamente, y sin perjuicio de las competencias que puedan ostentar las comunidades aut髇omas, en virtud de los Estatutos de Autonom韆 que forman parte del cuerpo constitucional, que deber醤 respetarse en cualquier caso. De manera particular, los cap韙ulos II, III, VII y IX del T韙ulo III de esta Ley Org醤ica se entender醤 sin perjuicio de la legislaci髇 que dicten las comunidades aut髇omas en virtud de sus competencias en materia de pol韙ica familiar, asistencia social y deporte y ocio.

No obstante, los art韈ulos 13 y 14 y la disposici髇 final s閜tima se dictan al amparo de las competencias que corresponden al Estado en materia de administraci髇 de justicia y legislaci髇 procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades aut髇omas, de conformidad con lo previsto en los apartados 5.� y 6.� del art韈ulo 149.1 CE.

Las disposiciones finales primera y decimoquinta se dictan al amparo de las competencias del Estado sobre legislaci髇 procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades aut髇omas, de conformidad con lo previsto por el art韈ulo 149.1.6.� CE.

La disposici髇 final tercera se dicta al amparo de la competencia que el art韈ulo 149.1.6.� CE atribuye al Estado sobre legislaci髇 penitenciaria.

La disposici髇 final sexta se dicta al amparo de la competencia que el art韈ulo 149.1.6.� CE atribuye al Estado sobre legislaci髇 penal.

La disposici髇 final und閏ima se dicta al amparo de las competencias que el art韈ulo 149.1.6.� CE atribuye al Estado sobre legislaci髇 penal, procesal y penitenciaria.

La disposici髇 adicional sexta se dicta al amparo de las competencias estatales que el art韈ulo 149.1.5.� CE atribuye al Estado sobre administraci髇 de justicia.

La disposici髇 adicional novena se dicta al amparo del art韈ulo 149.1.17.� de la CE.

Los cap韙ulos IV y V del t韙ulo III se dictan al amparo del art韈ulo 149.1.30.� CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre normas b醩icas para el desarrollo del art韈ulo 27 CE.

El cap韙ulo VI del t韙ulo III y las disposiciones finales decimotercera y decimocuarta se dictan al amparo del art韈ulo 149.1.16.� CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinaci髇 general de la sanidad, respetando, en todo caso, las competencias atribuidas a las comunidades aut髇omas en este 醡bito por sus respectivos Estatutos de Autonom韆.

El cap韙ulo X del t韙ulo III se dicta al amparo del art韈ulo 149.1.29.� CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad p鷅lica, sin perjuicio de la posibilidad de creaci髇 de polic韆s por las comunidades aut髇omas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley org醤ica.

El art韈ulo 55, as� como las disposiciones finales cuarta, decimosexta y vig閟ima se dictan al amparo del art韈ulo 149.1.5.� CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Administraci髇 de Justicia.

El cap韙ulo II del t韙ulo V y la disposici髇 final duod閏ima se dictan al amparo del art韈ulo 149.1.7.� CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislaci髇 laboral, sin perjuicio de su ejecuci髇 por los 髍ganos de las comunidades aut髇omas.

La disposici髇 final segunda se dicta al amparo del art韈ulo 149.1.8.� CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislaci髇 civil, sin perjuicio de la conservaci髇, modificaci髇 y desarrollo por las comunidades aut髇omas de los derechos civiles, forales o especiales, all� donde existan.

La disposici髇 final quinta se dicta al amparo del art韈ulo 149.1.27.� CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las normas b醩icas del r間imen de prensa, radio y televisi髇 y, en general, de todos los medios de comunicaci髇 social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecuci髇 correspondan a las comunidades aut髇omas.

Disposici髇 final decimonovena Car醕ter ordinario de determinadas disposiciones

La presente ley tiene el car醕ter de ley org醤ica, a excepci髇 de los art韈ulos 5, 6, 7 y 8 del t韙ulo preliminar; de los art韈ulos 10, 11, 12, 13 y 14 del t韙ulo I; de los t韙ulos II, III y IV; de los art韈ulos 57 a 60 del t韙ulo V; as� como de las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y novena y de las disposiciones finales primera, segunda, quinta, s閜tima, novena, duod閏ima, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y decimonovena.

Disposici髇 final vig閟ima Especializaci髇 de los 髍ganos judiciales, de la fiscal韆 y de los equipos t閏nicos que presten asistencia especializada a los Juzgados y Tribunales

1. En el plazo de un a駉 a contar desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno remitir� a las Cortes Generales los siguientes proyectos de ley:

• a) Un proyecto de modificaci髇 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, dirigido a establecer, a trav閟 de los cauces previstos en la citada norma, la especializaci髇 tanto de los 髍ganos judiciales como de sus titulares, para la instrucci髇 y enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de edad. Tal especializaci髇 se realizar� en orden a los principios y medidas establecidos en la presente ley. Con este prop髎ito se plantear� la inclusi髇 de Juzgados de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, as� como la especializaci髇 de los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales. Tambi閚 ser醤 objeto de adaptaci髇, en el mismo sentido, las pruebas selectivas que permitan acceder a la titularidad de los 髍ganos especializados, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 312.4 de la citada Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio.

  Del mismo modo, el mencionado proyecto de ley org醤ica dispondr� las modificaciones necesarias para garantizar la especializaci髇 dentro del orden jurisdiccional civil en Infancia, Familia y Capacidad.

• b) Un proyecto de ley de modificaci髇 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Org醤ico del Ministerio Fiscal, a los efectos de establecer la especializaci髇 de fiscales en el 醡bito de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, conforme a su r間imen estatutario.

2. Las administraciones competentes regular醤 en id閚tico plazo la composici髇 y funcionamiento de los equipos t閏nicos que presten asistencia especializada a los 髍ganos judiciales especializados en infancia y adolescencia, y la forma de acceso a los mismos de acuerdo con los criterios de especializaci髇 y formaci髇 recogidos en esta ley.

Disposici髇 final vig閟ima primera Desarrollo normativo y ejecuci髇 de la ley

Se autoriza al Consejo de Ministros y a los titulares de los Ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030, Justicia e Interior, en el 醡bito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de esta ley, as� como para acordar las medidas necesarias para garantizar su efectiva ejecuci髇 e implantaci髇.

Disposici髇 final vig閟ima segunda Adaptaci髇 normativa

En el plazo de un a駉 a partir de la entrada en vigor de la ley, se deber醤 adecuar a la misma las normas reguladoras estatales, auton髆icas y locales que sean incompatibles con lo previsto en esta ley.

Disposici髇 final vig閟ima tercera Incorporaci髇 de derecho de la Uni髇 Europea

Mediante esta ley se completa la incorporaci髇 al Derecho espa駉l de los LE0000467800_20111217art韈ulos 3, apartados 2 a 4, 6 y 9, p醨rafos a), b) y g) de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotaci髇 sexual de los menores y la pornograf韆 infantil y por la que se sustituye la Decisi髇 marco 2004/68/JAI del Consejo.

Disposici髇 final vig閟ima cuarta Procedimiento para la determinaci髇 de edad

El Gobierno, en el plazo de doce meses desde la aprobaci髇 de esta ley, proceder� al desarrollo normativo del procedimiento para la determinaci髇 de la edad de los menores, de modo que se garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales contra韉as por Espa馻, as� como la prevalencia del inter閟 superior del menor, sus derechos y su dignidad.

Disposici髇 final vig閟ima quinta Entrada en vigor

Esta ley entrar� en vigor a los veinte d韆s de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.

No obstante, lo previsto en los art韈ulos 5.3, 14.2, 14.3, 18, 35 y 48.1.b) y c) producir醤 efectos a los seis meses de la entrada en vigor de la ley.

Lo previsto en la disposici髇 final decimocuarta producir� efectos a partir del 1 de enero de 2022.

Por tanto,

Mando a todos los espa駉les, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley org醤ica.