Sumario

--> Ley [ANDALUC虯] 4/2010, 8 junio, derogada por el apartado 5.� de la Disposici髇 Derogatoria 趎ica de la Ley [ANDALUC虯] 9/2010, 30 julio, de Aguas de Andaluc韆 (獴.O.J.A.� 9 agosto) el 10 de agosto de 2010.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUC虯 A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andaluc韆 ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constituci髇 y el Estatuto de Autonom韆, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la siguiente

LEY DE AGUAS DE LA COMUNIDAD AUT覰OMA DE ANDALUC虯

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

El Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆 ha puesto un acento especial en el cuidado y protecci髇 del medio ambiente, a trav閟 de una serie de preceptos relativos a derechos de la ciudadan韆, pol韙icas p鷅licas, principios rectores y otras f髍mulas de intervenci髇, que demuestran el inter閟 de Andaluc韆 por la preservaci髇 del mayor bien colectivo que en los tiempos actuales pueda imaginarse.

El cuidado del medio ambiente implica, de suyo, la utilizaci髇 racional de los recursos naturales y dentro de ellos es, sin duda, el agua el bien m醩 relevante por su caracter韘tica de medio indispensable para la vida, sustento mismo de la vida. Por ello es tambi閚 por lo que el Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆 dedica una atenci髇 singular a las competencias de la Comunidad sobre el agua y establece l韓eas directrices de ineludible cumplimiento por parte de todos los poderes p鷅licos.

El agua es, efectivamente, un bien com鷑 que todas las personas y los poderes p鷅licos est醤 obligados a preservar y legar, como tal bien com鷑, a las siguientes generaciones, al menos en las mismas condiciones de cantidad y calidad con que se ha recibido.

El reciente Acuerdo Andaluz por el Agua es la mejor muestra de esa preocupaci髇 por la mejor utilizaci髇 de los recursos h韉ricos. En el mismo se plasman una serie de pol韙icas y de directrices que constituyen un compromiso para los poderes p鷅licos, pero tambi閚 responsabilidad para la ciudadan韆 que tendr醤 que incorporar, si no las tienen ya, pautas de conducta conservacionista a sus actitudes habituales y, desde luego, mostrarse firmes en la exigencia del respeto a las grandes decisiones adoptadas en ese Acuerdo. Precisamente, esta Ley tiene como sustrato general el ofrecer un conjunto de instrumentos jur韉icos coherentes con los principios estatutarios y su primera concreci髇 realizada por medio del Acuerdo Andaluz por el Agua.

Toda la regulaci髇 contenida en la Ley, desde la normativa propia de la Administraci髇 andaluza del agua, planificaci髇 hidrol骻ica y r間imen de las obras hidr醬licas, a la regulaci髇 del ciclo integral del agua de uso urbano y pol韙icas de abastecimiento y saneamiento, aguas subterr醤eas, comunidades de usuarios, r間imen de prevenci髇 de inundaciones y sequ韆s, r間imen econ髆ico financiero del agua y r間imen de infracciones, se orienta en esa misma direcci髇. Se trata de construir, a partir del actual ordenamiento estatal, un r間imen jur韉ico del agua adecuado a las concretas necesidades de Andaluc韆.

Debe significarse espec韋icamente que la presente Ley se elabora y aprueba cuando todav韆 es muy reciente la asunci髇 por parte de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 de la gesti髇 de la parte andaluza de la cuenca del Guadalquivir en ejecuci髇 de lo previsto por el Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆. Con esa asunci髇, se han ampliado las competencias exclusivas de la Administraci髇 Auton髆ica a una gran parte del territorio andaluz, lo que tiene su reflejo en el 醡bito de aplicaci髇 de la Ley y en la divisi髇 en demarcaciones hidrogr醘icas que aparece en la misma. En relaci髇 con la cuenca del r韔 Guadalquivir, y de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 51 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, ello se entiende sin perjuicio de las competencias del Estado sobre la planificaci髇 general del ciclo hidrol骻ico, las normas b醩icas sobre protecci髇 del medio ambiente, las obras p鷅licas hidr醬licas de inter閟 general y de lo previsto en el art韈ulo 149.1.22.� de la Constituci髇.

En cualquier caso, esta Ley es respetuosa con lo dispuesto en la legislaci髇 b醩ica y las competencias que tiene reservadas la Administraci髇 del Estado en dicha normativa b醩ica.

II

La presente Ley establece unos principios y unos objetivos medioambientales con los que intenta apartarse y superar pol韙icas meramente basadas en el tratamiento del agua como recurso exclusivamente econ髆ico que han mostrado, tanto en el 醡bito del agua como en cualquier otro relacionado con la utilizaci髇 de los recursos naturales, sus claras limitaciones y aun sus efectos contrarios a la conservaci髇 ambiental. La primera ense馻nza que se deduce de la lectura del T韙ulo Preliminar de la Ley es, precisamente, que cualquier desarrollo econ髆ico y social no puede basarse en el agotamiento del recurso h韉rico sino que, al contrario, solo la conservaci髇 y mejora del agua y del ecosistema acu醫ico es garant韆 de que, realmente, se podr� cimentar un s髄ido y sostenible desarrollo econ髆ico y social.

Desde ese punto de vista, la Ley conecta perfectamente con los mejores contenidos ambientalistas presentes en la legislaci髇 estatal de aguas y, desde luego, enlaza claramente con los principios sustentadores de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuaci髇 en el 醡bito de la pol韙ica de aguas.

En ese terreno de la conexi髇 con el derecho comunitario, la Ley llega en un momento oportuno, pr醕ticamente cuando los grandes objetivos medioambientales relativos al agua tienen que comenzar a cumplirse. As�, la aprobaci髇 de los planes hidrol骻icos de cuenca con 醡bito de demarcaci髇 que debe realizarse no m醩 tarde del 31 de diciembre de 2009, la pol韙ica de incentivos adecuados para el establecimiento de un efectivo principio de recuperaci髇 de costes que debe ser efectiva no m醩 tarde del 31 de diciembre de 2010, y todo ello y en lontananza, contando con la necesidad de que para 2015, y salvo excepciones, se alcance el buen estado de las aguas tal y como este es definido por la misma Directiva Marco de Aguas.

Por otra parte, no podemos olvidar que el agua como factor productivo ha desempe馻do y debe seguir desempe馻ndo un papel fundamental en la articulaci髇 territorial y en el desarrollo econ髆ico y social de Andaluc韆. La agricultura de regad韔, al igual que el turismo, la industria o el sector energ閠ico, entre otros, generan empleo, riqueza y equilibrio territorial, y demandan servicios de agua con garant韆 de suministro y calidad suficiente para desarrollar su actividad. Por ello, los recursos disponibles, una vez garantizados los usos b醩icos para la poblaci髇 y los caudales ecol骻icos, deben ser gestionados de forma que permitan la mayor creaci髇 de riqueza para Andaluc韆, con especial atenci髇 a la generaci髇 de empleo.

La Ley contiene, en consonancia con lo indicado, una regulaci髇 de la planificaci髇 hidrol骻ica para la que, en el 醡bito estrictamente andaluz, se fijan una serie de objetivos relativos a las finalidades generales antes expresadas, entre los que destaca alcanzar los caudales ecol骻icos y el orden de prioridad de uso para las actividades econ髆icas en el que se tendr� en cuenta la sostenibilidad y el mayor valor a馻dido en t閞minos de creaci髇 de empleo y generaci髇 de riqueza para Andaluc韆. La regulaci髇 presenta la originalidad de prever un plan andaluz de restauraci髇 de r韔s con finalidades eminentemente ambientales y con referencias a inversiones espec韋icas para ello.

Igualmente, la Ley configura el r間imen econ髆ico-financiero destinado a financiar las infraestructuras y los servicios en la gesti髇 del agua. En tal sentido, llega a la normativa auton髆ica a trav閟 de esta Ley una figura tributaria con tradici髇 en el mundo de la financiaci髇 de inversiones locales, como es el canon de mejora que ahora se generaliza tambi閚 para la financiaci髇 de las inversiones de competencia auton髆ica en el ciclo integral del agua de uso urbano. De la misma forma, se crea un canon de servicios generales, modificando en parte el tradicional canon de regulaci髇 y la tarifa de utilizaci髇 del agua, y buscando una ampliaci髇 equitativa de sujetos pasivos en l韓ea con lo que realmente sucede en la pr醕tica administrativa de tutela del agua. En general, se busca la aplicaci髇 del principio del derecho comunitario de recuperaci髇 de los costes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva Marco de Aguas en relaci髇 con las excepciones a la recuperaci髇 韓tegra de tales costes.

III

La Ley dedica un t韙ulo a la Administraci髇 del Agua en Andaluc韆. El mismo comienza exponiendo las competencias de la Comunidad Aut髇oma y de los entes locales y en relaci髇 a las primeras, dividiendo las principales funciones entre el Gobierno y la persona titular de la Consejer韆 competente en materia de agua. La Ley define el r間imen jur韉ico de la Agencia Andaluza del Agua, que ser� el establecido para las agencias administrativas en la Ley de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆. Una vez establecido esto, la Ley incorpora una serie de principios relativos al r間imen jur韉ico de la administraci髇 andaluza del agua, siguiendo la pauta de lo ya regulado con anterioridad en Andaluc韆. En particular, la norma incorpora la necesidad de que los estatutos de la Agencia Andaluza del Agua regulen 髍ganos en los que el principio de participaci髇 est� asegurado, con lo que se conecta claramente con lo establecido en la Directiva Marco de Aguas, la mejor tradici髇 del derecho espa駉l de aguas y, por supuesto, con las distintas menciones a ese principio de participaci髇 que est� presente en el Acuerdo Andaluz por el Agua.

Particular trascendencia en lo relativo a los principios de consulta y participaci髇 tiene la regulaci髇 del Consejo Andaluz del Agua, con la ampliaci髇 de sus funciones.

La Administraci髇 del Agua en Andaluc韆 tiene el compromiso de dar cumplimiento al Acuerdo Andaluz por el Agua, respetando en su funcionamiento los distintos puntos del mismo. As�, la nueva Administraci髇 del Agua deber� apostar por la innovaci髇, la plena incorporaci髇 de las nuevas tecnolog韆s de la informaci髇, la normalizaci髇 de procedimientos y criterios t閏nicos, la simplificaci髇 de tr醡ites, la reducci髇 de plazos y la transparencia informativa, en el marco del programa de modernizaci髇 de la Administraci髇 andaluza.

La gesti髇 participativa del agua exige la existencia de suficientes elementos de informaci髇 debidamente detallados. La pol韙ica de la nueva administraci髇 del agua dar� cumplimiento a esta exigencia contemplada en el Acuerdo Andaluz por el Agua proporcionando los medios necesarios a los usuarios del agua, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal.

IV

La Ley contiene una serie de prescripciones relativas a la gesti髇 del dominio p鷅lico hidr醬lico que responden directamente a las necesidades que en este 醡bito de actuaci髇 presenta Andaluc韆. En este sentido se ha identificado la necesidad de flexibilizar el r間imen concesional, y de reforzar las potestades de las Administraciones P鷅licas para dirigir el uso de los recursos h韉ricos hacia donde exista una mayor necesidad del mismo. As�, se faculta a la Administraci髇 para modificar y revisar las concesiones con el fin de garantizar la mejor utilizaci髇 racional del recurso y un consumo racional y eficiente. La caracter韘tica de bien de dominio p鷅lico del recurso debe impregnar todas las manifestaciones de gesti髇 del mismo sin perjuicio de que cuando, efectivamente, se cause un da駉 a la persona titular de la concesi髇 deba reconocerse la correspondiente indemnizaci髇. En todo caso, la Ley contiene la directriz de no afectaci髇 a los usos concedidos o autorizados, por principio, ordenando la revisi髇 de los nuevos usos si le afectan.

Adem醩 se regulan los Bancos P鷅licos del Agua, en donde se introducen novedades sobre la normativa de los centros de intercambio de derechos de uso de agua para posibilitar la disponibilidad de agua con fines de inter閟 p鷅lico.

Igualmente se regulan posibilidades de sustituci髇 del origen de los caudales concesionales, lo que puede tener singulares efectos en el 醡bito de las concesiones para usos agrarios, previ閚dose la sustituci髇 por caudales procedentes de la reutilizaci髇 de aguas residuales regeneradas que tengan las caracter韘ticas adecuadas a la finalidad de la concesi髇. De la misma forma, y en relaci髇 a los usos agrarios, la Ley conecta la necesaria modernizaci髇 de regad韔s con el r間imen concesional, regulando, entre otras cuestiones, la modificaci髇 de concesiones tras dicha modernizaci髇.

En otro orden de cosas se establecen determinadas normas relativas al uso de las aguas subterr醤eas para evitar determinadas pr醕ticas que han conducido o aumentado la tendencia a la sobreexplotaci髇 de ciertos acu韋eros. Se incrementan, en ese 醡bito, las posibilidades de actuaci髇 administrativa y se construye un r間imen jur韉ico propio para las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterr醤eas, en cuanto que la gesti髇 colectiva del agua es imprescindible para fomentar la disciplina social en su uso y, con ello, propiciar el objetivo a alcanzar de la utilizaci髇 racional de las aguas. A esos efectos, de manera complementaria a cuanto se dispone en la legislaci髇 b醩ica sobre comunidades de usuarios, se regulan importantes funciones para estas Comunidades de Usuarios de Aguas Subterr醤eas, previ閚dose un sistema de convenios con la Administraci髇 del Agua, a semejanza de los existentes para las comunidades de usuarios de aguas superficiales, para colaborar en todo aquello que afecta a los intereses generales.

V

Particular inter閟 pone la Ley en la regulaci髇 del ciclo integral del agua de uso urbano. La distribuci髇 que da una posici髇 preeminente a las entidades locales se mantiene en todo caso, pero la Ley contiene determinadas directrices para que sean formas asociativas de municipios, entidades supramunicipales, en las que puede participar la Agencia Andaluza del Agua y las Diputaciones Provinciales, quienes ejerzan importantes competencias en el 醡bito de la aducci髇 y de la depuraci髇, siempre teniendo en cuenta las competencias de las Diputaciones Provinciales para poder ejercer en dicho 醡bito supramunicipal las funciones que legalmente tienen atribuidas. Sin perjuicio de todo ello, la Ley contiene mecanismos para que sea la Agencia Andaluza del Agua quien asuma las responsabilidades de gesti髇 de los servicios en casos de deficiente funcionamiento de los servicios municipales que puedan provocar graves riesgos para la salud de las personas, da駉s al medio ambiente o graves perjuicios econ髆icos para la ciudadan韆, porque el objetivo 鷏timo, coincidente con los grandes principios en que se fundamenta la Ley, es garantizar a la poblaci髇 un suministro adecuado de agua en condiciones, adem醩, de calidad.

VI

Debe mencionarse tambi閚 la regulaci髇 por esta Ley de fen髆enos extremos, como las inundaciones y las sequ韆s. En el primer caso, la norma se mueve en la senda de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluaci髇 y gesti髇 de los riesgos de inundaci髇, incorporando al ordenamiento jur韉ico andaluz y con la terminolog韆 adecuada las principales decisiones de dicha Directiva en materia de prevenci髇. En el 醡bito de los planes de sequ韆 se produce una conexi髇 clara con la normativa estatal poni閚dose el acento en el mantenimiento, en todo caso, de los abastecimientos urbanos y de los servicios de inter閟 general como decisi髇 fundamental para el contenido de dichos planes.

VII

El r間imen econ髆ico-financiero que se establece en el T韙ulo VIII de la Ley tiene como finalidad esencial dar respuesta al principio de recuperaci髇 de costes, establecido por la Directiva Marco de Aguas y por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, teniendo en cuenta los efectos sociales, medioambientales y econ髆icos de la recuperaci髇 y las condiciones geogr醘icas y clim醫icas propias de Andaluc韆. Para la recuperaci髇 de los costes derivados de las instalaciones de depuraci髇, se crea como ingreso propio de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 un canon de mejora que grava la utilizaci髇 del agua de uso urbano. En este canon se declaran exentos los usos urbanos cuyos vertidos se realicen al dominio p鷅lico hidr醬lico, pues dichos vertidos cuentan con sus propias instalaciones de depuraci髇 y ya est醤 gravados de manera espec韋ica.

El canon de mejora tiene car醕ter progresivo en los usos dom閟ticos, partiendo de un m韓imo exento por vivienda para no gravar las necesidades m醩 b醩icas. Con ello se pretende desincentivar y penalizar los usos que no responden al principio de utilizaci髇 racional y solidaria, foment醤dose as� el ahorro del agua. Para la aplicaci髇 del canon esta Ley tiene en cuenta el n鷐ero de personas por vivienda, introduciendo incrementos en los tramos de consumo que garantizan la equidad en el gravamen.

Con la misma finalidad de uso racional y sostenible, el canon de mejora sujeta a gravamen las p閞didas de agua que signifiquen un uso ineficiente por las entidades suministradoras de agua de uso urbano.

Se prev� una aplicaci髇 progresiva del canon que va desde el 30%, el primer a駉, hasta el 100% en el quinto a駉 de su vigencia. De esta manera se aten鷄 temporalmente el efecto de la entrada en vigor del gravamen que deben soportar los usuarios, como consecuencia de la aplicaci髇 obligatoria del principio de recuperaci髇 de costes.

Por otra parte, la Ley recoge en su articulado los c醤ones de mejora de infraestructuras hidr醬licas de competencia de las Entidades Locales, que ya estaban regulados por la disposici髇 adicional decimos閜tima de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 para 1996. Con esta regulaci髇 legal se evita cualquier duplicidad en los grav醡enes que los usuarios soportan como consecuencia de la ejecuci髇 y explotaci髇 de las instalaciones de depuraci髇.

Por 鷏timo, tambi閚 se consideran en el T韙ulo VIII, como ingresos propios de la Comunidad Aut髇oma, los c醤ones de regulaci髇 y las tarifas de utilizaci髇 del agua, regulados por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, en cuanto sean exigibles en el 醡bito territorial de Andaluc韆, en funci髇 de las competencias de la Comunidad Aut髇oma. Y se crea, tambi閚 como ingreso propio, un canon de servicios generales para cubrir los gastos de administraci髇 general destinados a garantizar el buen uso y la conservaci髇 del agua. Este gravamen sobre los usuarios titulares de derechos y autorizaciones sobre el dominio p鷅lico hidr醬lico tiene como circunstancia m醩 destacable que se aplica tanto a los usuarios de aguas superficiales como de aguas subterr醤eas. De esta forma la aplicaci髇 del gravamen es equitativa, siendo un objetivo irrenunciable de la Administraci髇 del Agua el funcionamiento eficiente que evite el incremento de los costes que deban ser repercutidos a los usuarios como consecuencia de los servicios que presta.

Con objeto de evitar la duplicidad, la Ley suprime del importe del canon de regulaci髇 y de la tarifa de utilizaci髇 los conceptos de gastos de administraci髇 del organismo gestor que el Texto Refundido de la Ley de Aguas incluye para la determinaci髇 de su cuant韆.

VIII

Finalmente, la Ley establece el r間imen de disciplina en materia de agua, desarrollando y complementando el r間imen sancionador establecido en el T韙ulo VII del Texto Refundido de la Ley de Aguas.