Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores

Artículo 50 Definición y clasificación

1. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente Ley, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que puedan exigirse.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 51 Infracciones leves

1. Constituyen infracciones leves las conductas tipificadas como infracciones graves en el artículo siguiente, cuando sean de escasa relevancia social se cometan por simple negligencia o impliquen meros incumplimientos formales que no causen grave quebranto ni indefensión a los usuarios.

2. La inobservancia, por parte de los usuarios de los centros o servicios, de las normas señaladas en el correspondiente reglamento interno, que generen una alteración o distorsión de escasa entidad en las normas de convivencia, respeto mutuo, solidaridad del colectivo y participación.

Artículo 52 Infracciones graves

Constituyen infracciones graves las conductas que en relación con las personas mayores se encuentran tipificadas en los párrafos siguientes:

• a) La vulneración del derecho a la intimidad y a la no divulgación de los datos personales que figuren en los expedientes e historiales.
• b) La vulneración del derecho a un trato digno.
• c) Las actuaciones que supongan discriminación por razón de edad, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
• d) La realización de actos encaminados a coartar el derecho a la información y a la participación en los servicios y centros de servicios sociales.
• e) Los actos limitativos del derecho a mantener relaciones interpersonales o que obstaculicen el derecho a recibir visitas.
• f) Las actuaciones que impidan o limiten el derecho a cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el centro por voluntad propia.
• g) La imposición de los usuarios de cualquier forma de renuncia o limitación al ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico o por los reglamentos de régimen interior de los servicios y centros.
• h) El incumplimiento de las condiciones mínimas materiales y funcionales de los servicios y centros.
• i) La vulneración del derecho ala integridad física y moral, siempre que no constituya infracción penal.
• j) La omisión o inadecuada prestación de la asistencia sanitaria y farmacéutica.
• k) La omisión o inadecuada prestación del tratamiento técnico-científico y asistencial que, conforme a la finalidad del centro o servicio, corresponda a las necesidades de los usuarios.
• l) La prestación de servicios en condiciones higiénicas deficientes.
• m) El falseamiento de los datos en la documentación exigible para la autorización registro, acreditación e inspección de los servicios y centros de servicios sociales para personas mayores.
• n) La omisión del deber de comunicar al órgano competente las variaciones producidas en la documentación inicialmente aportada de los servicios y centros.
• ñ) La utilización de la condición de entidad, centro o servicios registrados o acreditados sin estarlo.
• o) La variación del régimen de tarifas previamente notificadas al órgano administrativo competente.
• p) La transgresión de la normativa contable, específica de las entidades, centros y establecimientos de servicios sociales.
• q) La obstrucción a la acción de los servicios de inspección pública.
• r) La comisión de tres infracciones leves en el término de un año.

Artículo 53 Infracciones muy graves

Constituyen infracciones muy graves:

• a) Las de los apartados a), b), c), d), e), f), g) y h) del artículo anterior cuando resulten especialmente dañosas para alguno de los derechos fundamentales de los usuarios.
• b) Las de los apartados i), j), k) y 1) del artículo anterior cuando produzcan un perjuicio efectivo o un peligro cierto que afecte gravemente a la integridad física o moral del usuario.
• c) El ejercicio de actividades propias de los servicios y centros de servicios sociales sin contar con autorización administrativa.
• d) El ejercicio de actividades distintas de aquéllas para las que se concedió la autorización.
• e) La comisión de tres infracciones graves en el término de un año.

Artículo 54 Responsabilidad

1. En general, serán responsables las personas a las que en cada caso se impongan las obligaciones o prescripciones cuyo incumplimiento se tipifica como infracción o sobre las que recaiga la obligación de cumplimiento de lo previsto normativamente.

2. La responsabilidad por las infracciones administrativas cometidas podrá corresponder, en cada caso, a:

• a) Las personas físicas y jurídicas titulares de los servicios o centros de atención al colectivo de personas mayores.
• b) El representante legal de la entidad titular.
• c) El personal que preste sus servicios en los centros.

3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley afecte conjuntamente a varias personas, éstas responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.

Artículo 55 Prescripción de las infracciones

1. Las infracciones reguladas en la presente Ley prescribirán:

• a) A los seis meses, las infracciones leves.
• b) A los dos años, las infracciones graves.
• c) A los tres años, las infracciones muy graves.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que aquéllas se hubieran cometido.

Artículo 56 Medidas cautelares

1. El órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales.

2. En el supuesto de infracciones muy graves que supongan un grave riesgo para la salud física o mental de las personas mayores, el Consejero que tenga atribuida la competencia en la materia de Asuntos Sociales podrá acordar como medida cautelar el cierre temporal del centro hasta tanto se subsanen por su titular las deficiencias detectadas en el mismo; garantizándose que las personas afectadas tendrán las alternativas adecuadas para ser atendidas correctamente, conforme a sus necesidades.

3. Las medidas cautelares deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretenda garantizar en cada supuesto concreto.

4. En caso de cierre cautelar, se garantizará a los usuarios la atención en otras Instituciones o por sus familiares, cuando eso sea posible.

Artículo 57 Sanciones

1. Las infracciones previstas en la presente Ley serán objeto de las siguientes sanciones:

• a) Las infracciones leves se sancionarán con multa de 25.000 hasta 1.000.000 de pesetas.
• b) Las infracciones graves se sancionarán con multa desde 1.000.001 hasta 10.000.000 de pesetas.
• c) Las infracciones muy graves se sancionarán con multa desde 10.000.001 hasta 50.000.000 de pesetas, y en su caso con el cierre temporal, total o parcial del centro o servicio.

2. Las cuantías señaladas en este artículo podrán ser actualizadas por Decreto del Consejo de Gobierno en función de las variaciones del índice de precios al consumo.

Artículo 58 Publicación de las sanciones

Con carácter accesorio, el órgano competente podrá acordar para los casos de infracciones muy graves, en la resolución del procedimiento sancionador, la publicación de las sanciones impuestas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en el de la correspondiente provincia, una vez hayan adquirido firmeza, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de los sujetos responsables y la naturaleza y características de las infracciones. Asimismo, podrá acordar su difusión a través de los medios de comunicación social. El coste de la publicación correrá a cargo del sancionado.

Artículo 59 Graduación de sanciones

En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:

• a) La trascendencia social de la infracción en conexión con la naturaleza de los perjuicios causados.
• b) Existencia de intencionalidad del infractor.
• c) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme, y siempre que la misma no haya constituido una infracción autónoma.

Artículo 60 Organos competentes

Los órganos competentes para resolver el procedimiento sancionador e imponer las sanciones son:

• a) El Delegado Provincial de la Consejería que tenga atribuida la competencia en materia de Asuntos Sociales, en infracciones leves.
• b) El Director General correspondiente de la Consejería que tenga atribuida la competencia en materia de Asuntos Sociales, en infracciones graves.
• c) El titular de la Consejería competente en materia de Asuntos Sociales, en infracciones muy graves.

Artículo 61 Prescripción de las sanciones

1. Las sanciones reguladas en la presente Ley prescribirán:

• a) A los tres años, las impuestas por infracciones muy graves.
• b) A los dos años, las impuestas por infracciones graves
• c) A los seis meses, las impuestas por infracciones leves.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Primera

1. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará el Plan de Actuación Integral para las Personas Mayores.

2. El Plan de Actuación Integral para las Personas Mayores recogerá las medidas de ámbito sanitario, de servicios sociales, educativo, cultural, deportivo, de ocio, urbanístico y asociativo a desarrollar por la Junta de Andalucía en su política dirigidas a las personas mayores.

Segunda

Para una mejor defensa de los derechos e intereses de los mayores en Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz podrá delegar y centralizar en uno de sus adjuntos todas las funciones que en esta materia tenga encomendadas.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

A la entrada en vigor de la presente Ley quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o interior rango se opongan a lo dispuesto en la misma.

Primera Desarrollo reglamentario

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Segunda Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».