Sumario

--> Ley [ANDALUCÍA] 7/1986, 6 mayo, derogada por la disposición derogatoria única de la Ley [ANDALUCÍA] 8/2006, 24 octubre, del Estatuto de los Andaluces en el mundo («B.O.J.A.» 7 noviembre), el 8 de noviembre de 2006.

La Comunidad Autónoma de Andalucía reafirma su objetivo básico e irrenunciable de crear las condiciones indispensables para hacer posible el retorno de los emigrantes, en consonancia con lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Española y en el artículo 12.3.4.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía. No obstante, mientras subsistan las condiciones que determinan la emigración y, por lo tanto, ésta siga existiendo, la Comunidad Autónoma, en ejecución del mandato estatutario contenido en el precepto citado, prestará la asistencia adecuada a los andaluces emigrados para que éstos mantengan su vinculación con Andalucía.

La presente Ley es el instrumento que va a posibilitar la prestación de asistencia a los emigrantes mediante la participación de los mismos en los asuntos públicos como un valor fundamental, desde el convencimiento de la absoluta necesidad de promover y robustecer los movimientos asociativos como ejes esenciales del tejido social que hacen eficaz aquella participación.

En este sentido el artículo 8.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía determinó la posibilidad de que las Comunidades Andaluzas asentadas fuera del territorio de la Comunidad Autónoma pudieran solicitar el reconocimiento de la identidad andaluza, entendida como el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo andaluz, y estableció el mandato al Parlamento Andaluz para que, mediante una Ley, se regulara el alcance y contenido del reconocimiento a dichas Comunidades, con las únicas limitaciones del respeto a las competencias del Estado y la imposibilidad de conceder derechos políticos.

Por su parte, el artículo 12.1 del propio Estatuto de Autonomía insta a la Comunidad Autónoma a la promoción de las condiciones para que la libertad e igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas y a la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facilitando la participación de todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y social.

La ejecución y el desarrollo de lo indicado en el artículo citado anteriormente constituye el objetivo básico de esta Ley, entendiendo que no sólo es el texto de aquel precepto el que ha de inspirar la regulación que ahora se aborda, sino también su puesta en relación con el conjunto de la ordenación estatutaria, concebida como un todo armónico que afecta a todos los andaluces donde quiera que se encuentren.

El principio del reconocimiento a las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía exige, para que puedan hacer efectivo su derecho a compartir la vida social y cultural del pueblo andaluz, no sólo una política que promueva la participación de las mismas sino también una definición previa de los requisitos y trámites procedimentales que han de cumplir dichas comunidades. Todo ello con la finalidad de garantizarles un tratamiento riguroso y formal por parte de la Administración Autonómica.

Los preceptos contenidos en el título primero de esta Ley se orientan a tal fin, con objeto de que los beneficios que se puedan derivar de la presente disposición legal alcancen al mayor número posible de andaluces emigrados.

Asimismo, se crea el Registro de Comunidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía, como instrumento a través del cual la Comunidad Autónoma pueda tener conocimiento del fenómeno migratorio andaluz, reservándose su organización y funcionamiento a un posterior desarrollo reglamentario.

El contenido especifico de los derechos a que da lugar el reconocimiento de las comunidades es objeto del título segundo de la Ley, recogiéndose en el mismo los referidos a los cauces de participación, información, promoción cultural y asistencia social.

La Ley recoge expresamente, en dicho título segundo, la libertad de asociación de las comunidades andaluzas, regulando la creación de federaciones, sus fines y los requisitos para su inscripción en el Registro de Comunidades.

Especial importancia tiene la creación del Consejo de Comunidades Andaluzas, como máximo órgano consultivo, integrado por representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma, de los agentes sociales y del propio mundo de la emigración, y a quien ha de corresponder velar por el cumplimiento de los fines de esta Ley. Su definición y composición quedan establecidos, asimismo, en el citado título segundo.

La tarea asistencial en favor de los emigrantes obliga a que, de conformidad con las previsiones del artículo 72 del Estatuto de Autonomía, se establezcan convenios de cooperación con aquellas otras Comunidades Autónomas donde se asienten mayoritariamente emigrantes andaluces. El contenido de dichos convenios y los mecanismos para lograr su efectividad justifican el capítulo I del título tercero de esta Ley.

Por último, el capítulo II de este último título recoge la necesidad de que desde la Comunidad Autónoma se solicite de los poderes del Estado que ejerzan las competencias que en esta materia les son propias, con los mismos objetivos que persigue la Junta de Andalucía.