Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆

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Sumario

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUC虯 A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andaluc韆 ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constituci髇 y el Estatuto de Autonom韆, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la siguiente

LEY DE LA ADMINISTRACI覰 DE LA JUNTA DE ANDALUC虯

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

La Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, ha constituido desde su aprobaci髇 una de las piezas b醩icas del ordenamiento jur韉ico andaluz, contribuyendo de forma decisiva, desde los or韌enes mismos de la autonom韆, a definir cuesti髇 tan importante como la estructura de su Poder Ejecutivo y algunos aspectos del r間imen jur韉ico de la Administraci髇 andaluza. Pero el tiempo transcurrido ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar la citada Ley, optando en esta ocasi髇 por la regulaci髇 separada del Gobierno y la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆. Aprobada la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, se aborda ahora la adaptaci髇 de la organizaci髇 y r間imen de la Administraci髇 a las exigencias sociales, a fin de procurar un mejor y m醩 cercano servicio a la ciudadan韆. Junto a ello, el desarrollo del sector p鷅lico de la Comunidad Aut髇oma, cuyo r間imen jur韉ico fue abordado inicialmente por la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, tambi閚 precisa de una reconsideraci髇 normativa que adapte el denso entramado de entes instrumentales de la Junta de Andaluc韆 a nuevos par醡etros de eficiencia y racionalidad.

En el decurso de los a駉s transcurridos desde la aprobaci髇 de aquellos primeros pilares normativos han surgido de esta Comunidad Aut髇oma numerosas normas que, en mayor o menor medida, inciden sobre ellos. Por otra parte, el remedio habitualmente utilizado por dichas normas de colmar sus lagunas por remisi髇 a las normas del Estado es a estas alturas inconsecuente con la evoluci髇 del sistema auton髆ico, m醲ime en materia organizativa, donde el reconocimiento de la autonom韆 de las Comunidades Aut髇omas ha alcanzado las cotas superiores. As� lo ha recordado el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones, delimitando el alcance de las bases estatales en relaci髇 con la organizaci髇 administrativa (en los t閞minos que sienta el art韈ulo 149.1.18.� de la Constituci髇) al m韓imo normativo que garantice, en todo caso, un tratamiento com鷑 a la ciudadan韆 frente a las distintas Administraciones P鷅licas, pero dejando un ampl韘imo margen a la iniciativa de las Comunidades Aut髇omas para configurar su propio aparato org醤ico y regular las especialidades del r間imen jur韉ico de su propia Administraci髇, como se deriva, por lo dem醩, de los art韈ulos 46.1.�, 47.1.1.�, 60, 79.3 y 4, y 47.2.1.�, as� como de los art韈ulos 47.5 y 158 en conjunci髇 con el 58.2.1.� y 2.�, y de los art韈ulos 42, 43 y 139, todos ellos del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆.

Debe advertirse, no obstante, que algunas de las cuestiones que podr韆 abordar la Ley de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 pueden incardinarse en aspectos del r間imen jur韉ico que cuenten con un 玹ratamiento com鷑� por parte de la legislaci髇 del Estado (por incidir en la actividad externa de las Administraciones P鷅licas o en la esfera de derechos e intereses de las personas administradas), en cuyo caso el margen normativo auton髆ico es menor. Por otra parte, el t韙ulo competencial que tiene reconocido el Estado para regular el procedimiento administrativo com鷑, expresado en el propio art韈ulo 149.1.18� de la Constituci髇, reviste singular fortaleza, gozando de mayor penetraci髇 y alcance que el t韙ulo estatal sobre las bases del r間imen jur韉ico de las Administraciones P鷅licas. Pese a ello, el Tribunal Constitucional tambi閚 ha declarado que el calificativo 玞om鷑� no agota la materia que abarca el 玴rocedimiento administrativo�, por lo que esta Comunidad Aut髇oma tambi閚 dispone de un margen competencial para legislar al respecto, tal y como se desprende de los art韈ulos 47.1.1.�, 47.2.2.� y 3.�, 47.3 y 4, 112 y 123.2 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆.

II

En este marco constitucional y estatutario, la Junta de Andaluc韆 ha expresado su firme voluntad, como paradigm醫icamente refleja el documento 獳ndaluc韆. Segunda modernizaci髇 �, de apostar por una Administraci髇 m醩 醙il y cercana al ciudadano, configurando un modelo organizativo que conjugue los principios de eficacia, eficiencia, igualdad de trato entre hombres y mujeres y modernizaci髇 del aparato administrativo con la mejora continuada de la calidad de los servicios y la adopci髇 de las nuevas tecnolog韆s en orden a simplificar la gesti髇 administrativa.

A estos objetivos responde el modelo organizativo previsto en esta Ley, en la que se ofrece una regulaci髇 de la llamada 獳dministraci髇 instrumental�, de su diversa tipolog韆 y del r間imen jur韉ico propio de cada una de las entidades que la componen.

Junto a ello, la Ley toma plena conciencia del imparable desarrollo tecnol骻ico, iniciado en las 鷏timas d閏adas, que ha planteado nuevos retos a las Administraciones P鷅licas en su funcionamiento y en el tratamiento de la informaci髇, al tiempo que propicia nuevas formas y v韆s de relaci髇 entre la Administraci髇 y la ciudadan韆. Nuestra Comunidad Aut髇oma ya fue sensible a la necesidad de incorporar las nuevas tecnolog韆s al 醡bito de la Administraci髇 P鷅lica con la aprobaci髇 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la informaci髇 y atenci髇 al ciudadano y la tramitaci髇 de los procedimientos administrativos por medios electr髇icos, que es fruto normativo del Plan Director de Organizaci髇 para la Calidad de los Servicios de la Junta de Andaluc韆 (2002-2005): un proyecto que persegu韆, entre otros objetivos, la aplicaci髇 de las nuevas tecnolog韆s de la informaci髇 en la Administraci髇 andaluza y cuyos resultados han constituido el punto de partida de la Estrategia de Modernizaci髇 de los Servicios P鷅licos de la Junta de Andaluc韆 (2006-2010)

Tras este primer paso, la Ley incorpora ahora los principios que han de regir las relaciones de los 髍ganos de la Junta de Andaluc韆 con la ciudadan韆 y con otras Administraciones a trav閟 de redes abiertas de comunicaci髇 y da cobertura legal a las particulares exigencias jur韉icas que reclama la plena implantaci髇 de la Administraci髇 electr髇ica como v韆 alternativa para canalizar relaciones entre Administraciones y ciudadan韆, sin olvidar que en la regulaci髇 de esta materia se hallan comprometidos importantes derechos fundamentales y que la mayor agilidad y flexibilidad para entablar relaciones jur韉icas que brindan las nuevas tecnolog韆s son valores que han de armonizarse necesariamente con el respeto a las garant韆s propias del procedimiento administrativo, definidas, con el car醕ter de normas comunes del procedimiento, en la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre.

Esta dimensi髇 de modernidad, representada por la Administraci髇 electr髇ica, se complementa con una innovadora apuesta por el establecimiento de un sistema de calidad en la gesti髇 administrativa, sustentado sobre el seguimiento de par醡etros estandarizados, que tiene asimismo reflejo, en el plano organizativo, en la implantaci髇 de instrumentos homologados de calidad en la actividad de los entes instrumentales.

III

La Ley se compone de un T韙ulo Preliminar y cuatro T韙ulos m醩, estructurados en diferentes Cap韙ulos, as� como de seis disposiciones adicionales, una disposici髇 transitoria, una disposici髇 derogatoria y cinco disposiciones finales.

El T韙ulo Preliminar establece el objeto y 醡bito de aplicaci髇 de la Ley y declara la personalidad jur韉ica 鷑ica de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆.

En el T韙ulo I se contienen los principios de la organizaci髇 y actuaci髇 de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, siendo de destacar, entre otros, los de simplificaci髇, racionalizaci髇, eficiencia y programaci髇 de objetivos, adem醩 del conjunto de principios previstos en la Constituci髇 y en el Estatuto de Autonom韆. Asimismo, destacan, en sinton韆 con los objetivos de modernizaci髇 administrativa antes expresados, las normas relativas a la mejora de la calidad de los servicios y el empleo de nuevas tecnolog韆s en la gesti髇 administrativa. Tambi閚 se regulan en este T韙ulo las relaciones interadministrativas, asentadas en los principios de colaboraci髇 y lealtad institucional.

El T韙ulo II versa sobre la organizaci髇 de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆. En 閘 se regula el r間imen general de los 髍ganos y unidades administrativas y se define su estructura central y territorial, cuya regulaci髇 adquiere rango legal. La Ley, en consonancia con el principio de participaci髇 social en la organizaci髇 y gesti髇 administrativas, que constituye uno de sus objetivos fundamentales, prev� igualmente que puedan crearse 髍ganos con este espec韋ico fin.

Se opta por mantener el r間imen departamental ya consolidado, mantenimiento que resulta plenamente compatible con la previsi髇 de nuevas formas de gesti髇 al servicio de una mayor proximidad al ciudadano y la mejor gesti髇 de los servicios. Igualmente, destaca la inclusi髇 de la distinci髇 entre 髍ganos superiores y directivos en la organizaci髇 de los departamentos, fijando sus respectivas 醨eas institucionales y funcionales. Asimismo, se pone especial 閚fasis en la racionalizaci髇 y econom韆 en la creaci髇 de 髍ganos, evitando su duplicidad; principio que igualmente preside la creaci髇 de entidades instrumentales de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆.

Las 獷ntidades instrumentales de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆� se regulan en el T韙ulo III, que constituye una de las novedades m醩 destacadas de la Ley. La norma define, en aras de una adecuada racionalizaci髇 del sector p鷅lico, las distintas entidades vinculadas o dependientes de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆. Ha de notarse, en este sentido, que la terminolog韆 empleada por la Ley es del todo novedosa, reservando la categor韆 de 玜gencias administrativas � para los organismos aut髇omos a los que se refer韆 el art韈ulo 4 de la Ley General de la Hacienda P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, y la de 玜gencias p鷅licas empresariales� para las entidades de Derecho P鷅lico del art韈ulo 6.1.b) de la citada Ley, y adem醩 se introduce una nueva categor韆, denominada 玜gencia de r間imen especial�, con ciertas peculiaridades en su r間imen de personal, presupuestario y de gesti髇 de su actividad, atendiendo a la naturaleza de las funciones asignadas que implican ejercicio de autoridad. Pero este cambio terminol骻ico no es un mero prurito formal, sino que refleja adecuadamente la naturaleza jur韉ica y el subsiguiente r間imen que corresponden a las distintas personificaciones que nuestro Derecho conoce. En esta l韓ea, la Ley realiza un considerable esfuerzo por definir y sujetar a cada una de estas entidades al 醡bito de actuaci髇 material que le es propio en consonancia con las exigencias inherentes a su respectiva naturaleza jur韉ica.

Finalmente, la Ley avanza en la regulaci髇 del r間imen jur韉ico de las sociedades mercantiles y fundaciones del sector p鷅lico andaluz.

El T韙ulo IV, por 鷏timo, se refiere al 玆間imen jur韉ico de los 髍ganos y de la actuaci髇 administrativa�. Su Cap韙ulo I consagra los 獶erechos de la ciudadan韆 ante la actuaci髇 administrativa �, entre los que figuran el derecho a la informaci髇, que se conecta con los principios de publicidad y transparencia que han de presidir la actuaci髇 de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma, y el de petici髇 y el de acceso a los archivos y registros, que se regulan en desarrollo de las previsiones establecidas en la normativa b醩ica vigente. En este Cap韙ulo tambi閚 se contiene la regulaci髇 de los registros de la Comunidad Aut髇oma, que incluye la previsi髇 de los registros telem醫icos, con los que la Ley responde a su prop髎ito de hacer m醩 醙il y fluida la relaci髇 entre la Administraci髇 y la ciudadan韆. El Cap韙ulo II establece el 玆間imen jur韉ico de los 髍ganos administrativos �, y el Cap韙ulo III el 玆間imen jur韉ico de los actos y del procedimiento administrativo�, donde se avanza en aquellos aspectos propios de la organizaci髇 de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, de conformidad, de nuevo, con lo establecido en la Ley de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

De las disposiciones de la parte final merece destacarse la disposici髇 adicional cuarta, donde se indican las normas estatales que se ha considerado necesario incorporar a esta Ley para dotarla de mayor claridad y coherencia, as� como los preceptos que las reproducen.