Artículo 7

1. La Comunidad Autónoma de Aragón asume, por ministerio de la ley, la tutela de los menores en situación de desamparo.

2. Reglamentariamente se regulará el procedimiento para declarar la existencia de una situación de desamparo.

3. Toda persona que tenga conocimiento de una situación de desamparo deberá notificarlo a la Administración de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las comunicaciones procedentes a la autoridad judicial competente o al ministerio fiscal.

Artículo 8

La Administración de la Comunidad Autónoma formará inventario de los bienes y derechos de los menores sujetos su tutela y administrará su patrimonio hasta la finalización de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en la vigente Compilación de Derecho Civil de Aragon.

Artículo 9

Son instrumentos de la protección de menores:

a) Los recursos preventivos y de apoyo a la familia o a las personas bajo cuya responsabilidad se encuentre el menor.

b) La guarda y el acogimiento.

c) La promoción del nombramiento de tutor.

d) La propuesta de adopción.

e) El internamiento.

2. Tendrán también la consideración de protección de menores aquellas acciones que, una vez cesada la situación de desamparo, procuren la integración social del menor, así como las necesarias para la reinserción de aquellos menores que hubieran sido objeto de medidas judiciales de reforma.

Artículo 10

La Diputación General, en el marco de la Ley de ordenación de la Acción Social, podrá eleborar programas de prevención tendentes a evitar el deterioro del entorno familiar, garantizar los derechos del menor y disminuir los factores de riesgo de marginación, drogadicción o cualesquiera otros, con la colaboración de los ayuntamientos en la ejecución y evaluación de aquéllos.

Artículo 11

1. Son medidas de apoyo a la familia o a las personas bajo cuya responsabilidad se encuentre el menor:

• a) Las prestaciones económicas, con independencia de quién sea el preceptor.
• b) La ayuda a domicilio.

2. Las prestaciones económicas se concederán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de ordenación de la Acción Social y la normativa que la desarrolla.

3. Constituyen ayuda a domicilio los servicios de orden material, formativo o psicosocial prestados preferentemente en el lugar de residencia del beneficiario y con la finalidad de facilitar su normal desenvolvimiento en la sociedad.

Artículo 12

1. La guarda y el acogimiento se regularán de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil.

2. Con carácter previo a la formalización del acogimiento se realizará por los equipos profesionales de la Administración autonómica un estudio acerca de su viabilidad.

Artículo 13

1. La Administración de la Comunidad Autónoma promoverá el nombramiento de tutor, conforme a la Compilación del Derecho Civil de Aragón, cuando existan personas que puedan asumir la tutela con beneficio para el menor en situación legal de desamparo.

2. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se oirá a la Junta de Parientes, cuya constitución se instará siempre que sea posible.

3. Las actuaciones que se lleven a cabo al amparo de las previsiones contenidas en el presente Capítulo se entenderán a salvo de lo que decida la autoridad judicial en el ejercicio de sus competencias.

Artículo 14

1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma la gestión del procedimiento previo a la adopción.

2. Las instituciones colaboradoras de integración familiar cooperarán en ese procedimiento en los términos establecidos en esta Ley y de acuerdo con el contenido de su habilitación específica.

Artículo 15

La guarda en los centros que desempeñen la función de acogida provisional deberá tener la menor duración posible, estando obligada la Administración a la aplicación inmediata de los demás instrumentos de protección regulados en esta Ley.

Artículo 16

1. Se crea el Consejo Aragonés de la Adopción.

2. El Consejo Aragonés de la Adopción estará compuesto por:

• a) El Consejero del Departamento con competencias en la materia o persona en quien delegue, que lo presidirá.
• b) Un representante de los equipos profesionales de la Administración autonómica.
• c) Un representante de las instituciones colaboradoras de integración familiar de titularidad privada, designado por ellas mismas.
• d) Un representante de las instituciones colaboradoras de integración familiar de titularidad pública, designado por ellas mismas.
• e) Un jefe de servicio o de la división provisional correspondiente de la Administración autonómica.

3. El Consejo tendrá competencia para formular propuestas en el procedimiento previo a la adopción y para acordar la formalización de los acogimientos.

Artículo 17

El Consejo podrá elaborar recomendaciones dirigidas a mejorar la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma en las diferentes áreas que afecten a la problemática del menor.

Artículo 18

1. Las solicitudes de adopción serán estudiadas por los equipos profesionales correspondientes, que valorarán la concurrencia en los solicitantes de los requisitos necesarios para su viabilidad, asegurándose del consentimiento de quienes lo tengan que prestar de conformidad con el Código Civil, debiendo constar en todo caso el del menor que tuviera más de doce años.

2. Una vez concluido el examen, los equipos profesionales emitirán los correspondientes informes, que serán remitidos al Consejo Aragonés de la Adopción.

3. El Consejo Aragonés de la Adopción formulará la propuesta previa de adopción atendiendo, primordialmente, al contertido de los informes. Deberá respetarse, en igualdad de condiciones de idoneidad, el orden cronológico de solicitudes.

4. Las actuaciones relativas a los procedimientos de acogimiento y adopción serán secretas.

5. Los equipos profesionales y el Consejo Aragonés de la Adopción actuarán con la máxima agilidad, evitando demoras que vayan en perjuicio de los intereses del menor.

Artículo 19

1. La Administración de la Comunidad Autónoma dispondrá el internamiento del menor cuando el resto de los instrumentos de protección resulten imposibles, inadecuados o insuficientes.

2. En los centros destinados a este fin se garantizará al menor el completo desarrollo de la personalidad. Para ello se evitará su masificación, fijándose por la Diputación General el número máximo de internos en cada centro.

3. Dichos centros se relacionarán con su entorno, procurando la utilización por los menores de los bienes y servicios públicos.

4. El ingreso de un menor en un centro propio o colaborador se comunicará inmediatamente, con expresión de las circunstancias que lo motiven, a los titulares de la patria potestad, tutela o guarda de hecho y al ministerio fiscal.

Artículo 20

No tendrá la consideración de internamiento el ingreso de un menor en un centro por un período de tiempo no superior a dos meses cuando tenga por objeto el estudio de las medidas de protección más adecuadas a su situación. En ningún caso podrán ser ingresados en los centros de las instituciones colaboradoras de integración familiar los menores a los que se refiere este artículo.

Artículo 21

El internamiento de los menores sometidos a protección con graves deficiencias físicas o psíquicas tendrá lugar en centros específicos de la Comunidad Autónoma o concertados con ésta. La Administración de la Comunidad Autónoma cuidará del respeto a Ios derechos de los menores en dichos centros y del adecuado nivel de sus prestaciones asistenciales.

Artículo 22

La Diputación General promoverá mediante conciertos, subvenciones u otras medidas de fomento las iniciativas dirigidas a la creación de centros educativos, formativos, ocupacionales o similares que faciliten la reinserción sociolaboral de los menores, ya se encuentren internados o en medio ambiente.

Artículo 23

1. Al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo anterior, la Diputación General podrá concertar y subvencionar programas de actuación de dichos centros. Para ello será necesario:

• a) Presentar un proyecto en el que se recoja la modalidad de centro, población a la que va dirigido, objetivos, metodología y sistema de evaluación.
• b) Reservar un número determinado de plazas para los menores sujetos a la tutela contemplada en la presente Ley, que se asignarán a través de comisiones paritarias de selección.

En todo caso la Administración de la Comunidad Autónoma intervendrá en la coordinación, seguimiento y evaluación de dichos programas.

2. Estos centros cuando sean gestionados por la Diputación General se regirán por las normas de funcionamiento de sus centros propios, requiriéndose una actuación coordinada con el resto de los recursos sociales.