Sumario

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Arag髇, y ordeno se publique en el 獴olet韓 Oficial de Arag髇� y en el 獴olet韓 Oficial del Estado�, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 20.1 del Estatuto de Autonom韆.

LEY DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN ARAG覰

PRE罬BULO

I

La presente Ley pretende establecer un marco normativo general que garantice a los ni駉s y adolescentes de la Comunidad de Arag髇 el ejercicio y desarrollo de los derechos que legalmente les corresponden.

La Constituci髇 Espa駉la de 1978, al enumerar, en el cap韙ulo III del T韙ulo I, los principios rectores de la pol韙ica social y econ髆ica, hace menci髇 en el art韈ulo 39 a la obligaci髇 de los poderes p鷅licos de asegurar la protecci髇 integral de la familia y de los hijos, estableciendo, asimismo, que los ni駉s gozar醤 de la protecci髇 prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Las Comunidades Aut髇omas asumieron las competencias en la protecci髇 y defensa de los intereses de los menores. As�, el Estatuto de Autonom韆 de Arag髇, aprobado por Ley Org醤ica 8/1982, de 10 de agosto, en su texto reformado por Ley Org醤ica 5/1996, de 30 de diciembre, establece en su art韈ulo 35.1.26., 27 y 28 la competencia exclusiva de la Comunidad Aut髇oma en materia de asistencia, bienestar social, fundaciones de car醕ter ben閒ico, asistencial y similares que desarrollen principalmente sus funciones en Arag髇, as� como en la protecci髇 y tutela de menores.

En los a駉s siguientes a la aprobaci髇 del Estatuto de Autonom韆 se desarrollaron normas legales de distinto rango, tanto en el nivel estatal como en el auton髆ico, normas que tuvieron como denominador com鷑 la prevalencia del inter閟 del menor y el principio de integraci髇 familiar. La Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados art韈ulos del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopci髇, modific� la adopci髇 e incorpor� al C骴igo Civil la figura del acogimiento, introduciendo la tutela de la entidad p鷅lica competente, una en cada territorio, sobre los menores en situaci髇 de desamparo.

Los art韈ulos 13 y 14 de la Ley aragonesa 4/1987, de 25 de marzo, de Ordenaci髇 de la Acci髇 Social, atribuyeron a la Diputaci髇 General diversas competencias en materia de menores. La Ley 10/1989, de 14 de diciembre, de Protecci髇 de Menores, estableci� el marco jur韉ico para la protecci髇 de los menores en Arag髇 y para hacer posible la aplicaci髇 de los preceptos de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, de modificaci髇 del C骴igo Civil en materia de adopci髇.

Esta preocupaci髇 por dotar al menor de un adecuado marco jur韉ico de protecci髇 proviene tambi閚 de diversos tratados internacionales ratificados en los 鷏timos a駉s por Espa馻 y, muy especialmente, de la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉, de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por Espa馻 el 30 de noviembre de 1990, que marca el inicio de una nueva filosof韆 en relaci髇 con el menor, basada en un mayor reconocimiento del papel que 閟te desempe馻 en la sociedad y en la exigencia de un mayor protagonismo para el mismo.

La Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, trata de dar respuesta a las lagunas que se detectaron en la aplicaci髇 de la Ley 21/1987, a las nuevas necesidades surgidas y demandadas por la sociedad y a la nueva filosof韆 y concepci髇 que la misma tiene sobre los ni駉s y adolescentes.

La Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ha constituido una necesaria reforma legislativa en esta materia recogiendo las garant韆s de nuestro ordenamiento constitucional y de las normas de Derecho internacional. Pretende contemplar la exigencia de responsabilidad para los j髒enes infractores que no hayan alcanzado la mayor韆 de edad penal, fundamentada en principios orientados hacia su reeducaci髇, con base en las circunstancias personales, familiares y sociales, teniendo en cuenta que la ejecuci髇 de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores es competencia de las Comunidades Aut髇omas.

II

La concepci髇 que la sociedad tiene sobre la infancia ha dejado de ser la de un sujeto pasivo, un proyecto de futuro, necesitado exclusivamente de protecci髇 para llegar a convertirse en persona. Los ni駉s y adolescentes tienen hoy la consideraci髇, por s� mismos, de sujetos activos de derechos, de protagonistas principales de su propia historia. Los ni駉s son personas y como tales deben ser tratados, es decir, como personas singulares, 鷑icas, libres, como sujetos de derechos propios de su condici髇 humana, con la particularidad de su condici髇 infantil.

Los ni駉s y adolescentes no pueden ser considerados como patrimonio de sus padres, de su familia o de la Administraci髇; no pueden ser discriminados por raz髇 de sexo, edad, condici髇, idioma, religi髇, etnia, caracter韘ticas socioecon髆icas de sus padres o familia, ni por cualquier otra circunstancia.

Los ni駉s y adolescentes tienen derecho a una protecci髇 que garantice su desarrollo integral como personas en el seno de una familia, preferiblemente con sus padres. Pero la protecci髇 es cosa de todos. La aplicaci髇 de los principios del Estado de Derecho a la protecci髇 de los menores conlleva una responsabilidad compartida entre sus padres y los poderes p鷅licos.

Los padres o tutores representan el contexto normal de desarrollo del ni駉 y son el primer nivel de responsabilidad que debe cubrir sus necesidades aplicando los recursos existentes en la sociedad. El entorno familiar constituye un nivel de apoyo inmediato al ni駉 y a sus padres y, en caso necesario, es el primero en sustituirles en su funci髇 parental. Los sistemas p鷅licos de salud, educaci髇, acci髇 social y justicia, de prestaci髇 obligatoria para las Administraciones p鷅licas, en los t閞minos que establecen las leyes, constituyen un tercer nivel de protecci髇 que debe ayudar a los padres a asegurar los derechos de sus hijos. Los servicios especializados de 玴rotecci髇 de menores� deben actuar subsidiariamente cuando los anteriores niveles no sean suficientes para garantizar sus derechos. Todo ello con la garant韆 y la superior vigilancia del sistema judicial, con la consideraci髇 de los menores como sujetos de derechos y deberes y part韈ipes fundamentales de su desarrollo, y con la participaci髇 solidaria de la comunidad.

As�, para asegurar el desarrollo de los derechos de la infancia, se articular醤 los mecanismos necesarios de coordinaci髇 y colaboraci髇 de los distintos profesionales e instituciones, evitando la duplicidad de servicios y la disparidad de criterios. Las pol韙icas de protecci髇, mediante la elaboraci髇 de planes y leyes integrales, deben coordinar las distintas instituciones implicadas en el desarrollo de los derechos de los menores.

Se evoluciona de la 玴rotecci髇 del menor� a la promoci髇 y desarrollo de los derechos de los ni駉s y adolescentes, en los que la protecci髇 social y jur韉ica del menor en situaci髇 de desamparo no es sino uno de sus apartados. Al afectar a derechos sustentados y promovidos por distintas Administraciones p鷅licas, se necesita la coordinaci髇 de todas ellas en aras de una mayor eficacia.

La Comunidad Aut髇oma de Arag髇 no pod韆 quedar al margen de este reconocimiento jur韉ico del papel de la infancia, no s髄o por sus competencias plenas en materia de protecci髇 de menores en situaci髇 de desamparo, sino porque gran parte de las actuaciones de los distintos departamentos de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma inciden en mayor o menor grado en el bienestar de la infancia. Por ello, el Justicia de Arag髇 y las Cortes aragonesas instaron al ejecutivo aragon閟 para que elaborase y presentase a las Cortes para su aprobaci髇 un proyecto de ley que respondiese a ese car醕ter integral de la promoci髇 y defensa de los derechos de los menores.

Con esta consideraci髇 integral se elabora y promulga la presente Ley, para asegurar y promover los derechos de los menores de edad y posibilitar programas de coordinaci髇 institucional.

III

Se ha incluido en las disposiciones generales el principio de la prioridad presupuestaria en la atenci髇 de la infancia y adolescencia a fin de que se refleje en la realidad el principio jur韉ico de la primac韆 del inter閟 del menor.

La Ley trata de aproximar los servicios de protecci髇 del menor a los usuarios, al objeto de obtener una mayor eficacia, y por ello aplica los principios recogidos en la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalizaci髇 de Arag髇. De esta manera, la configuraci髇 por comarcas o por grandes zonas supracomarcales y la adecuada dotaci髇 de recursos permitir醤 la gesti髇 descentralizada de determinadas medidas de protecci髇 de menores.

IV

El cambio que efect鷄 esta Ley al pasar de una concepci髇 meramente de 玴rotecci髇�, como exist韆 hasta ahora, a una 玴romoci髇� y desarrollo de los derechos de todos los ni駉s y adolescentes requiere de una Administraci髇 醙il y din醡ica, por lo que parece oportuno incardinar toda esta actividad en el Instituto Aragon閟 de Servicios Sociales, organismo aut髇omo especializado en el bienestar social de todos los ciudadanos aragoneses, cuya actuaci髇 est� regida por los principios de eficacia, simplificaci髇, racionalizaci髇, descentralizaci髇, desconcentraci髇 de la gesti髇 y participaci髇 de los interesados.

V

Desde otra perspectiva, la Ley se muestra respetuosa con el reparto constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades Aut髇omas as� como con la doctrina emanada del Tribunal Constitucional en esta materia. Corresponden a la Comunidad Aut髇oma de Arag髇, en los aspectos de atenci髇 a los menores, las actuaciones que deban realizarse en situaci髇 de riesgo o desamparo y en la ejecuci髇 de las medidas acordadas por los 髍ganos judiciales, se馻lando la Ley los principios procedimentales que deben observarse por los 髍ganos administrativos competentes.

En determinadas materias de naturaleza civil, la Ley hace referencia a la legislaci髇 aplicable, tanto a las normas contenidas en el C骴igo Civil como a las normas civiles aragonesas hoy contenidas en nuestra Compilaci髇 del Derecho Civil, incorpor醤dose al texto las instituciones contenidas en la misma.

VI

Igualmente, se reconoce la necesidad de crear mecanismos de supervisi髇 y seguimiento de esta Ley, de forma que se faciliten peri骴icamente datos comparados derivados de su aplicaci髇. Estos mecanismos de supervisi髇 deben ser, necesariamente, diversos y recoger no s髄o la autoevaluaci髇 de la propia Administraci髇, sino tambi閚 an醠isis imparciales como el de la instituci髇 del Justicia de Arag髇.

VII

El proyecto de ley se estructura en ocho t韙ulos. En el primero de los t韙ulos establece las 獶isposiciones Generales� relativas al objeto, 醡bito de aplicaci髇, principios de actuaci髇 e interpretaci髇 de la ley, as� como a una declaraci髇 expresa de que esta materia deber� ser objeto de prioridad presupuestaria. La Ley ser� de aplicaci髇 en relaci髇 con todos los menores de edad.

El t韙ulo segundo, dividido en seis cap韙ulos, trata de los 獶erechos de la infancia y la adolescencia y sus garant韆s�, de manera que se distinga cada 醡bito de actuaci髇 y las obligaciones de los responsables de los ni駉s y adolescentes y de los diferentes poderes p鷅licos en relaci髇 con cada uno de los derechos. El primer cap韙ulo, sobre los derechos, los fines pretendidos y las medidas de garant韆, es de aplicaci髇 general como garant韆, fundamentalmente en su faceta de prevenci髇.

El segundo de los cap韙ulos recorre una enumeraci髇 de derechos que tienen como finalidad el desarrollar sus garant韆s, modulando el ejercicio de cada uno de ellos.

Teniendo en cuenta el sentido m醩 amplio del derecho a la educaci髇, el cap韙ulo tercero, 獶el derecho a la crianza y educaci髇�, se estructura en tres secciones, puesto que este concepto se configura como responsabilidad tanto de los padres como de la administraci髇 educativa y, en general, de las Administraciones p鷅licas que deben apoyar a los padres en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentar la perspectiva de una buena utilizaci髇 del tiempo libre.

El cap韙ulo cuarto est� dedicado al 玠erecho a la protecci髇 de la salud�, partiendo de la idea de que 閟ta depende de la promoci髇 de estilos de vida saludables y de la prevenci髇 de la enfermedad. Asimismo, se hace hincapi� en la necesidad de garantizar que, cuando los menores sean objeto de tratamiento, en la medida de lo posible, 閟te no dificulte su normal desarrollo, y, por otra parte, se especifica la responsabilidad de los servicios sanitarios ante situaciones de malos tratos.

El entorno, tanto desde el punto de vista del medio ambiente como del espacio urbano, es objeto del quinto cap韙ulo. El t韙ulo segundo termina con un sexto cap韙ulo, referido a la 玪imitaci髇 de algunas actividades, medios y productos�, limitaci髇 que tiene en cuenta la especial vulnerabilidad de los menores, especialmente en lo que se refiere a determinados establecimientos, espect醕ulos, publicidad, prensa, etc閠era.

El t韙ulo tercero, 獶e la protecci髇 social y jur韉ica de los menores�, desarrolla en tres cap韙ulos lo fundamental de la responsabilidad de la Administraci髇 con respecto a menores que se encuentren en situaciones de riesgo o de desamparo, dentro del marco del sistema p鷅lico de servicios sociales. El cap韙ulo primero establece las disposiciones comunes, definiendo los instrumentos de protecci髇, los derechos espec韋icos de los menores protegidos, los principios de actuaci髇 y, a continuaci髇, aspectos concretos de los procedimientos: valoraci髇, audiencia, notificaciones...

El segundo cap韙ulo trata de las situaciones de riesgo, es decir de aqu閘las en las que las carencias o dificultades en la atenci髇 de las necesidades b醩icas de los menores no requieren su separaci髇 del medio familiar.

Las situaciones de desamparo, que hacen desplegar una actividad m醩 intensa de la Administraci髇, son objeto de las ocho secciones en que se desarrolla el cap韙ulo tercero, diferenciando entre los distintos instrumentos protectores. Se ha incluido una redacci髇 detallada de supuestos concretos que se entienden como desamparo, para tener una referencia clara, pero abierta, teniendo en cuenta las consideraciones que se puedan hacer desde otros campos sociales. Se regula la asunci髇 de tutela por la entidad p鷅lica y las causas de su cese. La guarda se configura como medida a tomar a solicitud de los padres o como consecuencia de la asunci髇 de tutela y que se puede ejercer tanto en acogimiento residencial como familiar. La secci髇 s閜tima se dedica a la adopci髇, con especial referencia a la adopci髇 internacional.

Insistiendo en el car醕ter integral del enfoque del tratamiento de la infancia y la adolescencia, el t韙ulo cuarto se refiere a 玪os menores en conflicto social�, combin醤dose una referencia a la prevenci髇 con el ejercicio de las competencias de ejecuci髇 de medidas judiciales aplicables a menores infractores.

El t韙ulo quinto trata de las competencias y su distribuci髇. Por un lado, determina que es el Gobierno de Arag髇 el competente para ejercer las funciones relativas a la protecci髇 y reforma de menores a trav閟 del Instituto Aragon閟 de Servicios Sociales, adscrito al Departamento competente por raz髇 de la materia, partiendo de los objetivos b醩icos de llevar a cabo pol韙icas integrales de atenci髇 a la infancia, de protecci髇 a la familia y de coordinaci髇 de actuaciones de las Administraciones p鷅licas e instituciones privadas. Asimismo, el principio de descentralizaci髇 puede permitir establecer la actuaci髇 en los 醡bitos en los que las situaciones de necesidad se produzcan.

El siguiente t韙ulo tiene por objeto consolidar una pol韙ica integradora, preventiva, compensadora y de sensibilizaci髇 social con la infancia y la adolescencia a trav閟 de los mecanismos de planificaci髇, programaci髇 y evaluaci髇 conjunta entre todas las Administraciones y las instituciones sociales. Dicha pol韙ica tiene como eje el Plan Integral de atenci髇 a la infancia y la adolescencia.

Reconociendo el importante papel, tanto desde el punto de vista de la participaci髇 y consulta como de la promoci髇 de los derechos, que la iniciativa social tiene en el 醡bito de la infancia y la adolescencia, la Ley tambi閚 incluye un t韙ulo referido a la 獻niciativa social e instituciones colaboradoras�, en el que se regula qu� tipo de actividades pueden realizar y las condiciones para llevar a cabo determinadas tareas que requieren expresa habilitaci髇 por parte de la Administraci髇.

Los t韙ulos octavo y noveno hacen referencia al r間imen sancionador y a los Registros de protecci髇 de menores y de instituciones colaboradoras, respectivamente, a fin de hacer efectivas en la pr醕tica las garant韆s declaradas por esta Ley.

Por 鷏timo, debe destacarse muy especialmente que la Ley es fruto del esfuerzo y participaci髇 activa de todos los sectores que cotidianamente est醤 en contacto directo con la realidad de los menores en Arag髇.