Artículo 42

1. Con la finalidad de facilitar la consecución de los objetivos perseguidos a través de los instrumentos de ordenación del territorio contemplados en esta Ley, como parte de las estrategias de las Directrices, se podrán conceder ayudas, beneficios fiscales o de índole urbanística u otros estímulos, con arreglo todos ellos a la legislación vigente, para crear o ampliar actividades públicas o privadas de carácter industrial, artesanal, turístico, agrícola, ganadero, forestal, comercial o cualesquiera otras análogas con incidencia en el territorio, así como para mejorar la productividad de las actividades de la misma naturaleza ya existentes.

2. Tales ayudas, beneficios y estímulos se podrán conceder también para fomentar el traslado de actividades productivas desde áreas congestionadas a otras deprimidas o en desarrollo o, cuando se trate de desarrollar un sector específico o área especial, con arreglo a las definiciones contenidas en el artículo 18 de esta Ley.

3. En la concesión de las medidas de fomento a que se refieren los apartados anteriores se observarán los principios de publicidad, igualdad y especificidad.

Artículo 43

En especial, se podrán conceder subvenciones, beneficios de índole urbanística u otros estímulos, con arreglo a la Ley, a aquellas actividades de nueva implantación o de ampliación de las existentes que se localicen en áreas deprimidas, valorando fundamentalmente la creación directa o indirecta de puestos de trabajo motores de la actividad comarcal o cualquier otra circunstancia de específica incidencia en la ordenación del territorio, en función de las previsiones contenidas en los instrumentos respectivos.

Artículo 44

Tendrán consideración de actuaciones especialmente protegibles las siguientes:

• a) La reforestación de las zonas señaladas en los instrumentos de ordenación del territorio.
• b) La reposición de especies arbóreas que hayan sido objeto de destrucción, por cualquier agente, en los últimos cinco años.
• c) Las medidas encaminadas al asentamiento de población en zonas en decadencia.
• d) Las medidas de recuperación de los entornos rurales.

Artículo 45

1. Se programarán acciones específicas para la conservación de la población en áreas geográficas homogéneas supramunicipales seleccionadas por las Directrices Generales mediante:

• a) Promoción de empleo en áreas escogidas mediante la subvención diferenciada para la creación de puestos de trabajo.
• b) Mejora de la oferta de equipamientos y servicios en estas áreas.
• c) Facilitar el acceso a la vivienda a la población autóctona y especialmente a los jóvenes que permanezcan en un trabajo estable en estas áreas geográficas.
• d) Mejoras de accesibilidad, por medio de inversiones en la red de carreteras, y mejora del transporte colectivo.
• e) Aproximación de órganos de decisión administrativa a la población, facilitando los medios que hagan posible la resolución en el área geográfica homogénea supramunicipal del mayor número posible de trámites administrativos.
• f) Potenciación económica de los programas de fomento de la industria artesana peculiar de cada comarca, mediante ayudas a la formación de profesionales, formación de empresas y apertura de mercados.

2. De acuerdo con la normativa vigente, y siguiendo las indicaciones de las Directrices Parciales, las administraciones públicas podrán constituir empresas de desarrollo u otros entes de naturaleza pública o privada con los objetivos de gestionar empresarialmente los programas de actuación específica de cada comarca, hacer viable una financiación rápida de la inversión territorial y coordinar los programas de desarrollo.

3. Se elaborarán y ejecutarán programas sectoriales para la rehabilitación de espacios y edificaciones degradados por el proceso de ocupación del territorio, tales como:

• a) Proyectos específicos para la recuperación de espacios degradados por la construcción de obras públicas.
• b) Proyectos de acciones destinadas a la recuperación de márgenes fluviales.
• c) Programas específicos de mejora de la calidad de la edificación y de infraestructuras en urbanizaciones, polígonos y núcleos urbanos que no cuenten con los servicios mínimos exigidos para el suelo urbano.