Sumario

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Arag髇 y ordeno se publique en el 獴olet韓 Oficial de Arag髇� y en el 獴olet韓 oficial del Estado�, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 20.1 del Estatuto de Autonom韆.

PRE罬BULO

La defensa de los consumidores y usuarios constituye una pieza clave del Estado constitucional, y su necesaria garant韆 es principio rector de nuestro ordenamiento jur韉ico. En ese contexto, el Estatuto de Autonom韆 de Arag髇, en su art韈ulo 35.1.19.�, confiere a la Comunidad Aut髇oma de Arag髇 competencias exclusivas en materia de comercio interior y defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la pol韙ica general de precios, de la libre circulaci髇 de bienes en el territorio del Estado y de la legislaci髇 sobre defensa de la competencia, a cuyo amparo se dict� en su d韆 la Ley 8/1997, de 30 de octubre, del Estatuto del Consumidor y Usuario de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇 que, aun reconociendo sus amplios niveles de protecci髇 del consumidor, medidos en t閞minos relativos en relaci髇 con otras leyes auton髆icas que son cabecera en la materia en sus respectivos 醡bitos geogr醘icos, ha venido a resultar necesitada de actualizaci髇, habida cuenta que la materia consumo, aun circunscrita espec韋icamente a su vertiente jur韉ica de defensa del consumidor y del usuario, es de imposible aprehensi髇 en su totalidad por lo impreciso del concepto, por el car醕ter cambiante y vol醫il de lo que bajo 閘 subyace y por su vocaci髇 indiscutiblemente expansiva, elementos 閟tos que someten a los instrumentos normativos reguladores a unos riesgos espec韋icos de obsolescencia sobrevenida, riesgos que han determinado el inicio de un nuevo proceso de actualizaci髇 normativa.

La incidencia de la reciente producci髇 normativa europea en la materia y, sobre todo, la necesidad de incorporar la protecci髇 del consumidor a nuevas situaciones derivadas de la implantaci髇 de nuevas tecnolog韆s, unido todo ello a la posibilidad de aprovechar esa coyuntura para reforzar las cuestiones relativas a inspecci髇, eficacia y control, as� como para adoptar un derecho sancionador m醩 eficaz y para incluir nuevas concepciones protectoras, han sido las circunstancias que han motivado la determinaci髇 de proceder al dictado de una nueva Ley que no reniega de la anterior, sino que la toma como punto de partida y viene en la pr醕tica a integrar sus contenidos como base indiscutible para dar un paso adelante en materia de protecci髇 del consumidor y usuario.

En el marco se馻lado, esta nueva Ley, que se desarrolla a lo largo de cuatro extensos t韙ulos, inicia su articulado con un T韙ulo preliminar que, tomando como tel髇 de fondo el contenido de la vieja Ley mediatizado por las nuevas concepciones derivadas de la legislaci髇 europea y del derecho nacional comparado, recoge las definiciones y principios b醩icos sobre los que se construir� la protecci髇 de los consumidores y usuarios, incluyendo desde los conceptos de consumidor, de colectivos de consumidores y usuarios especialmente protegibles y de productos, bienes y servicios objeto de especial atenci髇 hasta el cat醠ogo general de derechos b醩icos de los consumidores, pasando por los principios generales de protecci髇 de los consumidores y de irrenunciabilidad de derechos en la materia.

El T韙ulo I, bajo la r鷅rica 獶erechos de los consumidores y usuarios�, aborda el desarrollo pormenorizado de 閟tos a trav閟 de seis cap韙ulos que regulan respectivamente los derechos de los consumidores a la protecci髇 de la salud y seguridad, a la protecci髇 de los intereses econ髆icos y sociales, a la informaci髇, a la protecci髇 del consumidor en la sociedad de la informaci髇, a la educaci髇 y a la formaci髇 y, por 鷏timo, a la representaci髇, consulta y participaci髇.

De este cat醠ogo debe destacarse como cuesti髇 m醩 novedosa la relativa a la protecci髇 del consumidor en el contexto de las nuevas tecnolog韆s o, si se quiere utilizar la denominaci髇 t閏nico-jur韉ica, en el contexto de la sociedad de la informaci髇. En este punto, la Ley parte de la consideraci髇 de que existe un nuevo espacio que debe cubrirse desde el derecho p鷅lico aragon閟 para la defensa de consumidores y usuarios. As�, partiendo de un principio b醩ico de equiparaci髇 necesaria en la protecci髇 del consumidor en la sociedad de la informaci髇, la Ley considera necesario aludir a cuestiones tales como los nuevos sujetos responsables en un contexto en el que el comerciante, distribuidor o prestador de servicios tradicional ha sido sustituido por operadores diversos que reciben denominaciones tales como proveedores de servicios de la sociedad de la informaci髇, proveedores de acceso a redes telem醫icas, titulares de medios de pago operativos en red; tambi閚 considera necesario entrar en cuestiones tales como la aplicaci髇 del derecho p鷅lico aragon閟 en la materia, las particularidades respecto de la informaci髇 que debe acompa馻r a estas a veces peculiares ofertas y la presunci髇 de que los actos por los que se adquieren o conciertan bienes o servicios en la sociedad de la informaci髇 son actos de adhesi髇, as� como entiende la necesidad de abordar, siquiera sea en los inicios de una pr醕tica inexistente todav韆 hoy, el futuro de las reclamaciones por v韆 electr髇ica, el fomento del arbitraje a trav閟 de medios electr髇icos o, en el plano m醩 puramente protector, la inmovilizaci髇 o retirada de productos o servicios en redes electr髇icas, telem醫icas o inform醫icas del mismo modo que se puede proceder a esta inmovilizaci髇 de productos o servicios en establecimientos de comercio o consumo tradicionales.

Al margen de la anterior novedad es importante rese馻r que, en el plano de la regulaci髇 de los dem醩 derechos, se hace especial hincapi� en diversas cuestiones novedosas que van desde el establecimiento del principio de la condici髇 m醩 beneficiosa a favor del consumidor hasta un decidido apoyo a la mediaci髇 y el arbitraje de consumo, que incluye medidas de fomento que inciden en el mundo de la contrataci髇 administrativa, pasando por una profundizaci髇 en las medidas reguladoras de la protecci髇 y seguridad de los consumidores y sus derechos de informaci髇, con una nueva configuraci髇 de las oficinas p鷅licas y privadas que se regulan al respecto, e incluyendo una m醩 amplia regulaci髇 de las asociaciones de consumidores.

El T韙ulo II de la Ley, bajo la r鷅rica 獵ompetencias de las Administraciones p鷅licas e Inspecci髇 de Consumo� incorpora a esta legislaci髇 una alusi髇 a las respectivas competencias en materia de protecci髇 y defensa de los consumidores de las Administraciones p鷅licas aragonesas y, posteriormente, aborda una regulaci髇 pormenorizada de la Inspecci髇 de Consumo, que se reputaba estrictamente necesaria para satisfacer las necesidades de control que esta materia impone, abord醤dose desde el deber general de control e inspecci髇 y las funciones de la Inspecci髇 de Consumo, constituida como autoridad, hasta las obligaciones para con ella y ante ella, pasando por una pormenorizada regulaci髇 de la realizaci髇 de las actuaciones inspectoras, visitas de inspecci髇, tomas de muestras, documentaci髇 de la actuaci髇 inspectora, etc.

El T韙ulo III, dedicado a la potestad sancionadora, se estructura en siete cap韙ulos y contiene una pormenorizada regulaci髇 de un moderno derecho sancionador que, am閚 de incorporar conceptos no utilizados expresamente por la Ley anterior, tales como infracci髇 masiva, infracci髇 continuada, concurso de normas y cat醠ogo de atenuantes y agravantes, presta una especial atenci髇 a la extensi髇 de la responsabilidad y a la obligaci髇 de restituci髇 de la legalidad paralela al procedimiento sancionador, estableci閚dose un marco abierto para que el 髍gano competente para sancionar imponga al infractor, en concepto de restituci髇 de la legalidad, y como consecuencia de la infracci髇 cometida, determinadas obligaciones de hacer o de dar que incluso contemplan expresamente la de la devoluci髇 autom醫ica e inmediata al consumidor de las cantidades indebidamente cobradas por exceder de los precios anunciados o presupuestados, obligaciones 閟tas cuyo incumplimiento, adem醩 de poder permitir la apertura de v韆s de ejecuci髇 forzosa, puede dar lugar a la imposici髇 por la Administraci髇 p鷅lica actuante de multas coercitivas.

La ley se completa con una disposici髇 adicional, relativa a la aplicaci髇 preferente de la legislaci髇 espec韋ica en materia de vivienda protegida; dos disposiciones transitorias, la primera sobre las oficinas de informaci髇 a los consumidores en las comarcas y la segunda sobre el r間imen transitorio de los procedimientos sancionadores iniciados con anterioridad a la vigencia de esta ley; y una disposici髇 que expresamente deroga la hasta ahora vigente Ley 8/1997, de 30 de octubre, del Estatuto del Consumidor y Usuario de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇.

Por v韆 de disposiciones finales se deroga la Ley anterior, se mantiene el derecho reglamentario que la desarroll� en lo que no contravenga expresamente esta Ley y se faculta al Gobierno de Arag髇 para dictar cuantas disposiciones de desarrollo sean convenientes, habilitaci髇 de especial importancia en una materia sujeta a una evoluci髇 coyuntural tan r醦ida como es 閟ta de la protecci髇 de los consumidores y usuarios.