Sumario

Ley [ARAGÓN] 2/2012, 23 febrero, derogada por la disposición derogatoria única del DLeg. [ARAGÓN] 4/2013, 17 diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón («B.O.A.» 31 diciembre), el 1 de enero de 2014.

En nombre del Rey y como Presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

PREÁMBULO

El artículo 113 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, establece que la Comunidad Autónoma de Aragón tendrá su propio patrimonio, integrado por todos los bienes y derechos de los que sea titular, y que «Una ley de Cortes de Aragón regulará el régimen jurídico del patrimonio de la Comunidad Autónoma, así como su administración, conservación y defensa». Esta regulación se completa con lo dispuesto en el artículo 71.7 de la norma estatutaria que establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en materia de «bienes de dominio público y patrimoniales de su titularidad».

En desarrollo de estos preceptos citados, se aprueba la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón, como respuesta al nuevo contexto derivado del notable proceso de transferencias a la Comunidad Autónoma que se había producido y que exigía instrumentos normativos que permitieran una gestión eficaz de los, cada vez más numerosos, bienes y derechos públicos de la misma. Por otro lado, la promulgación por el Estado de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, hacía necesaria una profunda reforma de la legislación autonómica, que ya habían iniciado otras Comunidades Autónomas.

En la Ley 5/2011, de 10 de marzo, se constata el importante incremento de la actividad empresarial de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con una intervención creciente en sectores estratégicos de la economía aragonesa, mediante la creación de empresas propias de la Comunidad Autónoma y también con la participación en el capital de determinadas sociedades mercantiles, para cuya ordenación resultaba insuficiente la legislación anterior a la aprobación de la norma.

El Título VI de la Ley 5/2011 aborda la regulación del patrimonio empresarial de la Comunidad Autónoma y, como novedad, establece un concepto de sociedad mercantil autonómica amplio que permita el control público del sector empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Para desempeñar adecuadamente este control, se perfilan las figuras de «departamento o entidad de gestión» y de «departamento de tutela» de estas sociedades mercantiles autonómicas.

Con la finalidad de conciliar el riguroso control del sector público empresarial al que se ha hecho referencia con la flexibilidad suficiente para permitir al Gobierno de Aragón determinar, en virtud de su propia estructura organizativa, las competencias que en este ámbito deben ejercer los diferentes departamentos en los que se organiza la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se propone la modificación de determinados preceptos de la citada Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón.

La presente modificación afecta a dos preceptos del articulado de la norma y a una disposición adicional.

En primer lugar, se reforma el apartado primero del artículo 135 para atribuir al Gobierno de Aragón la competencia para adscribir la sociedad matriz al departamento que, en cada circunstancia, se considere más adecuado para ejercer las funciones que se deriven de dicha adscripción.

El segundo precepto afectado por esta modificación es el apartado tercero del artículo 138, que incorpora en un segundo párrafo la exigencia de elaboración de un informe previo por parte de departamento competente en materia de patrimonio antes de realizar operaciones de suscripción, adquisición y transmisión de títulos societarios.

En cuanto a las modificaciones en la parte final, se reforma la disposición adicional novena con la finalidad de permitir que uno de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación Empresarial Pública de Aragón cuya designación corresponda al Gobierno de

Aragón se proponga por el departamento competente en materia de patrimonio. Por otro lado, se añade un apartado cuarto a esta misma disposición al objeto de permitir al departamento competente en materia de patrimonio solicitar la información que considere necesaria sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Aragón en relación con el sector público empresarial.