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Base de Datos de Legislación

Ley 4/1985, de 27 de junio, de regulación del Justicia de Aragón

Ficha:
  • ÓrganoPresidencia de la Diputación General de Aragón
  • Publicado en BOA núm. 57 de 02 de Julio de 1985
  • Vigencia desde 03 de Julio de 1985. Revisión vigente desde 06 de Noviembre de 2025
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
6/11/2025
LE0000976981_20251106Ir a NormaLey 4/2025, de 16 oct. CA Aragón (se modifica la Ley 4/1985, de 27 de junio, Reguladora del Justicia de Aragón, a fin de declarar oficialmente el 20 de diciembre "Día del Justicia de Aragón")
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Artículo 40 introducido por el número uno del artículo único de Ley 4/2025, de 16 de octubre, por la que se modifica la Ley 4/1985, de 27 de junio, Reguladora del Justicia de Aragón, a fin de declarar oficialmente el 20 de diciembre "Día del Justicia de Aragón" («B.O.A.» 5 noviembre).

LE0000016327_20251106Ir a Norma

Disposición adicional segunda introducida por el número dos del artículo único de Ley 4/2025, de 16 de octubre, por la que se modifica la Ley 4/1985, de 27 de junio, Reguladora del Justicia de Aragón, a fin de declarar oficialmente el 20 de diciembre "Día del Justicia de Aragón" («B.O.A.» 5 noviembre).

LE0000016327_20251106Ir a Norma
30/7/2018
LE0000624819_20180730Ir a NormaLey 7/2018 de 28 Jun. CA Aragón (de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres)
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Apartado 1 del art. 35 redactado por la disposición final segunda de la L [ARAGÓN] 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón («B.O.A.» 10 julio).

LE0000016327_20251106Ir a Norma
Véase Res. de 9 de febrero de 2023, del Justicia de Aragón, por la que se aprueba el "Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el Justicia de Aragón" («B.O.A.» 9 mayo).LE0000752280Ir a Norma

Exposición de Motivos

Entre los precedentes que pudieran buscarse a la figura constitucional del Defensor del Pueblo, el Justicia Mayor de Aragón ocuparía un puesto excepcional. Es cierto que experiencias modernas más próximas, como la del Ombudsman nórdico, han influido en la configuración y poderes del Defensor del Pueblo, pero la esencia de esta institución, la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, pertenece al mundo histórico-jurídico español en virtud de la existencia y práctica del Justicia aragonés.

La extraordinaria importancia de esta figura, su peso decisivo en el entramado institucional medieval y moderno aragonés, es causa de que el Estatuto de Autonomía de Aragón coloque al Justicia entre los órganos institucionales de la Comunidad Autónoma (artículos 33 y 34 del Estatuto).

La comprensión, sin embargo, de la naturaleza del sistema de gobierno de las Comunidades Autónomas que responde a los cánones del gobierno parlamentario, hace que el Justicia de Aragón se configure por esta Ley de forma diversa a lo que el respeto a los estrictos términos históricos impondría. No es posible, hoy, otorgar jurisdicción a órganos diversos a los Jueces y Tribunales a quienes, por atribución constitucional, les incumbe juzgar y ejecutar lo juzgado. No puede ser, pues, el Justicia un juez, sino solamente un defensor de los derechos y libertades de los aragoneses frente a las posibles violaciones de la Administración Pública.

Esta misma incardinación constitucional hace, que, en este ámbito, la competencia del Justicia deba limitarse a las actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma y de los Entes locales en las materias transferidas a la Comunidad, aunque se prevea la posibilidad de colaboración con el Defensor del Pueblo y otros Comisionados Parlamentarios Territoriales.

Pero, a su vez, la incidencia histórica de nuestro Justicia es la causa de que se le atribuyan otras dos competencias que exceden de las que la Constitución otorga al Defensor del Pueblo y los restantes Estatutos de Autonomía a otros Comisionados Parlamentarios Territoriales. Son éstas la defensa del Estatuto de Autonomía y la tutela y conservación del Ordenamiento Jurídico aragonés, con lo que el Justicia de Aragón es una institución singular y con perfiles muy característicos y perfectamente singularizables en el ordenamiento jurídico español.

La presente Ley regula minuciosamente las actuaciones que en estos ámbitos podrá realizar el Justicia y que están siempre presididas por la voluntad de preservar nuestro derecho y las competencias estatutarias y, a la vez, por la de no interferir en las competencias de otros poderes públicos, sean o no aragoneses.

En suma, con esta Ley, Aragón completa su estructura institucional y posibilita un desarrollo equilibrado de la vida jurídica y política de nuestra Comunidad Autónoma concediendo a los aragoneses la protección de una magistratura moral arropada por los mejores títulos de legitimidad históricos y estatutarios.