Sumario

Ley [ARAGON] 5/1987, 2 abril derogada por D Leg. [ARAGON[ 2/2000, 29 junio, del Gobierno de Arag髇, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇 (獴.O.A.� 30 junio).

Pre醡bulo

I.

Cuadro normativo

El Estatuto de Autonom韆 de Arag髇 se refiere expresamente al Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma en sus art韈ulos 47 y 58, imponiendo una reserva de Ley, consecuente con la establecida en el art韈ulo 132 de la Constituci髇 Espa駉la, para la determinaci髇 de su r間imen jur韉ico. A esta exigencia responde esta Ley, que, al mismo tiempo, ha de satisfacer una necesidad en el avance del proceso de autogobierno de la Comunidad Aut髇oma.

La Ley pretende ser, y as� queda explicitado en su texto respetuosa con los l韒ites marcados tanto por el texto constitucional como por el Estatuto de Autonom韆 manteniendo criterios conformes con la legislaci髇 reguladora del Patrimonio del Estado, especialmente con todos aquellos que pueda inducirse que constituyen materialmente legislaci髇 b醩ica, y procurando dar una respuesta a los problemas actuales y a los previsibles en un futuro inmediato.

Tambi閚 han estado presentes en la elaboraci髇 de esta Ley las disposiciones sobre bienes contenidas en el C骴igo Civil, la regulaci髇 de las llamadas 玴ropiedades especiales�, la legislaci髇 sobre contrataci髇 administrativa y concesiones, etc., a fin de conseguir el total cumplimiento de lo preceptuado en el art韈ulo 149 del texto constitucional.

Sin embargo, tampoco cabe desconocer que mientras no se lleve a cabo una reconsideraci髇 de las normas que inciden sobre el objeto de esta Ley, existen dificultades insalvables para la adopci髇 de posiciones normativas m醩 avanzadas y din醡icas en la regulaci髇 de la gesti髇 del Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma, siendo ejemplo de ello el anquilosamiento que comporta el obligado respeto de la legislaci髇 de expropiaci髇 forzosa.

Esta Ley responde asimismo a la determinaci髇 contenida en la Ley 4/1986, de 4 de junio, de la Hacienda de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇, en la que se establece que el r間imen del Patrimonio se regular� por Ley de las Cortes de Arag髇.

II.

El Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma

La Ley da un car醕ter unitario al Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma, al mismo tiempo que permite la existencia de patrimonios separados, especialmente referidos a las Entidades p鷅licas dependientes de aqu閘la, salvando a lo largo de todo su texto las situaciones especiales, cuyo reconocimiento resulta preciso, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que motivaron la creaci髇 de estas Entidades.

La integraci髇 del Patrimonio de la Comunidad queda estructurada a trav閟 de las tres vertientes que unifica el art韈ulo 47 del Estatuto de Autonom韆.

A este respecto, conviene resaltar la acogida que en el texto de la Ley se produce a la posici髇 jur韉ica de la Comunidad Aut髇oma respecto a aquellos bienes incorporados a su Patrimonio como consecuencia de las transferencias de servicios. Ha de entenderse, siguiendo la doctrina emanada del Tribunal Constitucional, que respecto a estos bienes se ha producido una sucesi髇, no una cesi髇 gratuita, y, por tanto, ante la inexistencia de legislaci髇 b醩ica que se oponga a ello, la Comunidad Aut髇oma puede regular y decidir 玸obre el destino de los bienes afectados a los servicios p鷅licos cuya titularidad ostenta�.

Por otra parte, la Ley limita su aplicaci髇 a los bienes y derechos cuya titularidad corresponda a la Comunidad Aut髇oma de Arag髇, sin perjuicio de la protecci髇 que el art韈ulo 19 dispensa a los bienes de terceros afectados por las concesiones y 玭ecesarios para su buen fin�.

III.

Afectaci髇 y protecci髇

Constituye la afectaci髇 la clave para determinar la divisoria entre los bienes demaniales y los patrimoniales, quedando definida por la vinculaci髇 que entra馻 a usos o servicios p鷅licos. La especial consideraci髇 que otorga la Ley a tal vinculaci髇 permite diferenciar la afectaci髇 expresa de la t醕ita o de la presunta, independientemente de la que pueda producirse por as� establecerlo una Ley.

Sin embargo, la desafectaci髇 necesita de Ley cuando la afectaci髇 se haya producido por disposici髇 de este rango, o de acto expreso para los restantes supuestos, como un medio m醩 para la protecci髇 del dominio p鷅lico.

Precisamente, el r間imen jur韉ico aplicable a los bienes demaniales responde a una necesidad de garantizar su protecci髇 por razones de los usos o servicios p鷅licos a que est閚 afectos. Se trata en definitiva, no tanto de atribuir privilegios a la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma, como de garantizar la satisfacci髇 de los intereses generales a la que los bienes de dominio p鷅lico est閚 vinculados; por ello, la Ley incorpora los principios enunciados en el art韈ulo 132 de la Constituci髇, a los que adiciona las potestades de recuperaci髇 de oficio, de investigaci髇 y de deslinde.

La especial protecci髇 jur韉ica se extiende tambi閚, aunque con menor intensidad, a los bienes patrimoniales que se declaran inembargables, sin perjuicio de que siempre haya de ser tenida en cuenta la previsi髇 contenida en el apartado 3 del art韈ulo 27 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad Aut髇oma, en relaci髇 con la ejecuci髇 de las sentencias judiciales, derivada del mandato impuesto por el art韈ulo 118 del texto constitucional.

Asimismo, el Inventario General de Bienes y Derechos, la contabilidad patrimonial, la inscripci髇 registral y, en su caso aseguramiento son instrumentos y constituyen medios que han de contribuir decisivamente a la protecci髇 y a la adecuaci髇 del Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma, en 韓tima relaci髇 con la Ley de su Hacienda y con la legislaci髇 hipotecaria.

IV.

Adquisici髇

El cap韙ulo II del t韙ulo III desarrolla lo establecido en el art韈ulo 47 del Estatuto de Autonom韆 de Arag髇 al especificar las formas de adquisici髇 de bienes y derechos. A trav閟 de algunas de ellas, los bienes adquiridos tendr醤 una afectaci髇 t醕ita a un uso o servicio p鷅licos y, consiguientemente, habr醤 de ser clasificados como demaniales. No obstante, existe la presunci髇 legal de que los bienes adquiridos sean patrimoniales en todos aquellos supuestos en que no conste su naturaleza ni se den las circunstancias por las que la propia Ley los declara afectados.

En los procedimientos para las adquisiciones onerosas de inmuebles se incluyen los principios de publicidad y concurrencia que, a su vez, son de aplicaci髇 extensiva a las dem醩 adquisiciones de bienes y derechos.

Las adquisiciones gratuitas precisan de aceptaci髇, previa valoraci髇 de las cargas y grav醡enes. La aceptaci髇 de las herencias se entender� siempre a beneficio de inventario.

La Ley regula de forma espec韋ica las adquisiciones de bienes mobiliarios y de participaciones en el capital de Empresas, exigiendo requisitos especiales, no s髄o por raz髇 de cuant韆, sino tambi閚, cuando la adquisici髇 de las participaciones traiga consigo la posici髇 de socio mayoritario de la Comunidad Aut髇oma en el capital de tales Empresas.

V.

Aprovechamiento

La clasificaci髇 que contiene la Ley de los usos de que son susceptibles los bienes demaniales representa la acogida de criterios ya incorporados a nuestro ordenamiento jur韉ico positivo, ampliamente estudiados por la doctrina.

Junto a la conceptuaci髇 del uso com鷑, general o especial, la Ley regula detalladamente el r間imen de las concesiones demaniales en el cap韙ulo III del t韙ulo II, con sujeci髇 a los principios de publicidad y concurrencia, as� como al de temporalidad, especificando los derechos y obligaciones de la Administraci髇 concedente y del concesionario, y los supuestos de extinci髇.

Salvo en casos excepcionales, la observancia de los se馻lados principios es exigida tambi閚 en la regulaci髇 que la Ley efeect鷄 del uso por los particulares de los bienes patrimoniales de la Comunidad Aut髇oma. Los particulares podr醤 hacer suyos los frutos, rentas y productos que se deriven de la explotaci髇 de estos bienes, sin que la Comunidad Aut髇oma, como propietaria de los mismos, pierda la facultad de comprobar e investigar la utilizaci髇 que se haga de aqu閘los.

Expresamente se hace referencia a los actos separables al regular el procedimiento de contrataci髇, cuando la naturaleza del contrato sea civil, pero esta distinci髇 de actos de una u otra naturaleza ha de ser consecuencia obligada de la del contrato y para ello se incluye una remisi髇 a los criterios contenidos en la legislaci髇 espec韋ica y, en su defecto, en la reguladora de los contratos administrativos

VI.

Enajenaci髇

Para la declaraci髇 de alienabilidad, que es requisito indispensable en la enajenaci髇 de los bienes inmuebles, habr� de ser delimitada la situaci髇 f韘ica y jur韉ica, incluso regularizando, si fuera preciso, la inscripci髇 registral.

Como forma general de enajenaci髇, susceptible de ser excepcionada, la Ley opta por la subasta, tanto para los bienes inmuebles como para ciertos muebles y derechos distintos de los t韙ulos o participaciones de cotizaci髇 oficial en Bolsa.

Sin embargo, los bienes y derechos de car醕ter patrimonial pertenecientes a las Entidades p鷅licas dependientes de la Comunidad Aut髇oma, que constituyan la base de su actividad o que de cualquier otra forma est閚 destinados a ser devueltos al tr醘ico jur韉ico, tienen un tratamiento espec韋ico en la Ley, con una remisi髇 al Derecho com鷑 para facilitar el cumplimiento de sus fines.

Queda restringida en este texto legal la posibilidad de ceder gratuitamente bienes patrimoniales a favor de particulares y a鷑 de otros entes p鷅licos. En todo caso se exige la vinculaci髇 de los bienes cedidos al cumplimiento de fines de utilidad p鷅lica o de inter閟 social o de los propios de Entidades p鷅licas dependientes de la Comunidad Aut髇oma, a favor de las cuales tambi閚 pueden ser adscritos bienes demaniales o patrimoniales, sin cambio de titularidad.

VII.

Empresas p鷅licas

Conforme a lo dispuesto en los art韈ulos 56 y 57 del Estatuto de Autonom韆 de Arag髇, la Comunidad Aut髇oma podr� crear Empresas p鷅licas o participar en otras, siempre con la finalidad de contribuir al desarrollo econ髆ico y social en su territorio.

El texto legal tiene en cuenta, y as� se reconoce, la existencia en la Ley de Hacienda de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇 de referencias a los Organismos aut髇omos o a las Asociaciones mercantiles, eliminando toda contradicci髇 normativa, sin perjuicio del mayor desarrollo dado a algunos extremos.

VIII.

Responsabilidades y sanciones

Con car醕ter general, se enuncia el deber de utilizar adecuadamente los bienes afectos al uso o servicio p鷅licos, incurriendo en responsabilidad quienes incumplan este deber. Asimismo se establecen las responsabilidades a que da lugar el incumplimiento de los deberes espec韋icos se馻lados en el art韈ulo 76 de la Ley.

Se recoge en la Ley el principio 玭on bis in idem�, al excluir las sanciones administrativas cuando exista un il韈ito penal dejando a salvo el resarcimiento de los da駉s y perjuicios causados.

IX.

Competencias

La atribuci髇 de competencias sobre el Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma, pormenorizada a lo largo del texto legal, se centra en el Departamento de Econom韆 y Hacienda, aunque hay supuestos en los que, por raz髇 de naturaleza o cuant韆 ser醤 competentes las Cortes de Arag髇, la Diputaci髇 General u otros Departamentos. Estos 鷏timos tienen competencias sobre la gesti髇 de los bienes a ellos adscritos para el cumplimiento de los fines que motivaron la adscripci髇, en los t閞minos fijados por la Ley, y a las Cortes de Arag髇 se les reconoce autonom韆 patrimonial, sin detrimento del car醕ter unitario que tiene el Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma.