Sumario

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

PREÁMBULO

I

La Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de creación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, fue dictada al amparo de las competencias exclusivas que, en materia de investigación científica y técnica, en coordinación con la general del Estado, tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de Aragón en virtud de lo dispuesto en el artículo 35.1.29.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, así como de las que en materia de agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía, le atribuye el artículo 35.1.12.ª de la misma norma institucional y de las que tiene reconocidas en virtud de su artículo 36.3 en materia de fomento de la investigación, especialmente la referida a materias o aspectos peculiares de Aragón.

En el preámbulo de la citada ley se pone de manifiesto la necesidad de que, recogiendo nuevas orientaciones españolas y europeas, el ejercicio de la actividad pública de la Administración de la Comunidad Autónoma en materia de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación agroalimentarias debería seguir estrategias que fuesen capaces de incidir en los mercados, transfiriendo al sector agroalimentario nuevos productos o nuevas técnicas de producción eficientes y respetuosas con el medio ambiente y que pudiesen generar mayor rentabilidad económica para las explotaciones agrarias y las empresas agroindustriales.

Para el logro de tales objetivos, se indica en el citado preámbulo que debería afrontarse en Aragón un triple reto: desarrollar, en primer lugar, tecnologías y productos adaptados al entorno natural y a nuestros mercados europeos; transferirlos después eficazmente al sector para que redunden en su continua innovación y, por último, garantizar la eficiencia y continuidad del esfuerzo, potenciando equipos humanos que estén en vanguardia de la investigación a través de su constante estímulo y participación en proyectos y redes nacionales, europeas e internacionales.

Asimismo, para hacer efectivo el cumplimiento de tales retos, y haciendo uso de la potestad de autoorganización reconocida estatutariamente a la Comunidad Autónoma en el artículo 35.1.1.ª, que le habilita para dotarse de una Administración institucional propia, se optó por la creación de un organismo público, bajo la forma de entidad de derecho público, como instrumento ágil que permita realizar políticas en materia de investigación y transferencia en el sector agroalimentario que faciliten la gestión de los resultados obtenidos y oriente con eficacia sus líneas de investigación en función de las necesidades existentes, fomentando la innovación de las explotaciones y empresas agroalimentarias, y todo ello con tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

En la citada ley de creación, se atribuyen al Centro, fundamentalmente, la misma naturaleza, fines y funciones que venía desarrollando en materia de investigación, transferencia y formación la desaparecida Dirección General de Tecnología Agraria del entonces Departamento de Agricultura.

Por lo que se refiere a la conformación de sus órganos colegiados y en concreto al Consejo Rector del Centro, éste fue configurado en la ley como un órgano de dirección con una amplia representación, que responde a la consideración de que las grandes líneas de investigación, desarrollo y transferencia son estrategias a largo plazo basadas en el acuerdo social, económico y político.

En relación con el régimen de personal del Centro, existe en la ley una reserva expresa para personal funcionario y laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de los puestos de trabajo de carácter permanente relacionados con la investigación, el desarrollo, la transferencia y la administración, siéndoles de aplicación, respectivamente, la legislación sobre función pública y el convenio colectivo vigente en cada momento junto al resto de la normativa aplicable al personal laboral.

La Ley 29/2002, de 17 de diciembre, fue objeto de modificación introducida por el artículo 43 de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas. En síntesis, los aspectos más significativos de la modificación efectuada en su articulado fueron la incorporación al texto de la consideración del Centro como organismo público de investigación contenida en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón; la supresión de las prerrogativas para el ejercicio de potestades administrativas atribuidas al Centro en la anterior redacción de su artículo 4, y una nueva redacción para la composición de parte del Consejo Rector del Centro.

II

Sobre los objetivos proclamados en la ley, no cabe sino hacer un claro reconocimiento de su vigencia y oportunidad. Por lo que se refiere al modelo organizativo previsto para el Centro como entidad de derecho público, sin perjuicio de que ésta haya de quedar necesariamente sujeta a lo dispuesto en el régimen general de los citados organismos públicos establecido en la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, puede observarse cierta falta de correspondencia entre lo ambicioso de los retos planteados en la ley y lo restrictivo que ha podido resultar para el Centro el régimen jurídico articulado para su configuración, aspecto este que no favorece las posibilidades de que el Centro logre cumplir eficientemente los objetivos para los que fue creado, quedando así justificada la necesidad de introducir modificaciones que puedan asegurar su adaptabilidad a las condiciones y necesidades del entorno y a la necesaria versatilidad que se exige para captar la atención de los mercados.

Una de las razones que han podido contribuir a esta asimetría entre el modelo elegido y su capacidad para dar respuesta a las nuevas demandas de la sociedad es la concurrencia de cambios sustanciales, normativos y organizativos, producidos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de creación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, que justifican la conveniencia de reconsiderar algunos aspectos referidos al contenido de la propia ley.

La Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón, conocida como la «Ley de la Ciencia» de Aragón, surge con la pretensión de establecer las líneas de actuación de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de investigación y con el objeto de fomentar y coordinar la actividad investigadora y la transferencia de conocimientos a la sociedad en la Comunidad Autónoma de Aragón, bajo los principios de calidad y oportunidad y a través de un único departamento competente en las citadas materias. Todo ello, en aras de conseguir una mejora continua del entorno social, el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida de la población aragonesa.

Los planes autonómicos de investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos de Aragón (PAID) se confirmaron en la Ley de la Ciencia como el instrumento básico para la consecución de los objetivos marcados en la misma y a cuyo logro está llamado a contribuir de modo decisivo el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria en el ámbito de las actividades programadas en el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón 2005-2008, aprobado mediante Decreto 263/2004, de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón.

En coherencia con lo previsto en la citada ley, en virtud del Decreto de 7 de julio de 2003, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, se crea el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad «para hacer efectivas las competencias que tiene atribuidas el ejecutivo autonómico en materia de investigación, innovación y transferencia de conocimientos y para responder a las nuevas necesidades de la sociedad aragonesa», tal como se indica en su exposición de motivos. Asimismo, mediante Decreto de 22 de julio de 2003, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, se adscribe al nuevo departamento el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, anteriormente adscrito al entonces Departamento de Agricultura.

La estructura orgánica del nuevo departamento se aprobó en virtud del Decreto 251/2003, de 30 de septiembre, del Gobierno de Aragón, correspondiéndole, de acuerdo con los fines reconocidos en el artículo 3 de la Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón, competencias en materia de transferencia de conocimientos a los sectores productivos aragoneses y a la sociedad aragonesa, así como la planificación y programación de la actividad investigadora.

Pues bien, en el ejercicio de tales competencias y atendiendo a este último enunciado normativo de pertinencia social, es decir, a la necesidad de responder a los requerimientos que surgen de la sociedad aragonesa y de orientar todas sus estrategias a dar respuesta a sus necesidades, el nuevo departamento creado ha promovido la elaboración de un Plan Estratégico para el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria que ha permitido sacar importantes conclusiones para definir su nueva andadura a partir de su actual posicionamiento estratégico como centro de investigación, de sus potencialidades para ofrecer productos y servicios competitivos y para hacer visible la importante función social y económica que puede representar el Centro como eje central de cooperación alrededor del cual se produzca la transformación del actual campus en el que se encuentra ubicado, en el primer parque científico español especializado en agroalimentación y medio ambiente. Cuenta para ello con investigadores, técnicos y auxiliares con una dilatada trayectoria profesional y un alto grado de especialización que han de insertarse en una organización inequívocamente puesta al servicio de la transferencia y puesta en valor de logros científicos propios y de su consolidación como soporte científico y tecnológico necesario para el desarrollo sostenible del sector agroalimentario.

III

Independientemente de los cambios producidos desde su publicación, hay aspectos significativos en la citada Ley 29/2002 que han resultado determinantes en la actual configuración del Centro y cuya reconsideración se propone modificando parcialmente su articulado.

La atribución al Centro, fundamentalmente, de los mismos fines, naturaleza y funciones que venía desarrollando en materia de investigación, transferencia y formación un centro directivo de carácter administrativo, ha podido resultar un modelo poco apropiado para permitir al Centro una adecuada adaptación a los nuevos requerimientos y exigencias del mercado agroalimentario. En su conjunto, el modelo organizativo elegido y desarrollado en la ley de referencia reproduce un esquema presidido por normas pensadas para organizaciones netamente administrativas, no respondiendo, por ello, al espíritu y la letra de la propia norma cuando invoca en su preámbulo la necesidad de dotarse de un instrumento ágil y proclama en su articulado la necesidad de ajustar su actividad al Derecho privado, sin perjuicio de las excepciones que puedan establecerse. A dar respuesta adecuada y eficaz a las nuevas necesidades suscitadas en los sectores económicos de la sociedad aragonesa responde la existencia de las entidades de derecho público, para las que se ha establecido un régimen jurídico propio y diferenciado del de las organizaciones puramente administrativas.

Un segundo aspecto destacable en la ley es la opción elegida para la configuración de los órganos colegiados del Centro, como es el caso del Consejo Rector, con una composición basada en un amplio acuerdo y representación social, económica y política, como garantía de mantenimiento en el tiempo de las estrategias de investigación, desarrollo y transferencia adoptadas por el Centro.

A este respecto, y sin perjuicio de los valores que cabe atribuir al consenso en la conformación de los foros de representación, es preciso dotar al Consejo Rector del carácter propio de un auténtico órgano de dirección, que es como aparece definido en la ley, evitando así su identificación con la naturaleza propia de un órgano de participación comunitaria. Para ello, se modifica su composición, reduciendo la presencia de vocales de representación pública en aras de una mayor representación científica y técnica, aspecto que se contempla en la nueva redacción que se propone del artículo 7.

En relación con el Consejo Científico, su actual composición podría recordar más a un modelo autoadaptativo con fuerte representación del Centro que a un órgano cuyo papel debe estar reservado a la aprobación y evaluación de las líneas estratégicas del mismo en relación con su idoneidad y adaptabilidad a las demandas y requerimientos del sector agroalimentario, valores estos que se juzgan y aprecian de modo más objetivo a partir de la incorporación al citado órgano de científicos e investigadores ajenos a la gestión ordinaria de las actividades desarrolladas por el propio Centro. De ahí la necesidad de contar también con profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional, tal como se propone en la nueva redacción dada al artículo 11 de la ley.

Por último, un tercer aspecto que condiciona definitivamente la naturaleza y la andadura del Centro es la exclusividad que se atribuye en la ley a las funciones desempeñadas por el personal funcionario y laboral fijo de la Comunidad Autónoma adscrito al Centro, reservando a este personal «los puestos de trabajo de carácter permanente relacionados con la investigación, desarrollo, transferencia y administración...», con las limitaciones que ello representa para la captación de perfiles profesionales idóneos y adaptados a las nuevas necesidades del Centro, más allá de las reducidas posibilidades que ofrece el ámbito propio de la Administración Pública. Tal reserva no encuentra justificación alguna en la actualidad, sobre todo a partir de la supresión de las prerrogativas para el ejercicio de potestades administrativas que tenía atribuidas el Centro, introducida mediante la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.

La actual regulación del régimen jurídico del personal del Centro, contenida en el capítulo III de la ley, se separa innecesariamente en su redacción de lo normado con carácter general en la misma materia para el resto de entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluidas aquellas que tienen adscrito personal funcionario y laboral fijo al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma, cuyos derechos adquiridos quedan en todo caso preservados. Ello justifica una nueva redacción para los artículos incluidos en el citado capítulo III, suprimiendo la reserva de puestos efectuada en el artículo 19 y autorizando la contratación de personal laboral propio del Centro no necesariamente vinculado a proyectos de investigación.

IV

Otros aspectos del contexto en el que el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón desarrolla sus actividades también han cambiado. En la actualidad, el citado Centro está llamado a configurarse como núcleo básico de colaboración en el proceso de transformación del campus de Aula Dei, en el que está ubicado el mismo, en el primer parque científico español especializado en agroalimentación y medio ambiente. Se trata de liderar una iniciativa de base territorial, situada en la proximidad de otros institutos y centros superiores o centros de investigación avanzada, destinada a estimular crecimientos económicos basados en el nuevo conocimiento, promoviendo activamente la transferencia de tecnología desde las instituciones de investigación al tejido y a la organización incluida en el ámbito o extensión del parque. La función principal del parque se constituye por las actividades de investigación, desarrollo y planeamiento, por la concepción de nuevos productos y servicios y por el desarrollo de los pasos finales hacia la fase de comercialización.

Al Centro corresponderá asimismo desarrollar programas integrales para la creación de bioempresas, identificar ideas empresariales, formar potenciales emprendedores, incorporar nuevas tecnologías para el sector y formar bioemprendedores apoyando la elaboración de planes de negocio, siendo éstos atributos diferenciales del Centro que pueden posicionarle como referente para el encuentro entre ciencia, tecnología y sociedad, contribuyendo a reforzar la importancia vertebradora del hecho agrario y dando respuesta a sus necesidades de innovación.

V

Por la renovada orientación que pretende darse al Centro, se hace imprescindible contar con eficientes órganos colegiados de dirección y de asesoramiento que sean determinantes en la definición de las líneas y prioridades de investigación del Centro en el marco de la política agroalimentaria y de investigación e innovación tecnológica fijada por el Gobierno de Aragón, incorporando a los mismos a asesores externos nacionales e internacionales que favorezcan las posibilidades de acceso del Centro a programas estatales y europeos de investigación y revisen y evalúen sistemáticamente sus proyectos estratégicos, sin perjuicio de la evaluación externa de la labor investigadora y de la idoneidad de las líneas estratégicas adoptadas por el Centro que por éste deba requerirse. Esta pretensión pretende ser atendida con la nueva redacción dada a los artículos 7, 10 y 11 de la ley.

En la dinámica que se pretende impulsar, es preciso mejorar el modelo de gobierno y de gestión actual del Centro e incentivar el alineamiento de los profesionales con los objetivos estratégicos del mismo, promoviendo cambios necesarios en el perfil laboral de su plantilla y estableciendo mecanismos transparentes de progresión de las retribuciones salariales de acuerdo con las categorías profesionales y con la evaluación del desempeño en los puestos, combinando la definición de una carrera científica propia de los profesionales con su necesaria disposición y capacidad para ofrecer aplicaciones innovadoras.

Es necesario, por tanto, respetando las situaciones individuales, admitir nuevas opciones laborales, valorando habilidades, méritos académicos y experiencia, fijando un marco estratégico de política salarial en función de requisitos ligados a la labor investigadora y favoreciendo también la incorporación de incentivos económicos y no económicos, definiendo indicadores de avance en el cumplimiento de objetivos, de visibilidad de la producción científica, de competencia para captar recursos humanos y materiales para la investigación, de dirección de tesis doctorales y de divulgación científica, entre otros. La nueva redacción dada a los artículos 18, 19, 20 y 21, así como la nueva disposición adicional tercera, referida a la transferencia tecnológica del Centro, pretenden atender estos requerimientos.

En consideración a las observaciones efectuadas, puede concluirse en el sentido de que, para aprovechar las oportunidades que se presentan en el entorno, para fortalecer y dar mayor relevancia a las líneas de trabajo de los investigadores de nueva incorporación, para afianzar los trabajos desarrollados por unidades del Centro que pueden considerarse de excelencia investigadora, para evitar la fuga de científicos e investigadores del Centro a otros centros por sus mejores condiciones de trabajo y para atender con más flexibilidad las demandas no cubiertas de la industria agroalimentaria, debe promoverse una modificación parcial de la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de creación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, en la actual redacción dada a los artículos 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20 y 21, así como de su parte final, en la que se introduce una nueva disposición adicional tercera, quedando asimismo suprimido el actual contenido de los artículos 22 y 23, al objeto de adaptar el marco normativo a las nuevas expectativas y orientación del Centro. Por último, en la presente ley se incluye una disposición final dirigida a elaborar un decreto legislativo que refunda las disposiciones legales vigentes relativas al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.

DISPOSICIONES FINALES

Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.