Sumario

Ley [PRINCIPADO DE ASTURIAS] 3/2002, 19 abril derogada por la Disposici髇 Derogatoria del D. Legislativo [PRINCIPADO DE ASTURIAS] 1/2004, 22 abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenaci髇 del territorio y urbanismo (獴.O.P.A.� 27 abril) el 28 de abril de 2004.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 31.2 del Estatuto de Autonom韆 del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de r間imen del suelo y ordenaci髇 urban韘tica.

Pre醡bulo

I

1.- La aprobaci髇 de una Ley auton髆ica reguladora de la actividad urban韘tica constituye, para el Principado de Asturias, el pleno ejercicio de su competencia legislativa, una vez que se ha clarificado, definitivamente, que la materia 玼rbanismo� corresponde al c韗culo de intereses de las Comunidades Aut髇omas y que el t韙ulo competencial sobre esta materia les permite fijar sus propias pol韙icas de ordenaci髇 de la ciudad, y servirse para ello de las t閏nicas jur韉icas que consideren m醩 adecuadas. La presente Ley, en ejercicio de la competencia exclusiva que atribuye al Principado de Asturias el art韈ulo 10.1.3 de su Estatuto de Autonom韆, establece un sistema completo y propio de ordenaci髇 urban韘tica, haciendo innecesaria la aplicaci髇 supletoria de la normativa estatal, y aclarando, a su vez, la notoria complejidad del marco legal general en el que debe inscribirse m醩 directamente la regulaci髇 de la actividad urban韘tica. Desde que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 61/1997, de 20 de marzo, declarara nulo en su mayor parte el Texto Refundido de la Ley sobre el R間imen del Suelo y Ordenaci髇 Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, recobr� vigencia el Texto Refundido de la Ley sobre R間imen del Suelo y Ordenaci髇 Urbana aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, Texto que se ven韆 aplicando como Derecho supletorio a鷑 cuando se presentara claramente inadecuado en muchos aspectos a las exigencias que demanda la realidad actual, como lo demuestra el hecho de que el propio legislador estatal lo sustituyera ya en 1990, a trav閟 de la Ley 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del R間imen Urban韘tico y Valoraciones del Suelo. A esa inadecuaci髇 contribu韆, tambi閚, la aprobaci髇 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Reforma del R間imen del Suelo y Valoraciones, y, posteriormente, el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, normativa a trav閟 de la cual el Estado ha ejercido sus competencias para definir el contenido b醩ico de la propiedad del suelo, partiendo de supuestos no enteramente coincidentes con los del Texto Refundido de 1976.

2.- Asimismo, pretende introducir las novedades necesarias para solucionar los principales problemas que demanda la realidad social, adaptando toda la normativa urban韘tica a las peculiaridades del Principado de Asturias. Para ello, se parte del principio de que, sin desatender las necesidades de nuevos desarrollos urban韘ticos y su integraci髇 con los espacios urbanos ya consolidados, el suelo urbanizable futuro no puede ser hegem髇ico sobre un espacio rural que identifica al territorio asturiano, especialmente rico y con valores propios, paisaj韘ticos, ambientales y culturales, espacio que es necesario preservar, sujet醤dolo a una ordenaci髇 incompatible con una transformaci髇 que ponga en riesgo su propia existencia, de acuerdo con un adecuado modelo territorial que deben establecer las directrices de ordenaci髇 del territorio de Asturias puesto que son estos instrumentos de ordenaci髇 territorial la instancia id髇ea para asumir estrategias de desarrollo regional, enmarcando el desarrollo urban韘tico de los concejos.

3.- Una de las deficiencias manifiestas de la regulaci髇 jur韉ica del urbanismo ha sido, precisamente, su falta de integraci髇 con la ordenaci髇 del territorio, y en general, con todas las pol韙icas sectoriales que tienen m醩 clara incidencia territorial. La Ley pretende buscar v韆s de conexi髇 m醩 fluidas y operativas entre el urbanismo y la ordenaci髇 del territorio, necesidad que es en la actualidad, si cabe, m醩 apremiante, si tenemos en cuenta que la propia cohesi髇 socioecon髆ica de la Comunidad Aut髇oma depende en 鷏tima instancia del adecuado engranaje de todas estas pol韙icas.

4.- Todo ello se aborda intentando que la reforma ocasione los menores problemas posibles a quienes desarrollan su actividad en este 醡bito, tanto Administraciones p鷅licas como particulares. As�, si todo proceso de cambio jur韉ico en el sector urban韘tico tiene costes, por la inseguridad en la aplicaci髇 de las nuevas normas y por las dudas que 閟tas plantean, costes que se acaban traduciendo en menor actividad urbanizadora y precios m醩 altos, la Ley pretendiendo minimizarlos, ha mantenido la propia terminolog韆 del derecho estatal, a fin de evitar dificultades innecesarias. Igualmente, mantiene en vigor la legislaci髇 urban韘tica asturiana ya existente, que se modifica s髄o en aspectos concretos, sin perjuicio de habilitar al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para la aprobaci髇 de un texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de urbanismo y ordenaci髇 del territorio.

5.- En lo referente a su orientaci髇 general, la Ley considera al urbanismo como una funci髇 p鷅lica, de lo que se deriva la indeclinable responsabilidad de la Administraci髇 p鷅lica, no s髄o respecto al planeamiento, sino tambi閚 respecto a la producci髇 de suelo urbanizado (residencial o industrial) en cantidad suficiente para satisfacer las demandas existentes, a la edificaci髇 de los solares, a la rehabilitaci髇 de los espacios urbanos, o a la contribuci髇 a una regulaci髇 del mercado inmobiliario. Responsabilidad de la Administraci髇 significa que 閟ta disponga de instrumentos suficientes para superar los obst醕ulos que puedan surgir y que tradicionalmente han surgido, dando lugar al actual problema de carest韆 de la vivienda, pero no quiere decir rechazo o trabas a la iniciativa privada. Esta Ley atribuye la responsabilidad de la gesti髇 urban韘tica, en primer lugar, a los concejos, si bien el logro de unos objetivos de alcance supramunicipal es un fin que el Principado de Asturias debe garantizar.

6.- En la l韓ea ya avanzada por otras Comunidades aut髇omas, y dentro del margen de competencias que le permite la reserva que el art韈ulo 149.1.18 de la Constituci髇 reconoce al Estado sobre esta materia, as� como teniendo en cuenta lo dispuesto en el art韈ulo 15.2 b) del Estatuto de Autonom韆, la presente Ley acomete la regulaci髇 del Jurado de Expropiaci髇 del Principado de Asturias, cuya creaci髇 se inscribe en la potestad de autoorganizaci髇 de su propia Administraci髇 de que goza indudablemente la Comunidad Aut髇oma y responde a principios de mayor eficacia administrativa.

II

7.- Una Ley reguladora de la ordenaci髇 urban韘tica, cualquiera que sea su contenido y orientaci髇, tiene una repercusi髇 decisiva sobre la autonom韆 local y sobre las competencias de las entidades locales y su relaci髇 con la Comunidad Aut髇oma. Las entidades locales han venido ejerciendo competencias en materia urban韘tica, pero no se puede olvidar que las decisiones urban韘ticas, tanto de planeamiento como de gesti髇, producen consecuencias que van m醩 all� del 醡bito estrictamente municipal y por lo tanto requieren la participaci髇 de la Comunidad Aut髇oma. Competencias auton髆icas como las de ordenaci髇 del territorio, vivienda e infraestructuras de inter閟 regional, est醤 韓timamente unidas a la de urbanismo, lo que requiere f髍mulas de colaboraci髇 y coordinaci髇 entre Administraciones. En ning鷑 campo, y en 閟te del urbanismo menos que en otros, caben planteamientos ingenuos de ejercicio aislado de las competencias de cada Administraci髇, como si 閟tas fueran 玸髄o municipales� o 玸髄o auton髆icas�.

8.- El sistema de distribuci髇 de competencias en materia urban韘tica que establece esta Ley, entre las dos Administraciones territoriales de la Comunidad Aut髇oma, descansa en los principios de atribuci髇 expresa para el Principado de Asturias y de presunci髇 general para las entidades locales, en t閞minos de competencias propias. Conforme a este esquema, el Principado s髄o tiene aquellas que se le atribuyen expresamente por Ley.

9.- Este planteamiento determina una ganancia decisiva, en autogobierno efectivo, para las entidades locales, una ganancia neta respecto al modelo vigente en el derecho comparado. Los concejos obtienen, unos directamente, otros a partir de acuerdos de delegaci髇, la competencia de aprobaci髇 definitiva del planeamiento general. Todos ellos pasan a aprobar definitivamente los dem醩 instrumentos de planeamiento, sin distinci髇 alguna. Se suprime buen n鷐ero de las autorizaciones previas de la Comisi髇 de Urbanismo y Ordenaci髇 del Territorio del Principado de Asturias en suelo no urbanizable, y se abre la v韆 a la delegaci髇 de las dem醩. El cambio es, pues, enorme e innegable. La Comisi髇 de Urbanismo y Ordenaci髇 del Territorio del Principado de Asturias deja de controlar y revisar, como ven韆 haciendo hasta ahora, la mayor韆 de las decisiones urban韘ticas municipales, para concentrarse en el ejercicio de las competencias propiamente auton髆icas, en la participaci髇 en el procedimiento de aprobaci髇 de los instrumentos de ordenaci髇 del territorio y en la fijaci髇 de las grandes orientaciones acerca de la ubicaci髇 de infraestructuras, la protecci髇 del medio ambiente y la preservaci髇 de los valores del suelo no urbanizable. Con ello se da plena satisfacci髇 a la aplicaci髇 en este 醡bito del pacto local.

10.- La atribuci髇 de competencias al Principado de Asturias, cuya intervenci髇 en materia urban韘tica no puede agotarse en lo puramente legislativo, no obsta, en absoluto, al car醕ter municipalista de la Ley, que vincula la intervenci髇 auton髆ica a la concurrencia de un inter閟 supramunicipal. Precisamente, para contribuir a delimitar este concepto, la Ley incluye una enumeraci髇 de supuestos en los existen intereses supramunicipales, aunque esta no resultara necesaria desde el punto de vista t閏nico, porque las competencias de la Comunidad, por exigencia constitucional, 鷑icamente pueden estar referidas a intereses de este car醕ter, en tanto que tienen por objeto, cabalmente, su gesti髇.

11.- As�, en materia de planeamiento, las competencias que se atribuyen al Principado en relaci髇 con la aprobaci髇 definitiva del planeamiento general son las m韓imas que, seg鷑 la legislaci髇 b醩ica de r間imen local, se tiene que reservar el ente que delega una competencia o las que tiene en todo caso la Comunidad Aut髇oma para suplir la inactividad municipal. Por otro lado, y dado que el 醡bito estrictamente municipal puede ser inadecuado o insuficiente para el planeamiento general, se prev�, para esos casos, una llamada al di醠ogo con las entidades locales afectadas, y si 閟te no produce resultados, el ejercicio por parte del Principado de las competencias de coordinaci髇 que le atribuye la legislaci髇 vigente.

12.- Del mismo modo, la Ley considera que el suelo no urbanizable, y en particular el subsistema costero, constituye un recurso natural no renovable, una aut閚tica reserva estrat間ica cuya ordenaci髇 y gesti髇 no pueden ser ajenas al Principado de Asturias y a sus competencias de ordenaci髇 del territorio.

13.- Por 鷏timo, las potestades que la Ley atribuye al Principado en materia de disciplina urban韘tica son coherentes con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 11/1999, de 11 de febrero, y 閟te es el sentido de los preceptos en que se modifica la Ley del Principado de Asturias 3/1987, de 8 de abril, reguladora de la Disciplina Urban韘tica.

III

14.- En lo que se refiere al r間imen del suelo, la Ley urban韘tica asturiana ha utilizado el margen de que dispone el legislador auton髆ico, para dar cabida a las formas de asentamiento humano caracter韘ticas de Asturias, que configuran un peculiar sistema de poblamiento de su territorio. Se mantienen los aspectos b醩icos de la Ley del Principado de Asturias 6/1990, de 20 de diciembre, sobre edificaci髇 y usos en el medio rural, de modo que se autoriza el aprovechamiento urban韘tico para la construcci髇 de vivienda en los n鷆leos rurales y en otros espacios, manteniendo su car醕ter de suelos no urbanizables, a la vez que se los preserva de una transformaci髇 urban韘tica desordenada, dejando clara, en la l韓ea seguida hasta ahora por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, su neta diferencia respecto al suelo urbano. En 閟te como en otros aspectos, la Ley requiere la colaboraci髇 de los concejos, en cuyas manos queda un margen de decisi髇 fundamental, en funci髇, eso s�, de la identificaci髇 de concretos valores que hagan necesaria su preservaci髇.

15.- En lo que respecta a la regulaci髇 del planeamiento territorial y urban韘tico, la caracter韘tica principal es su simplificaci髇. La regulaci髇 de los instrumentos de ordenaci髇 del territorio se mantiene, con ligeras variaciones, en la Ley del Principado de Asturias 1/1987, de 30 de marzo, de coordinaci髇 y ordenaci髇 territorial, a馻diendo la figura del Plan Territorial Especial, de car醕ter supramunicipal; y se agiliza, sobre todo, el proceso de redacci髇, revisi髇 y modificaci髇 de las directrices regionales, subregionales y sectoriales de ordenaci髇 del territorio, para que puedan constituir un instrumento m醩 f醕ilmente adaptable a la pol韙ica territorial que pueda desarrollar el Principado de Asturias. Se suprime la figura de las normas subsidiarias: todos los concejos deber醤 contar con un Plan General de Ordenaci髇, si bien su documentaci髇 ser� m醩 sencilla en los de menor n鷐ero de habitantes. Se mantienen los rasgos actuales de los Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle. Se introduce, como novedad, procedente ya de algunas experiencias municipales, la figura de los Estudios de Implantaci髇, que facilitar醤 la tramitaci髇 necesaria para autorizar determinadas infraestructuras o instalaciones empresariales en suelo no urbanizable, y se clarifica la figura de los Cat醠ogos Urban韘ticos, en tanto que instrumentos de ordenaci髇, potenci醤dolos como tales.

16.- Los Planes mejor dise馻dos son ineficaces si no se ejecutan con rapidez y no se produce suelo urbanizado en la cantidad y condiciones necesarias. Por eso las mayores innovaciones de esta Ley se centran en la gesti髇 urban韘tica, en la que se ha procurado atender especialmente a los problemas detectados en la pr醕tica. Con el fin de satisfacer las necesidades m醩 urgentes de vivienda, los Planes Generales y parciales deber醤 delimitar unos sectores de suelo urbanizable prioritario, que ser醤 gestionados con sistemas r醦idos que aseguren su pronta urbanizaci髇 y edificaci髇. En la regulaci髇 de esos sistemas de actuaci髇 se armonizan adecuadamente tres principios: la concepci髇 del urbanismo como funci髇 p鷅lica, que exige otorgar a la Administraci髇 los instrumentos necesarios para asegurar la r醦ida urbanizaci髇 del suelo, el respeto al derecho de propiedad, que obliga a conceder a sus titulares la facultad de asumir la urbanizaci髇 del suelo, con sus cargas y beneficios, y la colaboraci髇 de terceros que podr醤 ser llamados a esta tarea cuando los propietarios no la asuman, sin que la pasividad o la negativa de los propietarios puedan impedir la urbanizaci髇 o retrasarla hasta hacerla in鷗il para satisfacer las necesidades sociales de viviendas, dotaciones y equipamientos urban韘ticos. De esta forma, la urbanizaci髇 de los sectores de suelo urbanizable prioritario debe ejecutarse en los plazos m醲imos fijados en esta Ley. Los propietarios del suelo tienen la facultad de unirse y asumir la condici髇 de urbanizador con preferencia a cualquier otro sujeto. Vencido el plazo que se les concede para ejercer esa facultad, la Administraci髇 podr� asumir la urbanizaci髇 o buscar otro sujeto que la lleve a cabo, sujeto que puede ser una sociedad urban韘tica p鷅lica o bien un particular seleccionado por la Administraci髇. En esta selecci髇 habr醤 de tenerse en cuenta criterios como los precios de los solares de resultado y de las viviendas que se vayan a construir y el eventual apoyo de los propietarios del suelo. Una vez seleccionado el urbanizador, 閟te responde personalmente del cumplimiento de los plazos de urbanizaci髇 y edificaci髇.

17.- En los sectores clasificados como suelo urbanizable no prioritario, se aplicar醤 los sistemas de gesti髇 tradicionales, de compensaci髇, cooperaci髇 y expropiaci髇, cuya regulaci髇 se modifica para hacerlos m醩 鷗iles. Los Ayuntamientos y los propietarios pueden propiciar su urbanizaci髇 en todo momento, promoviendo la aprobaci髇 de Planes Parciales que adem醩 pueden atribuirle la condici髇 de prioritario, con la consiguiente aplicaci髇 de sistemas de gesti髇 m醩 r醦idos.

18.- La gesti髇 urban韘tica no se agota en la producci髇 de solares, con ser 閟ta una etapa decisiva. Tambi閚 es necesario asegurar su edificaci髇 y la rehabilitaci髇 de las construcciones que, por sus valores, no cabe sustituir. La Administraci髇 urban韘tica no puede desentenderse de estas tareas, ni asumirlas directamente como regla general. La edificaci髇 de los solares ser� una obligaci髇 asumida por el urbanizador en muchos casos, e impuesta legalmente al propietario del suelo en todos los dem醩. La Ley proporciona los instrumentos jur韉icos necesarios para que los interesados dispuestos a asumir la tarea de edificar o rehabilitar, no se encuentren con un obst醕ulo insuperable en la negativa de los propietarios.

19.- Por 鷏timo, la Ley regula los instrumentos de intervenci髇 p鷅lica en el mercado del suelo, para que, mediante la constituci髇 de patrimonios p鷅licos y la realizaci髇 o promoci髇 de viviendas sujetas a alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica, pueda formularse y desarrollarse una pol韙ica que contribuya a ordenar el mercado inmobiliario, d醤dose satisfacci髇, de esta manera, a uno de los fines propios de la actividad urban韘tica. Se contempla, por un lado, la posibilidad de establecer las reservas que, en su caso, se consideren necesarias para viviendas sujetas a alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica, reservas que, cuando menos, habiliten a la Administraci髇 urban韘tica para tasar su precio, en un porcentaje del suelo destinado a uso residencial en los sectores de urbanizaci髇 prioritaria, porcentaje que se determinar� en funci髇 de las necesidades espec韋icas de cada concejo, dentro de los topes que al respecto fija la Ley. Por otro, se regulan los patrimonios p鷅licos de suelo con el decidido prop髎ito de relanzamiento y funcionamiento efectivo de este instrumento, hasta ahora pr醕ticamente in閐ito en la realidad de la gesti髇 urban韘tica en Asturias.