Sumario

--> Ley [PRINCIPADO DE ASTURIAS] 5/2005, 16 diciembre, derogada por el apartado 1 de la derogaci�n normativa �nica de la Ley [PRINCIPADO DE ASTURIAS] del Principado de Asturias 2/2013, 21 junio, de supresi�n del Procurador General (�B.O.P.A.� 1 julio), el 31 de diciembre de 2013.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 31.2 del Estatuto de Autonom�a del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley del Procurador General.

Pre�mbulo

I.

La Constituci�n Espa�ola de 1978 acoge en su art�culo 54 la Instituci�n del Defensor del Pueblo, asumiendo as� la experiencia de figuras an�logas del derecho comparado. La Ley Org�nica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, desarrolla aquella previsi�n constitucional configurando a �ste como alto comisionado parlamentario para la defensa de los derechos comprendidos en el T�tulo Primero de la Constituci�n, supervisando, a tal efecto, la actividad de la Administraci�n en el marco de los principios contemplados en el art�culo 103 de la ley fundamental. La misma Ley Org�nica contempla la posibilidad de la existencia de �rganos similares al Defensor del Pueblo estatal en las Comunidades Aut�nomas.

Por su parte, el apartado 1 del art�culo 10.1 del Estatuto de Autonom�a del Principado de Asturias atribuye al Principado la competencia exclusiva en materia de �organizaci�n, r�gimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno�, y el apartado 2 del art�culo 9 determina que �las instituciones de la Comunidad Aut�noma garantizar�n el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de cuantos residen en el territorio del Principado�.

II.

M�s all� de antecedentes remotos, la idea de configurar una instituci�n mediadora entre el Estado y la sociedad fragua pronto en nuestra historia a trav�s del Justicia Mayor de Arag�n que puede citarse, efectivamente, entre los m�s ilustres predecesores de los Defensores del Pueblo, por m�s que, con las caracter�sticas con las que hoy se les conoce, surjan formalmente en Suecia como resultado de la pugna entre el Parlamento y el Rey con la Constituci�n de 1809, cuyo art�culo 96 atribuy� al Ombudsman de entonces nueva creaci�n facultades encaminadas a controlar la Administraci�n y la Justicia.

Posteriormente y tras la desaparici�n de la dominaci�n rusa en 1917, fue Finlandia en 1919 quien asumi� esta figura con un perfil similar al Ombudsman sueco. Dinamarca en 1953 toma el relevo y crea la figura del Ombudsman para fiscalizar a la Administraci�n cada vez m�s intervencionista. Tras Dinamarca, y a partir de la generalizaci�n del estado del bienestar o Wellfare State, la figura se difunde masivamente por el mundo. Noruega y Nueva Zelanda en 1962, Canad� y Australia pocos a�os m�s tarde, culminan la propagaci�n de la Instituci�n.

En 1975 toma el relevo Portugal, y Espa�a lo hace con la Constituci�n de 1978 cuyo art�culo 54, que remite a una Ley Org�nica la regulaci�n de la instituci�n del Defensor del Pueblo como Alto Comisionado de las Cortes Generales, designado por �stas, para la defensa de los derechos comprendidos en el T�tulo I de la misma, acoge de lleno el patr�n n�rdico que finalmente ha terminado por universalizarse con arreglo al cual los Ombudsmen son comisionados designados por los Parlamentos, pero independientes funcionalmente de ellos.

III.

La subsiguiente creaci�n de las distintas comunidades aut�nomas fue provocando una cascada de leyes regulando figuras similares con denominaciones que recuperaban los antecedentes hist�ricos de instituciones con funciones an�logas o similares. As�, en 1983, en Andaluc�a, el Defensor del Pueblo Andaluz; en 1984, en Catalu�a, el Sindic de Greuges; en 1984, en Galicia, el Valedor do Pobo; en 1985, en el Pa�s Vasco, el Ararteko; en 1985, en Arag�n, el Justicia de Arag�n; en 1985, en Canarias, el Diputado del Com�n; en 1988, en la Comunidad Valenciana, el Sindic de Greuges; en 1993, en las Islas Baleares, el Sindic de Greuges; en 1994, en Castilla y Le�n, el Procurador del Com�n de Castilla y Le�n; en 2000, en Navarra, el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra; en 2001, en Castilla-La Mancha, el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha.

IV.

Asturias se inscribe ahora en esa estela creando la figura del Procurador General del Principado de Asturias, que, aunque no contemplada todav�a en el Estatuto de Autonom�a, habr� de encontrar finalmente sede en la norma institucional b�sica entre los �rganos auxiliares del Principado de Asturias.

Y se inscribe en esa estela no s�lo porque crea una figura con funciones similares a las existentes en otras comunidades aut�nomas, sino porque recupera para ella el nombre hist�rico de Procurador General del Principado de Asturias como un mecanismo de reforzamiento del �rgano y de la identidad hist�rica del propio Principado de Asturias.

El Procurador General del Principado de Asturias arranca ya en el S. XVI con un perfil propio, habiendo sido objeto de una primera regulaci�n en las ordenanzas de la Junta General de 1594 y siendo reiterada su existencia en las ordenanzas de 1659, 1781 y 1805. El perfil hist�rico del Procurador General del Principado de Asturias era el de una persona �considerada de primer aprecio y confianza p�blica� y de �satisfacci�n, de experiencia y celo�. Sus competencias alcanzaban a la gesti�n de los negocios del Principado, ostentando un derecho de representaci�n compartido con la Junta y su Diputaci�n, pudiendo formular proposiciones que �l considerara de conocida utilidad al p�blico, alcanz�ndole la posibilidad de acudir a los Tribunales de la Real Audiencia para solicitar la reforma de los acuerdos de la Diputaci�n que considerara lesivos para el inter�s p�blico o para el bien com�n. Es cierto que estas competencias no son coincidentes en su totalidad con las que ahora le asigna esta Ley, pero no lo es menos que los tiempos han evolucionado y que en ninguna de las figuras actualmente existentes en las distintas comunidades aut�nomas que han optado por recuperar denominaciones hist�ricas se da esa coincidencia con una identidad plena. En todo caso se mantiene, aunque atemperada por el paso del tiempo, la idea de que el Procurador General tiende al inter�s p�blico, al bien com�n, a lo que con un lenguaje ya m�s actualizado cabr�a referir como derecho a una buena administraci�n, esto es, a una buena y transparente gesti�n de los intereses p�blicos.

V.

Mediante esta Ley se procede a completar y perfeccionar los instrumentos de autogobierno del Principado de Asturias, cuya planta se ve enriquecida con esta nueva figura del Procurador General del Principado de Asturias, caracterizada como �rgano auxiliar del Parlamento y alto comisionado del mismo, que asume la defensa de los derechos y libertades reconocidos en el T�tulo Primero de la Constituci�n y competente a tal fin para supervisar la actividad de muy diferentes sujetos p�blicos. La actuaci�n del Procurador General del Principado de Asturias asegura la existencia de un nuevo control externo, orientado tanto a la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, como a la correcci�n de los supuestos de mala administraci�n.

VI.

El Procurador General del Principado de Asturias es un �rgano unipersonal, independiente y aut�nomo en el ejercicio de sus funciones, elegido por la Junta General del Principado de Asturias. Contar� con un Adjunto, que le sustituir� en determinados supuestos y que ejercer� las funciones que expresamente le delegue. La caracter�stica de la independencia de la Instituci�n determina las prerrogativas que posee, as� como el amplio r�gimen de incompatibilidades.

Su �mbito de competencias se ha trazado con toda la amplitud que permite la legislaci�n vigente, abarcando toda la actividad p�blica, cualquiera que sea su forma de manifestaci�n y organizaci�n, con la �nica exclusi�n de los servicios perif�ricos de la Administraci�n Central que colaborar�n con el Procurador General del Principado de Asturias, solamente si lo tienen a bien, y sin que ello implique ninguna idea de subordinaci�n.

La propia funci�n que corresponde al Procurador General del Principado de Asturias, como garante de derechos y libertades al margen de los procedimientos administrativos y judiciales establecidos, explica la amplia legitimaci�n concedida para el inicio de sus actuaciones a instancia de persona interesada, pudiendo, incluso, iniciarse las mismas de oficio, as� como la ausencia de formalismo alguno, que se manifiesta, entre otros aspectos, en la posibilidad de presentar las quejas verbalmente. Adem�s, resulta esencial el establecimiento de la obligaci�n de colaboraci�n que tiene la Administraci�n e incluso el grado de responsabilidad que le corresponde al personal que trabaja a su servicio, cuando hayan sido causantes de la queja o entorpezcan la labor de investigaci�n del Procurador General del Principado de Asturias.

Teniendo en cuenta las funciones que corresponden al Procurador General del Principado de Asturias, aunque este �rgano no puede suplir la labor de la Administraci�n, ni la del legislador, ni la del poder judicial, las resoluciones que dicte s� son un medio adecuado para presentar f�rmulas de conciliaci�n con las autoridades afectadas, proponer determinadas modificaciones dirigidas a la Administraci�n y, en su caso, al legislador, o realizar recomendaciones a las autoridades y al personal a su servicio. Como corolario de la funci�n de control y de las investigaciones que realice, resulta fundamental su coordinaci�n con la Junta General del Principado de Asturias a trav�s de la presentaci�n p�blica de la amplia tipolog�a de informes al alcance del Procurador General del Principado de Asturias, dentro de la cual ocupa un lugar preferente el informe anual en el que, entre otras cuestiones, se eval�a la situaci�n de los derechos y libertades en el Principado de Asturias que puede constituir un referente para mejorar su defensa y protecci�n.