Sumario

Véase la Res. [CATALUÑA] 726/VIII, 9 junio 2010, por la que se convalida el D. ley 3/2010, de 29 de mayo, de medidas urgentes de contención del gasto y en materia fiscal para la reducción del déficit público («D.O.G.C.» 15 junio).

El Presidente de la Generalidad de Cataluña

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Gobierno ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 67.6.a) del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo el siguiente

DECRETO LEY

Preámbulo

La profundidad de la crisis económica ha llevado a todos los estados a poner en marcha, en gran parte de forma coordinada, medidas proactivas con el fin de mantener en un nivel elevado la demanda de sus respectivos sistemas económicos y también para dar apoyo a los sectores sociales que han sufrido un mayor impacto de la crisis. Estas medidas, junto con el efecto del funcionamiento de los estabilizadores automáticos existentes en las economías modernas, han dado lugar a que, con carácter general, las administraciones públicas hayan alcanzado elevados niveles de déficit desconocidos en las últimas décadas.

Una vez ha empezado a remitir la crisis económica en el ámbito internacional, había que iniciar un proceso de recuperación de los equilibrios en las finanzas públicas. En el ámbito de la Unión Económica y Monetaria se han acordado calendarios específicos a fin de que cada uno de los países que integran la Unión sitúe el nivel de su déficit dentro de los márgenes que prevé el Pacto de estabilidad y crecimiento, es decir, dentro del límite del 3% en relación a su producto interior bruto. Sin embargo, la inestabilidad en los mercados financieros y los problemas específicos de las finanzas de algunos países integrantes de la UEM han acabado generando dificultades crecientes para la financiación de las administraciones públicas y la extensión en los mercados de la desconfianza sobre la capacidad efectiva de éstas para llevar a cabo el proceso de consolidación fiscal.

La UEM ha reaccionado creando, conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional, un mecanismo de apoyo y rescate de las finanzas públicas de sus estados miembros como instrumento para aportar credibilidad a los mercados financieros. Sin embargo, esta medida ha exigido un mayor compromiso por parte de los estados miembros y, en especial, por aquéllos que presentan desequilibrios más graves en sus finanzas, lo cual les ha forzado a acelerar sus planes de consolidación y a hacerlos más estrictos.

Éste ha sido también el caso de España, donde el Gobierno del Estado, por medio del Real decreto ley 8/2010, de 20 de mayo, ha adoptado medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, entre las que incluye determinados aspectos de carácter básico que, por lo tanto, son de aplicación general a las comunidades autónomas.

En este contexto, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña ha decidido poner en marcha varias medidas con el fin de acelerar la reducción de su propio déficit público.

Con este objetivo, las medidas que se adoptan en este Decreto ley son: la modificación de la Ley 25/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2010, con el fin de reducir los gastos del personal al servicio de la Administración de la Generalidad de Cataluña, incluidos los altos cargos y los gastos de personal de las entidades que pertenecen a su sector público, incluido el personal directivo. Respecto a éstas últimas se prevé efectuar una retención de los saldos a percibir en los créditos de transferencias y aportaciones que se tendrá que aplicar en la parte proporcional de la masa salarial no vinculada a pactos derivados de convenio colectivo. La aplicación de las reducciones en los créditos presupuestarios en relación con los convenios y conciertos se fundamenta en la aplicación de los criterios de analogía retributiva en relación a los empleados públicos y en el origen público de los fondos destinados a su financiación. Todas estas medidas no pueden afectar en ningún caso a la calidad de los servicios prestados.

Por otra parte, se ejercita la capacidad normativa reconocida a la Generalidad de Cataluña sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ya que se introducen modificaciones en los tipos generales, así como sobre el impuesto especial sobre determinados medios de transporte.

La urgencia en la adopción de estas medidas justifica que el Gobierno haga uso de la facultad legislativa excepcional del decreto ley que le reconoce el artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña, ya que concurre el supuesto de hecho que lo habilita a recurrir: la necesidad extraordinaria y urgente. Así, es necesario actuar de manera inmediata y llevar a cabo, en especial, las modificaciones en la vigente Ley de presupuestos, que deben considerarse necesarias con el fin de adaptar la referida Ley a las disposiciones que con carácter de básicas ha dictado el Estado, modificaciones que, por lo tanto, se ajustan escrupulosamente a lo que se determina en la norma estatal y que producirá efectos en cuanto a la materia retributiva a partir del 1 de junio de 2010. Por lo tanto, no se altera el contenido material y básico de la competencia del Parlamento dado que tal y como sucedió en la Ley de presupuestos vigente en materia retributiva existe una vinculación con la normativa básica.

Este Decreto ley, en relación con la reducción de retribuciones y vista la potestad del Parlamento de Cataluña y de las instituciones que del mismo dependen para fijarlas, se limita a recoger que el Departamento de Economía y Finanzas efectuará las retenciones en los créditos presupuestarios que se deriven de los acuerdos adoptados por estas instituciones.

El Decreto ley contiene 6 artículos, 7 disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y una de final, de entrada en vigor, en la que se prevé una vacatio legis inferior a la ordinaria, atendiendo su excepcionalidad y urgencia, con excepción de las medidas en materia tributaria.

Por todo eso, en uso de la autorización concedida en el artículo 64 del Estatuto de autonomía, a propuesta del consejero de Economía y Finanzas y de acuerdo con el Gobierno,

Decreto:

Disposiciones adicionales

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación este Decreto ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a los que corresponda lo hagan cumplir.