Sumario

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALU袮

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Catalu馻 ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el art韈ulo 65 del Estatuto de autonom韆 de Catalu馻, promulgo la siguiente

LEY

PRE罬BULO

I La inmigraci髇 en Catalu馻

El pre醡bulo del Estatuto de autonom韆 de Catalu馻 enfatiza la importancia sustantiva de las aportaciones de las distintas poblaciones a la existencia y al propio ser del pa韘: 獵atalu馻 ha ido construy閚dose a lo largo del tiempo con las aportaciones de energ韆s de muchas generaciones, de muchas tradiciones y culturas, que han encontrado en ella una tierra de acogida. [...] Es un pa韘 rico en territorios y gentes, una diversidad que la define y la enriquece desde hace siglos y la fortalece para los tiempos venideros; [...] es una comunidad de personas libres para personas libres donde cada uno puede vivir y expresar identidades diversas, con un decidido compromiso comunitario basado en el respeto a la dignidad de todas y cada una de las personas. La aportaci髇 de todos los ciudadanos y ciudadanas ha configurado una sociedad integradora.�

Si el Estatuto de autonom韆 reconoce muy expl韈itamente que el hecho mismo de la existencia de Catalu馻 como naci髇 se basa en su perfil de 玹ierra de acogida�, es decir, de comunidad construida a partir de la constante llegada y estabilizaci髇 de nuevas poblaciones, y de la mezcla o integraci髇 con las poblaciones previamente establecidas, cabe considerar tambi閚 que la primera etapa de dicha estabilizaci髇, asentamiento o residencia de las personas reci閚 llegadas -inmigradas o regresadas- al pa韘 receptor es especialmente importante. Por ello, es preciso prever y organizar actuaciones de acogida, propias de la primera etapa. Dichas acciones deben ser una inversi髇 de futuro que tanto el pa韘 receptor como la persona inmigrada deben estar dispuestos a realizar. Con las actuaciones de acogida se proporciona a las personas que lo necesitan una primera oportunidad para la adquisici髇 de habilidades b醩icas para poder llegar a ser personalmente aut髇omas, y el esfuerzo, por lo tanto, debe valer la pena. El beneficio para la sociedad es el hecho de que los inmigrantes y los regresados devienen personas m醩 preparadas y m醩 libres, m醩 capaces, por lo tanto, de participar y contribuir a la mejora de la propia sociedad. Dada esta perspectiva, existe la necesidad social de elaborar una ley de acogida, que es competencia del Parlamento, seg鷑 indica la letra d del art韈ulo 138.1 del Estatuto de autonom韆. La Ley crea el servicio de acogida.

La formalizaci髇 del proceso de acogida establecido por la presente ley comporta, al mismo tiempo, que la sociedad catalana asuma el hecho migratorio, su perduraci髇 a lo largo de los a駉s y la necesidad de gestionarlo como un proceso, con sus retos y oportunidades, pero como un proceso social m醩 que hay que gestionar, cuya existencia, al fin y al cabo, es incuestionable. Aun as�, es preciso reiterar la necesidad de que las personas inmigradas lleguen a nuestro pa韘 con una situaci髇 administrativa regular, por lo que la presente ley pone especial 閚fasis en el hecho de que la acogida, como servicio, pueda prestarse ya desde las oficinas en el exterior.

II Titularidad del derecho de acceso al servicio

El art韈ulo 15.3 del Estatuto de autonom韆 establece la posibilidad de que los derechos que el mismo Estatuto reconoce a los ciudadanos de Catalu馻, es decir, a los catalanes como personas que gozan de la ciudadan韆 de Catalu馻 -entendiendo dicha condici髇 como la de los nacionales espa駉les con vecindad administrativa en el territorio catal醤-, se extiendan tambi閚 玜 otras personas�.

El Parlamento ha querido afirmar como principio que la ciudadan韆, entendida como plenitud de derechos y deberes, debe intentar hacerse extensiva a todas las personas que viven en Catalu馻, si no como realidad instant醤ea o inmediata, s� como compromiso de las administraciones catalanas, mediante la tendencia a universalizar, o hacer extensivos a todo el mundo, las pol韙icas, servicios y prestaciones que procuran la promoci髇 de la igualdad y la cohesi髇 social. En el mismo sentido, el Gobierno aprob�, el 28 de junio de 2005, el Plan de ciudadan韆 e inmigraci髇 2005-2008. Dicho plan, en sinton韆 con el Estatuto de autonom韆 y anticip醤dose al que 閟te estableci�, se refiere al principio de 玞iudadan韆 residente� cuando afirma que en este contexto es importante impulsar un enfoque de la ciudadan韆 basado en la residencia material y en la voluntad de la persona de permanecer de forma efectiva y estable en un determinado entorno social y de querer formar parte de 閘.

Por otra parte, sin embargo, es preciso tener en cuenta que las condiciones b醩icas del ejercicio de los derechos y deberes de las personas que no tienen nacionalidad espa駉la son reguladas por la legislaci髇 del Estado. La Ley org醤ica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻 y su integraci髇 social, en el marco del art韈ulo 13 de la Constituci髇 espa駉la, atribuye un grado de ejercicio de los derechos m醩 o menos elevado en funci髇 de si la persona es residente con autorizaci髇 para trabajar, residente sin autorizaci髇 para trabajar o no dispone de autorizaci髇. Es el caso, por ejemplo, del derecho al trabajo, que se reserva a las personas extranjeras residentes con autorizaci髇 para trabajar, o del derecho a las ayudas en materia de vivienda, que se reserva a las personas que disponen de la autorizaci髇 de residencia. Esta distinci髇 es clave, sobre todo si se considera que continuamente viven y trabajan en Catalu馻 -as� como en el conjunto del Estado y en muchos lugares de Europa- muchas personas extranjeras que se establecen durante periodos considerables con una situaci髇 administrativa irregular. En dicho marco jur韉ico y con esta situaci髇 social, la Ley crea, en primer lugar y dentro del servicio de acogida, el servicio de primera acogida y, en segundo lugar, se pronuncia sobre qui閚es son los titulares a los que se garantiza el derecho de acceso al servicio.

Con relaci髇 a la acogida, la Ley no ampl韆 ni restringe el cat醠ogo de derechos de los extranjeros, sino que crea el servicio de primera acogida y un correlativo derecho de acceso, un derecho p鷅lico subjetivo de naturaleza administrativa. Si la finalidad del servicio es favorecer la autonom韆 de la persona, no hay ni puede haber otro nuevo derecho de extranjer韆, sino una promoci髇 para que los derechos que ya preexisten -y que no son ni privativos de las personas espa駉las ni de las extranjeras residentes, sino de todo el mundo- puedan lograrse con m醩 garant韆: es el caso del derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, fundamental seg鷑 la Constituci髇, y de la capacidad personal, de acuerdo con lo establecido por los art韈ulos 10.1 de la Constituci髇 y 15.2 del Estatuto de autonom韆.

La competencia de la Generalidad para la regulaci髇 de un servicio de este tipo se basa en diversos t韙ulos en que la competencia es exclusiva. El primero es la competencia exclusiva en materia de primera acogida de las personas inmigradas, fijada por la letra a del art韈ulo 138.1 del Estatuto de autonom韆. Cabe mencionar otras competencias exclusivas, como la del uso del catal醤 o la de servicios sociales, establecidas, respectivamente, por los art韈ulos 143.1 y 166.1 del Estatuto. Con relaci髇 a la competencia de servicios sociales, el art韈ulo 14.3 de la Ley org醤ica 4/2000 reconoce el derecho de acceso a los servicios sociales b醩icos a todas las personas extranjeras, en calidad de titulares, sin exigirles, por lo tanto, la condici髇 de residentes.

Los servicios de acogida est醤 formados por el servicio de primera acogida y los programas p鷅licos de acogida especializada. Estos 鷏timos no requieren ning鷑 derecho de acceso espec韋ico, sino que m醩 bien se trata de adaptar la oferta de determinados servicios a las particularidades de algunos segmentos de personas usuarias, adaptaci髇 que se lleva a cabo mediante mecanismos administrativos destinados a la armonizaci髇 de actuaciones. Los programas de acogida especializada no pueden significar la creaci髇 de una red paralela a los itinerarios informativos y formativos ordinarios; siempre y cuando sea posible, las personas destinatarias de los programas deben integrarse en la oferta com鷑 de recursos, equipamientos, proyectos, programas y servicios.

La Ley se pronuncia sobre las personas titulares del servicio de primera acogida mediante una doble t閏nica. En primer lugar, es una obligaci髇 de las administraciones garantizar la disponibilidad del servicio, pero 鷑icamente para las personas extranjeras -inmigradas, solicitantes de asilo, refugiadas-, las ap醫ridas y las regresadas, a partir del momento de su empadronamiento, as� como para las personas que todav韆 no se hallan en territorio catal醤, a partir del momento en que obtienen una solicitud de autorizaci髇 administrativa de residencia o estancia para un periodo superior a noventa d韆s. La exigencia de empadronamiento es coherente con la propia obligaci髇 de los ciudadanos de empadronarse, a partir de cuyo momento se consideran vecinos y pueden exigir la prestaci髇 de los servicios derivados de las competencias propias de los municipios, seg鷑 lo establecido por el art韈ulo 39.1, la letra g del art韈ulo 43.1 y el art韈ulo 43.2 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de r間imen local de Catalu馻. La exigencia de empadronamiento se introduce tambi閚 porque se estima que la posibilidad de prestar un nuevo servicio p鷅lico a las personas extranjeras sin empadronar no es el mejor camino para disminuir el n鷐ero de situaciones de irregularidad administrativa.

En segundo lugar, y en el marco del principio de autonom韆 para la defensa de los intereses propios de la colectividad que representan, de acuerdo con el art韈ulo 86.3 del Estatuto de autonom韆, se abre la puerta a la posibilidad de que los municipios presten tambi閚 el servicio de primera acogida a las personas empadronadas que sean extranjeras o regresadas.

III La acogida en el marco de la pol韙ica europea

La Ley de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Catalu馻 es una ley de primera regulaci髇, que desarrolla las nuevas competencias reconocidas por el Estatuto de autonom韆. Es la primera ley de este tipo con que cuenta Catalu馻, y la primera tambi閚 del Estado. Anteriormente, la falta de competencias sustantivas no impidi� la creaci髇 de la Secretar韆 para la Inmigraci髇, la Comisi髇 Interdepartamental de Inmigraci髇 y el Consejo Asesor de la Inmigraci髇, ahora transformado en Mesa de Ciudadan韆 e Inmigraci髇 (respectivamente, decretos 293/2000, 125/2001 y 86/2008); a pesar de que se trata de mecanismos organizativos que han debido limitarse a tareas consultivas, de coordinaci髇, de planificaci髇 o de traspaso de informaci髇. A partir de la entrada en vigor del Estatuto de autonom韆 de 2006, sin embargo, Catalu馻 puede desarrollar normativamente un marco de referencia integral para la acogida.

Muy probablemente la palabra acogida empez� a ser utilizada institucionalmente en ocasi髇 del debate parlamentario de una Proposici髇 de ley sobre la creaci髇 de una Carta de acogida para las personas reci閚 llegadas a Catalu馻, en 2002, durante la sexta legislatura. Posteriormente fue tambi閚 considerada, entonces ya como compromiso de gobierno, en el Plan de gobierno 2004-2007, de septiembre de 2004, compromiso que empez� ya a tomar cuerpo con el Plan de ciudadan韆 e inmigraci髇 2005-2008, concretamente con el ep韌rafe IV.1 sobre pol韙icas de acogida. La creaci髇 del servicio de acogida se determina tambi閚 en la medida 24 del Pacto nacional para la inmigraci髇, firmado el 19 de diciembre de 2008.

Es tambi閚 remarcable, como hito, el Consejo Europeo de Tesal髇ica de junio de 2003, en que los jefes de estado y de gobierno de la Uni髇 Europea acordaron la importancia de llevar a cabo programas de cooperaci髇, de intercambio de experiencias y de informaci髇 sobre la integraci髇 en el 醡bito de la Uni髇 para el mutuo aprendizaje. De resultas de dicho acuerdo, y a partir de una serie de seminarios organizados por los ministerios responsables de inmigraci髇 de los distintos pa韘es europeos, la Direcci髇 General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisi髇 Europea present�, en noviembre de 2004, el Manual sobre la integraci髇 para responsables de la formulaci髇 de pol韙icas y profesionales, que re鷑e, entre otras, una serie de buenas pr醕ticas y recomendaciones en el 醡bito de la acogida. La presente ley se inspira, por ejemplo, en la constataci髇 del Manual sobre el hecho de que los programas de acogida de las administraciones de los estados miembros de la Uni髇 Europea 玞onstan generalmente de tres componentes principales: ense馻nza de la lengua, cursos de orientaci髇 c韛ica y formaci髇 laboral profesional�. Y es tambi閚 importante hacer referencia al cuarto de los llamados Principios b醩icos comunes para la pol韙ica de integraci髇 de inmigrantes en la Uni髇 Europea, aprobados por el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Uni髇 Europea el 19 de noviembre de 2004, y asumidos por el Consejo Europeo del 16 y el 17 de diciembre del mismo a駉. Dicho principio afirma que el conocimiento b醩ico del idioma, la historia y las instituciones de la sociedad de acogida es indispensable para la integraci髇, y que habilitar a los inmigrantes para la adquisici髇 de dicho conocimiento b醩ico es esencial para que la integraci髇 tenga 閤ito. A馻de que la importancia de este conocimiento b醩ico se refleja en el creciente 閚fasis que ponen distintos estados miembros en programas introductorios.

IV Acogida e integraci髇

No debe entenderse la acogida como el proceso de integraci髇 completo. Tal y como la Ley la define, y seg鷑 el Manual sobre la integraci髇 de la Comisi髇 Europea de noviembre de 2004, es la primera etapa de un proceso que dura varios a駉s y que en muchos casos va m醩 all� de la obtenci髇 de la nacionalidad o de la segunda o tercera generaci髇. Los servicios de acogida no pretenden alcanzar la totalidad de las necesidades personales y sociales de los destinatarios, ni las de la primera etapa, las de la acogida per se, ni las de las etapas posteriores. Los servicios de acogida deben coexistir con el resto de posibilidades, como por ejemplo servicios sociales, vivienda de inclusi髇, inserci髇 sociolaboral, educaci髇, asistencia sanitaria, etc閠era.

En este sentido, la Ley no pretende hacer una relaci髇 de los derechos de cada 醡bito (educaci髇, salud, ense馻nza lingstica, trabajo, etc閠era), ya que ello forma parte de las correspondientes leyes sectoriales y, llegado el caso, de una futura ley de integraci髇, determinada tambi閚 por el Estatuto de autonom韆. La presente ley regula el derecho sectorial que le es propio, el derecho a recibir un servicio de acogida en los t閞minos y contenidos que en ella se definen.

V Responsabilidad compartida y competencias

La responsabilidad de la integraci髇 y, por lo tanto, de la acogida no es 鷑icamente de las personas reci閚 llegadas. Se trata de una responsabilidad mutua, tanto de los que inmigran a Catalu馻 como de las catalanas y de los catalanes, y as� lo expresa el primero de los Principios b醩icos comunes de la pol韙ica de integraci髇 de inmigrantes en la Uni髇 Europea: 獿a integraci髇 es un proceso bidireccional y din醡ico de ajuste mutuo por parte de todos los inmigrantes y residentes de los estados miembros�. Pero, junto a dicha constataci髇, la Ley atribuye claramente la obligaci髇 de garantizar la prestaci髇 de los servicios a los entes locales y a la Generalidad, estableciendo su sistema competencial.

Las actuaciones de la sociedad civil y de las administraciones, especialmente del mundo local, para la integraci髇 y, de hecho, tambi閚, para la acogida de las personas extranjeras inmigradas, comenzaron hace m醩 de dos d閏adas y han sido del todo imprescindibles para la convivencia y la cohesi髇 social. La Ley afirma, como uno de los principios de gesti髇 de la acogida, el de responsabilidad de las administraciones y de todos los sectores sociales, estableciendo los mecanismos de cooperaci髇 t閏nica y econ髆ica necesarios para la articulaci髇 de dicha responsabilidad compartida. La sociedad ha llevado a cabo muchas iniciativas, y muy importantes, de asociaciones, sindicatos, empresas, fundaciones o personas a t韙ulo individual. En cuanto a las personas, en primer lugar hay que reconocer el esfuerzo de los propios reci閚 llegados, as� como el de muchos catalanes y catalanas que, desde el voluntariado y por medio de entidades u organizaciones sin 醤imo de lucro, han cubierto necesidades reales.

Hay que reconocer tambi閚 y valorar que desde los a駉s ochenta el mundo local catal醤 asume responsabilidades de acogida, muchas de ellas traducidas a verdaderas buenas pr醕ticas y que tuvieron el valor o el significado de iniciar el actual modelo de pol韙icas p鷅licas de acogida e integraci髇. Pero ha habido que trabajar en ello sin un incremento de la financiaci髇 que discurriera en paralelo con el incremento de los gastos para atender a la demanda de servicios de m醩 vecinos, y tambi閚 sin el reconocimiento expl韈ito de t韙ulos competenciales. En cuanto a la Generalidad y con referencia tambi閚 a la financiaci髇, a鷑 ahora la inmigraci髇 no es un criterio sustantivo de financiaci髇 de los servicios. Esta situaci髇 fue parcialmente paliada con el Fondo estatal de apoyo para la acogida e integraci髇 de inmigrantes, que desde el a駉 2005 figura en los presupuestos generales del Estado y cuya existencia es debida a un acuerdo promovido en aquel entonces por iniciativa catalana.

Los gobiernos locales de Catalu馻 tienen competencias propias en materia de fomento de las pol韙icas de acogida de los inmigrantes, teniendo en cuenta su capacidad de gesti髇, las leyes sectoriales aprobadas por el Parlamento -en este caso, la Ley de acogida- y el principio de suficiencia financiera, seg鷑 determinan la letra m del art韈ulo 84.2 y el art韈ulo 84.3 del Estatuto de autonom韆. La necesidad de que una ley determine las competencias locales se indica tambi閚 en el art韈ulo 9.1 del Decreto legislativo 2/2003. Por otra parte, corresponde a la Generalidad, de acuerdo con la letra b del art韈ulo 160.1 del Estatuto de autonom韆, la competencia exclusiva en la determinaci髇 de las competencias y potestades propias de los municipios y del resto de entes locales, en los 醡bitos especificados por el art韈ulo 84 del mismo Estatuto. En cuanto a los recursos econ髆icos, la Ley establece la cooperaci髇 y marca la obligaci髇 de la Generalidad de garantizar su suficiencia financiera.

Adem醩 de las competencias de acogida stricto sensu, la Ley incluye otras. Concretamente, las que derivan del reconocimiento de tareas que la Administraci髇 de la Generalidad hace ya a駉s que va poniendo en marcha y que representan el crecimiento l骻ico de la responsabilidad de gobierno hacia 醡bitos materiales del todo conectados, o en relaci髇 indivisible con la acogida, como por ejemplo la integraci髇, sensibilizaci髇, empleo, formaci髇 universitaria e investigaci髇, formaci髇 y calificaci髇 profesionales, an醠isis de la informaci髇, regreso voluntario, remesas y participaci髇, entre otros. En ella se afirman tambi閚 competencias de dise駉 de las pol韙icas, coordinaci髇 intraadministrativa e interadministrativa, planificaci髇, fomento, seguimiento de las pol韙icas europea e internacional, entre otras.

La Ley org醤ica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley org醤ica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻 y su integraci髇 social, reconoce la participaci髇 de las comunidades aut髇omas en la elaboraci髇 de informes para la acreditaci髇 de la integraci髇 de las personas inmigradas mediante el seguimiento de programas de inserci髇 sociolaborales y culturales, ya sea para la concesi髇 de autorizaciones por arraigo o como aportaci髇 para la concesi髇 de la nacionalidad. La acreditaci髇 por haber participado en el servicio de acogida, que constituye un indicador del esfuerzo de integraci髇, tiene eficacia en estos procedimientos administrativos, de acuerdo con la legislaci髇 vigente. Las medidas establecidas por las letras a, b y c del apartado 41.1 del Pacto nacional para la inmigraci髇 disponen ya impulsar la participaci髇 de la Generalidad en la determinaci髇 de los hechos relativos a la integraci髇 y en la acreditaci髇 de dichos hechos en los casos en que la normativa lo requiera. As�, el Pacto considera herramientas b醩icas para la integraci髇 el conocimiento de la sociedad de acogida, la inserci髇 laboral- y el conocimiento de la lengua.

VI Sistema de organizaci髇

La organizaci髇 administrativa de la gesti髇 inmigratoria de la Generalidad empez� ya a construirse en 1992. Aquel a駉 un acuerdo del Gobierno cre� la Comisi髇 Interdepartamental de Inmigraci髇 para el seguimiento y coordinaci髇 de actuaciones en esta materia. De acuerdo con las funciones y tareas desarrolladas por dicha comisi髇, el 28 de septiembre de 1993 el Gobierno aprob� el primer Plan interdepartamental de inmigraci髇, as� como el Decreto 275/1993, de 28 de septiembre, de creaci髇 de la Comisi髇 Interdepartamental de Inmigraci髇 y de su Consejo Asesor. A lo largo de los a駉s posteriores, este sistema fue evolucionando y actualiz醤dose mediante distintos decretos (concretamente, los decretos 176/1994, 194/1998, 71/2000 y 228/2000). Cabe destacar el Decreto 293/2000, de 13 de julio, por el que se crea la Secretar韆 para la Inmigraci髇, porque, por vez primera, se crea un 髍gano espec韋ico para la gesti髇 de las pol韙icas migratorias, adscrito, en aquel momento, al Departamento de la Presidencia. Por estas razones ahora la Ley, para lograr un sistema integrado de organizaciones y funciones en Catalu馻, adem醩 de fijar las competencias de la Generalidad y los entes locales, debe abordar la creaci髇 de organizaciones o citar y reordenar algunas de las ya existentes actualmente.

Aun as�, adem醩 de reordenar y completar un sistema institucional de la Generalidad para la gesti髇 de las nuevas competencias estatutarias en materia de acogida e integraci髇 de la inmigraci髇, es preciso avanzar hacia una gesti髇 institucional integrada de los movimientos humanos, que ser韆 limitada si s髄o tuviese en cuenta la inmigraci髇 extranjera. Por una parte se afirma, por vez primera, la competencia en materia de integraci髇 social de las personas solicitantes de asilo, de las refugiadas y de las ap醫ridas, basada en la competencia exclusiva del art韈ulo 166 del Estatuto de autonom韆. Por otra parte, se integra en el sistema institucional la competencia sobre las personas regresadas. A partir del a駉 2002 la Generalidad puso en marcha un servicio p鷅lico de prestaci髇 y acogida de los catalanes emigrados y de sus descendientes, con la Ley 25/2002, de 25 de noviembre, de medidas de apoyo al regreso de los catalanes emigrados y sus descendientes, y de segunda modificaci髇 de la Ley 18/1996. Las correspondientes estructuras administrativas fueron adscritas a la Secretar韆 para la Inmigraci髇 durante la s閜tima legislatura. Parece oportuno, por razones de eficiencia, sistematizaci髇 y visi髇 integral de la pol韙ica, que la Ley integre, en la medida de lo posible, las estructuras y normas que afectan tanto a las personas catalanas que regresan como a las extranjeras que inmigran a Catalu馻.

VII Contenido de la Ley

La Ley se estructura en tres t韙ulos. El t韙ulo primero, de disposiciones generales sobre acogida, se divide en cuatro cap韙ulos: el cap韙ulo primero contiene disposiciones sobre la finalidad y el objeto de la Ley, definiciones, sistema y principios; el cap韙ulo segundo, referido al servicio de primera acogida, contiene disposiciones sobre el derecho de acceso, contenidos, estructura y otros aspectos del servicio, las certificaciones sobre los conocimientos adquiridos y los sujetos responsables de la prestaci髇; el cap韙ulo tercero contiene disposiciones sobre los programas de acogida especializada y sobre medidas de participaci髇 por parte de las empresas y otras entidades, y el cap韙ulo cuarto establece la necesidad de disponer de profesionales cualificados para llevar a cabo las actuaciones que determina la Ley. El t韙ulo segundo se divide en tres cap韙ulos: el primero contiene las disposiciones sobre las competencias de las administraciones; el segundo, las disposiciones sobre planificaci髇, colaboraci髇 y coordinaci髇, y el tercero, las disposiciones sobre financiaci髇. El t韙ulo tercero, sobre la organizaci髇 institucional, se divide en tres cap韙ulos: el primero se refiere a la organizaci髇 del departamento que tiene asignadas las funciones en materia de inmigraci髇; el segundo desarrolla las previsiones b醩icas de cada uno de los 髍ganos, y, finalmente, el tercero crea la Agencia de Migraciones de Catalu馻.

La parte final de la Ley contiene ocho disposiciones adicionales, una disposici髇 transitoria y dos disposiciones finales. La disposici髇 adicional primera se refiere a las especificidades propias del Aran; la segunda prev� la convalidaci髇 de las acciones formativas que llevan a cabo los centros educativos, los servicios de ejecuci髇 penal, los centros de justicia juvenil y los centros de acogida de menores desamparados; la tercera regula la colaboraci髇 con la Administraci髇 General del Estado; la cuarta contiene una modificaci髇 de la Ley 25/2002 y del Decreto 268/2003; la quinta crea una comisi髇 mixta paritaria entre la Generalidad y los entes locales para facilitar la coordinaci髇 y cooperaci髇; la sexta prescribe la necesidad de formaci髇 espec韋ica del personal que lleva a cabo tareas de acogida sobre los derechos de determinados colectivos; la s閜tima prev� la implantaci髇 progresiva del servicio de primera acogida, y, finalmente, la octava dispone la necesidad de adaptar los planes de ciudadan韆 e inmigraci髇 a lo establecido por la Ley. Por lo que a la disposici髇 transitoria se refiere, la norma establece que el ejercicio de las competencias asignadas a la Agencia de Migraciones de Catalu馻 sean ejercidas, mientras no se regulen sus estatutos, por el 髍gano competente en materia de inmigraci髇. Finalmente, la disposici髇 final primera contiene una habilitaci髇 al Gobierno para el desarrollo y aplicaci髇 de la Ley, y la disposici髇 final segunda establece la fecha de entrada en vigor.