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Base de Datos de Legislación

Ley 2/1988, de 26 de febrero, sobre asignaciones temporales y pensiones a los Presidentes del Parlamento, al cesar en su cargo, y a sus familiares.

Ficha:
  • Órgano PRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
  • Publicado en DOGC núm. 961 de
  • Vigencia desde 24 de Marzo de 1988.
Versiones/revisiones:

Sumario

Preámbulo

Las leyes del Presupuesto de la Generalidad determinan anualmente las cantidades que en concepto de pensión tienen derecho a percibir los Consejeros de la Generalidad que dejan el cargo durante ese ejercicio, pero falta una normativa que, con carácter general, regule los derechos de los Presidentes del Parlamento que dejan de ejercer las funciones propias de su cargo, así como los de sus familiares, debido a que la Ley 3/1982, de 25 de marzo, no contiene disposición alguna sobre el particular.

La presente ley tiene por objeto completar las disposiciones de la ley antes citada, con el fin de garantizar que los Presidentes del Parlamento, una vez hayan cesado, puedan atender a sus necesidades personales y políticas con la dignidad y el decoro correspondientes a las altas funciones ejercidas, y con el fin de establecer, asimismo, en caso de producirse su defunción, unas medidas de protección de los familiares más próximos.

Artículo 1

Las personas que, desde el año 1980, hayan ostentado el cargo de Presidente del Parlamento tendrán derecho a percibir, durante el mismo tiempo que hubieran permanecido en su cargo y como máximo durante veinticuatro mensualidades, una asignación mensual equivalente al 80 por 100 de la retribución mensual correspondiente al ejercicio del cargo de Presidente del Parlamento.

Téngase en cuenta que la Disposición Adicional 1.ª de la Ley [CATALUÑA] 6/2003, 22 abril, del estatuto de los ex presidentes de la Generalidad («D.O.G.C.» 8 mayo), establece lo siguiente: «A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el límite temporal establecido en el artículo 2 debe aplicarse también a los casos especificados por el artículo 1 de la Ley 2/1988, de 26 de febrero, sobre asignaciones temporales y pensiones a los presidentes del Parlamento, al cesar, y a sus familiares». Ir a Norma

Artículo 2

Los ex-Presidentes del Parlamento que hubieran ostentado el cargo durante dos años como mínimo al llegar a la edad de 65 años tendrán derecho a percibir una pensión vitalicia consistente en una asignación mensual igual al 40 por 100 de la retribución mensual correspondiente al ejercicio del cargo de Presidente del Parlamento.

Téngase en cuenta que la Disposición Adicional 2.ª de la Ley [CATALUÑA] 6/2003, 22 abril, del estatuto de los ex presidentes de la Generalidad («D.O.G.C.» 8 mayo), establece lo siguiente: «A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el porcentaje fijado en el artículo 3 debe aplicarse también a los casos especificados por el artículo 2 de la Ley 2/1988, de 26 de febrero, sobre asignaciones temporales y pensiones a los presidentes del Parlamento, al cesar, y a sus familiares». Ir a Norma

Artículo 3

La percepción de la asignación y de la pensión establecidas por la presente ley serán incompatibles entre si.

Asimismo, serán incompatibles con la percepción de los ingresos resultantes del ejercicio de cualquier mandato parlamentario, de la condición de miembro del Gobierno o alto cargo, tanto de la Administración del Estado como de la Generalidad, así como del ejercicio de cualquier otro cargo público o de libre designación remunerado. En dichos casos el interesado deberá efectuar la opción oportuna.

Artículo 4

El cónyuge viudo, no separado legalmente, de un ex-Presidente del Parlamento con derecho a pensión vitalicia, de acuerdo con el artículo 2, tendrá derecho, mientras permanezca en dicha situación, a percibir una pensión vitalicia equivalente al 50 por 100 de la pensión de jubilación establecida por el artículo 2 de la presente ley.

DISPOSICION TRANSITORIA

A efectos de lo dispuesto por el artículo 3, las personas que hubieran ostentado el cargo de Presidente del Parlamento con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley y después del año 1980 tendrán derecho a acogerse a sus disposiciones y a escoger la opción que consideren oportuna desde el momento en que se produjo su cese.

Este derecho se ejercerá dentro del plazo de tres meses contados desde la entrada en vigor de la presente ley.