Sumario

Véase Res [CASTILLA Y LEÓN] 25 noviembre 2009, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-Ley 2/2009, de 5 de noviembre, para garantizar la estabilidad del sistema concesional de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de Castilla y León («B.O.C.L.» 7 diciembre).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.1.8.º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, esta Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre los transportes terrestres que transcurran íntegramente por su territorio, así como sobre los centros de transporte en el ámbito de esta Comunidad.

Por su parte, el artículo 76.12.º del Estatuto dispone que también le corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en su desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva sobre el transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en el territorio de la Comunidad, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado.

II

La actual situación de grave contracción de la actividad económica y el empleo, con importantes implicaciones desde el punto de vista social, está teniendo una especial incidencia en el sector del transporte de viajeros en Castilla y León, poniendo en peligro la prestación y la competitividad de los servicios de transporte regulares interurbanos permanentes de uso general de viajeros por carretera, que tienen una relevancia social de primer orden. Esta relevancia resulta, entre otras razones, de la necesidad de vertebrar el amplio territorio de la Comunidad Autónoma, caracterizada además por una baja densidad de población y una amplia dispersión geográfica de la misma, lo que requiere de una amplia oferta de medios de transporte que faciliten la comunicación entre los numerosos y alejados núcleos de población.

Sólo disponiendo de un sistema de transporte eficiente y competitivo se puede garantizar la movilidad de los ciudadanos a lo largo de nuestro territorio. Ello representa el fundamento de la libertad personal de aquellos y la condición inexcusable para garantizar del desarrollo económico y social al que legítimamente aspiran. Este desarrollo ha pasado siempre por el presupuesto de disponer de un sistema de transporte eficiente y competitivo; mucho más ahora, en el contexto de una economía cada vez más universalizada, que, como queda dicho, atraviesa una gravísima crisis y que exige por ello, la adopción de un inmediato conjunto de medidas que permitan la adecuación de los servicios a las nuevas circunstancias de movilidad, que ayude a superar las dificultades de financiación de las empresas y que les permita adaptarse para garantizar su futuro, el empleo en el sector y la prestación de los servicios en unas condiciones de precio y calidad adecuadas.

III

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la Junta de Castilla y León la posibilidad de dictar normas con rango de ley en casos de extraordinaria y urgente necesidad. En este caso, tal necesidad resulta de la grave situación de la actividad económica y del empleo por la que se atraviesa en estos momentos y que puede calificarse como de «coyuntura económica problemática» o que exige una «rápida respuesta» como así ha reconocido el Tribunal Constitucional en muchos de los pronunciamientos favorables que ha efectuado con ocasión de declarar la constitucionalidad de decretos leyes y en los que este Tribunal ha apreciado la existencia de «coyunturas económicas problemáticas».

Todo lo anterior hace necesaria una rápida reacción legislativa que posibilite una adecuación de la situación de las empresas a las circunstancias del mercado a través de la puesta en marcha de diversas medidas urgentes para garantizar la estabilidad del sistema concesional de transportes terrestres de Castilla y León, que se concretan fundamentalmente en la convalidación de las vigentes concesiones por otras que incorporen las oportunas modificaciones, ampliaciones y mejoras en las condiciones de prestación del servicio, con vigencia hasta el 2 de diciembre del año 2019.

Esta ampliación del plazo concesional resulta necesaria para afrontar un momento especialmente difícil para el sector, en la medida que facilitará la continuidad de cientos de puestos de trabajo, posibilitará a las empresas concesionarias la oportunidad de ir adoptando medidas tendentes a fortalecerse para abordar con más garantías el mantenimiento de la prestación del servicio con la calidad necesaria; y permitirá a la Administración acometer la reorganización de todo el sistema autonómico de concesiones de transporte, evitando que los efectos de la crisis económica mermen la cantidad y la calidad de los servicios o imposibiliten a determinados usuarios su disfrute en un marco tarifario razonable.

Por otra parte, es preciso adoptar medidas que garanticen servicios de transporte de viajeros seguros y eficaces y al mínimo coste, y completar y extender a toda la Comunidad los servicios rurales de Transporte a la Demanda, teniendo especialmente en cuenta los factores sociales y la necesidad de ofrecer determinadas condiciones tarifarias a ciertas categorías de viajeros. Dichas medidas constituyen, por otra parte, una necesidad para permitir que el sector del transporte de viajeros castellano y leonés acometa de forma ordenada y eficiente los retos que plantean el nuevo marco normativo europeo, constituido por el Reglamento (CE) 1370/2007, de 23 de octubre, y la nueva definición del Mapa de Ordenación de los Transportes de Castilla y León que está siendo elaborado en la actualidad.

En definitiva, los motivos y necesidades que hacen excepcional y urgente la puesta en marcha de estas medidas son los siguientes:

• a) La superación de la crisis económica a la que nos enfrentamos va a necesitar un sistema de transportes eficiente, que beneficie a la economía real y que tenga el mínimo coste posible para los presupuestos públicos.
• b) La intensificación de la colaboración público-privada, una de cuyas más tradicionales, contrastadas y eficientes expresiones es, precisamente, el sistema concesional. Mediante este sistema, la Administración mantiene sus competencias regulatorias y de control de una actividad de evidente interés público, mientras es el sector privado el que hace las inversiones y gestiona los servicios. Se logra de esta forma la utilidad pública perseguida sin comprometer el gasto que, de otra forma, sería necesario acometer; y además, se convierte al concesionario, no sólo en el prestador de un servicio público, sino también en un colaborador de los fines de interés público de la Administración. y en beneficio de los ciudadanos.
• c) La necesidad de garantizar la igualdad de acceso de los ciudadanos a los servicios de transporte, con especial atención a las personas con movilidad reducida y a los habitantes que residen en zonas de baja densidad de población o más aisladas dentro del ámbito geográfico de Castilla y León. En este sentido, el Transporte a la Demanda ha mostrado ser, en particular, una herramienta básica y muy eficaz para dar respuesta a las necesidades de movilidad de los habitantes de pequeños núcleos de ámbito rural.
• d) La adecuación de las concesiones a las necesidades del momento presente, reestructurando y robusteciendo los elementos de calidad de un servicio público altamente demandado y valorado por los usuarios, asegurando, al mismo tiempo, el equilibrio económico de las concesiones, cuya viabilidad la crisis económica está erosionando seriamente, y que la Administración está obligada a garantizar.
• e) Hacer frente al riesgo de desaparición de concesiones de carácter rural y consecuentemente, abandono de los servicios a los núcleos de estos ámbitos.
• f) Por último, la Comunidad de Castilla y León necesita desarrollar y extender a toda la Región, el modelo de Transporte a la Demanda en el menor tiempo posible, a fin de emprender la reestructuración del Mapa concesional y abordar los procesos de concurrencia pública de las concesiones resultantes, con la mayor eficacia y garantía de éxito.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 5 de noviembre de 2009

DISPONE

DISPOSICIONES FINALES