Sumario

El Auto TC Pleno de 19 de abril de 2005, ha acordado tener por desistido al Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, del recurso de inconstitucionalidad número 5175/2003, declarándose extinguido el proceso, que fue admitido a trámite por providencia de 7 de agosto de 2003 («B.O.E.» 17 mayo). Téngase en cuenta que por Auto del Tribunal Constitucional de 15 de enero de 2004 («B.O.E.» 24 enero 2004), se ha acordado levantar la suspensión de vigencia y aplicación, que sobre la presente norma se había producido en el Recurso de Inconstitucionalidad núm. 5175/2003 («B.O.E» 20 agosto 2003).

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente ley

Exposición de motivos

I

La agricultura de Castilla-La Mancha, está viviendo unos momentos de especial significación y relevancia, por cuanto se está definiendo a nivel europeo y mundial el nuevo marco de relaciones políticas, económicas y sociales en el que deberá desarrollarse la actividad agraria futura. Una nueva reforma de la Política Agraria Comunitaria, la ampliación de la Unión Europea a los países del Este, la nueva ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, así como la globalización de la economía, son algunos de los principales acontecimientos que ya están definiendo el citado marco de relaciones, y los que plantean los rotos y las incertidumbres de futuro.

Castilla-La Mancha conserva su especialización agraria en el concierto económico y europeo, evolucionando de una agricultura tradicional a otra agricultura más moderna, siendo el sector agrario castellano-manchego generador de una importante actividad para los otros sectores económicos. El peso de la agricultura en nuestra región no sólo viene dado porque da trabajo al 11,2 por ciento de la población activa y porque su aportación al Valor Añadido Bruto regional es del 12,3 por ciento, sino por la herencia agraria y la arraigada cultura rural de la región. De hecho, cerca del 70 por ciento de los habitantes viven en el ámbito rural.

Nuestra agricultura continúa siendo mayoritariamente de secano, solamente el 11 por ciento de las tierras de cultivo son de regadío, con predominio de las pequeñas y medianas explotaciones. Según los datos del último Censo Agrario, el número de explotaciones se sitúa en 194.842 de las que solamente el 6% tienen más de 100 has., un 5% está entre 50 y 100 has., un 11 % tiene entre 20 y 50 has., mientras que el 78% restante tiene menos de 20 has. Estos datos confirman el carácter eminentemente familiar de nuestra agricultura no exenta de una peculiar problemática de estructura y dimensión.

Desde nuestra incorporación a la Unión Europea la renta agraria regional ha tenido un crecimiento sostenido, ha experimentado un notable cambio en las magnitudes que la conforman y las subvenciones europeas han pasado a constituir un tercio de la misma. En el año 2001 las ayudas directas a las rentas han supuesto para Castilla-La Mancha 607,75 millones de euros, que han sido percibidos por 136.330 beneficiarios.

Este dinero es muy necesario para la región, pero su reparto provoca críticas sociales e insatisfacciones ya que mientras que el 95,5% de los beneficiarios percibe el 52% de las ayudas, el 4,5% restante recibe el 48%. Esta realidad nos da idea de una cierta injusticia y hace necesario un cambio en el modelo de gestión de ayudas de la Política Agraria Comunitaria, priorizándose las mismas en favor de los agricultores que viven y trabajan en el medio rural, en aras de una legitimación social de las ayudas que recibe el sector agrario.

Por ello, los objetivos de esta Ley son:

• 1.- Adecuar la aplicación de la política agrícola común a las características y necesidades de la agricultura castellano-manchega dando prioridad a los agricultores profesionales que viven y trabajan en las zonas rurales.
• 2.- Dotar de mayor legitimidad social a las ayudas que recibe el sector agrario evitando los desequilibrios que origina el actual sistema de distribución de las mismas y las críticas sociales que genera.
• 3.- Reforzar el papel redistributivo de recursos de las ayudas agrarias de manera que las explotaciones con mayores dificultades para alcanzar umbrales adecuados de rentabilidad reciban apoyos suficientes para mantener dignamente su actividad.
• 4.- Impulsar la política de desarrollo rural potenciando al tiempo la agricultura y la ganadería como principal base económica, de empleo, de ordenación del territorio y del sostén del tejido social de las zonas rurales.
• 5.- Potenciar la función medio-ambiental y de conservación de los recursos naturales que cumple la agricultura y la ganadería en las zonas desfavorecidas y en las de montaña, donde los ecosistemas resultan más frágiles y fácilmente alterables.
• 6.- Crear un marco jurídico adecuado a través del que pueda configurarse un tipo de explotación no sólo productora de alimentos, sino también generadora de otros bienes y servicios de interés colectivo de acuerdo con el carácter multifuncional de la agricultura.

La actividad agraria en todos los países desarrollados esta protegida y apoyada, no sólo por su función de suministro de alimentos a la población, sino también por el papel que cumple de sostén económico y social del medio rural, así como de conservación y protección del medio natural que disfruta toda la sociedad. Y los poderes públicos tienen la obligación de velar para que este instrumento se articule y aplique eficazmente.

La última reforma efectuada en el marco de la Agenda 2000 posibilitaba la aplicación de una modulación de las ayudas de manera voluntaria por cada uno de los países miembros. La Administración Central española no ha desarrollado, hasta ahora esta materia.

Por todo ello, las Cortes de Castilla-La Mancha en uso de las competencias de nuestra Comunidad Autónoma en materia de agricultura y ganadería contempladas en el Título Cuarto del Estatuto de Autonomía, ha considerado oportuno abordar la regulación de la modulación de las ayudas de manera acorde a las características de nuestra agricultura, con la finalidad de aprovechar el margen de maniobra que ofrece el principio de modulación recogido en el Reglamento (CE) 1259/1999 con el fin de ir avanzando en el diseño de un modelo de política agraria viable a largo plazo y basada en el reconocimiento de la multifuncionalidad de la agricultura. Así como iniciar algunos cambios en el diseño de la política agraria con el objetivo de que sea posible seguir manteniendo las ayudas públicas a la agricultura trasladando fondos de la política de precios y mercados a una política de desarrollo rural que nos permita defender nuestro mundo rural frente al proceso de liberación.

II

El sistema de ayudas a las rentas de la Política Agraria Común ha ido evolucionando desde su creación por el Tratado de Roma en 1957 y, actualmente está originando desequilibrios indeseables que pueden llegar, de no corregirse, a alterar gravemente los objetivos que se persiguen.

En una agricultura diversa como la castellano manchega, no es igual la problemática ni las necesidades de las pequeñas y medianas explotaciones, ubicadas además la mayoría de ellas en zonas desfavorecidas y de montaña, que las de mayor tamaño dotadas de mejor estructura y con mayores recursos propios para mantenerse competitivamente en el mercado.

Desde esta perspectiva, resulta fundamental dirigir la actuación y la iniciativa pública para que un instrumento fundamental de la política agraria como son las ayudas no provoquen los desequilibrios señalados sino que, al contrario, cumpla su papel redistributivo y contribuya a superar las dificultades que limitan las posibilidades de competir de muchas explotaciones agrarias y evitar la pérdida de tejido social y económico en las zonas rurales.

Con esta Ley, se establecen los mecanismos necesarios para introducir los factores de corrección que van a permitir reequilibrar el sistema de ayudas públicas al sector agrario otorgando mayor legitimidad social a las mismas. Los mecanismos que se adoptan se enmarcan en lo dispuesto en el articulado del Reglamento (CE) N° 1259/1999 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común.

III

La Unión Europea ha otorgado la posibilidad de reducir hasta un máximo del 20% el importe de las ayudas directas recibidas de la política agrícola común en función de tres criterios que pueden ser aplicados cumulativa o alternativamente: la mano de obra empleada en la explotación; la rentabilidad global de la explotación y/o el volumen total de ayudas percibidas anualmente.

Junto a ello ha autorizado a destinar los importes procedentes de la reducción de los pagos por aplicación de la modulación a determinadas medidas adicionales en el marco de la ayuda al desarrollo rural establecida en el Reglamento (CE) N° 1257/1999 del Consejo.

La modulación se configura así como un mecanismo de limitación de las posibles ayudas que pueden recibir determinadas explotaciones por diferentes conceptos, buscando el reequilibrio en la distribución de las mismas.

En función de todo ello y atendiendo a las características de los agricultores y la agricultura castellano manchega, con la presente Ley se opta por regular y aplicar la modulación en base al criterio de los importes totales de los pagos directos concedidos a las explotaciones, con un sistema de bonificaciones en función de la mano de obra empleada en las mismas.

La modulación se aplicará a aquellas explotaciones cuyo importe total de ayudas directas referidos a un año civil determinado sea superior a 30.000 euros, quedando por tanto exentas de modulación las explotaciones cuyo importe total de ayudas directas sea inferior a la mencionada cantidad. Esto supone que el 97,59 por ciento del total de explotaciones perceptoras de ayudas directas quedan exentas de la modulación, y que ésta se aplicará al 2,41 por ciento restante que son perceptoras del 35,88 por ciento del montante global de ayudas directas, cifra que referida a los importes percibidos en el año 2001 es de 218,06 millones de euros.

Las explotaciones afectadas por la modulación se clasifican en estratos según los importes de ayudas y se les aplicará un porcentaje de reducción progresivo. El porcentaje de reducción que corresponda aplicar a cada explotación tendrá una bonificación calculada en función de la mano de obra empleada en la misma.

No obstante lo anterior, las explotaciones cuyo importe total de ayudas directas sea superior a 300.000 euros no tendrán ningún tipo de bonificación.

Para evitar que esta Ley pueda tener efectos negativos se establecen unas excepciones en su aplicación, de tal manera que las explotaciones prioritarias, aquellas cuyo titular sea un agricultor a título principal o profesional de la agricultura quedan excluidas de la modulación.

La Ley dispone que las cantidades procedentes de la aplicación de la modulación se destinarán en el territorio de Castilla-La Mancha e irán destinadas a financiar las ayudas concedidas al amparo del Reglamento CE 1257/1999 del Consejo: zonas desfavorecidas y zonas con limitaciones medioambientales(art. 13 a 21), medidas agroambientales (art. 22 a 24), repoblación forestal (art. 31) y jubilación anticipada (art. 10 a 12. Se aplicarán exclusivamente a explotaciones prioritarias, de agricultores a título principal y que se encuentren situadas en zonas desfavorecidas y zonas con limitaciones medioambientales específicas.

La modulación se convierte así en un instrumento que permite reforzar las medidas de desarrollo rural, entrando a jugar un papel importante en procurar una remuneración más justa a los agricultores profesionales que ejercen su actividad agraria en explotaciones con limitaciones naturales que impiden una adecuada rentabilidad.

Por último, la Ley contempla un régimen de restricción de pagos para aquellos beneficiarios que artificialmente creen las condiciones necesarias para no verse afectados por lo establecido en la presente Ley o para beneficiarse de las bonificaciones que la misma establece.

Título Primero

Capítulo I

Disposiciones Generales

Capítulo II

Aplicación

Disposiciones Finales