Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Aut髇oma de Cantabria

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Sumario

La Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇, contempla, en su art韈ulo 1.k), la educaci髇 para la prevenci髇 de conflictos y para la resoluci髇 pac韋ica de los mismos, as� como la no violencia en todos los 醡bitos de la vida personal, familiar y social. Igualmente, en su art韈ulo 2.c), se se馻la que uno de los fines hacia cuya consecuci髇 se orienta el sistema educativo espa駉l es la educaci髇 en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democr醫icos de convivencia, as� como la prevenci髇 de conflictos y la resoluci髇 pac韋ica de los mismos.

El art韈ulo 126.2 de la citada Ley Org醤ica, determina que, una vez constituido el Consejo escolar de los centros, 閟te designar� una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Se concreta, de esa forma, el precepto que se recoge en el art韈ulo 8 de la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero.

La Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educaci髇 y la cultura de la paz, establece que, para la realizaci髇 de los fines fijados en materia de cultura y de paz, se hace necesario, entre otros aspectos, combinar la ense馻nza dentro del sistema educativo con la promoci髇 de la educaci髇 para la paz para todos y durante toda la vida, mediante la formaci髇 en los valores de no violencia, tolerancia, democracia, solidaridad y justicia, as� como promover la formaci髇 especializada de hombres y mujeres en t閏nicas de resoluci髇 de conflictos, negociaci髇 y mediaci髇.

La Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educaci髇 de Cantabria, establece, en su art韈ulo 131.3, que la Consejer韆 de Educaci髇 facilitar� que los centros, en el marco de su autonom韆, puedan elaborar sus propias normas de organizaci髇 y funcionamiento.

Igualmente, dicha Ley regula, en su art韈ulo 132, que el proyecto educativo de los centros deber� recoger el Plan de convivencia del centro. Dicho Plan deber� recoger todas aquellas actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia en los centros, a partir de los aspectos b醩icos regulados en este Decreto.

La Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevenci髇 de Violencia contra Mujeres, Protecci髇 y V韈timas, de Cantabria, se馻la, en su art韈ulo 9, que la Administraci髇 educativa promover� la elaboraci髇 y ejecuci髇 de proyectos espec韋icos de igualdad de g閚ero en todos los centros educativos, que garanticen y fomenten las actitudes, valores y capacidades que contribuyan a un aut閚tico desarrollo integral de las personas.

Los Decretos de Cantabria que establecen los curr韈ulos correspondientes a las diferentes etapas y ense馻nzas del sistema educativo contemplan la necesidad de que los centros incluyan en la elaboraci髇 de los proyectos curriculares o propuestas pedag骻icas orientaciones para incorporar la educaci髇 en valores a trav閟 de las distintas 醨eas y materias, de la organizaci髇 y funcionamiento del centro, y de los aspectos did醕ticos y metodol骻icos. Igualmente, dichos Decretos contemplan decisiones sobre c髆o promover, a trav閟 de pr醕ticas educativas, de la organizaci髇 y funcionamiento, y de las relaciones sociales entre los miembros de la comunidad educativa los valores de igualdad, participaci髇, responsabilidad, cooperaci髇 y solidaridad. En definitiva, los curr韈ulos que se establecen a trav閟 de los mencionados Decretos recogen las competencias b醩icas a las que se refiere el art韈ulo 6.1 de la Ley Org醤ica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇. Hay que destacar, finalmente, que entre las mismas se encuentran la competencia social y ciudadana, y la autonom韆 e iniciativa personal, que contribuyen especialmente a fomentar, entre otros aspectos, la convivencia, la educaci髇 en valores, la responsabilidad, la cooperaci髇 y el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades sociales y la capacidad para dialogar y negociar, as� como para trabajar de forma cooperativa.

Aprender a convivir se ha convertido en una competencia fundamental que todo ciudadano debe poseer. Vivimos en una sociedad compleja y diversa, y esa diversidad y heterogeneidad se refleja, como no puede ser de otro modo, en los centros educativos. En ese sentido, tanto el documento 獷ducaci髇 y Formaci髇 2010. Competencias clave�, de la Uni髇 Europea, como los Reales Decretos que, en el marco de lo dispuesto en la Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇, establecen las ense馻nzas m韓imas de la educaci髇 obligatoria, incluyen, espec韋icamente, una competencia que hace posible comprender la realidad social en la que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadan韆 democr醫ica en un sociedad plural, as� como comprometerse a contribuir a su mejora. Se trata, en el caso del documento impulsado por la Uni髇 Europea, de las competencias sociales y c韛icas, y, en el caso de los mencionados Reales Decretos, de la competencia social y ciudadana.

Este Decreto presenta un modelo de convivencia que se basa en la responsabilidad compartida. La gesti髇 de la convivencia en los centros educativos es responsabilidad de todos, lo que significa que todos somos agentes de convivencia. Ello implica a todos los miembros de la comunidad educativa.

El presente Decreto establece los derechos y deberes de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, y proporciona un marco para que los centros elaboren las normas de convivencia. Asimismo, determina las conductas que afectan a la convivencia, las correspondientes medidas disciplinarias, as� como los procedimientos encaminados a mejorar la convivencia en los centros educativos, entre los que se incluye un procedimiento destinado a agilizar la resoluci髇 de conflictos en los mismos, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 132.f) de la Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇. Adem醩, regula actuaciones, medidas y recursos para potenciar y mejorar el clima escolar, estableciendo mecanismos de seguimiento y evaluaci髇 de las actuaciones previstas.

Por otro lado, este Decreto pretende fijar un modelo integrado de convivencia que combina las ventajas del modelo relacional, basado en la resoluci髇 de un conflicto a trav閟 de la relaci髇 directa entre las partes involucradas en el mismo, con la determinaci髇 de unas normas que todos debemos cumplir. En este modelo integrado, el centro educativo favorece un procedimiento democr醫ico de elaboraci髇 de normas y de consecuencias ante su incumplimiento y, al mismo tiempo, desempe馻 un papel activo en el tratamiento de los conflictos, adoptando estrategias de mediaci髇 encaminadas a potenciar el di醠ogo, teniendo en cuenta que la b鷖queda del entendimiento y los procesos de resoluci髇 pac韋ica de conflictos no excluyen el cumplimiento de las normas. Se potencia, de ese modo, el papel de la escuela como agente de socializaci髇. Asimismo, debe se馻larse que la adopci髇 de estrategias de mediaci髇 a las que se refiere este Decreto supone reconocer y consolidar la importancia de la mediaci髇 formal, organizada en torno a unos responsables y a determinados procesos, sin que esto signifique el menoscabo de procesos de mediaci髇 informal que el profesorado ha venido realizando hasta el momento.

Este modelo integrado de convivencia, que proporciona una perspectiva mucho m醩 amplia que la visi髇 reduccionista que presenta la convivencia entendida s髄o como disciplina, y que apuesta por una visi髇 de la convivencia vinculada al aula, al centro y a la planificaci髇 educativa, se caracteriza por ofrecer un planteamiento global de la convivencia, con implicaciones organizativas y curriculares en los centros, basada en los principios educativos del di醠ogo y una participaci髇 activa de dichos miembros de la comunidad educativa que vertebran el cambio en la gesti髇 de los conflictos y la corresponsabilidad en la mejora de la convivencia escolar. Esta manera de entender la convivencia, que favorece la prevenci髇 de actitudes contrarias al respeto mutuo y al entendimiento, se apoya en los principios que deben guiar la convivencia democr醫ica en el centro educativo, fomentando, de ese modo, una cultura de paz, justicia y solidaridad, y facilitando la valoraci髇 del otro y el respeto a las diferencias que caracterizan la diversidad propia de los grupos humanos. En definitiva, es 閟te un modelo que considera la convivencia como un medio, ya que la acci髇 educativa necesita desarrollarse en contextos de relaci髇 positiva entre las personas; y tambi閚 es un fin, puesto que entre las competencias b醩icas que el alumnado debe desarrollar, adquirir y potenciar a lo largo de las diferentes etapas y ense馻nzas del sistema educativo se encuentran aqu閘las que facilitan al individuo el ejercicio de la ciudadan韆 democr醫ica, el trabajo cooperativo, el di醠ogo, la asertividad y la negociaci髇, entre otros.

Finalmente, este Decreto profundiza en la autonom韆 de los centros educativos al facilitar a 閟tos la posibilidad de reflexionar sobre la situaci髇 de la convivencia en los mismos. Igualmente, establece la necesidad de tomar decisiones y de fijar actuaciones concretas tendentes a la mejora de la convivencia en el centro, as� como de regular unas normas de convivencia propias, que forman parte de las normas de organizaci髇 y funcionamiento. Las normas de organizaci髇 y funcionamiento estar醤 incluidas en la programaci髇 general anual del centro. En ese sentido, el Plan de convivencia debe ser el instrumento que aglutine los esfuerzos de toda la comunidad educativa en torno a la formaci髇 en los valores de no violencia, democracia, solidaridad y justicia; al ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democr醫icos de convivencia; y a la prevenci髇 de conflictos as� como a la resoluci髇 pac韋ica de los mismos.

En consecuencia, a propuesta de la Consejer韆 de Educaci髇, con el dictamen del Consejo escolar de Cantabria, o韉o el Consejo de Estado y previa deliberaci髇 y aprobaci髇 del Consejo de Gobierno de Cantabria, en su reuni髇 del d韆 25 de junio de 2009,

DISPONGO