Artículo 1 Objeto

1. La presente Ley tiene por objeto hacer efectivo, en el ámbito de Cantabria, el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los niveles básicos de bienestar social, mediante la ordenación y promoción de un sistema de servicios que tienda a prevenir y eliminar las situaciones de marginación.

2. A tal efecto, se establece en Cantabria un sistema público de servicios sociales unificado para garantizar la coordinación de los recursos y las iniciativas en dicho ámbito.

Artículo 2 Titulares de derecho

Tendrán derecho a los servicios y prestaciones regulados en la presente Ley:

• a) Los residentes en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
• b) Los transeúntes y los cántabros, residentes fuera de Cantabria, que, estando en situación de necesidad, precisen de las prestaciones reguladas en la presente Ley.
• c) Los extranjeros -asilados, refugiados y apátridas- podrán beneficiarse de dichos servicios y prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes, en los tratados internacionales vigentes en España y, en su defecto, por el principio de justa reciprocidad.

Artículo 3 Principios inspiradores

El sistema de servicios sociales regulado por esta Ley se inspira en los siguientes principios:

• a) Responsabilidad pública. Los poderes públicos deberán garantizar los necesarios recursos financieros, técnicos y humanos, que permitan dar respuesta a los problemas sociales.
• b) Universalidad e igualdad. Las actuaciones en el ámbito de los servicios sociales se dirigirán, sin discriminación, a todos los ciudadanos, atendiéndose sus necesidades sociales de forma integral y no parcializada.
• c) Prevención. Los servicios sociales tenderán a eliminar situaciones existentes de marginación y, primordialmente, a prevenir las causas que conducen a las mismas.
• d) Descentralización. La gestión y prestación de los servicios sociales, cuando su naturaleza lo permita, se llevará a cabo desde la entidad administrativa más cercana al ciudadano a través de instituciones de iniciativa social.
• e) Participación. Los poderes públicos fomentarán la participación democrática de los ciudadanos, grupos sociales y entidades, en la planificación, gestión y control de los servicios sociales, en los distintos ámbitos territoriales y a través de los cauces que se establezcan.
• f) Integración y normalización. Los servicios sociales tenderán a mantener al ciudadano en su entorno social, facilitando su acceso a los medios ordinarios de satisfacción de las necesidades sociales, salvo cuando, por sus características personales, requiera una atención peculiar a través de servicios y centros especializados.
• g) Planificación y coordinación. Con objeto de ordenar y adecuar los recursos disponibles a las necesidades reales, se planificará la prestación de los servicios sociales, promoviendo la aplicación de criterios comunes de actuación de las distintas Administraciones Públicas entre sí, y de éstas con la iniciativa privada. Estos criterios deberán ser evaluados, sistemáticamente, teniendo en cuenta la incorporación de nuevas tecnologías al campo de los servicios sociales.
• h) Solidaridad. Los poderes públicos fomentarán la solidaridad como principio inspirador de las relaciones entre las personas y los grupos sociales, en orden a superar las condiciones que dan lugar a situaciones de marginación o desigualdad, con especial apoyo al desarrollo del voluntariado y procurando, en todo caso, la compensación de los desequilibrios territoriales.