• «a) La fiscalización previa, que se podrá efectuar mediante técnicas de muestreo, de todos los actos, documentos, expedientes susceptibles de producir obligaciones de contenido económico y movimiento de fondos y valores, cuyo importe unitario sea superior al fijado reglamentariamente para cada tipo de gastos.
  
  La fiscalización previa de los derechos será sustituida por la inherente toma de razón en contabilidad.»

«Artículo 86 bis

1. En la iniciación, tramitación y terminación de los procedimientos relativos a la gestión económico-financiera y su control, la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears podrá utilizar soportes, medios y aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en las disposiciones que se dictan para su desarrollo.

2. La utilización de los soportes, medios y aplicaciones mencionados tendrá por finalidad:

• a) Agilizar los procedimientos y facilitar el intercambio de datos, sustituyendo los soportes documentales en papel o en cualquier otro medio físico por soportes propios de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
• b) Reemplazar en los trámites internos los sistemas de autorización y control formalizados mediante diligencias, firmas manuscritas, sellos u otros medios manuales por autorizaciones y controles establecidos en los sistemas de información habilitados o que se habiliten para el trato de los aspectos relativos a la gestión económico-financiera y su control, siempre que de esta forma se garantice el ejercicio de la competencia por el órgano que la tenga atribuida.

3. Los documentos emitidos en la gestión económico-financiera y en el control de esta gestión por la Administración de las Illes Balears con los medios electrónicos, informáticos o telemáticos, cualquiera que sea su soporte, o los que emita como copias de originales almacenados por estos mismos medios, gozarán de la validez y eficacia de documento original, siempre que se cumplan las garantías y requisitos que exige el apartado 5 del artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En particular, lo dispuesto en este apartado será de aplicación a los documentos emitidos a petición del Parlamento de las Illes Balears, de la Sindicatura de Cuentas, del Tribunal de Cuentas, del Síndic de Greuges, del Defensor del Pueblo y de otros órganos estatales o autonómicos competentes para solicitar su expedición.

4. Los documentos contables relativos a las distintas fases del procedimiento de ejecución presupuestaria, incluidos los necesarios para la materialización del pago, así como los relativos a las operaciones no presupuestarias, se podrán tramitar mediante medios informáticos. En este supuesto la documentación justificativa permanecerá en aquellos centros en los cuales se reconocieron las correspondientes obligaciones y derechos.

Sin perjuicio del soporte originariamente utilizado, la documentación justificativa se podrá conservar en soporte informático. Las copias obtenidas de este soporte tendrán la validez y eficacia del documento original, siempre que se garantice su autenticidad, integridad y conservación.

5. Las actuaciones de comprobación material del cumplimiento de las disposiciones aplicables, inherentes a las modalidades de función interventora previstas en los apartados a), b) y c) del artículo 86 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, podrán ser realizadas de forma automática con medios y aplicaciones electrónicos, informáticos o telemáticos.

6. A los efectos previstos en los apartados anteriores, se entenderá que la gestión económico-financiera comprende las diferentes actuaciones encaminadas tanto a la liquidación y obtención de los derechos e ingresos, como a la realización de los gastos y pagos necesarios para el desarrollo de las funciones o finalidades propias de la Administración de las Illes Balears.»

• «i) Resolver los expedientes de concesión del personal docente en materia de gratificaciones por servicios extraordinarios.»

«Disposición adicional sexta Actividades previstas en los instrumentos de ordenación del territorio

1. La ejecución de actividades de interés supramunicipal previstas en un plan territorial parcial o en un plan director sectorial, en materia de residuos, que exija su calificación, instalación, apertura o funcionamiento, no estará sujeta al régimen de licencias, autorizaciones e informes establecido en esta ley.

2. Lo dispuesto en el número anterior sólo será aplicable a los proyectos previstos expresamente en los instrumentos de ordenación citados, siempre que estén recogidos con el grado de detalle suficiente para evaluar sus características fundamentales.»