Artículo 28

Los bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Canarias, mientras conserven tal carácter, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Artículo 29

Los bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Canarias serán susceptibles de inscripción registral, de conformidad con la legislación hipotecaria.

Artículo 30

1. Los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias adquieren la condición de demaniales por su afectación expresa o tácita al uso general o a los servicios públicos de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. La afectación podrá referirse a bienes o derechos que ya pertenezcan a la Comunidad Autónoma o podrá ser simultánea, cuando así se establezca, a la asunción de su titularidad por la Comunidad.

Artículo 31

La afectación podrá efectuarse por cualquiera de las siguientes modalidades:

• a) Por Ley del Parlamento de Canarias.
• b) Por acto administrativo expreso.
• c) Por acto administrativo tácito.

Artículo 32

La afectación legal se producirá por Ley cuando así se disponga por una norma de dicho rango del Parlamento de Canarias. Dicha afectación podrá referirse a uno o varios bienes o derechos de forma concreta, o de forma genérica a todos los que tengan determinada naturaleza, carácter o condición.

Artículo 33

La afectación tácita se producirá en los siguientes casos:

• a) Cuando los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma se utilicen de hecho durante el plazo de un año para fines de uso general o se adscriban al uso público.
• b) Los bienes adquiridos por usucapión conforme a las normas de Derecho privado se entenderán incorporados al dominio de la Comunidad Autónoma, sin necesidad de ningún acto formal, cuando los actos posesorios se vinculen al uso o a los servicios públicos, sin perjuicio de los derechos adquiridos sobre ellos por terceras personas al amparo de las normas de Derecho privado.
• c) La adquisición de bienes y derechos mediante expropiación forzosa implica su afectación a los fines determinantes de la declaración de utilidad pública o interés social previa a la expropiación, dándose cuenta a la Consejería de Hacienda a los efectos procedentes. Los bienes sobrantes no se considerarán afectados.

Artículo 34

1. Las Consejerías que para el cumplimiento de sus fines precisen la afectación de bienes patrimoniales determinados al uso general o a los servicios públicos de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, se dirigirán a la Consejería de Hacienda, expresando cuáles sean y la finalidad que tengan prevista.

2. Recibida la petición, la Consejería de Hacienda iniciará el expediente de afectación. Una vez examinada la situación de los bienes, las razones invocadas y la conveniencia o no de la afectación de los bienes de dominio público, o su conservación como patrimoniales, adoptará el acuerdo procedente, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 21 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad.

Artículo 35

La afectación de los bienes patrimoniales se hará por Orden expresa del Consejero de Hacienda y se comunicará a la Consejería interesada, recabándose de la misma la designación de un representante para que concurra al acto de afectación en la fecha que se determine. La Orden de afectación expresará el bien o bienes que comprenda, el fin o fines a que se refiera, la circunstancia de quedar aquéllos integrados en el dominio público de la Comunidad y el Departamento al que corresponda el ejercicio de las competencias demaniales, incluida la administración y conservación del bien objeto de la afectación.

Artículo 36

El Jefe del Servicio de Patrimonio como representante de la Consejería de Hacienda, y el representante del Departamento a que los bienes hayan de destinarse suscribirán un Acta de afectación en la que constarán los extremos contenidos en la Orden de cuyo cumplimiento se trate. Suscrita el Acta, el Departamento interesado asumirá la utilización de los bienes afectados de acuerdo con el fin previsto.

Artículo 37

La afectación se hará constar en el Inventario General y, en su caso, en el Registro de la Propiedad.

Artículo 38

El Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda y previo informe de los Departamentos interesados o de los que dependan los Organismos Autónomos o Entes Públicos de Derecho privado, podrá acordar la afectación de determinados bienes o derechos que se encuentren comprendidos en planes, programas, proyectos y resoluciones aprobados por aquél, al uso o servicio público.

Artículo 39

1. Los bienes y derechos demaniales podrán ser objeto de una o más afectaciones secundarias, siempre que los diversos fines y competencias concurrentes sean compatibles entre sí. La concurrencia de diferentes afectaciones sobre un mismo bien no alterará la adscripción orgánica del mismo exigida por la afectación principal, sin que ello afecte al ejercicio por otras Consejerías de competencias derivadas de afectaciones secundarias.

2. La imposición de afectaciones secundarias sobre bienes y derechos demaniales se acordará, previa instrucción del correspondiente expediente, por la Consejería de Hacienda, a instancia de los Departamentos interesados. La Orden por la que se apruebe una afectación secundaria, expresará en todo caso detalladamente las facultades de otras Consejerías respecto a las afectaciones accesorias. Las afectaciones secundarias se harán constar en el Inventario General.

Artículo 40

1. La desafectación tendrá lugar cuando los bienes o derechos demaniales dejen de ser necesarios al uso general o a los servicios públicos.

2. Los bienes desafectados tendrán la consideración de bienes de dominio privado de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio del derecho de reversión, conforme a la legislación de expropiación forzosa, respecto a aquellos que hubieran sido adquiridos por ese título.

3. La desafectación deberá realizarse siempre de forma expresa.

Artículo 41

1. Los Departamentos, o las Consejerías a las que estén adscritos los Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho privado, que tuvieran bajo su administración y custodia bienes que les hubieren sido afectados o adscritos y que en la actualidad los hayan dejado de utilizar, dirigirán comunicación a la Consejería de Hacienda reseñando las circunstancias que permitan la identificación de los bienes y las causas que justifiquen la no utilización y solicitando la adopción de una resolución expresa de desafectación.

2. La Consejería de Hacienda tramitará el oportuno expediente y recabará del Organo interesado la designación de un representante que, junto con el que represente a la referida Consejería, formalizarán la correspondiente Acta de entrega y recepción del bien o bienes.

3. Recibido el bien, el Consejero de Hacienda procederá mediante Orden a declarar la desafectación, la cual se hará constar en el Inventario General y, en su caso, en el Registro de la Propiedad.

Artículo 42

No se entenderán desafectados del dominio público los bienes que no sean necesarios al uso general o a los servicios públicos, incluso los terrenos sobrantes cuando procedan de operaciones del deslinde del dominio público, sino hasta la recepción expresa por la Consejería de Hacienda de los referidos bienes, y en tanto la misma no tenga lugar, seguirán teniendo aquéllos el carácter de demanial.

Artículo 43

Cuando la afectación de un bien se hubiere producido por Ley, la ulterior desafectación deberá realizarse del mismo modo. Se exceptuará de lo anterior el supuesto de que por degradación, haya perdido dicho bien las condiciones naturales que dieran lugar a su declaración de bien demanial.

Artículo 44

La mutación de destino de los bienes demaniales de la Comunidad Autónoma de Canarias, con inclusión de los transferidos por el Estado, se acordará por la Consejería de Hacienda, previo expediente en el que serán oídas las Consejerías, Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho privado afectados por la mutación.

Artículo 45

1. A tal efecto, cuando el Departamento, Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho privado, a los cuales estén afectados los bienes de dominio público, consideren que dichos bienes no son ya necesarios para el desarrollo de sus fines, lo pondrán en conocimiento de la Consejería de Hacienda, la cual instruirá el correspondiente expediente y lo comunicará a los demás Departamentos, Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho privado de la Comunidad Autónoma.

2. Si los Organos y Entes requeridos manifestaren su interés, la Consejería de Hacienda acordará el cambio de destino formalizando la mutación mediante Acta de entrega del bien, firmada por los representantes respectivamente, del Departamento que lo recibe, así como del de la Consejería de Hacienda.

3. La Orden aprobatoria de la mutación expresará los fines a que se afecta el uso del bien, y la Consejería, Organismo Autónomo o Ente Público a la que se adscribe. Por la Consejería de Hacienda se procederá a la anotación de la mutación demanial en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad.

Artículo 46

En el caso de que aquellos Organos o Entes que hubieren sido requeridos no remitiesen comunicación alguna en el plazo que se señale al efecto, la Consejería de Hacienda podrá acordar la desafectación del bien o bienes de que se trate.

Artículo 47

Los Organismos Autónomos y los Entes Públicos de Derecho privado podrán solicitar a la Consejería de Hacienda, a través del Departamento del que administrativamente dependan, la adscripción de bienes y derechos demaniales cuando fueran necesarios para el cumplimiento directo de los fines atribuidos a su competencia.

Artículo 48

1. La adscripción atribuye al Organismo Autónomo o Ente Público de Derecho privado beneficiario de la misma, las facultades de uso, gestión y administración, vinculadas al ejercicio de una finalidad competencial concreta, sin alteración en la titularidad o calificación jurídica de los bienes o derechos.

2. Recibida la solicitud de adscripción, la Consejería de Hacienda iniciará la tramitación del expediente en el cual habrá de examinarse la adecuación del bien o bienes a las finalidades para las cuales se solicita. A la vista de la propuesta, el Consejero de Hacienda tomará el acuerdo procedente de adscripción en el que se expresará el bien o bienes que comprenda, el fin o fines a que se refiera y el Organo al que corresponda el ejercicio de las funciones de gestión y administración.

Artículo 49

1. Compete a la Consejería de Hacienda las facultades de vigilancia y de promover, en su caso, la reintegración de los bienes y derechos al Patrimonio de la Comunidad.

2. Sin perjuicio de ello, el Departamento al que esté adscrito el Organismo o Ente Público de Derecho privado cesionario de dichos bienes y derechos ejercerá por vía de tutela, cuantas medidas sean necesarias para garantizar la adecuada conservación del bien cedido y asegurar su destino al fin determinante de la adscripción.

Artículo 50

1. Cuando los bienes o derechos adscritos dejaren de ser necesarios a los fines determinantes de la adscripción, el Organismo cesionario comunicará tal circunstancia a la Consejería que originariamente ostentaba su gestión y administración para que recupere, en su caso, las facultades que le correspondieran.

2. Si la referida Consejería estimase que dichos bienes no son ya necesarios para el desarrollo de sus fines lo pondrá en conocimiento de la Consejería de Hacienda la cual, previa audiencia de las restantes Consejerías, Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho privado de la Comunidad Autónoma adoptará, en su caso, alguno de los siguientes acuerdos:

• a) La mutación demanial de los bienes y derechos cuando, con ocasión del uso, gestión y administración de los mismos, se impusiere una nueva afectación.
• b) La desadscripción del bien o derecho cuando los mismos no hayan de quedar afectos al uso general o a los servicios públicos. El expediente de desadscripción se tramitará conforme a las reglas del art. 41 del presente Reglamento.

Artículo 51

La sucesión entre Organismos Públicos de la Administración General o Institucional de la Comunidad Autónoma de Canarias, como consecuencia de la creación, supresión, modificación o reorganización de los mismos por disposición legal o reglamentaria, no supone novación de las causas determinantes de integración demanial de los bienes y derechos, que continuarán afectos al ejercicio de las competencias y funciones objeto de transmisión o subrogación, sin necesidad de declaración expresa.

Artículo 52

Compete a la Consejería de Hacienda, de oficio o a instancia del Organismo o Entidad interesada, promover las actuaciones necesarias para la debida constancia de los actos de transmisión o subrogación en los Registros Públicos y en el Inventario General.

Artículo 53

1. Cuando los Departamentos, Organismos Autónomos o Entes Públicos de Derecho privado discrepen entre sí o con la Consejería de Hacienda, acerca de los procedimientos de afectación, desafectación, adscripción, desadscripción o cambio de destino de un bien o derecho de dominio público del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, la resolución definitiva competerá al Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, previo informe de los Departamentos afectados o a los que estén adscritos los Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho privado.

2. Cuando en la tramitación de los expedientes a que se refiere el párrafo anterior, se suscitasen discrepancias entre los Departamentos, Organismos Autónomos o Entes Públicos de Derecho privado interesados o con las propuestas de resolución que deban ser aprobadas definitivamente por la Consejería de Hacienda, ésta requerirá al Organo o Entidad para que alegue los fundamentos en que se apoye su discrepancia. Si la Consejería de Hacienda no estima fundados los motivos de las alegaciones, elevará el expediente con su propuesta al Gobierno para su aprobación definitiva.