Sumario

El Decreto 103/1994, de 10 de junio, por el que se regulan los procedimientos y registros de adopci髇 y de las formas de protecci髇 de menores en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Canarias, fij� el marco general de actuaci髇 en el que se regulaban los procedimientos administrativos correspondientes a los distintos y novedosos mecanismos de protecci髇 introducidos por la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados art韈ulos del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopci髇.

Las posteriores innovaciones introducidas por la Ley Org醤ica 1/1996, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, sobre todo, la entrada en vigor de la Ley territorial 1/1997, de Atenci髇 Integral a los Menores, que estableci� los principios sustantivos y procedimentales a los que deb韆n sujetarse los 髍ganos administrativos llamados a actuar en las situaciones de desprotecci髇 social de los menores en nuestra Comunidad Aut髇oma, determinaron la necesidad de revisar la regulaci髇 contenida en el mencionado Decreto 103/1994 para adaptarlo a los cambios y modificaciones legales habidos con posterioridad a su entrada en vigor. Dicha adecuaci髇 y actualizaci髇 normativa se llev� a cabo a trav閟 del Decreto 54/1998, de 17 de abril, por el que se regulan las actuaciones de amparo de los menores en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Canarias.

La dilatada experiencia alcanzada desde que la Comunidad Aut髇oma de Canarias asumi� las competencias en materia de protecci髇 de menores, as� como la constante preocupaci髇 y sensibilizaci髇 por los problemas que afectan a uno de los colectivos m醩 vulnerables de nuestra sociedad, plasmada, entre otros, en la elaboraci髇 del Diagn髎tico sobre la Problem醫ica del Menor y la Familia en Canarias y la aprobaci髇 del Plan Integral del Menor en Canarias, han permitido conocer las necesidades y detectar las posibles mejoras y avances a introducir en el 醡bito de las medidas de protecci髇 de los menores en situaci髇 de desamparo en nuestra Comunidad Aut髇oma, y, por tanto, sujetos a la tutela de la Administraci髇 competente.

Por su parte, el derecho del menor a ser atendido y educado en el 醡bito de su propia familia, consagrado en los textos legales de 醡bito internacional -Convenci髇 de los Derechos del Ni駉, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el d韆 20 de noviembre de 1989, y ratificada por Espa馻 por instrumento de 30 de noviembre de 1990 (B.O.E. n� 313, de 31 de diciembre)-, de 醡bito nacional -Ley Org醤ica 1/1996- y de 醡bito auton髆ico -Ley 1/1997-, se traduce, precisamente, en que la actuaci髇 de la Administraci髇, cuando detecta que la familia se encuentra en dificultad para lograr que el menor pueda obtener en su seno su desarrollo y formaci髇 integral, debe ir encaminada, en primer lugar, a suplir las deficiencias detectadas en el ejercicio de las relaciones parentales, eliminando los factores que inciden negativamente en el desarrollo del menor y restableciendo la situaci髇 familiar. Y, 鷑icamente, cuando solo pueden ser atendidas las necesidades b醩icas del menor fuera de su familia, debe procederse a separarlo del n鷆leo familiar a trav閟 de los mecanismos de protecci髇 o amparo que se consideren m醩 convenientes a sus intereses, pero, en todo caso, las actuaciones administrativas en tales supuestos deben ir dirigidas o encaminadas a la reinserci髇 del menor en su familia de origen, con la 鷑ica limitaci髇 de que dicha reinserci髇 s髄o ser� atendible en la medida en que se beneficie al menor.

De otro modo, en los casos en que la familia biol骻ica sea incapaz de asegurarle el desarrollo y formaci髇 integral, se proceder� a la sustituci髇 de su familia de origen por una familia alternativa, a trav閟 del acogimiento familiar -principalmente, por miembros de su familia extensa-, en sus diferentes modalidades, o a trav閟 de la adopci髇. Por ello, y siendo conscientes de la importancia que reviste la ejecuci髇 de esta 鷏tima decisi髇 administrativa, se ha puesto especial 閚fasis en una detallada regulaci髇 del procedimiento por el que se dicta la resoluci髇 declarando la situaci髇 de adoptabilidad de menores sujetos a la tutela de la Administraci髇.

Siguiendo la l韓ea apuntada, la evoluci髇 de la pol韙ica social de los 鷏timos a駉s en nuestra Comunidad Aut髇oma de Canarias se ha dirigido precisamente a que no se produzca un aumento de las adopciones de menores en nuestro 醡bito territorial, sino a que disminuyan las causas por las que los menores no puedan ser cuidados y educados adecuadamente en sus propias familias, a trav閟 de la potenciaci髇 de las actuaciones de prevenci髇 o, en los supuestos en que se adopten medidas de protecci髇 administrativas, que vayan dirigidas a la reinserci髇 del menor en su propia familia.

Esta es la raz髇, -que, por otro lado constituye el 閤ito del sistema de protecci髇 a la infancia, logrando la permanencia o reintegraci髇 del menor en su propia familia-, de la disminuci髇 del n鷐ero de adopciones en el 醡bito de nuestra Comunidad Aut髇oma y, constituye, a su vez, la raz髇 principal de que la denominada adopci髇 internacional, de menores procedentes de otros pa韘es, sea un fen髆eno en expansi髇 en Canarias, como lo demuestran los datos estad韘ticos existentes al respecto.

Pero no es solo el incremento del n鷐ero de expedientes, sino tambi閚 su configuraci髇 actual, fruto de los numerosos cambios que se producen en las pol韙icas o legislaciones de los pa韘es de origen de los menores, lo que hace necesaria abordar una regulaci髇 m醩 completa que intente contemplar todos aquellos supuestos integrados en una variada casu韘tica, a cuyos efectos se han tenido en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la Comisi髇 Especial sobre la Adopci髇 Internacional, constituida en la VII legislatura, cuyo informe fue publicado en la Serie I del Bolet韓 Oficial de las Cortes Generales (Senado), n� 775, de 10 de diciembre de 2003.

Por otra parte, a trav閟 del presente Decreto se han efectuado una serie de cambios y modificaciones puntuales, tratando de acomodar los procedimientos administrativos de las actuaciones de adopci髇 y acogimiento preadoptivo regulados en el Decreto 54/1998 a las exigencias y necesidades de la realidad social actual. B醩icamente, y sin 醤imo de llevar a cabo una profunda reforma en la materia, se ha tratado de regular, complet醤dolos o modific醤dolos, aquellos aspectos y cuestiones que estaban generando problemas en su aplicaci髇 pr醕tica; simplificando y agilizando, en la medida de lo posible, la intervenci髇 administrativa que, en todo caso, garantiza el inter閟 superior de los menores susceptibles de adopci髇, sin obviar los derechos que asisten al resto de los sujetos afectados, que se encuentran debidamente salvaguardados en todos los procedimientos que se regulan, procur醤doles las m醲imas garant韆s y seguridad jur韉ica.

Desde este planteamiento las principales innovaciones son las siguientes:

• - Se regula espec韋icamente el procedimiento de declaraci髇 de la situaci髇 de adoptabilidad de los menores no susceptibles de reintegraci髇 familiar, fijando un plazo m醲imo de un a駉 desde el acogimiento residencial del menor para la emisi髇 de los informes necesarios conducentes a proponer la reintegraci髇 familiar o su desestimaci髇, y, en este 鷏timo caso, su adoptabilidad a fin de evitar prolongaciones innecesarias de los menores en centros.
• - Se regula separadamente la tramitaci髇 de las solicitudes de adopci髇 de menores en general de las de los menores con caracter韘ticas especiales, dando car醕ter preferente a la de estos 鷏timos y promocionando su adopci髇, cre醤dose, al respecto, dos subsecciones en el Registro de Adopci髇.
• - Se acomete una regulaci髇 m醩 pormenorizada de los criterios generales orientadores en el proceso de valoraci髇 de la idoneidad de las personas solicitantes de adopci髇 y de la selecci髇 de los adoptantes y asignaci髇 de menores, asegurando a trav閟 de la intervenci髇 sucesiva de profesionales t閏nicos y de la Comisi髇 de Atenci髇 al Menor, la observancia de los principios de objetividad, imparcialidad, igualdad y transparencia.
• - Se introduce un cap韙ulo espec韋icamente dedicado a regular el seguimiento de los per韔dos o acogimientos preadoptivos, una vez aceptada por los solicitantes seleccionados la asignaci髇 de los menores propuestos, proporcion醤doles la atenci髇 precisa y necesaria para propiciar la integraci髇 y desarrollo de los menores, que, en ciertos casos, puede extenderse a una asistencia postadopcional.
• - Se regula, de un modo m醩 exhaustivo, la actualizaci髇 del expediente de adopci髇 por el transcurso del tiempo de tres a駉s previsto reglamentariamente, contemplando un procedimiento espec韋ico de actualizaci髇 de la idoneidad.
• - Se fijan, con mayor profundidad, los supuestos de car醕ter coyuntural que, durante el proceso de valoraci髇 de la idoneidad, aconsejan la suspensi髇 del procedimiento y el aplazamiento de la valoraci髇 definitiva.
• - Se establecen procedimientos de informaci髇 y preparaci髇 para los solicitantes de adopci髇, tanto nacional como internacional, con el fin de que 閟tos tomen adecuadamente sus decisiones, evitando en la medida de lo posible situaciones posteriores de inadaptaci髇 o fracaso en la adopci髇.
• - Y, en la adopci髇 internacional, entre otras mejoras, se prev� la posibilidad legal de tramitar la solicitud en otro pa韘 cuando en el iniciado se paralice, por causas ajenas a las personas solicitantes, la tramitaci髇 de su solicitud. Y se regula, de un modo m醩 pormenorizado, la aceptaci髇 o no por la Direcci髇 General competente en materia de protecci髇 de menores de la asignaci髇 efectuada a los interesados por las Autoridades Centrales del Pa韘 de origen del menor.

En definitiva, se ha tratado de recoger en un solo instrumento jur韉ico la normativa reguladora de las actuaciones administrativas que se van a aplicar a los menores que se encuentran en Canarias declarados susceptibles de adopci髇, as� como a las relativas a la adopci髇 de menores en el extranjero por residentes en nuestra Comunidad Aut髇oma.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, visto el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, y previa deliberaci髇 del Gobierno en su sesi髇 del d韆 24 de mayo de 2007,

DISPONGO: