Artículo 80 Concepto y régimen jurídico

1. Se define la evaluación de las políticas públicas como un proceso integral de observación, medida, análisis e interpretación encaminado al conocimiento de una intervención pública, norma, programa, plan o política, que permita alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias respecto a su diseño, puesta en práctica, resultados e impactos, con la finalidad de ser útil a los decisores y gestores públicos, así como a la sociedad en general.

2. La Intervención General ajustará su actividad de análisis y evaluación de las políticas y programas públicos de gasto cuya gestión corresponde a los sujetos del sector público autonómico, a la finalidad prevista en el artículo 34 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, los principios de buena gestión económico financiera y las disposiciones de este Reglamento y demás que lo desarrollen; sin perjuicio de las competencias de otros órganos que en esta materia establezcan las disposiciones vigentes.

Artículo 81 Participación y colaboración de los sujetos del sector público autonómico

1. Los sujetos del sector público autonómico responsables de la gestión de las políticas, programas y servicios públicos deberán colaborar con la Intervención General, en el ejercicio de sus trabajos de análisis y evaluación de políticas públicas de gasto, facilitándole cuanta información y asesoramiento sea demandado por ésta, a través de su Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas.

La Intervención General, en el ejercicio de sus trabajos de análisis y evaluación de políticas públicas, con la finalidad de fomentar la participación y colaboración de los sujetos del sector público autonómico responsables de la gestión de las mismas, facilitará, al menos, un trámite de alegaciones sobre los informes o estudios provisionales que se realicen.

2. Cuando se considere necesario, por el carácter especializado o científico de los aspectos a evaluar, podrá solicitarse la colaboración de empleados públicos adscritos a los órganos, centros y dependencias responsables de la gestión de las políticas o programas a analizar; así como la contratación de personas físicas o jurídicas externas a la Intervención General.

3. La Intervención General coordinará con el órgano competente en materia de calidad e inspección de los servicios públicos la planificación de sus trabajos de análisis y evaluación de políticas públicas, a fin de facilitar el intercambio de conocimientos que pudieran ser de utilidad para las funciones de ambos y posibilitar la colaboración del personal adscrito a dicho órgano en estos trabajos.

4. La Intervención General coordinará con el órgano competente de función pública la planificación de sus trabajos de análisis y evaluación de políticas públicas referidas al capítulo de gastos de personal, a fin de facilitar el intercambio de conocimientos que pudieran ser de utilidad para las funciones de ambos y posibilitar la colaboración del personal adscrito a dicho órgano en estos trabajos

Artículo 82 Participación y colaboración con las Comunidades Autónomas, Entes Locales, Universidades, Audiencia de Cuentas y organismos con competencias en evaluación del sector público estatal

1. La Intervención General podrá promover la suscripción de convenios de colaboración con los órganos competentes en evaluación de otras Comunidades Autónomas y del sector público estatal, para la realización de objetivos en el ámbito de sus respectivas competencias.

2. La Intervención General podrá, igualmente, promover la suscripción de convenios de colaboración con la Audiencia de Cuentas de Canarias, con la Federación Canaria de Municipios, con las Corporaciones Locales y con las Universidades, para la realización de estudios y trabajos en el ámbito de la evaluación de las políticas públicas de gasto que se desarrollen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 83 Objetivos y competencias

1. La Intervención General, a través de su Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas, desarrollará los siguientes objetivos:

• a) La realización de trabajos de evaluación y análisis de programas y políticas públicas de gasto que se desarrollan en el seno de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la mira puesta en el fomento del uso racional de los recursos públicos y el impulso de los principios de buena gestión económico financiera.
• b) Promover la cultura de la orientación a resultados, de la evaluación y de calidad de los servicios e impulsar su práctica en la gestión pública, sin perjuicio de la competencia de otros órganos en estas materias.

2. Para la consecución de estos objetivos, la Intervención General, a través de su Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas, ejercerá las siguientes competencias y funciones:

• a) Realizar los informes sobre las evaluaciones de programas y políticas públicas de gasto, sus resultados e impacto, que sean acordados por el Interventor General de la Comunidad Autónoma de Canarias e incluidos en el Plan de Acción de la Oficina.
• b) Desarrollar actividades de evaluación conjunta con aquellos agentes, instituciones y organismos vinculados con la evaluación de las políticas públicas con los que la Intervención General haya suscrito el correspondiente Convenio de Colaboración.
• c) Promover y apoyar la implantación de indicadores de gestión en el sector público autonómico, y colaborar en su implantación.
• d) Favorecer el desarrollo de sistemas de información que faciliten la evaluación de las políticas y programas públicos de gasto.
• e) Promover y desarrollar actividades de análisis, consultoría, asesoramiento, formativas y divulgativas, tendentes a la mejora de la eficacia, eficiencia y calidad de la gestión pública, y los demás principios de buena gestión que deben regir la actividad económico financiera de los entes pertenecientes al sector público autonómico.
• f) Elaborar, promover y difundir directrices, protocolos de actuación y guías metodológicas para el análisis y la evaluación de los entes integrantes del sector público.
• g) Promover la investigación aplicada en materia de evaluación de programas y políticas públicas de gasto, en colaboración con entidades públicas y privadas dedicadas a tal finalidad, y en particular con las Universidades canarias.
• h) Promover la formación, la difusión de experiencias y la realización de publicaciones en materia de evaluación de programas y políticas públicas de gasto.
• i) Realizar, en el ámbito de sus funciones, y de acuerdo con su disponibilidad, los estudios, trabajos y asesoramientos técnicos que le sean solicitados por cualquier sujeto del sector público autonómico.
• j) Cualquier otra competencia o función que, dentro de su objeto y ámbito propio de actuación, pudiera serle atribuida.

Artículo 84 Principios básicos de actuación en el ámbito de la evaluación

La Intervención General, en el ejercicio de sus funciones de análisis y evaluación de políticas y programas públicos de gasto, respetará en su actuación los principios de interés general, objetividad, eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano y, específicamente los siguientes:

• a) Principio de independencia de criterio, dictamen y juicio en la realización de sus trabajos, sobre la base de responsabilidad pública y competencia profesional.
• b) Principios de transparencia y participación, entendidos respectivamente como la rendición de cuentas a los ciudadanos y como el compromiso de consulta y participación de los interesados en la realización de sus trabajos; promoviendo estudios de opinión, la intervención de paneles de representantes de las entidades cívicas y los agentes socioeconómicos, y haciendo accesible a los ciudadanos y a los distintos agentes económicos y sociales interesados el resultado de sus trabajos.
• c) Principio de cooperación interadministrativa y participación institucional, entendidos respectivamente como la disposición activa a colaborar con otras administraciones e instituciones, así como a fomentar la participación en sus trabajos.
• d) Principio de calidad y mejora continua, entendido como el compromiso con la autoevaluación y la utilización de modelos de excelencia en el sector público.
• e) Principio de ética profesional y responsabilidad pública, entendido como el compromiso, del personal de la Intervención General que realiza estas funciones, de observar en su actuación los valores y normas de conducta aplicables a los empleados públicos.

Artículo 85 El Plan de Acción anual

1. El titular del departamento competente en materia de hacienda, a propuesta del Interventor General, oídos los distintos departamentos, someterá a la aprobación del Gobierno, en el primer trimestre de cada año, el Plan de Acción de la Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas para el ejercicio, en el que se recogerán, en función de los recursos disponibles:

• a) Los trabajos de evaluación y análisis de programas y políticas públicas de gasto gestionadas por los sujetos del sector público autonómico que la Oficina deba efectuar directamente o de forma conjunta con otros órganos o entidades.
• b) Las actividades vinculadas a trabajos de consultoría y asistencia técnica.
• c) Las actividades de carácter formativo y metodológico.
• d) Aquellas otras de informe, estudio, análisis y evaluación que sean acordadas.

2. Cuando el referido Plan contenga previsiones en el ámbito de calidad e inspección de los servicios públicos o análisis y evaluación de las políticas referidas a recursos humanos, la propuesta se realizará conjuntamente por los titulares de las Consejerías competentes en materia de hacienda, calidad e inspección de los servicios públicos y función pública.

Artículo 86 Destinatarios de los informes, estudios y trabajos de evaluación

1. Los informes, estudios y trabajos de evaluación que se desarrollen se dirigirán al titular del departamento responsable de la gestión de las políticas, programas o servicios analizados.

2. Cuando el titular del departamento competente en materia de hacienda lo considere conveniente, por razón de la relevancia de los resultados, elevará al Gobierno los informes, estudios y trabajos de evaluación, a los efectos de dar cuenta de los mismos y solicitar la autorización de éste para que, atendiendo al principio de transparencia, la Intervención General desarrolle las acciones informativas y comunicativas que estime oportunas en orden a que los resultados más importantes de los trabajos de evaluación puedan ser accesibles a los ciudadanos y a los distintos agentes económicos y sociales interesados en los mismos, así como a los investigadores, pudiendo disponerse su difusión en la web institucional.

3. Cuando los referidos informes, estudios y trabajos de evaluación contengan previsiones en el ámbito de calidad e inspección de los servicios públicos o análisis y evaluación de las políticas referidas a recursos humanos, la propuesta al Gobierno se elevará conjuntamente por los titulares de los departamentos en materia de hacienda, calidad e inspección de los servicios públicos y función pública.