DECRETO 4/2009, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General

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Atención norma derogada, ver regulación posterior
DECRETO 4/2009, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General

Ficha:

Órgano CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
Publicado en BOIC núm. 23 de 04 de Febrero de 2009
Vigencia desde 05 de Febrero de 2009. Revisión vigente desde 05 de Febrero de 2009

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Sumario

Derogado por

--> D [CANARIAS] 4/2009, 27 enero, derogado por la letra a) de la disposición derogatoria única del D [CANARIAS] 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias («B.O.I.C.» 18 mayo) el 7 de junio de 2015.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En las últimas décadas se viene asistiendo, en las sociedades más avanzadas, a profundas reformas en la legislación rectora de la gestión económico financiera de las Administraciones Públicas, que comparten líneas similares. Son rasgos comunes de esta «nueva gestión pública», la decidida implementación de una dirección basada en objetivos, a fin de orientar la gestión a resultados; el desarrollo de indicadores para medir la eficacia, eficiencia y calidad; así como el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control de estos valores, mediante la incorporación de instrumentos de evaluación de la gestión de las políticas y organizaciones públicas.

Con respecto a la función de control interno existe consenso, tanto doctrinal o académico como profesional, en la necesidad de bascular desde la acepción tradicional del control, focalizada casi en exclusiva en garantizar el principio de legalidad, hacia otra concepción del mismo, en la que, sin dejar de tener en cuenta el cumplimiento de la regularidad formal, atienda, como igualmente importante, a la evaluación de los principios de eficacia, eficiencia, economía y calidad en la gestión de los servicios y políticas públicas.

En efecto, la función de control ha venido desarrollándose tradicionalmente dando primacía al principio de legalidad -irrenunciable, por otra parte, en un Estado de Derecho- a fin de evitar extralimitaciones en la acción pública y garantizar al ciudadano el ejercicio de sus derechos y libertades. Sin embargo, en el contexto actual, la legitimidad de las Administraciones Públicas no se justifica exclusivamente en que éstas desarrollen su actividad con arreglo al ordenamiento jurídico, sino que se exige, además, que su actuación sea eficaz en la obtención de resultados y que sean eficientes en el uso de los recursos puestos a su disposición, en un marco de transparencia de la gestión desarrollada que intensifique la calidad democrática.

La Ley territorial 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, en la línea de las reformas señaladas, reproduce con fuerza los principios expuestos, por lo que resulta ineludible la adecuación de la norma reguladora de la organización y funcionamiento del órgano de control interno de la Comunidad Autónoma de Canarias, a fin de potenciar esta nueva concepción del control interno prevista en la citada norma.

Con este nuevo Reglamento que ahora se aprueba, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 2 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda, aprobado por el Decreto 12/2004, de 10 de febrero, se pretende contribuir al desarrollo de los nuevos enfoques del control de gestión y la aplicación de instrumentos y herramientas avanzados en el ámbito de la evaluación de las políticas y organizaciones públicas, con el ánimo de inducir y fomentar la implementación de sistemas de dirección y gestión en el seno de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias que posibiliten la vinculación de la estrategia con la operatoria diaria, así como la creación de valor sostenido en la misma.

Para ello, y en uso de la flexibilidad que la Ley de la Hacienda Pública Canaria reconoce para la aplicación de las distintas modalidades de control interno previstas en la misma, se recoge en este Reglamento la necesidad de que la Intervención General desarrolle una planificación estratégica, en la que se determinen los sistemas de control a aplicar -tanto de forma exclusiva como combinada- para las distintas áreas de gestión y sujetos del sector público, los objetivos de control a conseguir y el modo de seguimiento y evaluación de los mismos.

Uno de los aspectos que incidirán en esta planificación estratégica, es el desarrollo de un marco integrado de control, influenciado por el modelo denominado de «auditoría única», propuesto por el Tribunal de Cuentas Europeo en su Dictamen nº 2/2004, y promovido por la Comisión Europea, con el ánimo de alcanzar una mayor integración y coordinación de las actuaciones de los diversos órganos de control, interno y externo, que se efectúan sobre el gasto público, evitar la duplicidad o solapamiento de los mismos sobre un mismo ente o programa y armonizar los criterios y procedimientos de control mediante el establecimiento de principios, objetivos y normas comunes. Por ello, se recoge en este nuevo Reglamento, la conveniencia de suscribir convenios con otros órganos de control y específicamente con la Audiencia de Cuentas de Canarias, en aras a desarrollar esta línea estratégica.

Otro aspecto clave en la planificación es el del fomento de la investigación e incorporación de sistemas tecnológicos y de comunicación aplicados a los procesos de control interno y de contabilidad pública, de manera que la innovación, el aprendizaje y la mejora continua adquieran el carácter de objetivos permanentes en la actividad del centro directivo.

De conformidad con la tendencia de los modelos de control interno existentes en el ámbito comunitario europeo y de los países de la OCDE, el nuevo Reglamento pretende favorecer el desarrollo del control posterior en los sujetos del sector público con presupuesto limitativo, mediante la generalización de la modalidad de control financiero permanente, en combinación con la fiscalización limitada previa e, incluso, mediante la sustitución progresiva de esta última por dicha modalidad de control.

Al hilo de lo expuesto, en virtud de esta disposición se opta por establecer con respecto a este tipo de sujetos del sector público, la aplicación combinada de las dos modalidades citadas: la función interventora -mediante la fiscalización previa limitada- y el control financiero permanente. Con ello se pretende que la acción de control preventivo, propio de la función interventora, se limite a la verificación de la regularidad formal de los requisitos básicos esenciales, evitando ralentizar los procesos de gestión, para efectuar, con posterioridad, un control más exhaustivo y con mayor alcance, que permita alcanzar conclusiones y recomendaciones no sólo sobre los aspectos de legalidad, sino también sobre la adecuación de la gestión a los principios de buena gestión.

Esta aplicación combinada de ambas modalidades de control que inicialmente se declara con carácter general, no obsta para ir desarrollando la pretensión de sustituir gradualmente la modalidad de función interventora por la del control financiero permanente, en atención al carácter integral del mismo y el superior valor que puede aportar esta modalidad para la mejora de la gestión pública.

Aún más, se establece ya inicialmente, la sustitución de la función interventora por el control financiero permanente sobre una serie de áreas de gestión referidas en la Disposición Adicional Primera, como son la de recursos humanos, y la de derechos e ingresos del Tesoro Público, al considerarse que la aplicación de la nueva modalidad de control contribuirá a la flexibilización de éstas y reportará mucho más valor añadido a los procesos de dirección y gestión de las mismas.

Para favorecer el análisis y la evaluación de las políticas públicas con impacto en el gasto, pieza clave en los proyectos de modernización de las Administraciones Públicas de los países más avanzados, y al que se dirige el artículo 34 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, se atribuye a la Intervención General facultades para el impulso y desarrollo de esta función, si bien no con carácter de exclusividad, sino bajo los principios de cooperación y de adhesión, con el ánimo de fortalecer un sistema institucional plural de análisis y evaluación de las políticas públicas, que permita generar conocimiento nuevo sobre las mismas a partir del conocimiento compartido, y pueda ser aprovechado por los diferentes actores de la evaluación para mejorar la eficacia, eficiencia y calidad de las mismas, así como por los órganos competentes para impulsar la política de modernización administrativa del Gobierno de Canarias.

En atención a lo expuesto, se crea, adscrito a la Intervención General, un nuevo órgano especializado, por un lado, en monitorizar y coordinar la implementación del Control Financiero Permanente orientado a obtener información de la situación en la que se encuentra la gestión analizada desde el punto de vista no sólo de la legalidad, sino también de los principios comúnmente aceptados como de buen gobierno bajo el paradigma del «gerencialismo público»; y, por otro, con la misión de impulsar, promover y ejecutar estudios y trabajos de análisis y evaluación de las políticas públicas. Se configura este órgano, bajo la denominación de Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas, abierto a la cooperación y participación de otros órganos y agentes vinculados con la evaluación y ejecución de los programas y políticas, atendiendo al paradigma de la «gobernanza», con vocación de desarrollar funciones de consultoría y de promover la investigación aplicada en materia de evaluación y análisis del funcionamiento del sector público autonómico.

Asimismo, se potencia este objetivo estratégico al recogerse la posibilidad de que los centros gestores soliciten del órgano de control interno funciones de asesoramiento y consultoría, para la concreción de los objetivos de las políticas y servicios públicos y para la determinación de los indicadores más adecuados y relevantes que posibiliten su medición y evaluación.

De otro lado, se crea la Oficina de Auditoría Pública, para mejorar la planificación, programación y ejecución de las actuaciones de auditoría y de control financiero que se incluyan en el Plan anual de auditoría, aprovechando las sinergias y economía de medios que produce la interacción y gestión común de los distintos servicios que se le adscriben.

Asimismo, se fomentará un marco estable de relaciones con las firmas de auditoría externas, que redunde en una mejora de los recursos y capacidades que las empresas interesadas asignen a los trabajos que contraten con el sector público, y a la producción de sinergias que eleve la calidad de su prestación de servicios.

Por último, merece destacarse la institución de la Junta de Interventores, como órgano colegiado de consulta del Interventor General y de participación de los distintos órganos y unidades de la Intervención General en el proceso de toma de las decisiones estratégicas que afectan al centro directivo; además de como instrumento de comunicación interna de información relevante para el ejercicio de las funciones atribuidas al Centro.

En su virtud, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo, a propuesta conjunta de los Consejeros de Presidencia, Justicia y Seguridad y de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día 27 de enero de 2009,

DISPONGO:

Artículo único Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General

Se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General en los términos que figuran en el anexo de este Decreto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera Sustitución de la función interventora por el control financiero permanente

1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 130 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, se sustituye la función interventora por el control financiero permanente sobre el área de gestión de los recursos humanos de los sujetos del sector público con presupuesto limitativo, así como sobre los actos por los que se ordenen pagos con cargo al Tesoro de la Comunidad Autónoma, la materialización de los mismos, y aquellos por los que se acuerde el movimiento de fondos y valores de la Tesorería de la Comunidad Autónoma.

2. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 129 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, se sustituye la fiscalización previa e intervención de los derechos e ingresos del Tesoro Público por las comprobaciones efectuadas en el ejercicio del control financiero permanente y la auditoría pública, salvo los actos de ordenación del pago y pago material correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos, y los ingresos que tengan la naturaleza de rentas, frutos o percepciones producidos por los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma que seguirán sometidos a función interventora.

3. Mediante Acuerdo motivado del Gobierno, a propuesta de la Intervención General, se determinarán los sujetos del sector público con presupuesto limitativo y las áreas de gestión sobre las que se sustituye la modalidad de función interventora por la del control financiero permanente, para su inclusión en el Plan anual de Control Financiero Permanente a que hace referencia el artículo 140 de la citada Ley de la Hacienda Pública Canaria.

Segunda Sistema de información de la gestión económico financiera del Servicio Canario de la Salud

Con efectos del uno de enero de 2009, el Servicio Canario de la Salud podrá utilizar un sistema de información propio para la gestión económico financiera. A tales efectos y hasta tanto se apruebe su normativa reguladora, por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias se dictarán las instrucciones que permitan su puesta en funcionamiento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única Control posterior de los expedientes sujetos a fiscalización previa limitada

En tanto no se proceda a la aplicación de la modalidad de control financiero permanente, los extremos y requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para cada tipo de expedientes de gastos no verificados en la fiscalización previa limitada, serán objeto de comprobación posterior en los términos previstos en el artículo 3 del Decreto 6/2006, de 27 de enero, de fiscalización previa limitada para determinados expedientes de gastos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas normas se opongan a lo previsto en este Decreto y, específicamente:

a) El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General, aprobado por Decreto 28/1997, de 6 de marzo.-->
b) El Decreto 273/1997, de 27 de noviembre, sobre ejercicio de la función interventora en el ámbito de los gastos de personal.-->

DISPOSICIONES FINALES

Primera Habilitación

Se habilita al titular de la Consejería competente en materia de hacienda para la actualización de las cuantías previstas en el artículo 35 del Reglamento que aprueba este Decreto.

Segunda Decreto de fiscalización previa limitada

En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del Reglamento que aprueba este Decreto, el Consejero competente en materia de hacienda deberá someter al Gobierno un nuevo proyecto de Decreto regulador de la fiscalización previa limitada en el que se contengan los extremos adicionales a los que la misma haya de extenderse en su caso, conforme previene el artículo 133 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Tercera Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Economía y Hacienda

La efectiva disposición de la estructura de órganos y unidades prevista en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General queda condicionada a la aprobación de la oportuna modificación de la relación de puestos de trabajo del departamento competente en materia de hacienda.

Cuarta Modificación del Decreto 234/1998, de 18 de diciembre, de aprobación y puesta en funcionamiento del sistema de información económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la denominación PICCAC

Se añade al Decreto 234/1998, de 18 de diciembre, de aprobación y puesta en funcionamiento del sistema de información económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la denominación PICCAC, la siguiente Disposición Adicional:

«Cuarta Tramitación de los expedientes de gasto sobre los que se aplique el control financiero permanente en sustitución de la función interventora

Para aquellos expedientes de gastos sobre los que se aplique el control financiero permanente en sustitución de la función interventora, el procedimiento previsto en los artículos 10 y 11 de esta disposición debe entenderse sustituido por el siguiente:

a) La tramitación de los expedientes de gasto no conllevará la remisión informática de la captura precontable de datos, ni la remisión de la documentación que sirva de soporte a cada una de las fases de los procedimientos de gasto y pago al órgano competente de la Intervención General.
b) La confirmación contable se realizará por el propio centro gestor una vez cumplimentados correctamente los datos exigidos por el sistema, de acuerdo con lo previsto en las normas reguladoras de la gestión presupuestaria y los procedimientos administrativos correspondientes.

A estos efectos, los justificantes de las operaciones de las distintas fases de los procedimientos de gasto y pago quedarán en poder del centro gestor correspondiente y estarán a disposición de la Intervención General, al objeto de posibilitar y facilitar las actuaciones de control previstas por la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
c) Realizada la confirmación contable, si el centro gestor apreciase la existencia de errores podrá anular la operación contable confirmada, mediante la captura contable de la correspondiente operación de signo contrario a la erróneamente confirmada.»

--> D [CANARIAS] 234/1998 ha sido derogado por la disposición derogatoria única del D [CANARIAS] 146/2009, de 24 de noviembre, de aprobación y puesta en funcionamiento del sistema de información para la gestión económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFCAN) y para la gestión económica-financiera del Servicio Canario de la Salud (TARO) («B.O.I.C.» 9 diciembre).-->

Quinta Modificación del Decreto 151/2004, de 2 de noviembre, por el que se regula el régimen de provisiones de fondos a las habilitaciones de pagos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se aprueba el sistema informático contable con la denominación de SIHABIL

Se añade al Decreto 151/2004, de 2 de noviembre, por el que se regula el régimen de provisiones de fondos a las habilitaciones de pagos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se aprueba el sistema informático contable con la denominación de SIHABIL, la siguiente Disposición Adicional:

«Séptima Modificaciones en el régimen de provisiones de fondos a las habilitaciones de pagos de aquellos sujetos del sector público sobre los que se aplique el control financiero permanente en sustitución de la función interventora

1. Para la reposición de los fondos utilizados mediante el sistema de anticipos de caja fija por aquellos sujetos del sector público sobre los que se aplique el control financiero permanente en sustitución de la función interventora, el procedimiento previsto en el artículo 11 de esta disposición queda sustituido por el siguiente:

a) Los habilitados conformarán las cuentas por los gastos atendidos con anticipo de caja fija a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados y, en su caso, en el mes de diciembre de cada año.
b) Las indicadas cuentas, acompañadas de las facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación de los fondos, debidamente relacionados, permanecerán en el centro gestor a disposición de la Intervención Delegada que corresponda a los efectos de su control.
c) El sistema informático expedirá automáticamente, a favor del habilitado y con imputación a las aplicaciones presupuestarias a que correspondan los gastos realizados en atención a los créditos disponibles, los documentos contables de ejecución del presupuesto de gastos que procedan de acuerdo con las cantidades justificadas en las cuentas señaladas en las letras anteriores.

2. El procedimiento de control de las cuentas justificativas de los anticipos de caja fija previsto en el artículo 12 de esta disposición se ajustará al procedimiento previsto para el desarrollo del control financiero permanente en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General para aquellos sujetos del sector público sobre los que se aplique el control financiero permanente en sustitución de la función interventora.

3. El procedimiento de control de las cuentas justificativas de los pagos a justificar a que se refiere el artículo 17 de esta disposición se ajustará al procedimiento previsto para el desarrollo del control financiero permanente en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General para aquellos sujetos del sector público sobre los que se aplique el control financiero permanente en sustitución de la función interventora. A tal fin no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo.»

Sexta Modificación de procedimientos administrativos y de gestión de gastos e ingresos para los sujetos del sector público en los que se implante el control financiero permanente

En los sujetos del sector público en los que se implante el control financiero permanente, se entienden modificados, en tanto sean incompatibles con el nuevo sistema de control, todos los procedimientos de gestión de gastos e ingresos.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior y en las Disposiciones Finales Cuarta y Quinta, hasta que se proceda a la adaptación del sistema de información económico financiera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a lo dispuesto en el Reglamento que aprueba este Decreto, seguirán aplicándose los procedimientos de gestión de gastos e ingresos del sistema de información económico-financiera PICCAC.

Séptima Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de enero de 2009.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

Atención norma derogada, ver regulación posteriorDECRETO 4/2009, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General