Decreto 77/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Cuerpo General de la Policía Canaria

Artículo 69 Personas responsables

Los funcionarios del Cuerpo General de la Policía Canaria incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los supuestos y circunstancias establecidos en la Ley 2/2008, de 28 de mayo.

Los miembros del Cuerpo que se encuentren en situación distinta a la de servicio activo, podrán incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas, previstas en la citada ley, que puedan cometer dentro de sus peculiares situaciones administrativas.

Artículo 70 Competencia para incoar los procedimientos

La Dirección General competente en materia de seguridad ostenta la competencia para incoar los expedientes disciplinarios así como para acordar la práctica de informaciones reservadas previas a la incoación de expedientes disciplinarios, para el nombramiento de instructor y secretario y para la adopción de las medidas cautelares que estime conveniente.

Artículo 71 Competencia para imponer sanciones

• a) Al Gobierno le corresponde la competencia para la imposición de la sanción muy grave de separación del servicio.
• b) Al titular del departamento con competencias en materia de seguridad le corresponde la competencia para la imposición de:
  • - Sanción de suspensión de funciones por período superior a 3 años e inferior a 6 años.
  • - Sanción de traslado con cambio de residencia cuando hubiere sido impuesta por falta muy grave.
• c) Al titular de la Viceconsejería con competencias en materia de seguridad le corresponde la competencia para la imposición de las siguientes sanciones:
  • - Sanción de inmovilización en el escalafón por un período no superior a cinco años.
  • - Sanción de traslado con cambio de residencia cuando hubiere sido impuesta por falta grave.
• d) A la Dirección General con competencias en materia de seguridad le corresponde la competencia para la imposición de las siguientes sanciones:
  • - Suspensión de funciones de uno a quince días, con pérdida de retribuciones.
  • - Traslado sin cambio de residencia.
  • - Apercibimiento.

Artículo 72 Regulación del régimen disciplinario

El régimen disciplinario de los miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria se regirá por lo establecido en la Ley 2/2008, de 28 de mayo, específicamente en la sección séptima de su Capítulo II, así como por el presente reglamento.

Artículo 73 Incoación del procedimiento

1. El órgano competente en materia de seguridad iniciará el procedimiento disciplinario bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, por propuesta razonada de la jefatura del Cuerpo o denuncia, con el nombramiento de instructor y secretario, en su caso. A los efectos de lo dispuesto en este artículo no serán tomadas en consideración aquellas denuncias que tengan carácter anónimo.

2. La resolución por la que se acuerda la incoación del procedimiento con el nombramiento de instructor y secretario se notificará al funcionario sujeto al procedimiento así como al instructor y al secretario.

3. De iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá comunicarse dicho acuerdo al firmante de aquélla. Asimismo, se debe comunicar el archivo de la denuncia, en su caso.

4. Con carácter previo a dictar la resolución de iniciación del procedimiento, el órgano competente podrá acordar la realización de una información reservada con la finalidad de aclarar los hechos ocurridos así como sus presuntos responsables.

5. En caso de que los hechos pudieran ser constitutivos de delito, éstos serán puestos en conocimiento de la autoridad judicial competente.

Artículo 74 Nombramiento de instructor y secretario

En la resolución por la que se incoa el procedimiento se nombrará el instructor que deberá ser un funcionario público perteneciente a un cuerpo o escala de igual o superior grupo o subgrupo al del inculpado.

Cuando la complejidad o trascendencia de los hechos así lo exija se procederá el nombramiento de secretario que, en todo caso, deberá tener la condición de empleado público.

Serán de aplicación al instructor y secretario las normas relativas a la abstención y recusación establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 75 Medida cautelar de suspensión provisional

1. El órgano competente para incoar el expediente disciplinario por faltas graves o muy graves, podrá acordar motivadamente, como medida cautelar durante la tramitación de un procedimiento disciplinario o judicial, la suspensión provisional del agente del Cuerpo General de la Policía Canaria, previa audiencia del interesado.

2. La suspensión provisional comporta la privación temporal del ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes a su condición de funcionario con arreglo a la ley, y se procederá a recogerle los distintivos del cargo y del arma o las armas, en su caso.

3. El tiempo de suspensión provisional, como consecuencia de expediente disciplinario no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.

4. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de efectos de suspensión.

Artículo 76 Instrucción

1. El instructor en el plazo máximo de quince días, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la resolución del órgano competente acordando la incoación del expediente, ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución y, en particular, la práctica de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción.

2. Como primeras actuaciones, se procederá a recibir declaración al inculpado y a realizar cuantas diligencias se deduzcan de la denuncia que originó el expediente y de lo que aquel hubiera manifestado en su declaración.

Artículo 77 Pliego de cargos

1. El pliego de cargos se redactará de forma clara y precisa, en párrafos separados y numerados para cada uno de los hechos imputados, concediéndose al expedientado un plazo de diez días hábiles a fin de que alegue cuanto considere oportuno a su defensa y proponiendo la práctica de cuantas pruebas estime necesarias.

2. A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior a un mes, contado a partir de la incoación del procedimiento, el instructor formulará el correspondiente pliego de cargos, si a ello hubiere lugar, comprendiendo en dicho pliego todos y cada uno de los hechos imputados e indicación de las sanciones que puedan ser de aplicación.

3. A la vista de las actuaciones practicadas, el instructor propondrá a la Dirección General competente en materia de seguridad el mantenimiento o levantamiento de las medidas cautelares adoptadas.

Artículo 78 Práctica de prueba

1. Transcurrido el plazo, el instructor podrá acordar la práctica de las pruebas que estime conveniente.

2. Para la práctica de las pruebas se dispondrá del plazo de un mes.

3. Se notificará al funcionario la práctica de todas aquellas pruebas propuestas o acordadas de oficio por el instructor, indicando día, hora y lugar de su realización para que puedan estar presente si lo desea.

4. El Instructor podrá denegar motivadamente la práctica de las pruebas, cuando sean improcedentes o innecesarias.

Artículo 79 Propuesta de Resolución

1. Finalizada la práctica de prueba, y dentro de los diez días siguientes, el instructor formulará propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los hechos, la valoración jurídica de los mismos, para determinar, en su caso, la falta que se estime cometida, la responsabilidad del inculpado y la sanción a imponer.

2. La propuesta de resolución del expediente se notificará por el instructor al interesado, para que, en el plazo de diez días, pueda alegar cuanto considere conveniente a su defensa, incluso respecto a la denegación de pruebas.

3. Transcurrido el plazo del apartado anterior, la propuesta de resolución y las alegaciones del funcionario frente al que se dirijan las actuaciones, se remitirán, junto con todo el expediente convenientemente foliado y numerado, al órgano competente para sancionar.

4. Recibido el expediente, el órgano competente para sancionar procederá, previo examen de lo actuado, a dictar la resolución motivada que corresponda.

5. La autoridad competente para imponer la sanción podrá devolver el expediente al instructor para la práctica de aquellas diligencias que, habiendo sido omitidas, considere necesarias para resolver. En este último caso, practicadas las diligencias complementarias, se dará audiencia al expedientado por el plazo de cinco días.

Artículo 80 Resolución

1. Si el órgano competente para resolver apreciare que la calificación apropiada reviste mayor gravedad que la indicada en la propuesta de resolución o que los hechos contenidos en ésta, son merecedores de una sanción sustancialmente superior que la propuesta, se dará traslado de esta circunstancia al expedientado a fin que en el plazo de diez días pueda formular alegaciones al respecto.

2. La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá ser motivada, determinando con toda precisión la falta o faltas que se estimen cometidas, el funcionario responsable y la sanción que se le impone, haciendo expresa declaración, en su caso, de las medidas provisionales adoptadas durante la tramitación del procedimiento.

3. La notificación al interesado de la resolución que pone fin al procedimiento habrá de practicarse cumpliendo las formalidades establecidas a tal fin en el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 81 Ejecución de la resolución

1. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los términos recogidos en la Resolución en la que se impongan, atendiendo a la naturaleza de las mismas, en el plazo máximo de un mes salvo que por causas justificadas se establezca otro distinto en dicha Resolución.

2. Las sanciones disciplinarias impuestas a los funcionarios del Cuerpo General de la Policía Canaria serán inmediatamente ejecutivas, no suspendiendo su cumplimiento la interposición de ningún tipo de recurso, administrativo o judicial, si bien la autoridad a quien compete resolverlo podrá suspender, de oficio o a instancia de parte, la ejecución de la sanción impuesta, en el caso de que dicha ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o de difícil reparación.

Artículo 82 Extinción de la responsabilidad disciplinaria

La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción.

Si durante la sustanciación del procedimiento sancionador se produjere la pérdida de la condición de funcionario del inculpado, se ordenará el archivo de las actuaciones, salvo que por parte interesada se inste la continuación del expediente. Al mismo tiempo, se dejarán sin efecto cuantas medidas de carácter provisional se hubieren adoptado con respecto al funcionario inculpado.

Artículo 83 Prescripción de las faltas y sanciones

1. Las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiere cometido.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves al año.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción o desde que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiere comenzado.

Artículo 84 Inscripción y cancelación de las sanciones

1. Deberán anotarse las sanciones en el expediente personal, con indicación de las faltas o infracciones que la hubieran motivado.

2. Las citadas inscripciones o anotaciones se cancelarán bien de oficio o bien a petición del interesado, una vez transcurrido el plazo de prescripción de las sanciones señalado en este reglamento.

Artículo 85 Interrupción de la prescripción

Interrumpirá la prescripción el inicio del cómputo de un nuevo plazo de prescripción si el expediente sancionador o el procedimiento de ejecución estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

Artículo 86 Archivo de actuaciones

Tanto en el supuesto en que durante la tramitación del expediente se apreciara inexistencia de responsabilidad disciplinaria como la prescripción de la infracción, el procedimiento debe finalizar mediante la correspondiente resolución que ponga fin al mismo.

En ambos supuestos la resolución será notificada además de al interesado al Jefe del Cuerpo y al denunciante.