Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenaci髇 Sanitaria de Canarias

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Sumario

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 27 de enero de 2022, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 7767-2021, contra el Decreto-ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias y, subsidiariamente, contra los art韈ulos 1; 2; 3.4; 5.2; 6.1 y 2; 7.4; 9.1; 12.1.a) y b), 2, 5 y 6; 14.2; 15.7; 19.3 y 4; 21.3; 22.2, 3 y 4; 23.1, 2 y 3; 24.3; 25; 26; 27; 28; disposici髇 transitoria segunda; disposici髇 final primera, en cuanto da nueva redacci髇 a los apartados 2 y 3 del art韈ulo 28 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenaci髇 Sanitaria de Canarias, y anexo III del Decreto-ley 11/2021 (獴.O.E.� 2 febrero).LE0000718335

Pre醡bulo

I

La Constituci髇 Espa駉la, en su art韈ulo 43, reconoce a todos los ciudadanos el derecho a la protecci髇 de su salud. Adem醩, la Constituci髇 responsabiliza a los poderes p鷅licos de organizar y tutelar la salud p鷅lica a trav閟 de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

El Estatuto de Autonom韆 de Canarias, aprobado por Ley Org醤ica 10/1982, de 10 de agosto, en los apartados 7 y 9 del art韈ulo 32, confiere a la Comunidad Aut髇oma competencias de desarrollo legislativo y ejecutivo en materia de sanidad e higiene, y de coordinaci髇 hospitalaria en general, en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado y, en su caso, en los t閞minos que la misma establezca. La Legislaci髇 b醩ica del Estado en esta materia est� contenida actualmente en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en cuya regulaci髇 destacan el protagonismo y suficiencia de las Comunidades Aut髇omas para dise馻r y ejecutar una pol韙ica propia en materia sanitaria.

En ejercicio de aquella competencia y en el marco definido por la Ley b醩ica del Estado, el Parlamento de Canarias establece, con la presente Ley, el 醡bito normativo de la pol韙ica de la Comunidad Aut髇oma en materia de sanidad, plasmando normativamente tres decisiones pol韙icas fundamentales:

En primer lugar, la constituci髇 y ordenaci髇 de un Sistema Canario de Salud en el que se integra y articula funcionalmente el conjunto de actividades, servicios y prestaciones que, con independencia de su titularidad p鷅lica o privada, tiene por fin la promoci髇 y protecci髇 de la salud, la prevenci髇 de la enfermedad y la asistencia sanitaria en todos los casos de p閞dida de salud.

En segundo lugar, la regulaci髇 general de cuantas actividades, servicios y prestaciones, p鷅licos o privados, determinen la efectividad del derecho constitucional a la protecci髇 de la salud.

En tercer lugar, la creaci髇 y organizaci髇 del Servicio Canario de la Salud comprensivo, bajo la direcci髇, supervisi髇 y control del Gobierno de Canarias, de las actividades y los servicios y las prestaciones directamente asumidos, establecidos y desarrollados por la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma en el triple campo de la promoci髇 y protecci髇 de la salud, la prevenci髇 de la enfermedad y la asistencia sanitaria.

La Ley, adem醩, extiende y completa el cat醠ogo de prestaciones a que tendr醤 acceso los usuarios y particulariza algunas de ellas, enunciando otras, como el derecho a la segunda opini髇, cuyo contenido habr� de desarrollarse reglamentariamente.

II

El Sistema Canario de la Salud, integrado en el Sistema Nacional de la Salud, es el conjunto de las actividades, de los servicios y de las prestaciones desarrollados por organizaciones y personas p鷅licas y privadas en el territorio de Canarias, que funciona de manera cooperativa y ordenada, conforme al Plan de Salud de Canarias, para proteger y promover la salud, prevenir la enfermedad y asegurar la asistencia sanitaria en todos los casos de p閞dida de salud. El sistema, as� definido responde a los principios de complementariedad y acci髇 sin閞gicas de los medios y las actividades p鷅licos y privados; coordinaci髇 e integraci髇 o adscripci髇 funcional de todos los medios y recursos del Sistema Canario de la Salud, sin perjuicio de su organizaci髇 desconcentrada y descentralizada; evaluaci髇 continua de los componentes p鷅licos y privados del Sistema Canario de la Salud; compensaci髇 y eliminaci髇 de las desigualdades a efectos del disfrute de los servicios y las prestaciones y de los desequilibrios territoriales injustificados en la asignaci髇 y distribuci髇 de los recursos y los medios; igualdad en el acceso a los servicios y las prestaciones; mejora continua de la calidad de la atenci髇 y la asistencia prestadas por los servicios; participaci髇 de la Comunidad en la orientaci髇, la evaluaci髇 y el control de sistemas; econom韆, flexibilidad y eficiencia en la asignaci髇 y la gesti髇 de los recursos y los medios puestos a disposici髇 del Sistema Canario de la Salud; eficacia, como parte de la calidad, en la prestaci髇 de los servicios encomendados al Sistema Canario de la Salud.

III

Al cumplimiento de los fines del Sistema Canario de la Salud responde la configuraci髇 jur韉ico-organizativa adoptada, mediante la creaci髇 del Servicio Canario de la Salud como un organismo aut髇omo 鷑ico e integrador que gestione todos los recursos, centros y servicios sanitarios en Canarias y permita al propio tiempo la unificaci髇 funcional de los mismos, todo ello en el marco de una concepci髇 integral de la salud en Canarias y un funcionamiento descentralizado de los recursos humanos y materiales, dot醤dolo de una estructura organizativa y de gesti髇 capacitada para una m醩 eficaz atenci髇 a la salud en Canarias en el ejercicio de los derechos regulados en la Ley 14/1986 y lograr una coordinada y 髉tima utilizaci髇 de los medios y servicios sanitarios existentes o futuros en Canarias.

Para hacerlo, la Ley prefiere el modelo organizativo m醩 generalizado entre las Comunidades Aut髇omas de cuyas leyes territoriales ha procurado extraer lo que ha parecido m醩 positivo y experimentado, aunque tambi閚 incorporando alguna de las m醩 recientes novedades, como la figura del Defensor de los Usuarios del Servicio, como unidad administrativa espec韋icamente responsable de que el r間imen de derechos y deberes de los usuarios sea cumplido con efectividad.

As�, el Servicio Canario de la Salud ser� un organismo aut髇omo al que se autoriza, desde la propia Ley, con notable flexibilidad, organizarse luego, para la concreta prestaci髇 de los servicios y ejecuci髇 de las funciones que tiene asignadas, mediante todas las diversas formas que conoce el ordenamiento jur韉ico, tanto de naturaleza p鷅lica como privada, as� como para acordar, convenir o concertar con otros agentes.

Por 鷏timo, la Ley refleja el inter閟 creciente entre nuestros ciudadanos, por la mejora de la gesti髇 p鷅lica. Superado el debate relativo a la publicaci髇 versus privatizaci髇, nuestros ciudadanos reclaman una mejora en t閞minos de eficiencia y eficacia, en la administraci髇 de los recursos p鷅licos, m醲ime en el seno de un escenario econ髆ico de restricci髇 del crecimiento, tanto del gasto p鷅lico como de la recaudaci髇 impositiva.

Esta preocupaci髇 por la eficiencia y la eficacia sin romper, como ya hemos dicho, con la sujeci髇 al Derecho P鷅lico, se pone de manifiesto en el modelo organizativo elegido y en las matizaciones que a la gesti髇 p鷅lica ordinaria se establecen, que son las imprescindibles para que el servicio pueda contribuir a la mejora de la calidad de la asistencia que reciben nuestros ciudadanos y para que la peculiar insularidad de las islas no capitalinas se refleje en una m醩 justa distribuci髇 de los servicios sanitarios, a fin de garantizar el derecho a la igualdad en su prestaci髇 en aquellas islas.

Asimismo, en la organizaci髇 elegida se establece un sistema de utilizaci髇, administraci髇 y gesti髇 鷑ica de los recursos de titularidad p鷅lica, que ser醤 todos gestionados por el Gobierno de Canarias, sin perjuicio de la participaci髇 institucional de los Cabildos y Ayuntamientos en los centros integrados o adscritos.

Al mismo tiempo, adem醩 de todo ello, la Ley establece una regulaci髇 de car醕ter general de todas las actividades sanitarias, limitada, naturalmente, al marco de las competencias auton髆icas y conjugando los principios constitucionales de libertad de empresa con la protecci髇 de la salud y la de los consumidores. La claridad en la regulaci髇 de estas actividades, hoy en muchos casos hu閞fanas de normativa alguna, beneficia tanto a quienes las practican, profesionales de los 醡bitos sanitarios, como a quienes solicitan los servicios de 閟tos. La Ley contiene, a este respecto, normas de orden general, que sin duda precisar醤, en alg鷑 caso, desarrollo reglamentario, pero que nacen con vocaci髇 de contribuir al establecimiento, entre el profesional y el usuario del 鷑ico tipo de relaci髇 que es 鷗il y fruct韋era, y satisfactoria para ambos: La relaci髇 basada en la confianza del usuario en el profesional y la de 閟te en que las normas generales le amparar醤 si las cumple.