Ley 3/2005, de 14 de marzo, de Ordenaci髇 de la Actividad Comercial y las Actividades Feriales en la Comunidad Aut髇oma de La Rioja

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Sumario

El Presidente de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja

Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con el que establece la Constituci髇 y el Estatuto de Autonom韆, promulgo la siguiente Ley:

Exposici髇 de motivos

1

El Estatuto de Autonom韆 de La Rioja, aprobado por Ley Org醤ica 3/1982, de 9 de junio, modificado por Ley Org醤ica 2/1999, de 7 de enero, atribuye a La Rioja competencia exclusiva para el ejercicio de la potestad legislativa, potestad reglamentaria y la funci髇 ejecutiva en materia de 玞omercio interior, sin perjuicio de la pol韙ica general de precios, de la libre circulaci髇 de bienes en el territorio del Estado y de la legislaci髇 sobre defensa de la competencia� y en materia de 玶間imen de ferias y mercados interiores� (art韈ulo 8. uno, ordinales 6 y 7). En consecuencia, con fundamento en los mencionados t韙ulos habilitantes queda fuera de toda duda la competencia de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja para establecer y promulgar mediante Ley el r間imen jur韉ico administrativo de ordenaci髇 del comercio interior y el de las ferias y mercados que se desarrollan dentro de su territorio.

No basta, sin embargo, con que la Constituci髇 y su Estatuto de Autonom韆 faculten a una Comunidad Aut髇oma para legislar en una determinada materia para justificar cualquier iniciativa de car醕ter normativo. La procedencia y la oportunidad de una norma en materia de comercio interior vienen exigidas por otras razones y, por lo que a La Rioja hace referencia, por las tres siguientes.

En primer lugar, la propia actuaci髇 normativa del Estado en esta materia que ha concebido la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenaci髇 del comercio minorista, en aquellas materias que no son de su exclusiva competencia, como una legislaci髇 de aplicaci髇 supletoria en defecto de las normas dictadas por las Comunidades Aut髇omas en ejercicio de sus competencias.

En segundo lugar, por la existencia de distintas instancias con competencia para dictar normas en materia de comercio interior (Uni髇 Europea, Estado, Comunidades Aut髇omas, Corporaciones locales) que hacen necesaria, no solo una coordinaci髇 y cooperaci髇 entre las mismas para evitar contradicciones y unificar pol韙icas de actuaci髇, sino la existencia de concretos poderes dentro de las Administraciones P鷅licas para llevar a cabo las funciones de ejecuci髇 en esta materia, reglamentando, fomentando, controlando y, en su caso, sancionando las actuaciones de los operadores econ髆icos que ponen en el mercado bienes a disposici髇 de los consumidores y usuarios.

Y, en tercer lugar, por la existencia en la Comunidad Aut髇oma de La Rioja de un sector comercial que presenta unas caracter韘ticas propias, motivadas no solo por causas que tienen su origen en las circunstancias concretas que se dan en esta Comunidad, como la densidad de poblaci髇, las estructuras de consumo sino tambi閚, por el grado de dotaci髇 comercial existente.

Estas tres razones son las que, principalmente, justifican la promulgaci髇 de esta Ley.

2

En cuanto al contenido de la Ley, la misma -como reza su propio t韙ulo- pretende ordenar y fomentar la actividad comercial y las actividades feriales que se desarrollan en el 醡bito de La Rioja. Se trata, en consecuencia, de una norma de car醕ter administrativo que se limita a establecer el marco jur韉ico dentro del cual debe desarrollarse la actividad comercial, los principios ordenadores de dicha actividad y la actuaci髇 de las distintas Administraciones P鷅licas en sus funciones de regulaci髇, fomento y disciplina. Necesariamente, por tanto, quedan fuera del 醡bito objetivo de esta Ley la regulaci髇 de las relaciones entre los sujetos protagonistas del mercado interior: los empresarios y los consumidores o usuarios. Dichas relaciones, por exigencias, fundamentalmente, de los n鷐eros 6�. y 8�. del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇, son de competencia exclusiva del Estado; junto con otras que encuentran su fundamento en el n鷐ero 13�. del mismo precepto constitucional que tambi閚 deja en las exclusivas manos de aqu閘 玪as bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica�.

Por otra parte, esta Ley tambi閚 debe responder al principio de protecci髇 de los consumidores como expreso mandato constitucional.

Dentro de estos l韒ites, impuestos por la propia Constituci髇, la presente Ley, que se estructura en seis t韙ulos, integrados por setenta y siete art韈ulos, dos Disposiciones Adicionales, dos Disposiciones Transitorias, una Disposici髇 Derogatoria y tres Disposiciones Finales, se sistematiza en torno a los tres tipos b醩icos en que se divide la acci髇 administrativa: la acci髇 reguladora de ordenaci髇 de las actividades, la de fomento y la de disciplina o control.

Obedeciendo a esta sistem醫ica, el T韙ulo I define el objeto y 醡bito de aplicaci髇 de la Ley y distingue entre las distintas clases de actividad comercial.

El T韙ulo II est� consagrado al establecimiento del r間imen administrativo de la actividad comercial y, dentro del mismo, crea y regula dos piezas b醩icas para una ordenaci髇 racional y moderna de la misma: el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales y el Consejo Riojano de Comercio. Se trata de dos piezas b醩icas para la ordenaci髇 de la actividad comercial por cuanto el Registro va a permitir la elaboraci髇 y actualizaci髇 permanente de un censo comercial en La Rioja que, por una parte, contribuir� a la definici髇 de las pol韙icas de ayudas p鷅licas al sector comercial y, por otra, facilitar� el ejercicio de las funciones de control y tutela de los intereses p鷅licos en el 醡bito de la actividad comercial.

El Consejo Riojano de Comercio, como 髍gano colegiado de participaci髇 de los sectores interesados en la ordenaci髇 de la actividad comercial, ser� el instrumento que garantizar� y defender� los intereses generales que han de presidir la acci髇 administrativa en materia de pol韙ica comercial en aspectos de tanta trascendencia para el sector como las solicitudes de licencia comercial para el establecimiento o modificaci髇 de grandes establecimientos comerciales, los proyectos normativos de ordenaci髇 del comercio y de la actividad comercial y, en general, cualquier proyecto de las Administraciones P鷅licas destinado al fomento y mejora del sector comercial.

Este T韙ulo regula, asimismo, materias de tanta relevancia para el comercio interior como el r間imen de los precios y el de los horarios comerciales, dentro de los l韒ites constitucionales y estatutarios que configuran las competencias en la materia.

A la regulaci髇 de los equipamientos comerciales se dedica el T韙ulo III de la Ley en el que, tras definirse lo que se entiende por establecimiento comercial, se aborda uno de los puntos m醩 debatidos en la materia: el r間imen legal de los grandes establecimientos, especialmente en lo que se refiere a la concesi髇 de licencias para su apertura. La Ley, sigue lo establecido en la normativa estatal sobre la materia, pero completa dicho r間imen con la previsi髇 de un Plan General de Equipamientos Comerciales que, tiene por objeto establecer las directrices para adecuar el equipamiento comercial en las poblaciones a las necesidades de consumo y compra que permita lograr un nivel adecuado de equipamiento comercial y una correcta distribuci髇 territorial de los establecimientos comerciales, la introducci髇 progresiva y arm髇ica de los nuevos sistemas de venta y que contribuya a la creaci髇 de nuevos empleos alternativos en el sector de comercio y al mantenimiento de los existentes, adapt醤dolos a las nuevas estructuras de distribuci髇 comercial y a las exigencias sociales, con las reformas que puedan proceder en el comercio tradicional y su papel en el mantenimiento y conservaci髇 de n鷆leos urbanos tradicionales.

El T韙ulo IV de la Ley est� dedicado a la regulaci髇 de las modalidades espec韋icas de venta. En este punto la norma, a diferencia de las promulgadas por otras Comunidades Aut髇omas, se limita a definir dichas modalidades remiti閚dose en punto a su regulaci髇 a las normas estatales sobra la materia dado que, excepto en lo que hace referencia al deber de registro de los empresarios que las realizan, el r間imen jur韉ico de dichas ventas se encuadra dentro de la legislaci髇 civil o mercantil, espacios que, salvo excepciones, le est醤 vedados al legislador auton髆ico por imperativo constitucional.

El T韙ulo V de la Ley se dedica a establecer la ordenaci髇 de las actividades feriales y su funcionamiento que, no obstante su papel esencial en la promoci髇 del comercio, no hab韆n merecido hasta ahora la atenci髇 del legislador. En este punto la Ley, siguiendo las elaboradas en otras Comunidades Aut髇omas con una mayor tradici髇 que la nuestra en la materia, define qu� se entiende por actividades feriales, lleva a cabo una clasificaci髇 de las mismas y establece la categor韆 de 獸erias y Exposiciones Oficiales de La Rioja�, calificaci髇 que la Comunidad Aut髇oma otorgar� a aquellos cert醡enes que se celebren en recintos de car醕ter permanente, dispongan de un reglamento interno de participaci髇 de los expositores y superen unos determinados niveles en cuanto a concurrencia y superficie ocupada.

El T韙ulo VI de la Ley se dedica a la regulaci髇 de la actuaci髇 p鷅lica de fomento de la actividad comercial estableci閚dose los principios que han de inspirar la acci髇 administrativa en la materia: el respeto a los principios de libre y leal competencia y de defensa de los consumidores y usuarios, por una parte, y el desarrollo de una pol韙ica de reforma de las estructuras comerciales encaminada a la modernizaci髇 y racionalizaci髇 del sector.

Por 鷏timo, el mismo T韙ulo VI de la Ley regula la inspecci髇 y el r間imen de infracciones y sanciones en materia de comercio interior y de ferias y mercados interiores tratando de coordinar los principios que en el mismo se establecen con los ya existentes en materia de consumo, dadas las indudables relaciones entre ambas materias.

La Ley concluye con las correspondientes Disposiciones Adicionales, Transitorias y Finales, entre las cuales merecen destacarse las siguientes.

En primer lugar, se crea la Tasa por tramitaci髇 de la licencia comercial espec韋ica para contribuir a los gastos extras que la prestaci髇 de este servicio origina a la Administraci髇.

Y en segundo lugar, el establecimiento de una vacatio prudente, que se ha estimado en el plazo de seis meses, para la entrada en vigor de la Ley; per韔do de tiempo que ha de permitir no solo que la Administraci髇 se prepare para poder aplicar y desarrollar la norma y dictar las disposiciones necesarias para su ejecuci髇, sino tambi閚 para que los sectores interesados puedan conocer el nuevo marco normativo al que van a quedar sometidos.