Ley 9/1985, de 4 de diciembre, especial para el tratamiento de las actuaciones urbanísticas ilegales en la Comunidad de Madrid

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• Exposición de Motivos
• CAPITULO I. Objeto y ámbito de la Ley
  • Artículo 1
  • Artículo 2
• CAPITULO II. Medidas de Disciplina Urbanística
  • Artículo 3
  • Artículo 4
  • Artículo 5
  • Artículo 6
  • Artículo 7
  • Artículo 8
• CAPITULO III. Medidas de planeamiento
  • Artículo 9
  • Artículo 10
  • Artículo 11
  • Artículo 12
  • Artículo 13
  • Artículo 14
  • Artículo 15
  • Artículo 16
• CAPITULO IV. Ejecución y gestión de las actuaciones
  • Artículo 17
  • Artículo 18
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • DISPOCICION ADICIONAL
• DISPOSICIONES FINALES
  • Primera
  • Segunda
  • Tercera
  • Cuarta
  • Quinta
• ANEXO

Artículo 1

Es objeto de la presente Ley el establecimiento de normas especiales para el tratamiento de las actuaciones urbanísticas ilegales relacionadas con el Anexo único de la misma, con la finalidad de obtener, atendidas las circunstancias específicas de cada una de aquellas actuaciones, la restauración del orden jurídico infringido y de la situación física alterada o bien la regularización de las actuaciones mismas, a través de las figuras de planeamiento contempladas en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana o, en su caso, por medio de los Planes de Ordenación de Núcleos de Población regulados en la presente Ley.

Artículo 2

Constituyen el ámbito de aplicación de la presente Ley las áreas territoriales relacionadas con su Anexo único, que se incorpora a aquélla como parte integrante de la misma.

Artículo 3

1. Serán de aplicación a las actuaciones a que se refiere la presente Ley, mientras no sean objeto de regularización en los términos previstos en la misma, las disposiciones contenidas en la Ley 4/1984, de 10 de febrero, sobre Medidas de Disciplina Urbanística, con las especialidades que se señalan en los artículos siguientes.

2. Una vez regularizadas en los casos en que proceda, quedarán sujetas las actuaciones de que se trate al régimen contenido en la Ley 4/1984, de 10 de febrero, y demás normas de aplicación general.

Artículo 4

Las competencias y facultades definidas en los artículos 21, 23, 26 y 49, apartado A), de la Ley 4/1984, de 10 de febrero, sobre Medidas de Disciplina Urbanística, se ejercerán por el Consejero de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, sin perjuicio de la participación de los Ayuntamientos en los términos que se establecen en el presente capítulo.

Artículo 5

1. Cuando los actos de edificación o uso del suelo, a que se refiere el artículo 16 de la Ley 4/1984, de 10 de febrero, sobre Medidas de Disciplina Urbanística, se realizasen sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en las mismas, el Consejero de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda dispondrá la suspensión inmediata de dichos actos, notificándolo de forma expresa y simultánea al Ayuntamiento del Municipio correspondiente y al interesado. Asimismo, el Consejero de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda adoptará las medidas necesarias para garantizar la total interrupción de la actividad, a cuyos efectos podrá ordenar la retirada de los materiales preparados para ser utilizados en la obra y la maquinaria afecta a la misma, cuando el interesado no lo haya hecho en el plazo de los dos días siguientes a la notificación de la orden de suspensión y hubiera incumplimiento de la misma. En el supuesto de que el interesado no hubiera retirado los materiales y maquinaria, el Consejero de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda podrá proceder a su retirada y precinto. Los materiales y maquinaria retirados quedarán a disposición del interesado, quien satisfará los gastos de transporte y custodia.

2. Notificada la suspensión de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, por el Ayuntamiento correspondiente y por el interesado se podrán deducir alegaciones por término común de ocho días, transcurridos los cuales y a la vista de las mismas el Consejero de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda podrá, o bien revocar la suspensión acordada o bien, manteniendo la misma, decretar la inmediata demolición de las obras a costa del interesado, impidiendo definitivamente los usos a que dichas obras dieren lugar.

Artículo 6

1. El Consejero de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda dispondrá la suspensión de los efectos de una licencia u orden de ejecución y, consiguientemente, la paralización inmediata de los actos de edificación o uso del suelo iniciados a su amparo, cuando el contenido de aquellos actos administrativos constituya manifiestamente una infracción urbanística grave.

2. Acordada la suspensión de los efectos de la licencia, el Consejero procederá, en el plazo de tres días, a dar traslado directo de dicho acuerdo a la Audiencia Territorial de Madrid, a los efectos prevenidos en los números 2 y siguientes del artículo 118 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. Las facultades a que se refiere el apartado primero del presente artículo podrán ejercerse mientras las obras o usos del suelo estén realizándose, cualquiera que sea la fecha de otorgamiento de la licencia o de la orden de ejecución.

4. Se estará a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 4/1984, de 10 de febrero, sobre Medidas de Disciplina Urbanística, en todo lo no especificado en los apartados anteriores.

Artículo 7

La restauración de la situación física de los terrenos, alterada como consecuencia de las actuaciones urbanísticas legales a que se refiere la presente Ley, podrá dar lugar, cuando proceda:

• a) A la demolición de las edificaciones y construcciones.
• b) A la inhabilitación o destrucción de los accesos, viales y otras infraestructuras implantadas.
• c) A cuantas otras medidas sean precisas para la efectiva restitución de los terrenos a su estado originario.

Artículo 8

1. En las actuaciones que sean objeto de regularización, de acuerdo con la presente Ley, las licencias se otorgarán de conformidad con lo prevenido en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y en la Ley 4/1984, de 10 de febrero, sobre Medidas de Disciplina Urbanística.

2. No obstante y en orden a la mejor adecuación de las actuaciones al medio físico, así como a la agilización del procedimiento de otorgamiento de licencias, la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda podrá redactar y aprobar proyectos de edificación tipo, a los que podrán acogerse los propietarios de parcelas susceptibles de edificación, con las consecuencias siguientes:

• a) Dichos proyectos no estarán sujetos al requisito del visado, previsto en el artículo 228, 3, de la Ley del Suelo.
• b) La ejecución del proyecto podrá llevarse a cabo sin necesidad de dirección facultativa de obra, en aquellos casos en que el propietario opte por el régimen de autoconstrucción, en la forma que reglamentariamente se determine.

Artículo 9

1. La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, a propuesta del Consejero de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, podrá modificar o revisar el planeamiento municipal, en el ámbito territorial de las actuaciones urbanísticas a que se refiere la presente Ley, con arreglo al siguiente procedimiento:

• a) Aprobación previa del expediente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid.
• b) Sometimiento del expediente al trámite de información pública por plazo de quince días.
• c) Sometimiento del expediente al trámite de audiencia del Ayuntamiento afectado por plazo de veintiún días.

  La apertura de los trámites a que se refieren los dos apartados anteriores podrá acordarse simultáneamente.

• d) Aprobación definitiva de la modificación o revisión por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid.

2. La revisión o modificación de planeamiento municipal podrá determinar la inclusión de los terrenos comprendidos en el ámbito de las actuaciones objeto de lo presente Ley en alguna de las clases de suelo previstas en la legislación vigente, con las especialidades expresadas en los artículos siguientes.

Artículo 10

Podrá clasificarse como suelo urbano la totalidad o parte de los terrenos de cada una de las actuaciones cuando, además de permitirlo sus circunstancias medioambientales, agropecuarias y paisajísticas, reúnan los requisitos del artículo 78 de la Ley del Suelo, y lo aconsejen la realidad socioeconómica y urbanística.

Artículo 11

Podrá clasificarse como suelo urbanizable la totalidad o parte de los terrenos de cada una de las actuaciones, cuando su desarrollo y la realidad socioeconómica y urbanística así lo aconsejen y lo permitan sus características medioambientales, agropecuarias y paisajísticas.

Artículo 12

1. El suelo no urbanizable podrá clasificarse en común y especialmente protegido.

2. Constituirán el suelo no urbanizable común los terrenos que la revisión o modificación del planeamiento no incluya en alguno de los tipos de suelo a que se refieren los artículos anteriores.

3. Constituirán el suelo no urbanizable especialmente protegido los espacios que la revisión o modificación del planeamiento municipal determine, con los criterios establecidos por el artículo 80, b) de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y atendiendo a las especiales características medioambientales, agropecuarias y paisajísticas de los terrenos. El planeamiento podrá incluir, en relación con esta categoría de suelo, la prohibición absoluta de construir, así como las determinaciones que sean convenientes en orden a la conservación, mejora y protección de los terrenos correspondientes.

Artículo 13

La Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda podrá, previa audiencia del Ayuntamiento afectado, por término de quince días, en suelo no urbanizable común, delimitar ámbitos de actuación en los que puedan autorizarse núcleos de población, en los términos previstos en el artículo siguiente.

Artículo 14

1. Los núcleos de población autorizados, a tenor de lo dispuesto en el artículo anterior, se desarrollarán mediante Planes de Ordenación de Núcleos de Población.

2. Los Planes de Ordenación de Núcleos de Población contendrán, al menos, las determinaciones siguientes:

• a) Delimitación del ámbito de asignación de usos permitidos, que podrán ser agrícolas, ganaderos, residenciales y de equipamiento y dotaciones.
• b) Reglamentación detallada de las condiciones de edificación; fijación de la parcela mínima, que podrá ser inferior a la unidad mínima de cultivo; coeficiente de edificabilidad: retranqueos; alturas, y demás condiciones estéticas, arquitectónicas y constructivas, así como las relativas a las exigencias de seguridad, salubridad y ornato público.
• c) Condiciones en que puedan autorizarse las edificaciones e instalaciones, aunque no estén vinculadas a una explotación agraria.
• d) Trazado y características de las infraestructuras y servicios, con especial referencia las sendas peatonales, viales de circulación, abastecimiento de aguas, sistemas de desagües, saneamiento y depuración de aplicación en cada caso y para cada uso permitido, así como las normas de calidad, control y mantenimiento que sean necesarias.
• e) Características y elementos de la red de alumbrado público, limitada, al menos, a las necesidades de iluminación del viario.
• f) Reserva de terrenos destinados a equipamientos y dotaciones, y espacios libres destinados al ocio de cesión obligatoria y gratuita a favor de la Administración.
• g) Garantías que deban prestarse y forma de las mismas.
• h) Sistema de Gestión o de Actuación y plazos de ejecución para el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de la presente Ley y, en su desarrollo, de los citados Planes.

3. Corresponde a la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda la formulación y tramitación de los Planes de Ordenación de Núcleos de Población.

4. La tramitación de los Planes de Ordenación de Núcleos de Población se ajustará a lo dispuesto en el artículo 43, apartado 3, de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, debiendo, en todo caso, conferirse trámite de audiencia, por término de veintiún días, al Ayuntamiento correspondiente.

Los quince primeros podrán ser plazo simultáneo al período de información pública a que el precepto arriba citado se refiere.

5. En el desarrollo de los Planes de Ordenación de Núcleos de Población no será exigible la formulación de Proyectos de Urbanización, sin perjuicio de la redacción de los oportunos proyectos de obras, cuando ello fuese necesario.

Artículo 15

1. El contenido de los Planes de Ordenación de Núcleos de Población quedará incorporado a los Planes Generales de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias del Planeamiento de los municipios cuyo término se encuentre afectado por aquéllos.

2. Las sucesivas modificaciones o revisiones de los Planes y Normas, a que se refiere el apartado anterior, que se produzcan de acuerdo con lo previsto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, podrán alterar las determinaciones incluidas como consecuencia de los Planes de Ordenación, de conformidad con las normas y criterios que resulten de aplicación.

Artículo 16

El régimen urbanístico del suelo clasificado como no urbanizable, en las actuaciones que no hayan sido objeto de regularización, será el establecido en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y en la Ley 4/1984, de 10 de febrero, sobre Medidas de Disciplina Urbanística.

Artículo 17

1. La ejecución de los Planes de Ordenación de Núcleos de Población, así como el resto de las actuaciones regularizadas para suelo urbano o urbanizable, se podrá llevar a cabo mediante cualquiera de los sistemas de actuación contemplados en el artículo 119 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

2. En los supuestos en que la Administración establezca el sistema de actuación por expropiación, por razones de utilidad pública o interés social, podrán tener la condición de beneficiarios de la misma las Asociaciones de afectados adquirentes de parcelas del ámbito regularizado que se constituyan como tales, de acuerdo con la normativa aplicable al derecho de asociación. Tales Asociaciones, una vez constituidas, podrán ser objeto de inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, quedando sujetas, a todos los efectos, al régimen jurídico de las mismas.

3. El régimen jurídico que, para el cumplimiento de los objetivos señalados en su artículo 1, establece la presente Ley, así como la inclusión en su Anexo único de los ámbitos territoriales afectados por las actuaciones objeto de la misma, la aprobación de los Planes de Ordenación que en desarrollo de aquéllas se formulen y la delimitación de los polígonos de expropiación correspondientes implican la declaración de utilidad pública y la necesidad de la ocupación de los bienes y derechos afectados, a los fines de expropiación forzosa o de la imposición sobre los mismos de las servidumbres que sean necesarias.

Artículo 18

1. Procederá la expropiación de los terrenos, en el ámbito de la actuación de que se trate, además de en los supuestos regulados en la Ley 4/1984, de 10 de febrero, sobre Medidas de Disciplina Urbanística, cuando el promotor o propietario no practicara las cesiones o, en su caso, incumpliera las obligaciones de restauración o regularización derivadas de las actuaciones de la presente Ley, en el plazo que en cada caso se fije. Con carácter previo a la iniciación del procedimiento expropiatorio, se dará trámite de audiencia al Ayuntamiento correspondiente, por término de ocho días.

2. El justiprecio de la expropiación forzosa, en los supuestos a que se refiere el apartado anterior, se determinará conforme a lo establecido en la vigente Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, con exclusión, en todo caso, del valor de las construcciones e instalaciones ilegalmente ejecutadas.

3. En los supuestos en que el particular expropiado hubiera contraído débitos a favor de la Administración, derivados del impago de multas por infracciones urbanísticas, del incumplimiento de obligaciones urbanísticas ejecutadas por vía subsidiaria y, en general, de otras obligaciones establecidas por el Ordenamiento Urbanístico, el importe del justiprecio ser objeto de consignación, por la cantidad sobre la que exista discrepancia, en la Caja General de Depósitos y a los efectos procedentes, siendo de aplicación, en todo caso, lo dispuesto en el artículo 50, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa. En los supuestos en los que no se produzca discrepancia entre el particular expropiado y la Administración del importe del justiprecio se deducirán, por compensación, las cantidades de las que sea deudor el expropiado.

DISPOCICION ADICIONAL

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, en aquellos supuestos excepcionales en que fuere necesario en orden al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, proponga a la Mesa de la Asamblea la inclusión en el ámbito aplicatorio de ésta de terrenos colindantes a los delimitados en el Anexo único de la misma.

Primera

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Segunda

El plazo de vigencia de la presente Ley será el de dos años, a partir de la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de las prórrogas que, en su caso, pudieran establecerse por la Asamblea de Madrid.

Tercera

El Consejo de Gobierno remitirá a la Asamblea de Madrid, durante el plazo de vigencia de la presente Ley y con periodicidad semestral, un informe sobre el estado y situación de las actuaciones objeto de aquélla, así como sobre la ejecución de las medidas que se deriven de la misma.

De la información a que se refiere el párrafo anterior se dará traslado por el Consejo de Gobierno a la Federación de Municipios de Madrid.

Cuarta

Por el Consejo de Gobierno se dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley y, en particular, para regular los requisitos para la obtención de licencias de edificación en régimen de autoconstrucción.

Quinta

Quedan derogadas, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en la presente Ley, en su ámbito de aplicación y durante el período de su vigencia.