TEXTO REFUNDIDO DE LOS DERECHOS PROFESIONALES Y PASIVOS DEL PERSONAL QUE PRESTO SERVICIOS A LA ADMINISTRACION AUTONOMA DEL PASIS VASCO

I

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS de la Ley 11/1983, de 22 junio, sobre Derechos Profesionales y Pasivos del Personal que prestó servicios a la Administración Autónoma del País Vasco.

Las peculiares vicisitudes que concurrieron en la formación y posterior desenvolvimiento del Gobierno Vasco desde su originaria constitución en 1936, en plena guerra, imposibilitaron el asentamiento de su Administración y la homologación formal de las situaciones del personal a su servicio con las existentes en otras Administraciones, incluida la Generalidad de Cataluña.

En consecuencia, las disposiciones dictadas por el Estado tendentes a reparar las injusticias y daños provocados por la guerra de 1936, a los funcionarios represaliados de la Administración Militar, Local y de la Generalidad (Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio; Decreto 2393/1976, de 1 de octubre, y Decreto 1081/1978, de 2 de mayo), no son de aplicación al personal que prestó servicios al Gobierno Vasco por carecer de aquella condición.

El Gobierno Vasco, que no es responsable sino en todo caso víctima de aquella situación, se ve, no obstante, en la imperiosa necesidad de atender siquiera parcialmente y dentro de sus posibilidades a las demandas que en tal sentido se vienen produciendo.

Este Gobierno es igualmente consciente de la existencia de expectativas de solución de otras muchas situaciones que tuvieron igualmente su origen en la Guerra Civil, y que desearían vivamente remediar, pero que, en unos casos por estar ya cubiertas por el Estado y en otro por comprometer gravemente sus escasos recursos, no es posible atender.

Por todo ello, en consonancia con las disposiciones anteriormente citadas, y al objeto de hacer posible el reconocimiento de prestaciones a quienes estuvieron vinculados por una relación de servicios con el Gobierno Vasco, se dicta esta Ley congruente, a su vez, con los criterios que sustentan a la Ley 7/1981, de 30 de junio, del Gobierno Vasco, que reconoce derechos pasivos al Lehendakari y a los Consejeros que formaron parte del mismo, por considerar que los principios que la informan han de hacerse extensivos a quienes en su día formaron parte de la Administración Pública Vasca, en cualquiera de sus niveles. De aquí la necesidad de establecer un marco jurídico preciso que convierta en derechos, cuando proceda según esta Ley, lo que hasta ahora constituyen para muchas personas meras expectativas, y de esta forma proporcionar a quienes estuvieron vinculados al Gobierno Vasco por una relación de servicios una cobertura legal y efectiva.

La proyección de esta Ley no se limita al reconocimiento de derechos a prestaciones, sino que también posibilita la reincorporación al servicio activo de quienes justificadamente aleguen una relación de servicios con el Gobierno Vasco y se hallen en situación que no permita admitir la extinción del servicio activo.

Por todo ello, esta Ley tiene como finalidad el reconocimiento de derechos y la concesión de beneficios a quienes se hallen dentro de las situaciones en ella previstas marcando criterios generales para la tipificación de la diversidad de situaciones que pueden presentarse y su adecuación al régimen jurídico actual según la regulación del Gobierno y del Parlamento Vasco, estableciendo, asimismo, los requisitos y procedimientos para la consecución del principio de equidad que inspira esta norma.

II

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS de la Ley 8/1985, de 23 de octubre, por la que se complementa la Ley 11/1983, de 22 de junio, sobre derechos profesionales y pasivos del personal que prestó sus servicios a la Administración Autónoma del País Vasco.

La experiencia adquirida en la aplicación de la Ley 11/1983, de 22 de junio, sobre derechos profesionales y pasivos del personal que prestó sus servicios a la Administración Autónoma del País Vasco, aconseja que sea complementada en cuatro aspectos, a cuya operatividad obedece la existencia del presente Decreto Legislativo.

El primer aspecto se refiere a la extensión a nuevos beneficiarios de la prestación económica contemplada en el artículo 2.º de la Ley 11/1983, de 22 de junio. En efecto, dicho precepto creó el derecho subjetivo a una prestación económica, en concepto de cesantía y por una sola vez, para quienes desempeñaron altos cargos en la Administración Autónoma del País Vasco en el período señalado en el artículo 1.º de dicha Ley; dado que tales prestaciones se configuraron con el carácter de derecho personalísimo, únicamente adquirieron este derecho de contenido patrimonial los altos cargos sobrevivientes en la fecha de entrada en vigor de la referida Ley, ya que esta fecha fue la de constitución y, en consecuencia, adquisición del indicado derecho; lo cual ha originado que algunas expectativas no hayan llegado a materializarse por haber acontecido el fallecimiento de los altos cargos, posibles beneficiarios, antes de la entrada en vigor de la meritada Ley 11/1983. Ello ha motivado que esta Ley haga extensible la citada prestación económica al cónyuge y, en su caso, a determinados familiares del alto cargo correspondiente, conforme a las previsiones de su Título I. Dada la finalidad compensatoria y asistencial de la Ley 11/1983, se exige que el posible nuevo beneficiario del derecho, a que se refiere el artículo 1.º de esta Ley, sobreviva a la entrada en vigor de la misma, siendo esta fecha la determinante de las cuantías a tener en cuenta para el cálculo de la prestación, cuyo mayor importe respecto a las señaladas por los beneficiarios del artículo 2.º de la Ley 11/1983 se justifica en la diferencia de tiempos existente entre la citada Ley y la presente, como títulos jurídicos creadores de dichos derechos para los correspondientes beneficiarios, no produciéndose ninguna discriminación respecto a los de la Ley 11/1983 por haber podido percibir éstos la prestación económica en dicha fecha, a diferencia de los que lo sean a tenor de lo dispuesto en el Título I de la presente Ley.

El segundo aspecto se refiere a la asistencia médico-farmacéutica, contemplada en el Título II de la presente Ley. La Ley 11/1983 atribuyó una serie de derechos, sin que entre los mismos constate el de la asistencia médico-farmacéutica. Dada la finalidad compensatoria y asistencial de la Ley 11/1983, se atribuye el citado derecho de asistencia médico-farmacéutica, a cargo de la Comunidad Autónoma del País Vasco a los beneficiarios de la Ley 11/1983, así como el Tituló I de la presente, que no tuvieren derecho al mismo de la Seguridad Social ni de ningún otro sistema público de previsión, derecho que tendrá el mismo contenido que el de la asistencia médico-farmacéutica prestada en cada momento en el Régimen General de la Seguridad Social, en los términos señalados en esta Ley y demás disposiciones que la desarrollen; por otra parte, los beneficiarios de cualquiera de los derechos previstos en la Ley 11/1983, de 22 de junio, y en el Título I de la presente que tuvieren derecho a asistencia médico-farmacéutica de la Seguridad Social o de algún otro sistema público de previsión, pero, en conjunto, con un contenido inferior al señalado anteriormente, tendrán derecho a la asistencia que les falte para completarlo. Dado que este derecho trae causa de los previstos en la Ley 11/1983, de 22 de junio, y en el Título I de la presente, su reconocimiento no puede ser objeción en tanto no se hayan reconocido aquéllos.

El tercer aspecto se refiere a la cuantía de las pensiones, en la que se introduce una modificación motivada por razones de justicia. Cuando la unidad familiar a que pertenezca el beneficiario no perciba más ingresos que alguna de las pensiones de jubilación, viudedad u orfandad a que se refiere la Ley 11/1983, de 22 de junio, la cuantía de la misma será la señalada en el artículo 12, determinada sobre la base del salario mínimo interprofesional, siempre que aquélla sea superior a la que le corresponda conforme al sistema general establecido en dicha Ley. El derecho al percibo de esta cantidad se configura como un derecho diferente a lo demás, regulado en el Título III de la Ley, que únicamente tendrá operatividad a partir de la entrada en vigor de esta última. Su extinción no afectará al derecho a percibir la pensión conforme al sistema general de cuantías establecido en la Ley 11/1983, de 22 de junio, que se seguirá rigiendo por lo dispuesto en la misma.

La Ley aborda en su Título IV un cuarto aspecto relacionado con el plazo establecido en la Ley 11/1983, para el reconocimiento de los beneficios previstos en la misma. En efecto, la Disposición Adicional Primera de dicha Ley otorgó el plazo de un año a partir de su entrada en vigor o del hecho que diere lugar a la percepción de los beneficios para presentar la solicitud a que hacía referencia su artículo 7.º; por tanto, la adquisición de los derechos atribuidos por la Ley 11/1983 quedaba condicionada a que por los correspondientes interesados se solicitase su reconocimiento en el plazo del año a que se refería la Disposición Adicional Primera de la misma. Habiendo transcurrido ya el plazo del año a partir de la entrada en vigor de la Ley 11/1983, procede su reapertura por otro período igual, a fin de facilitar la posibilidad del reconocimiento de los derechos atribuidos por dicha Ley a quienes, por cualquier causa, no lo hubieran solicitado en el plazo que aquélla estableció inicialmente y que se encuentra en la actualidad caducado.

Dado el carácter complementario de la Ley 11/1983 y la presente, se ha considerado conveniente incluir una autorización para que el Gobierno proceda a su refundición, a cuya finalidad obedece la existencia de la Disposición Adicional.

Aun cuando esté pendiente de sentencia del Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley 11/1983, de 22 de junio, antes señalada, dado que no ha sido suspendida en su aplicación ni en su vigencia, no existe inconveniente alguno en que aquélla sea complementada con la presente, sin perjuicio de las posibles adecuaciones, en su caso, una vez haya sido dictada aquélla.

TITULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y POSIBLES BENEFICIARIOS

CAPITULO PRIMERO

ALTOS CARGOS

CAPITULO SEGUNDO

FUNCIONARIOS, CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS O LABORALES