Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobaci髇 del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi

Art韈ulo 10 Extensi髇

Las entidades comprendidas en el art韈ulo 1 est醤 obligadas a proteger y defender el patrimonio de Euskadi, identificando adecuadamente los bienes y derechos que lo integran, procurando su inscripci髇 registral y ejerciendo o promoviendo las potestades administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para ello.

Art韈ulo 11 Deber de custodia

1.- Las personas titulares de los 髍ganos que tengan a su cargo bienes o derechos del patrimonio de Euskadi est醤 obligadas a velar por su custodia, defensa, conservaci髇 e integridad.

2.- Iguales obligaciones competen a los titulares de concesiones y otros derechos sobre los bienes de dominio p鷅lico o de dominio privado.

Art韈ulo 12 Deber de colaboraci髇

1.- El personal al servicio de las entidades comprendidas en el art韈ulo 1 est� obligado a colaborar en la protecci髇, defensa y administraci髇 de los bienes y derechos del patrimonio de Euskadi. A tal fin, facilitar� a los 髍ganos competentes en materia patrimonial cuantos datos, informes y documentos soliciten en relaci髇 con los mismos, prestar� el auxilio y cooperaci髇 que precisen para el adecuado ejercicio de sus competencias, y pondr� en su conocimiento los hechos que pudiesen ser lesivos para la integridad f韘ica de los bienes o conculcar los derechos que pudiesen ostentar las referidas entidades sobre los mismos.

2.- Igual deber de colaboraci髇 incumbe a las personas f韘icas y jur韉icas, p鷅licas o privadas, que estar醤 obligadas a aportar a los 髍ganos a que se refiere el apartado anterior, a requerimiento de 閟tos, cuantos datos, documentos e informes obren en su poder que sean relevantes para la gesti髇 y defensa de los bienes y derechos del patrimonio de Euskadi, as� como a facilitarles la realizaci髇 de inspecciones y otros actos de investigaci髇 referidos a los mismos, sin perjuicio de las normas aplicables sobre protecci髇 de datos de car醕ter personal.

3.- De acuerdo con lo previsto en la Ley Org醤ica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Polic韆 del Pa韘 Vasco, la Ertzaintza prestar� a los 髍ganos competentes para el ejercicio de las potestades previstas en el cap韙ulo V la asistencia que precisen para la ejecuci髇 forzosa de los actos que dicten.

Art韈ulo 13 R間imen de disponibilidad de los bienes y derechos

1.- Los bienes y derechos de dominio p鷅lico o demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

2.- Los bienes y derechos patrimoniales podr醤 ser enajenados siguiendo el procedimiento y previo el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. De igual forma, estos bienes y derechos podr醤 ser objeto de prescripci髇 adquisitiva por terceros de acuerdo con lo dispuesto en el C骴igo Civil y en las leyes especiales.

3.- Ning鷑 tribunal ni autoridad administrativa podr� dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecuci髇 contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio p鷅lico o a una funci髇 p鷅lica, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenaci髇 est閚 legalmente afectados a fines determinados, o cuando se trate de valores o t韙ulos representativos del capital de sociedades p鷅licas que ejecuten pol韙icas p鷅licas o presten servicios de inter閟 econ髆ico general.

Art韈ulo 14 Transacci髇 y sometimiento a arbitraje

La transacci髇 judicial o extrajudicial sobre bienes y derechos del patrimonio de Euskadi y el sometimiento a arbitraje de las controversias que se susciten sobre los mismos ser醤 autorizados por decreto a propuesta del consejero o consejera competente en materia de patrimonio.

Art韈ulo 15 Concepto

1.- El Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio de Euskadi es el instrumento de apoyo a la gesti髇 patrimonial en el que se reflejan los bienes y derechos del patrimonio de Euskadi, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificaci髇, las limitaciones de transmisi髇 por cualquier circunstancia que incidan sobre el mismo y las que resulten precisas para reflejar su situaci髇 jur韉ica y el destino o uso a que est醤 siendo dedicados.

2.- El Inventario General comprender� todos los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos que integran el patrimonio de Euskadi, as� como aquellos que se determinen por decreto, a propuesta del consejero o consejera competente en materia de patrimonio.

3.- Quedan excluidos del Inventario General a que se refiere este art韈ulo los bienes y derechos que hayan sido adquiridos con el prop髎ito de devolverlos al tr醘ico jur韉ico patrimonial de acuerdo con los fines peculiares del organismo o entidad p鷅lica adquirente, o destinados a la cobertura de provisiones u otras reservas que viniesen obligados a constituir, as� como los bienes de naturaleza consumible.

4.- No obstante, todos los bienes y derechos ser醤 objeto del control adecuado a su naturaleza y uso o destino.

5.- Las acciones y t韙ulos representativos del capital de sociedades mercantiles quedar醤 reflejados en la contabilidad patrimonial y se incluir醤 en un inventario de car醕ter auxiliar, que deber� estar coordinado con el sistema de contabilidad patrimonial.

6.- El Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio de Euskadi no tiene la consideraci髇 de registro p鷅lico, y los datos reflejados en el mismo, as� como los resultados de su agregaci髇 o explotaci髇 estad韘tica, constituyen informaci髇 de apoyo para la gesti髇 interna. Estos datos no surtir醤 efecto frente a terceras personas ni podr醤 ser utilizados para hacer valer derechos frente a la Administraci髇. La consulta por terceras personas de los datos del Inventario General s髄o ser� procedente cuando formen parte de un expediente y de conformidad con las reglas generales de acceso a 閟tos.

Art韈ulo 16 Estructura y elaboraci髇

1.- El Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio de Euskadi est� integrado por:

• a) Los inventarios de cada departamento de la Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma, relativos a los bienes y derechos que, conforme al art韈ulo anterior, forman parte del Inventario General. La elaboraci髇 y actualizaci髇 de estos inventarios corresponde al departamento adquirente y, en el caso de adquisici髇 por expropiaci髇, al departamento que hubiera instado la expropiaci髇. Los inventarios de los bienes y derechos de los organismos aut髇omos y entes p鷅licos dependientes de un departamento figurar醤 como anexos al del departamento de que se trate.
• b) Los inventarios del resto de las entidades incluidas en el art韈ulo 1 de la presente ley relativos a los bienes y derechos que, conforme al art韈ulo anterior, forman parte del Inventario General y cuya adquisici髇 les corresponde. Dichos inventarios ser醤 confeccionados y actualizados por el 髍gano que tenga atribuida la gesti髇 patrimonial de la entidad de que se trate.

2.- La elaboraci髇, actualizaci髇 y soporte del Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio de Euskadi cumplir� las especificaciones, estructura y contenidos m韓imos que se fijen por orden del consejero o consejera competente en materia de patrimonio. Estas especificaciones garantizar醤 la compatibilidad entre los distintos sistemas inform醫icos empleados por los 髍ganos a los que corresponde su llevanza.

Conforme establece la Disposici髇 Transitoria 2.� de la presente norma, la orden a que se refiere el n鷐ero 2 del art韈ulo 16 habr� de dictarse en el plazo de dos a駉s desde la entrada en vigor de la Ley 5/2006, 17 noviembre.LE0000254558_20200129

3.- El departamento competente en materia de patrimonio velar� por la correcta elaboraci髇 y actualizaci髇 de los inventarios integrantes del Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio de Euskadi, y podr� exigir, en cualquier momento, la remisi髇 de dichos inventarios y de cuantos datos o documentos considere necesarios.

Art韈ulo 17 Control de la inscripci髇 en el Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio de Euskadi y reflejo contable

1.- No se podr醤 realizar operaciones patrimoniales sobre bienes inmuebles del Patrimonio de Euskadi si 閟tos no se encuentran debidamente inscritos en el Inventario General de Bienes y Derechos del patrimonio de Euskadi.

2.- Las operaciones patrimoniales relativas a los bienes y derechos que deben formar parte del Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio de Euskadi tendr醤 su reflejo en la contabilidad p鷅lica de forma individual o agregada, conforme disponga la normativa reguladora de la contabilidad.

Art韈ulo 18 Inscripci髇 registral y custodia de t韙ulos

1.- Deber醤 inscribirse en los correspondientes registros los bienes y derechos del patrimonio de Euskadi, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripci髇, as� como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos registros. No obstante, la inscripci髇 ser� potestativa para la entidad titular del derecho en el caso de arrendamientos inscribibles conforme a la legislaci髇 hipotecaria.

El r間imen registral se ajustar� a lo establecido en los art韈ulos 37 a 40 y 83 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas, y dem醩 normativa aplicable.

2.- Los bienes y derechos cuya titularidad corresponda a la Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma de Euskadi se inscribir醤, a nombre de 閟ta, por el departamento competente en materia de patrimonio.

3.- Los bienes y derechos cuya titularidad corresponda a entidades distintas de la Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma ser醤 inscritos por las entidades titulares a su nombre. Una nota simple o certificaci髇 de la inscripci髇 ser� remitida al departamento competente en materia de patrimonio.

4.- La inscripci髇 de los actos y contratos referidos a ellos que sean susceptibles de inscripci髇 ser� solicitada por el 髍gano que haya dictado el acto o intervenido en el contrato que deba constar en el registro, o, en su caso, por aquel al que corresponda su administraci髇 y gesti髇. Una nota simple o certificaci髇 de la inscripci髇 ser� remitida al departamento competente en materia de patrimonio.

5.- La custodia de los documentos, escrituras p鷅licas y t韙ulos que acrediten, representen o materialicen bienes y derechos del patrimonio de Euskadi corresponde a la entidad titular, y, en el caso de la Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma, al departamento competente en materia de patrimonio.

6.- Por decreto del Consejo de Gobierno podr醤 atribuirse las competencias previstas en este art韈ulo a 髍gano distinto en relaci髇 con determinados tipos de bienes, actos o contratos.

Art韈ulo 19 Potestades y su ejercicio

1.- Las entidades p鷅licas comprendidas en el art韈ulo 1 de la presente ley ejercer醤 las siguientes potestades en relaci髇 con el patrimonio de Euskadi:

• a) La potestad de investigaci髇 de bienes y derechos.
• b) La potestad de deslinde.
• c) La potestad de recuperaci髇 de oficio de la posesi髇.
• d) La potestad de desahucio administrativo.

2.- As� mismo, podr� ejercerse la potestad sancionadora por las infracciones tipificadas en la secci髇 6.�.

3.- Las referidas potestades ser醤 ejercidas con arreglo a las normas competenciales y procedimentales establecidas en este cap韙ulo.

4.- Los entes p鷅licos de derecho privado 鷑icamente podr醤 ejercer las potestades enumeradas en el apartado 1 de este art韈ulo para la defensa de los bienes que tengan el car醕ter de demaniales.

5.- En ning鷑 caso podr醤 ejercer las potestades establecidas en el presente cap韙ulo las entidades de naturaleza jur韉ico-privada. En los casos en los que el bien o derecho se encuentre adscrito a una entidad de dicha naturaleza y la competencia corresponda a quien tiene adscrito el bien o derecho, ser� el departamento o entidad p鷅lica de la que dependa la entidad de naturaleza jur韉ico privada, o a la que se encuentre vinculada, quien ejercer� las referidas potestades.

Art韈ulo 20 Adopci髇 de medidas cautelares

1.- Iniciado el procedimiento para el ejercicio de las potestades expresadas en el art韈ulo anterior, el 髍gano competente para resolverlo podr�, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, adoptar las medidas provisionales que considere necesarias para asegurar la eficacia del acto que en su momento pueda dictarse.

2.- Igualmente, en los casos en que exista un peligro inminente de p閞dida o deterioro del bien, estas medidas provisionales podr醤 ser adoptadas, con los requisitos se馻lados en el apartado 2 del citado art韈ulo 72, antes de la iniciaci髇 del procedimiento.

Art韈ulo 21 R間imen de control judicial y comunicaci髇 de hechos punibles

Frente a las actuaciones realizadas en ejercicio de las potestades contempladas en este cap韙ulo se seguir� el r間imen de control judicial y comunicaci髇 de hechos punibles a que se refieren los art韈ulos 43 y 44 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas, entendi閚dose sustituida la referencia al informe de la Abogac韆 del Estado por el informe de la asesor韆 jur韉ica del 髍gano actuante.

Art韈ulo 22 Potestad de investigaci髇

Las entidades comprendidas en el art韈ulo 1 de esta ley tienen la facultad de investigar la situaci髇 de los bienes y derechos que presumiblemente formen parte de su patrimonio, a fin de determinar la titularidad de los mismos cuando 閟ta no les conste de modo cierto.

Art韈ulo 23 Competencia y procedimiento

1.- Corresponde al departamento competente en materia de patrimonio la facultad de investigaci髇 de los bienes y derechos que presumiblemente sean de titularidad de la Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma.

2.- Sobre los bienes y derechos que presumiblemente sean de titularidad de entidad distinta de la Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma la competencia corresponder� a la entidad a la que presumiblemente pertenecen los bienes o derechos, y, dentro de ella, al 髍gano que establezcan sus normas y, en su defecto, al representante legal de la entidad.

3.- El procedimiento se ajustar� a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, y a las siguientes normas:

• a) El acuerdo de incoaci髇 del procedimiento de investigaci髇 se publicar� gratuitamente en el Bolet韓 Oficial del Pa韘 Vasco, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusi髇. Una copia del acuerdo ser� remitida al ayuntamiento en cuyo t閞mino radique el bien, para su exposici髇 al p鷅lico en el tabl髇 de edictos.
• b) Cuando se considere suficientemente acreditada la titularidad de alguna de las entidades comprendidas en el art韈ulo 1 sobre el bien o derecho, se declarar� as� en la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento y se proceder� a su tasaci髇, a su inclusi髇 en el Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio de Euskadi y a su inscripci髇 en el Registro de la Propiedad, cuando corresponda. Se adoptar醤, asimismo, cuantas medidas sean procedentes para obtener su posesi髇.
• c) Si el expediente de investigaci髇 no fuese resuelto en el plazo de dos a駉s contados desde el d韆 siguiente al de la publicaci髇 prevista en la letra a), se acordar� sin m醩 tr醡ite el archivo de las actuaciones.
• d) En los expedientes de investigaci髇 de bienes y derechos, antes de adoptar la resoluci髇 que proceda ser� preceptivo el informe de la asesor韆 jur韉ica del 髍gano competente para resolver el expediente. En el caso de la Administraci髇 general, el informe jur韉ico se emitir� por el 髍gano correspondiente del departamento competente en materia de hacienda y patrimonio.

Art韈ulo 24 Potestad de deslinde

Las entidades comprendidas en el art韈ulo 1 de esta ley podr醤 deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceras personas cuando los l韒ites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpaci髇. Una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y mientras dure su tramitaci髇, no podr� instarse procedimiento judicial con igual pretensi髇.

Art韈ulo 25 Competencia y procedimiento

1.- El deslinde de los bienes de titularidad de la Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma corresponde al departamento competente en materia de patrimonio.

2.- Sobre los bienes cuya titularidad pertenezca a entidad distinta de la Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma, la competencia corresponder� a la entidad titular, y, dentro de ella, al 髍gano que establezcan sus normas y, en su defecto, al representante legal de la entidad.

3.- El procedimiento seguir� los tr醡ites que se establezcan reglamentariamente, con sujeci髇 a las siguientes normas:

• a) El procedimiento se iniciar� de oficio, por iniciativa propia o a petici髇 de quienes sean colindantes. En este 鷏timo caso, ser醤 a su costa los gastos generados, y deber� constar en el expediente su conformidad expresa con ellos. Para el cobro de dichos gastos podr� seguirse la v韆 de apremio.
• b) El acuerdo de iniciaci髇 del procedimiento se comunicar� al Registro de la Propiedad correspondiente a fin de que, por medio de nota al margen de la inscripci髇 de dominio, se tome raz髇 de su incoaci髇.
• c) Sin perjuicio de la utilizaci髇 de otros medios de publicidad, el inicio del procedimiento se publicar� gratuitamente en el Bolet韓 Oficial del Pa韘 Vasco, as� como en el tabl髇 de edictos del ayuntamiento en cuyo t閞mino radique el inmueble a deslindar. Igualmente, el acuerdo de iniciaci髇 se notificar� a cuantas personas se conozca ostenten derechos sobre las fincas colindantes que puedan verse afectadas por el deslinde.
• d) La resoluci髇 por la que se apruebe el deslinde se dictar� previo informe de la asesor韆 jur韉ica del 髍gano competente para resolver el expediente. En el caso de la Administraci髇 general, el informe jur韉ico se emitir� por el 髍gano correspondiente del departamento competente en materia de hacienda y patrimonio. La resoluci髇 deber� notificarse a las personas afectadas por el procedimiento de deslinde y publicarse en la forma prevista en apartado anterior. Una vez sea firme el acuerdo resolutorio del deslinde, y si resulta necesario, se proceder� al amojonamiento con la intervenci髇 de las personas interesadas que lo soliciten, y se inscribir� en el Registro de la Propiedad correspondiente.
• e) El plazo m醲imo para resolver el procedimiento de deslinde ser� de dieciocho meses contados desde la fecha del acuerdo de iniciaci髇.

  Transcurrido este plazo sin haberse dictado y notificado la correspondiente resoluci髇, caducar� el procedimiento y se acordar� el archivo de las actuaciones.

Art韈ulo 26 Inscripci髇

La inscripci髇 del deslinde se ajustar� a lo dispuesto en el art韈ulo 53 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.

Art韈ulo 27 Potestad de recuperaci髇 posesoria

1.- Las entidades comprendidas en el art韈ulo 1 de esta Ley podr醤 recuperar por s� mismas la posesi髇 indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio.

2.- Si los bienes y derechos cuya posesi髇 se trata de recuperar tienen la condici髇 de demaniales la potestad podr� ejercitarse en cualquier tiempo.

3.- Si se trata de bienes y derechos patrimoniales, la recuperaci髇 de la posesi髇 en v韆 administrativa requiere que la iniciaci髇 del procedimiento haya sido notificada a quien se presuma que detenta el bien o derecho antes de que transcurra el plazo de un a駉 contado desde el d韆 siguiente al de la usurpaci髇. Pasado dicho plazo, para recuperar la posesi髇 de estos bienes deber醤 ejercitarse las acciones correspondientes ante los 髍ganos del orden jurisdiccional civil.

Art韈ulo 28 Competencia

1.- La iniciaci髇, instrucci髇 y resoluci髇 del expediente corresponde al departamento o entidad que tenga adscrito el bien o derecho, con las salvedades a que se refieren los apartados 4 y 5 del art韈ulo 19 de esta ley.

2.- Si el bien o derecho no se encuentra adscrito, la competencia, con la salvedad prevista en el apartado 4 del art韈ulo arriba citado, corresponder� a la entidad propietaria del bien o titular del derecho, y, en el caso de que 閟ta sea la Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma, al departamento competente en materia de patrimonio.

Art韈ulo 29 Procedimiento

1.- Iniciado el procedimiento y tramitado conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, el 髍gano competente, una vez comprobado el hecho de la usurpaci髇 posesoria y la fecha en que 閟ta se inici�, resolver� requerir a quien sea ocupante para que cese en su actuaci髇, se馻l醤dole un plazo no superior a ocho d韆s h醔iles para ello, con la prevenci髇 de actuar en la forma se馻lada en los apartados siguientes si no atendiera voluntariamente el requerimiento.

2.- En el caso de que no se atienda voluntariamente el requerimiento de desalojo, se adoptar醤 cuantas medidas sean conducentes a la recuperaci髇 de la posesi髇 del bien o derecho, de conformidad con lo dispuesto en el cap韙ulo V del t韙ulo VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

3.- De acuerdo con lo previsto en la Ley Org醤ica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Polic韆 del Pa韘 Vasco, se podr� solicitar para el lanzamiento el auxilio de la Ertzaintza, o imponer multas coercitivas de hasta un cinco por ciento del valor de los bienes ocupados, reiteradas por periodos de ocho d韆s h醔iles hasta que se produzca el desalojo. En estos supuestos, ser醤 de cuenta de la persona usurpadora los gastos derivados del procedimiento de recuperaci髇, cuyo importe, y el de los da駉s y perjuicios que se hubiesen ocasionado a los bienes usurpados, podr� hacerse efectivo por el procedimiento de apremio.

Art韈ulo 30 Supuestos y efectos

Las entidades comprendidas en el art韈ulo 1 de esta ley podr醤 recuperar en v韆 administrativa la posesi髇 de sus bienes demaniales cuando decaigan o desaparezcan el t韙ulo, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupaci髇 por terceras personas.

Art韈ulo 31 Competencia

La competencia para acordar el desahucio administrativo corresponde al departamento o entidad que tiene adscrito el bien ocupado, con la salvedad contemplada en el apartado 5 del art韈ulo 19 de esta ley.

Art韈ulo 32 Procedimiento

1.- El ejercicio de la potestad de desahucio requiere la previa declaraci髇 de extinci髇 o caducidad del t韙ulo que otorgaba el derecho de utilizaci髇 de los bienes de dominio p鷅lico.

2.- El 髍gano que, previo procedimiento con audiencia del interesado, declare la extinci髇 o caducidad del t韙ulo otorgar� en el mismo o distinto acto un plazo para el desalojo, y advertir� a quien detente la posesi髇, y en su persona a todos los que afecte, que, de no desalojar voluntariamente en dicho plazo, transcurrido el mismo se proceder� a acordar el desahucio por el 髍gano competente seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo anterior.

3.- Cuando proceda indemnizaci髇, el pago o la consignaci髇 de la cuant韆 correspondiente en el establecimiento gestor de dep髎itos correspondiente a la administraci髇 actuante ser� previo a la orden de desahucio.

4.- Transcurrido el plazo concedido para el desalojo, el 髍gano competente para acordar el desahucio ordenar� 閟te y apercibir� a quien detente la posesi髇, y en su persona a todos los que afecte, del lanzamiento o imposici髇 de multa coercitiva, en t閞mino no inferior a ocho d韆s h醔iles. Transcurrido dicho t閞mino, podr� ordenar el lanzamiento o imponer multas coercitivas.

5.- De acuerdo con lo previsto en la Ley Org醤ica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Polic韆 del Pa韘 Vasco, se podr� solicitar para el lanzamiento el auxilio de la Ertzaintza, a cuyo efecto bastar� la orden escrita del 髍gano actuante, de la que se entregar� copia al interesado, y, en su caso, la autorizaci髇 judicial pertinente.

6.- Si se imponen multas coercitivas, 閟tas podr醤 alcanzar hasta un cinco por ciento del valor de los bienes ocupados y ser reiteradas por periodos de ocho d韆s h醔iles hasta que se produzca el desalojo.

7.- Ser醤 de cuenta del detentador los gastos derivados del desalojo y desahucio, cuyo importe, y el de los da駉s y perjuicios que se hubiesen ocasionado, podr� hacerse efectivo por el procedimiento de apremio.

Art韈ulo 33 R間imen jur韉ico y responsabilidades

1.- La potestad sancionadora y el r間imen de responsabilidades por da駉s y perjuicios se regir醤 en primer t閞mino por la legislaci髇 especial que sea de aplicaci髇, y, a falta de 閟ta, por las disposiciones de la presente ley, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 y de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones P鷅licas de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.

2.- Quien incurra en alguna de las infracciones previstas en el art韈ulo siguiente deber�, previa su valoraci髇, indemnizar los da駉s y perjuicios causados, as� como restituir y reponer los bienes a su estado originario, o sustituirlos previa conformidad por escrito de la entidad titular del bien o derecho a sustituir.

3.- Las obligaciones referidas en el apartado anterior ser醤 compatibles con la sanci髇 que proceda y, en su caso, con la extinci髇 de las relaciones jur韉icas constituidas sobre los bienes.

Art韈ulo 34 Infracciones

1.- Constituyen infracciones administrativas las siguientes:

• a) La destrucci髇 o la producci髇 de da駉s en bienes del patrimonio de Euskadi.
• b) La usurpaci髇 de bienes del patrimonio de Euskadi.
• c) El incumplimiento, por las personas titulares del derecho de ocupaci髇, del deber de conservar en buen estado los bienes del patrimonio, o de cualesquiera otras obligaciones impuestas como consecuencia del otorgamiento de dicho derecho.
• d) La alteraci髇 de los bienes por obras, trabajos u otras actuaciones no autorizadas.
• e) La retenci髇 de los bienes una vez extinguido el t韙ulo que legitima su ocupaci髇.
• f) El uso de los bienes sin el correspondiente t韙ulo, sin sujetarse a su contenido, para fines distintos de los que lo motivaron, o falseando las condiciones para su obtenci髇.
• g) El incumplimiento de las disposiciones que regulen el uso com鷑 general de los bienes de dominio p鷅lico.
• h) Las actuaciones sobre los bienes afectos a un servicio que impidan o dificulten la normal prestaci髇 de aqu閘.
• i) La utilizaci髇 de bienes o derechos transmitidos gratuitamente para fines distintos de los previstos.
• j) El incumplimiento de los deberes de custodia y de colaboraci髇 previstos en los art韈ulos 11 y 12.
• k) La no inclusi髇 de los bienes y derechos en el Inventario General de Bienes y Derechos.
• l) La no remisi髇 de los inventarios previstos en el art韈ulo 16.3.

2.- Las infracciones administrativas previstas en esta ley se clasifican en leves, graves y muy graves:

• a) Son infracciones leves las se馻ladas en las letras a), b), c), d), g), j), k) y l), salvo que sea posible evaluar da駉s o perjuicios econ髆icos de cuant韆 superior a 1.500 euros.
• b) Son infracciones graves las se馻ladas en las letras a), b), c)d), g), j), k) y l) cuando la valoraci髇 del da駉 o perjuicio supere los 1.500 euros y no exceda de los 10.000 euros, as� como las tipificadas en las letras e), f), h) e i), salvo que sea posible evaluar da駉s o perjuicios econ髆icos de cuant韆 superior a 10.000 euros.
• c) Son infracciones muy graves las se馻ladas en el apartado 1 de este art韈ulo cuando los da駉s o perjuicios sean superiores a 10.000 euros.

Art韈ulo 35 Sanciones

1.- Las sanciones a imponer ser醤 las siguientes:

• a) Infracci髇 leve: multa de hasta 1.950 euros cuando la infracci髇 afecte a bienes de dominio privado, y de hasta 3.000 euros cuando afecte a bienes de dominio p鷅lico.
• b) Infracci髇 grave: multa por importe desde 1.950 euros hasta 15.600 euros cuando la infracci髇 afecte a bienes de dominio privado, y desde 3.000 euros hasta 24.000 euros cuando afecte a bienes de dominio p鷅lico.
• c) Infracci髇 muy grave: multa por importe desde 15.600 euros hasta 39.000 euros cuando la infracci髇 afecte a bienes de dominio privado, y desde 24.000 euros hasta 60.000 euros cuando afecte a bienes de dominio p鷅lico.

2.- Para graduar la cuant韆 de la multa se atender� al importe de los da駉s causados, al valor de los bienes o derechos afectados, a la reiteraci髇 por parte del responsable, y al grado de culpabilidad de 閟te.

Se considerar� atenuante que la persona infractora exprese su arrepentimiento, manifestado en el reconocimiento de los hechos y en la diligente adopci髇 de medidas correctoras en el plazo que se se馻le en el correspondiente requerimiento. Dicho atenuante en la imposici髇 de sanciones graves y muy graves permitir� reducir la cuant韆 de la multa hasta la mitad de la cuant韆 inferior prevista.

Ser� agravante que en la conducta de la persona infractora se aprecie una especial voluntad o actitud tendente a agravar el da駉 inicialmente causado, as� como de que la falta de colaboraci髇 o ayuda para su reparaci髇 o mitigaci髇 se origine un da駉 mayor al inicialmente previsto. Igualmente se considerar� agravante que los bienes sean de dominio p鷅lico, salvo que esta circunstancia forme parte del tipo.

3.- En caso de reincidencia, en un plazo de tres a駉s, en infracciones graves o muy graves, se podr� declarar la inhabilitaci髇 del infractor para ser titular de autorizaciones y concesiones por un plazo de uno a tres a駉s.

Art韈ulo 36 Competencia y procedimiento para la exigencia de responsabilidades e imposici髇 de sanciones, y prescripci髇

1.- El procedimiento se ajustar� a la presente ley, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, a la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones P鷅licas de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, y a las normas que las desarrollen, con las especificaciones que se establecen a continuaci髇.

2.- La instrucci髇 del expediente corresponde al servicio jur韉ico del departamento o entidad que tiene adscritos los bienes, salvo que las normas org醤icas del departamento o entidad atribuyan la instrucci髇 a otro 髍gano. En el caso de que la entidad que tiene adscrito el bien sea de naturaleza privada se estar� a lo dispuesto en el art韈ulo 19.5. En el caso de que el bien no se encuentre adscrito, la instrucci髇 del expediente corresponder� a la Direcci髇 de Patrimonio y Contrataci髇 de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma.

El instructor ser� nombrado por el titular de la unidad org醤ica a que corresponda la instrucci髇, y habr� de tener, necesariamente, la licenciatura en Derecho.

3.- La competencia para imponer las sanciones corresponde a la entidad titular, y, en el caso de que 閟ta sea la Administraci髇 general, la imposici髇 de las sanciones leves y graves corresponde al titular del departamento competente en materia de patrimonio, y las muy graves al Consejo de Gobierno.

4.- Las infracciones prescribir醤 en los siguientes plazos a contar desde la comisi髇 del hecho o desde la detecci髇 del da駉, si 閟te no fuera inmediato:

• a) Un a駉 en caso de infracciones leves.
• b) Tres a駉s en caso de infracciones graves.
• c) Cinco a駉s en caso de infracciones muy graves.

5.- Las sanciones prescribir醤 en los siguientes plazos:

• a) Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribir醤 al a駉.
• b) Las sanciones impuestas por infracciones graves prescribir醤 a los tres a駉s.
• c) Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribir醤 a los cinco a駉s.

El plazo de prescripci髇 de las sanciones comenzar� a contar desde el d韆 siguiente a aquel en el que adquiera firmeza la resoluci髇 en v韆 administrativa por la que se impone la sanci髇.

Art韈ulo 37 Ejecuci髇 de las sanciones

1.- El importe de las sanciones y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las responsabilidades contra韉as podr醤 ser exigidos por los procedimientos de ejecuci髇 forzosa previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

2.- Las multas coercitivas que se impongan para la ejecuci髇 forzosa no podr醤 superar el veinte por ciento de la sanci髇 impuesta o de la obligaci髇 contra韉a por responsabilidades, y no podr醤 reiterarse en plazos inferiores a ocho d韆s h醔iles.