Sumario

Exposición de Motivos

En materia de ordenación territorial y urbanística la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Organos Forales de sus Territorios Históricos, en su artículo 7.c) 5, establece la distribución competencial en base al criterio de atribuir a estos últimos las facultades de iniciativa, tramitación, aprobación y ejecución de aquellos instrumentos que sean desarrollo de las determinaciones del planeamiento de rango superior.

En virtud de dicha previsión competencial se publicaron los correspondientes Decretos de traspaso de servicios, siendo tales el Decreto 35/1985, de 5 de marzo, relativo al Territorio Histórico de Alava, el Decreto 42/1985, de 5 de marzo, relativo al Territorio Histórico de Guipúzcoa, y el Decreto 54/1985, de 5 de marzo, relativo al Territorio Histórico de Bizkaia.

En dichos Decretos se sigue la interpretación de que los Territorios Históricos podían ejercer sus funciones urbanísticas aunque las Instituciones Comunes no hubieren aprobado el planeamiento territorial de rango superior, regulándose en este caso, y para salvaguardar los ámbitos competenciales de cada uno, un sistema de coordinación mediante informes preceptivos y vinculantes de un órgano de la Comunidad Autónoma: la Comisión de Ordenación del Territorio.

Este complejo sistema de salvaguarda de los distintos ámbitos competenciales ha funcionado desde la aprobación de los citados Decretos de traspaso de servicios. Sin embargo, la interpretación en que se fundamentan estos Decretos de traspaso ha sido objeto de litigios que someten a controversia el ordenamiento urbanístico vigente en Euskadi afectando al principio de seguridad jurídica.

Es por ello que la presente Ley modifica la literalidad del artículo 7.c) 5 de la Ley 27/1983, con una doble finalidad.

Por un lado, despejar cualquier duda que se pueda plantear sobre las competencias de las Instituciones Forales en la materia.

Por otro lado, y en aras del principio de seguridad jurídica, dar eficacia retroactiva al texto de la presente Ley, estableciendo sus efectos desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 27/1983. De esta manera, la Ley evita cualquier controversia competencial sobre la actuación de los Organos Forales, al aprobar, conforme a lo establecido en los correspondientes Decretos de traspaso de servicios, instrumentos concretos de planeamiento municipal.

Tal virtualidad retroactiva en nada colide con el mandato constitucional que proscribe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales singulares, por no tener dicha naturaleza la presente Ley, en tanto que se refiere directamente a la distribución competencial interna de la Comunidad Autónoma, manteniéndose precisamente por el efecto retroactivo que se establece las situaciones jurídicas creadas hasta el momento.

DISPOSICIONES FINALES