Sumario

--> D [COMUNIDAD VALENCIANA] 96/1998, 6 julio, derogado por la disposición derogatoria del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 220/2014, 12 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana («D.O.C.V.» 17 diciembre) el 18 de diciembre de 2014. Téngase en cuenta que la disposición derogatoria única del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 130/2012, 24 agosto, del Consell, establece que “queda derogado expresamente el capítulo III del título I (artículos 10 al 13), así como todas las referencias al Registro de Ficheros Informatizados, del Decreto 96/1998, de 6 de julio, del Consell […] («D.O.C.V.» 27 agosto).--> Véase O [COMUNIDAD VALENCIANA] 6 junio 2005, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se establecen las condiciones generales y se aprueba la Plataforma corporativa para la Tramitación y Notificación Telemática de la Generalitat Valenciana - Generalitat en Red («D.O.G.V.» 27 junio).-->

Preámbulo

La necesidad de informatización de los distintos servicios de la administración de la Generalitat Valenciana, en un momento de asunción de competencias por parte de la misma, demandó la creación, mediante el Decreto 127/1983, de 10 de octubre, del Gobierno Valenciano, de la Comisión Informática de la Generalitat Valenciana, que tenía como objetivo general la coordinación de la política informática de la Generalitat Valenciana y, en particular, comenzar la informatización de la Generalitat Valenciana y establecer las directrices para la aplicación de la informática, así como velar para su cumplimiento. Posteriormente se publicó el Decreto 143/1986, de 24 de noviembre, del Gobierno Valenciano, que parcialmente derogaba el Decreto 127/1983, de 10 de octubre, y por el que se creaba la Comisión de Seguimiento del Plan Informático de la Generalitat Valenciana.

Más de 10 años después, la situación de la Generalitat Valenciana es muy distinta: el techo de competencias de la misma es alto, lo que implica una cierta estabilidad de la organización, y en general las necesidades más básicas de informatización de los distintos departamentos están cubiertas. No obstante, los últimos estudios realizados a través del Plan Estratégico de Modernización de las Administraciones Valencianas marcan claramente que la implantación de estas técnicas informáticas es muy desigual en los distintos departamentos.

Relacionado con el aspecto organizativo, el artículo 40.2 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, señala que las comunidades autónomas podrán crear y mantener sus propios registros de ficheros públicos para el ejercicio de las competencias que se les reconoce sobre los mismos, respecto de los ficheros automatizados de datos personales cuyos titulares sean los órganos de las respectivas comunidades autónomas.

Por otro lado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contiene una decidida apuesta por la abierta incorporación de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas a la actividad administrativa y, en especial, a las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones públicas.

Entre todas las previsiones que la mencionada ley contiene sobre la utilización de técnicas automatizadas, destaca el artículo 45 como verdadera piedra angular del proceso de incorporación y validación de dichas técnicas en la producción jurídica de la administración pública, así como en sus relaciones con los ciudadanos.

Adicionalmente, el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, efectúa una regulación de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas, como desarrollo del artículo 45 de la precitada ley en el ámbito de la administración del estado. En este decreto se fijan las bases para que los resultados producidos por las tecnologías de la información gocen de la validez jurídica necesaria para que resulten plenamente operativos.

Todas estas disposiciones responden básicamente a la necesidad de regular dos aspectos básicos del desarrollo e implantación de las tecnologías de la información, que son los siguientes:

• - La organización racional de los recursos informáticos puestos al servicio de la administración con el fin de obtener una implantación eficaz de los sistemas de información. Adicionalmente, esta implantación no puede efectuarse en menoscabo de la protección de los datos de carácter personal.
• - Proporcionar la validez jurídica necesaria para que estos sistemas de información sean realmente operativos cuando sean utilizados para el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos.

Estos dos aspectos se encuentran profundamente relacionados entre sí, dado que el personal informático es parte fundamental en el proceso de garantizar la validez legal de las aplicaciones así como en la protección de los datos personales que las mismas almacenan. Por ello, una correcta organización de estos recursos debe redundar en unas mayores garantías en estos aspectos. Por otro lado, los datos de carácter personal residen, asimismo, en aplicaciones que deberán contar, al menos, con los mismos requisitos de seguridad que aquellas que sean utilizadas en el ejercicio de las competencias.

Todos estos argumentos razonan la conveniencia de emitir una normativa unificada que regule estos tres aspectos del desarrollo, implantación y explotación de las tecnologías de la información.

Por ello, en uso de las facultades de los artículos 31.1 y 32.1 del Estatuto de Autonomía, a propuesta del conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 6 de julio de 1998, conforme con el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana,

DISPONGO