Artículo 105 Competencia administrativa

1. La actuación de la Generalitat Valenciana en materia de cooperativismo se ejercerá a través de la Conselleria competente en materia de trabajo en las funciones de ejecución, inspección, sanciones administrativas y fomento que prevé esta ley, sin perjuicio de las facultades reconocidas a otras consellerias en relación al cumplimiento de la legislación específica que les corresponda aplicar.

2. La Conselleria competente en materia de trabajo propondrá al Consell de la generalitat Valenciana, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Gobierno de la Generalitat Valenciana de 30 de diciembre de 1983, la creación de una comisión interdepartamental integrada por las consellerias que ostenten competencias específicas en materia de cooperativas.

Esta comisión, presidida por el conseller competente en materia de trabajo, tendrá por finalidad la coordinación de las acciones de gobierno en materia de cooperativas.

Artículo 106 Inspección y régimen disciplinario

1. La Conselleria competente en materia de trabajo realizará la inspección de las cooperativas del modo que orgánicamente se determine.

2. Las infracciones a la legislación cooperativa serán objeto de sanción administrativa, previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las consecuencias y responsabilidades civiles, penales y de otro orden a que puedan dar lugar.

3. Las infracciones a la legislación cooperativa cometidas por las entidades cooperativas y por los miembros de sus órganos sociales, a los efectos de su sanción administrativa, se clasificarán en muy graves, graves y leves.

4. Las sanciones se graduarán de acuerdo con la naturaleza de las conductas, sus consecuencias económicas y sociales, la mala fe, o la reincidencia de los autores, y el número de socios, dimensión económica o cifra anual de negocios de la entidad.

5. A las infracciones muy graves se aplicará sanción de multa entre doscientas mil y una pesetas hasta cinco millones de pesetas.

Además de la referida multa, se podrá imponer la descalificación prevista en el artículo 108 de esta ley, y en caso de sanción a los administradores, la inhabilitación, por un plazo máximo de diez años.

A las infracciones graves se aplicará sanción de multa entre cincuenta mil y una peseta hasta doscientas mil pesetas.

A las infracciones leves se aplicará sanción de multa de hasta cincuenta mil pesetas.

6. En el caso de reincidencia o de infracción continuada, la infracción será calificada en un grado superior. Además, en caso de infracción continuada, la resolución sancionadora conminará al cese, mediante la sanción adicional de hasta un 20% diario de la multa principal que se haya impuesto.

7. La responsabilidad administrativa prescribe a los cinco años de haber cometido la infracción. La acción para sancionarlas caducará si, conocidas las infracciones por la administración pública, ésta no ordena la instrucción de expediente sancionador en el plazo de seis meses.

8. Los administradores podrán ser sancionados por las infracciones previstas en los artículos siguientes, cuando resulten responsables de conformidad con el art. 42.1 de esta ley.

Artículo 107 Tipificación de las infracciones

1. Serán consideradas infracciones muy graves:

• a) La desvirtuación de la cooperativa, especialmente cuando a través de ella uno o varios socios se lucren a costa de los demás socios; cuando se violen de forma reiterada los principios cooperativos reconocidos en esta ley, y cuando se admita como socios a personas que legalmente no pueden serlo.
• b) El incumplimiento de las obligaciones relativas a la documentación y contabilidad de la cooperativa, en especial las relativas a la llevanza de los libros corporativos y de contabilidad exigidos en esta ley.
• c) El incumplimiento de la obligación de designar auditores de cuentas y someter a su verificación los estados financieros y el informe sobre la gestión de cada ejercicio en los plazos señalados en esta ley.
• d) El incumplimiento en la obligación de designar letrado asesor y de someter a su dictamen los acuerdos de los órganos sociales que señala esta ley.
• e) El pago a los socios, directa o indirectamente, de intereses superiores al límite fijado en esta ley por sus aportaciones sociales.
• f) El incumplimiento de las normas de esta ley relativas a la determinación de los resultados del ejercicio y de sus asignaciones, en especial las relativas a dotación del patrimonio irrepartible e, imputación de pérdidas.
• g) El pago o acreditación de retornos a los socios excedentes y el pago o acreditación de retornos a los socios activos en proporción a sus aportaciones al capital social o con otro criterio distinto al de su participación en las operaciones sociales.
• h) La distribución, directa o indirecta, a los socios del patrimonio social irrepartible o del haber líquido resultante de la liquidación.
• i) La inversión de los recursos del fondo de formación y promoción cooperativa en fines distintos a los permitidos en esta ley.
• j) La revalorización de las aportaciones sociales por encima de los límites permitidos en esta ley.
• k) La no disolución de la cooperativa cuando existe causa para ello conforme al art. 70 de esta ley.

2. Serán consideradas infracciones graves:

• a) El incumplimiento de la obligación de inscribir los nombramientos de cargo y los documentos previstos en el artículo 13, apartado 3, de esta ley.
• b) El incumplimiento de las normas legales y estatutarias sobre puntual convocatoria de la asamblea general ordinaria, sobre renovación de los cargos sociales, y sobre convocatoria de asamblea general extraordinaria a petición de los socios que señala esta ley.
• c) El incumplimiento de la petición de la minoría de socios que señala esta ley, de inclusión de temas en el orden del día de una asamblea ya convocada y, de someter a debate y votación las propuestas hechas por la minoría de socios que señala esta ley.
• d) No respetar los derechos de información que establece el artículo 21 de esta ley.
• e) El incumplimiento de las normas de esta ley sobre representación en el consejo rector de los socios de trabajo y de los asalariados de la cooperativa, y sobre participación mínima en el excedente de ejercicio que la ley y los estatutos les reconozcan.
• f) El incumplimiento de la obligación estatutaria de revalorizar las aportaciones sociales.
• g) El incumplimiento de la obligación de añadir a la denominación social, la expresión «Cooperativa Valenciana», o sus abreviaturas y, en su caso, las menciones de «en constitución» y «en liquidación».
• h) La infracción de las obligaciones asumidas por la cooperativa en relación con las uniones, federaciones y consorcios a los que pertenezca.

3. Serán infracciones leves:

• a) El retraso en el cumplimiento de la llevanza de los libros corporativos y de la contabilidad, siempre que sea inferior a seis meses, y se conserven las actas, documentos probatorios y justificantes.
• b) El incumplimiento de las obligaciones estatutarias en cuanto a la puntual reunión de los órganos sociales, en especial del consejo rector.
• c) El incumplimiento de la obligación de entregar a los socios títulos o libretas que acrediten sus aportaciones sociales, o de envío del extracto anual de anotaciones en cuenta del capital social.
• d) Las infracciones a esta ley que no puedan incluirse en las antes enumeradas y no sean graves ni muy graves.

Artículo 108 Descalificación

1. Podrá ser causa de descalificación de una entidad cooperativa:

• a) La comisión de infracciones muy graves de especial trascendencia económica o social, así como su reiteración o insistencia continuada.
• b) La inactividad de los órganos sociales durante dos años consecutivos.
• c) La no realización del objeto o fines sociales durante dos años consecutivos.

En los casos b) y c) la administración requerirá a la entidad afectada a fin de que, en un plazo no superior a tres meses, adopte las medidas necesarias para corregir la irregularidad. En caso de ser desatendido este requerimiento, deberá proceder como ordena el apartado siguiente.

2. La resolución administrativa de descalificación estará siempre motivada y exigirá la instrucción de expediente, con audiencia de la entidad afectada e informe de la Confederación de Cooperativas Valencianas, que deberá emitir en el plazo de 20 días. La resolución producirá efectos registrales de oficio. Será revisable en vía contencioso-administrativa y si se presenta recurso administrativo o contencioso-administrativo contra ella, no será ejecutiva en tanto no sea firme.

La descalificación, una vez firme, implica que la cooperativa debe disolverse o transformarse en el plazo de seis meses desde que sea ejecutiva la resolución administrativa.

Transcurrido dicho plazo la descalificación implicará la disolución forzosa de la cooperativa, seguida de su liquidación según establece lo artículos 70 y 71 de esta ley. Desde ese momento, los administradores, directores y, en su caso, liquidadores, responderán personal y solidariamente entre sí y con la cooperativa de las deudas sociales.

3. La descalificación de una entidad cooperativa será decidida por resolución del conseller competente en materia de trabajo.

Artículo 109 Intervención temporal

En caso de graves irregularidades en una entidad cooperativa, que aconsejen medidas urgentes para evitar daños a terceros o a los socios, la conselleria competente, a petición razonada de cualquier socio, y previo informe del Consejo Valenciano del Cooperativismo, podrá decidir la intervención temporal, que podrá consistir en:

• a) El nombramiento de uno o más interventores con facultades para convocar y presidir la asamblea general de socios y, en su caso, controlar al órgano administrativo de la cooperativa, cuyos acuerdos serán nulos si no cuentan con la autorización de la intervención.
• b) La suspensión temporal de la actuación de los administradores de la cooperativa y el nombramiento de uno o más administradores provisionales que asuman sus funciones.

En las mismas circunstancias, la intervención temporal podrá ser de oficio cuando las entidades hayan obtenido subvenciones y otras ayudas de los poderes públicos.

Artículo 110 Consejo Valenciano del Cooperativismo

1. El Consejo Valenciano del Cooperativismo se crea como órgano de promoción, asesoramiento y planificación de la política y legislación en materia de cooperativas. Su composición se establecerá reglamentariamente, y corresponderá a la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana la designación de los representantes del cooperativismo, de acuerdo como previsto en el artículo 97.3 al de esta ley. El número de representantes del cooperativismo no será inferior al resto de miembros nombrados por el Consell de la Generalitat Valenciana.

El Consejo Valenciano del Cooperativismo elegirá de entre sus miembros al presidente y secretario del Consejo, y funcionará de acuerdo con el reglamento del que se dote a sí mismo.

2. El Consejo Valenciano del Cooperativismo estará integrado orgánicamente en la Conselleria competente en materia de trabajo, que le atribuirá los recursos personales y económicos para su funcionamiento.

3. Serán funciones del Consejo Valenciano del Cooperativismo las siguientes:

• a) Informar, dictaminar o formular proposiciones sobre cualquier disposición legal que pueda afectar a las entidades cooperativas.
• b) Fomentar y potenciar el movimiento cooperativo y las relaciones intercooperativas.
• c) Participar en la difusión de los principios cooperativos y velar por su cumplimiento, en particular por la utilización del fondo de educación y promoción cooperativa.
• d) Fomentar la educación y formación cooperativa.
• e) Colaborar en la ejecución de la política del Consell de la Generalitat Valenciana en relación con el cooperativismo.
• f) Intervenir en los conflictos que se planteen en materia cooperativa, mediante conciliación o arbitraje, en la forma regulada en el artículo siguiente.

Artículo 111 Conciliación y arbitraje cooperativos

1. En la resolución de los conflictos que se planteen entre entidades cooperativas o entre éstas y sus socios o miembros, el Consejo Valenciano del Cooperativismo ejercerá una doble competencia:

• a) La conciliación previa, de carácter voluntario, al ejercicio de acciones ante los tribunales.

  El Consejo creará de entre sus miembros una comisión delegada de conciliación, integrada, al menos, por tres miembros, que se regirá por el reglamento del Consejo.

  Presentada una reclamación ante el Consejo Valenciano del Cooperativismo, será conocida por la comisión delegada de conciliación, la cual dará parte al destinatario de la reclamación, para que se avenga a ella o se oponga, y alegue lo que considere oportuno En el caso de oposición, dicha comisión examinará los elementos de prueba que aporten una y otra parte y, en un plazo no superior a dos meses desde la presentación de la reclamación, pronunciará una recomendación en nombre del Consejo.

  Si dicha recomendación fuese aceptada por ambas partes mediante expresión de su voluntad ante el Consejo, la recomendación obtendrá los mismos efectos y garantías que el laudo arbitral firme.

  Aceptada la recomendación, el Consejo emitirá una certificación de su contenido y decisiones que servirá de título suficiente para obtener en su caso la ejecución de la recomendación aceptada.

  Si no fuere atendida la recomendación, el Consejo Valenciano del Cooperativismo pasará nota a la Conselleria de la que dependa, a fin de que tome las medidas que se prevén en esta ley. Igualmente notificará el hecho a quien haya presentado la reclamación, para que haga uso de las acciones que le correspondan.

• b) El arbitraje de derecho o de equidad.

  El Consejo Valenciano del Cooperativismo podrá emitir laudos arbitrales, con efectos de sentencia judicial obligatoria para las partes y ejecutoria para los tribunales. Será preciso que las partes en conflicto se hayan obligado previamente mediante convenio arbitral, en virtud de cláusula, inserta en los estatutos sociales de las cooperativas o fuera de éstos.

  Si el compromiso es de arbitraje de derecho, el laudo será emitido y firmado por uno o tres licenciados en derecho, miembros del Consejo o, de la Corte de Arbitraje Cooperativo que el Consejo nombrará entre licenciados en derecho expertos en cooperativas.

  Si el compromiso es de arbitraje de equidad podrán emitir y firmar el laudo, en nombre del Consejo, miembros de éste que no sean juristas.

  El procedimiento y recursos en ambos casos serán los regulados en la legislación estatal sobre arbitraje de derecho privado.

2. La presentación ante el Consejo Valenciano del Cooperativismo de la reclamación previa de conciliación o de la demanda de arbitraje, interrumpirá la prescripción y suspenderá la caducidad de las acciones, de acuerdo con la legislación estatal.

3. Reglamentariamente se establecerán las tasas que deberán satisfacer las partes en conciliación o arbitraje. Será sujeto pasivo de las mismas, el reclamante, salvo que en el laudo de conciliación o arbitraje, se impongan las tasas resultantes de otro modo.

Primera

A los efectos del ámbito de aplicación de esta ley, se entenderá que una cooperativa realiza de modo efectivo y real su actividad cooperativizada con sus socios en territorio de la Comunidad Valenciana, cuando el volumen de sus operaciones se materialice mayoritariamente en dicho territorio.

Segunda

Caso de modificación de los principios cooperativos por la Alianza Cooperativa Internacional posterior a la promulgación de esta ley, el nuevo texto se aplicarán con preferencia a la recepción que de los mismos se hace en el artículo 3 de esta ley, a los efectos de su interpretación como principios generales informadores de esta ley.

Tercera Revalorización de las cuantías monetarias mencionadas en la ley

La cuantía del volumen de negocios que determina la obligación de designar gestor de dedicación permanente y letrado asesor, y la que concede derecho a subvención de los costes de la verificación de cuentas por auditores de cuentas, así como las de las multas previstas en el artículo 106 de esta ley serán revisadas por el Consell de la Generalitat Valenciana al menos cada tres años, adaptándola a la variación del índice de precios al consumo.

Cuarta

1. A los efectos del cálculo del porcentaje máximo de trabajadores no socios que pueden contratar las cooperativas de trabajo asociado, en el caso de que la legislación estatal general de cooperativas permita un porcentaje superior al establecido en esta Ley para la contratación de trabajadores no socios, se aplicará el fijado en dicha normativa estatal.

2. Asimismo, aparte de los supuestos a que alude el apartado segundo del artículo 79 de esta Ley, tampoco se tendrán en cuenta aquellos supuestos que no se computen en la legislación estatal general de cooperativas para computar el porcentaje máximo de trabajadores no socios contratados por las cooperativas.

Disposición Adicional 4.ª introducida por Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 10/1998, 28 diciembre («D.O.G.V.» 31 diciembre), de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalidad Valenciana.

Quinta

Sin perjuicio de lo establecido por la demás normativa de aplicación, podrán entenderse cumplidas, como si se hubieren practicado ante el Registro de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, las obligaciones legales relativas a la legalización de los libros de las cooperativas valencianas y las correspondientes al depósito de sus cuentas anuales, cuando, en sus respectivos casos, se legalicen los libros por el Registro Mercantil, o se depositen las cuentas anuales; en los términos de los convenios que regulen la colaboración de los Registros Mercantiles y la Generalitat Valenciana para evitar la duplicidad de trámites en el cumplimiento de dichas obligaciones.

Disposición Adicional 5.ª introducida por el artículo 38 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 9/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana («D.O.G.V.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2002