Artículo 4

La Consellería de Agricultura y Pesca, a instancia de asociaciones de agricultores, Comunidades de regantes u otros interesados y excepcionalmente de oficio, redactará Planes de utilización de aguas para riego, sin perjuicio de la competencia del Estado en materia de planificación hidrológica que afectarán a toda la Comunidad Valenciana o a zonas determinadas de la misma.

Los Planes podrán ser imperativos, indicativos y mixtos.

Artículo 5

La utilización del agua para riego se acomodará al contenido imperativo de los Planes, a cuyo efecto los correspondientes proyectos contarán prioritariamente con el auxilio económico y técnico de la Administración.

Los proyectos para la mejor utilización del agua que se acomoden al contenido indicativo de los Planes tendrán preferencia en la obtención de las ayudas contempladas por esta Ley.

Artículo 6

Los Planes contendrán los siguientes documentos:

• a) Plano de delimitación de la zona. En él se determinarán los términos municipales que abarque total o parcialmente y, en su caso, los núcleos de población o fincas aisladas a que afecte.
• b) Si la zona no es susceptible de un tratamiento homogéneo, división de la misma en sectores.
• c) Superficie y características de las unidades de explotación agrícola en que esté dividida la zona o sus sectores. Se entenderán por unidades de explotación las superficies útiles para riego.
• d) Enumeración, descripción y justificación económica de los sistemas de riego que se establezcan o propongan, así como, en su caso, de las obras necesarias para llevarlos a cabo.
• e) Determinación indicativa, en su caso, del cultivo o cultivos más convenientes, atendiendo a la zona y sistema de regadío elegido, que se justificará desde el punto de vista económico.
• f) Plano de delimitación de los perímetros de protección, si éstos fueran necesarios, con la enumeración de las obras que, dentro de los mismos, estén prohibidas, teniendo en cuenta el ámbito competencial de la Comunidad Valenciana.

Artículo 7

Redactado el proyecto, será sometido a información pública y, en particular en los Ayuntamientos afectados, durante un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana», a fin de que durante ese plazo los interesados y las organizaciones profesionales agrarias puedan examinar dicho proyecto, que será puesto a su disposición por los Ayuntamientos en el plazo indicado, y formular las alegaciones que estimen oportunas.