Sumario

Exposici髇 de Motivos

1.

La mejora de los instrumentos de participaci髇 de los trabajadores en la empresa ha constituido, desde hace m醩 de dos d閏adas, una de las aspiraciones fundamentales de las instituciones de la Comunidad Europea en el terreno de la pol韙ica social. Por ello, cuando el 22 de septiembre de 1994, el Consejo de Ministros de la Uni髇 Europea aprobaba la Directiva 94/45/CE sobre la constituci髇 de un comit� de empresa europeo o de un procedimiento de informaci髇 y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensi髇 comunitaria, estaba cerrando un cap韙ulo del devenir de la Europa social con una norma de extraordinaria importancia.T閚gase en cuenta que la Directiva 94/45/CE ha sido derogada por el art韈ulo 17 de la Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constituci髇 de un comit� de empresa europeo o de un procedimiento de informaci髇 y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensi髇 comunitaria (versi髇 refundida) (獶.O.U.E.L.� 16 mayo), el 6 de junio de 2011.

En el camino quedaban diversas iniciativas comunitarias dirigidas a facilitar la participaci髇 de los trabajadores en las empresas europeas, entre las que es obligada la cita del proyecto de 5.� Directiva relativa a la estructura de las sociedades an髇imas y a los poderes y obligaciones de sus 髍ganos, cuya primera formulaci髇 se remonta a 1972, as� como del proyecto de Directiva sobre los procedimientos de informaci髇 y consulta de los trabajadores de 1980, com鷑mente conocida por el nombre de su inspirador como Directiva Vredeling. Igualmente, en estos a駉s se han producido dos profundas modificaciones del Tratado originario de la Comunidad Econ髆ica Europea, a trav閟 del Acta Unica Europea y del Tratado de la Uni髇 Europea, Tratado este 鷏timo donde se ha hecho patente, en materia de pol韙ica social, la voluntad de entonces once de los Estados miembros de profundizar en la v韆 trazada por la Carta comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989. De acuerdo con dicha voluntad, los Estados miembros firmaron, con la excepci髇 del Reino Unido, un Acuerdo sobre la Pol韙ica Social, anexo al Protocolo n鷐ero 14 del mismo T韙ulo anexo al Tratado de la Uni髇 Europea.

En el punto 17 de la Carta comunitaria se afirma que 玪a informaci髇, la consulta y la participaci髇 de los trabajadores deben desarrollarse seg鷑 mecanismos adecuados y teniendo en cuenta las pr醕ticas vigentes en los diferentes Estados miembros� y que 玡llo es especialmente aplicable en aquellas empresas o grupos de empresas que tengan establecimientos situados en varios Estados miembros�. Por su parte, el art韈ulo 1 del Acuerdo sobre la Pol韙ica Social se馻la que constituye objetivo, entre otros, de la Comunidad y de los Estados miembros el di醠ogo social, mientras que su art韈ulo 2 dispone que en la consecuci髇 de tal objetivo la Comunidad apoyar� y completar� la acci髇 de los Estados miembros en el 醡bito de la informaci髇 y consulta de los trabajadores, para lo cual el Consejo podr� adoptar, mediante Directivas, las disposiciones m韓imas que habr醤 de aplicarse progresivamente.

Con la base jur韉ica de este art韈ulo 2 del Acuerdo sobre Pol韙ica Social, la Directiva 94/45/CE constituye la primera manifestaci髇 en el Derecho social comunitario del citado Acuerdo anexo al Protocolo n鷐ero 14 del Tratado de Maastricht.

2.

La Directiva sobre el comit� de empresa europeo es una respuesta social al gran mercado interior, realidad jur韉ica alcanzada el 1 de enero de 1993 y propiciada por el Acta Unica Europea de 1986. El mercado interior, el mercado 鷑ico, ha dado y dar� lugar a un complejo y creciente proceso de concentraciones de empresas, fusiones transfronterizas, absorciones, asociaciones, 玧oint-ventures�, uniones temporales, etc., que ha provocado, entre otros efectos, una transnacionalizaci髇 de las empresas y grupos de empresas. Ahora bien, el legislador comunitario ha sido consciente de que los procedimientos de informaci髇 y consulta a los trabajadores previstos en las legislaciones y pr醕ticas nacionales no se adaptan a esa estructura transnacional de las empresas. Por ello ha tratado de asegurar que las actividades econ髆icas en el mercado interior se desarrollen de forma armoniosa, para lo que es, sin duda, preciso que las empresas y grupos con centros de trabajo en varios Estados miembros informen y consulten a los representantes de los trabajadores afectados por sus decisiones.

En un contexto de cambio econ髆ico, donde el gobierno de las empresas exige un enfoque m醩 flexible a la vez que participativo, la Directiva trata de superar las insuficiencias de los mecanismos tradicionales de participaci髇 de los trabajadores a nivel nacional, mecanismos que, precisamente por su alcance exclusivamente nacional, son inadecuados para abordar los procesos de toma de decisiones al nivel central de las empresas o grupos, con implicaciones y consecuencias para el conjunto de los trabajadores de la Comunidad. La Directiva, cuyo objeto es mejorar los derechos de informaci髇 y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensi髇 comunitaria, aborda con un enfoque flexible y pragm醫ico la informaci髇 y la consulta a los trabajadores a nivel europeo, como condici髇 m韓ima indispensable para que las decisiones sean adoptadas y aplicadas en un contexto social aceptable. Para ello, se han tenido en cuenta en gran medida las experiencias y pr醕ticas que en los 鷏timos a駉s se han venido desarrollando, de manera espont醤ea y voluntaria, en diversos grupos empresariales europeos, as� como las opiniones expresadas por los interlocutores sociales europeos en el proceso de di醠ogo que precedi� a la adopci髇 de la Directiva.

3.

La presente Ley transpone al ordenamiento jur韉ico espa駉l la Directiva 94/45/CE. Dada la peculiaridad del sistema de fuentes del Derecho laboral, debe justificarse por qu� se ha optado por la elaboraci髇 de una norma de origen legal en vez de confiar la transposici髇 a una iniciativa de car醕ter convencional. Se ha dicho, y es cierto, que la Directiva 94/45/CE constituye una clara muestra del principio de subsidiariedad en su doble dimensi髇, vertical y horizontal. Algo que se puede predicar tambi閚 de esta Ley de transposici髇.

Por un lado, la Directiva es manifestaci髇 del principio de subsidiariedad en su forma m醩 habitual, la vertical, porque no resulta de aplicaci髇 a las empresas de dimensi髇 nacional, sino tan s髄o a las empresas o grupos de empresas de dimensi髇 comunitaria, esto es, a las empresas o grupos con, al menos, 1.000 trabajadores en el conjunto de la Comunidad y establecidos en, al menos, dos Estados miembros, dando ocupaci髇, como m韓imo, a 150 trabajadores en cada uno de ellos. Adem醩 la Directiva se馻la que la misma se aplica sin perjuicio de las disposiciones adoptadas con arreglo a las Directivas 77/187/CEE y 75/129/CEE (en nuestro Derecho, art韈ulos 44 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, b醩icamente) y que la Directiva no afectar� a los derechos de informaci髇 y consulta de los trabajadores existentes en su legislaci髇 nacional (derechos que en Espa馻 se encuentran presentes, principalmente, en el Estatuto de los Trabajadores, a lo largo de su articulado). Todas estas disposiciones se reproducen de manera pr醕ticamente literal en el texto de la Ley.T閚gase en cuenta que las Directivas 77/187/CEE y 75/129/CEE han sido derogadas por las Directivas 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximaci髇 de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (獶.O.C.E.L.� 22 marzo), y 98/59/CEE del Consejo, de 20 de julio, relativa a la aproximaci髇 de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (獶.O.C.E.L.� 12 agosto). Directiva 2001/23 CE del Consejo, de 12 Mar. 2001 (mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros o de partes de empresas o de centros de actividad) Directiva 98/59 CE del Consejo, de 20 Jul. 1998 (aproximaci髇 de las legislaciones referidas a despidos colectivos)

La Directiva permite igualmente la aplicaci髇 del principio de subsidiariedad en su dimensi髇 horizontal. As�, dispone que los Estados miembros adoptar醤 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva o garantizar醤 que los interlocutores sociales adopten las disposiciones necesarias por v韆 de acuerdo. Esto es, la Directiva posibilita que organizaciones empresariales y sindicales puedan, por v韆 de convenio colectivo, incorporar la Directiva a los Derechos nacionales. Es m醩, la Directiva privilegia los acuerdos a los que las partes puedan llegar para crear un comit� de empresa europeo o establecer un procedimiento de informaci髇 y consulta, de manera que s髄o deber� procederse a crear un comit� conforme a los requisitos subsidiarios previstos en su anexo en determinados supuestos tasados y agotadas las posibilidades de acuerdo. Tales privilegios se reconocen, en cierta medida, tambi閚 a los acuerdos preexistentes a la entrada en vigor de las leyes nacionales de transposici髇.

Aplicando la concepci髇 comunitaria al Derecho espa駉l, hubiera sido posible que a trav閟 de un acuerdo interprofesional para materias concretas de los previstos en el art韈ulo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores, las organizaciones sindicales y patronales m醩 representativas hubieran procedido a incorporar la Directiva a nuestro ordenamiento, algo que no ha sucedido por el silencio de los interlocutores sociales al respecto. La transposici髇 convencional de Directivas comunitarias, aunque deseable, no se ha producido nunca hasta el momento en nuestro Derecho, quiz醩 por falta de h醔ito de nuestros interlocutores sociales. Desde luego, no debe descartarse, y ser韆 muy aconsejable para el futuro.

Sin embargo, el que la transposici髇 se produzca a trav閟 de una norma de origen legal, estatal, si se quiere, no supone que se haya inaplicado la subsidiariedad horizontal. Antes bien, al contrario. La opini髇 de los interlocutores sociales se ha tenido muy presente durante la elaboraci髇 del proyecto de Ley, en especial la opini髇 玣ormalizada� que supone el dictamen del Consejo Econ髆ico y Social, 髍gano donde sindicatos y organizaciones empresariales son protagonistas. Pero, adem醩, la Ley respeta de manera absoluta el juego de la voluntad de las partes, de la autonom韆 colectiva: basta la lectura de su T韙ulo I, principalmente aunque no s髄o su art韈ulo 12, as� como de su disposici髇 adicional primera para confirmar lo ajustado de esta apreciaci髇. La consecuci髇 del acuerdo entre las partes para la constituci髇 del comit� de empresa europeo o el establecimiento de un procedimiento alternativo de informaci髇 y consulta constituye principio b醩ico de la norma. Y ello en consonancia con la configuraci髇 constitucional de nuestro sistema de relaciones laborales, que eleva a las organizaciones empresariales y sindicatos a la categor韆 de bases institucionales del sistema (art韈ulo 7 de la Constituci髇) y reconoce la fuerza vinculante de los convenios colectivos (art韈ulo 37).

4.

El texto de la Ley pretende, como es habitual en cualquier transposici髇 de una Directiva comunitaria, la consecuci髇 de los objetivos pretendidos con su aprobaci髇, a la vez que su integraci髇 correcta en el sistema espa駉l de relaciones laborales. Para ello, se unen en su articulado la transposici髇 literal de determinados aspectos de la Directiva junto a la aparici髇 de instituciones propias del Derecho laboral espa駉l.

La Directiva 94/45/CE constituye un texto de aplicaci髇 compleja, dado que la consecuci髇 del objetivo de creaci髇 de un instrumento transnacional de informaci髇 y consulta a los trabajadores obliga a la actuaci髇 conjunta y coordinada de tantas normas nacionales de transposici髇 como pa韘es a los que se extienda la empresa o grupo de empresas afectado. En efecto, los Estados miembros deben regular en primer lugar, de la manera m醩 uniforme posible, los principios que constituyen el cuerpo b醩ico de la Directiva y que deben regir para la aplicaci髇 de la misma en relaci髇 con las empresas y grupos de empresas cuya direcci髇 central se encuentre situada en su territorio; y, junto a ello, la Directiva remite determinados aspectos instrumentales a la regulaci髇 propia de cada una de las legislaciones de los Estados miembros en que se encuentren situados los centros de trabajo de la empresa o grupo, cualquiera que sea el lugar en que radique su direcci髇 central y, por tanto, la legislaci髇 por la que aqu閘la se rija. Para facilitar su comprensi髇, esta dualidad de normas se ha querido reflejar en la propia estructura de la Ley, a trav閟 de sus T韙ulos I y II, que se inician en cada caso con un art韈ulo dirigido a precisar su 醡bito de aplicaci髇.

Pero, al mismo tiempo, la Directiva no se limita a declarar el derecho de los trabajadores al establecimiento de los instrumentos de informaci髇 y consulta que se contemplan, sino que se centra en regular, en ocasiones de manera precisa y otorgando en otras un amplio margen de apreciaci髇 aplicativa tanto a las normas nacionales de transposici髇 como a las eventuales negociaciones y acuerdos entre las partes, las normas de procedimiento que deber醤 seguirse para hacer real y efectivo tal derecho.

Por todo ello, la Ley trata de combinar aspectos de transposici髇 literal de la Directiva, especialmente apreciables en su T韙ulo preliminar y en su T韙ulo I con otros en los que se abre a la recepci髇 de instituciones propias, arraigadas en nuestro Derecho y que est醤 presentes a lo largo de su articulado. V閍nse en este sentido su art韈ulo 14, sobre normas supletorias en materia de vigencia, pr髍roga, denuncia y renegociaci髇 del acuerdo, los art韈ulos donde se reconoce la eficacia general de los acuerdos a los que hayan podido llegar las partes, el T韙ulo II, donde se puede reconocer el sistema dual de representaci髇 de los trabajadores, y todo el T韙ulo III sobre tutela de los derechos de informaci髇 y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresa de dimensi髇 comunitaria. La redacci髇 de tales disposiciones es deudora de la del Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Procedimiento Laboral y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

5.

La Ley se estructura en cuatro T韙ulos, un T韙ulo preliminar y otros tres T韙ulos, de los cuales el I y el III se dividen adem醩 en cap韙ulos.

El T韙ulo preliminar tiene car醕ter horizontal, en el sentido de que se aplica al resto del articulado, y fija el objeto de la norma, su 醡bito de aplicaci髇 y las definiciones a efectos de la Ley. Debe destacarse que la definici髇 de Estados miembros incluye a los once inicialmente destinatarios de la Directiva todos los que en ese momento formaban parte de la Uni髇 Europea excepto el Reino Unido, a los que se han a馻dido los tres nuevos Estados miembros, Austria, Finlandia y Suecia y los tres Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Econ髆ico Europeo que no son miembros de la Uni髇 Europea: Noruega, Islandia y Liechtenstein. Igualmente debe resaltarse la importancia de la definici髇 a efectos de esta Ley de la definici髇 de 玡mpresa que ejerce el control�, que delimita qu� se entiende por 玤rupo de empresa� y se convierte en destinataria de buena parte de las obligaciones que la Ley establece.

El T韙ulo I, 獶isposiciones aplicables a las empresas y grupos de empresas de dimensi髇 comunitaria con direcci髇 central en Espa馻�, consta de tres cap韙ulos. Su cap韙ulo I, relativo a la constituci髇 del comit� de empresa europeo o el establecimiento de un procedimiento alternativo de informaci髇 y consulta, regula el proceso negocial que deber� conducir a hacer efectivos los derechos de informaci髇 y consulta de los trabajadores a trav閟 del acuerdo de las partes. El cap韙ulo II incluye las disposiciones subsidiarias que dar醤 lugar, en su caso, a la constituci髇 de un comit� de empresa europeo 玡x lege�. El cap韙ulo III se refiere a la capacidad de las instancias de representaci髇 de los trabajadores, la protecci髇 de tales representantes y la confidencialidad de la informaci髇.

El T韙ulo II, con el enunciado 獶isposiciones aplicables a los centros de trabajo y empresas situados en Espa馻 de las empresas y grupos de empresas de dimensi髇 comunitaria�, regula las cuestiones que, en base al principio de subsidiariedad, deben ser precisadas por las legislaciones y pr醕ticas nacionales y donde la presencia de las instituciones del Derecho laboral espa駉l se hace m醩 patente: la forma de c醠culo del n鷐ero de trabajadores, qui閚 ostenta la condici髇 de representante de los trabajadores en Espa馻 de acuerdo con el sistema dual de representaci髇 de los trabajadores previsto en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Org醤ica de Libertad Sindical, la forma de designaci髇 de los representantes espa駉les en los 髍ganos de representaci髇, su protecci髇 y garant韆s, y la eficacia en Espa馻 de los acuerdos y disposiciones subsidiarias de otros Estados miembros.

El T韙ulo III, denominado 玊utela de los derechos de informaci髇 y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensi髇 comunitaria�, se estructura en dos cap韙ulos. El cap韙ulo I tipifica infracciones y sanciones administrativas, mientras que el cap韙ulo II se ocupa de los procedimientos judiciales, con una llamada final a la posible soluci髇 extrajudicial de conflictos.

Debe recordarse, por 鷏timo, que la Ley constituye legislaci髇 laboral dictada al amparo del art韈ulo 149.1.7.� de la Constituci髇, salvo lo dispuesto en el cap韙ulo II del T韙ulo III que constituye legislaci髇 procesal dictada al amparo del art韈ulo 149.1.6.�

6.

El proyecto de Ley, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, ha sido sometido a la consideraci髇 del Consejo Econ髆ico y Social, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.