Reglamento (UE) 2021/784 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre la lucha contra la difusi髇 de contenidos terroristas en l韓ea

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Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, y en particular su art韈ulo 114,

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) El presente Reglamento tiene por objetivo garantizar el correcto funcionamiento del mercado 鷑ico digital en una sociedad abierta y democr醫ica, mediante la lucha contra el uso indebido de los servicios de alojamiento de datos con fines terroristas y contribuyendo a la seguridad p鷅lica en toda la Uni髇. El funcionamiento del mercado 鷑ico digital debe mejorarse mediante el refuerzo de la seguridad jur韉ica para los prestadores de servicios de alojamiento de datos y la confianza de los usuarios en el entorno en l韓ea as� como el fortalecimiento de las garant韆s de la libertad de expresi髇, incluidas la libertad de recibir y comunicar informaci髇 e ideas en una sociedad abierta y democr醫ica y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicaci髇.
• (2) Las medidas reguladoras para luchar contra la difusi髇 de contenidos terroristas en l韓ea deben complementarse con las estrategias de lucha contra el terrorismo de los Estados miembros, entre las que se incluyen el refuerzo de la alfabetizaci髇 medi醫ica y el pensamiento cr韙ico, la elaboraci髇 de discursos alternativos contrarios y otras iniciativas para reducir la incidencia de los contenidos terroristas en l韓ea y la vulnerabilidad ante dichos contenidos, as� como la inversi髇 en trabajo social, las iniciativas de desradicalizaci髇 y la colaboraci髇 con las comunidades afectadas para prevenir de forma sostenible la radicalizaci髇 en la sociedad.
• (3) Hacer frente a los contenidos terroristas en l韓ea, que forma parte de un problema m醩 amplio de difusi髇 de contenidos il韈itos en l韓ea, requiere una combinaci髇 de medidas legislativas, no legislativas y voluntarias basadas en la colaboraci髇 entre autoridades y prestadores de servicios de alojamiento de datos, con pleno respeto de los derechos fundamentales.
• (4) Los prestadores de servicios de alojamiento de datos activos en l韓ea desempe馻n un papel esencial en la econom韆 digital, consistente en conectar a las empresas y los ciudadanos y en facilitar el debate p鷅lico y la distribuci髇 y recepci髇 de la informaci髇, las opiniones y las ideas, lo que contribuye de forma importante a la innovaci髇, el crecimiento econ髆ico y la creaci髇 de empleo en la Uni髇. No obstante, en ocasiones algunos terceros hacen un uso abusivo de los servicios de los prestadores de servicios de alojamiento de datos para llevar a cabo actividades il韈itas en l韓ea. Es particularmente preocupante el uso indebido de dichos servicios por parte de grupos terroristas y sus seguidores para difundir contenidos terroristas en l韓ea, con el fin de propagar su mensaje, de radicalizar y reclutar seguidores y de facilitar y dirigir actividades terroristas.
• (5) Aunque no se trate del 鷑ico factor, la presencia de contenidos terroristas en l韓ea ha demostrado ser un catalizador para la radicalizaci髇 de individuos que puede conducir a la comisi髇 de actos terroristas y, por tanto, tiene graves consecuencias negativas para los usuarios, los ciudadanos y la sociedad en general, as� como para los prestadores de servicios en l韓ea que alojan esos contenidos, dado que menoscaba la confianza de sus usuarios y da馻 sus modelos de negocio. En vista de su papel esencial y de los medios y capacidades tecnol骻icos asociados a los servicios que prestan, los prestadores de servicios de alojamiento de datos tienen la responsabilidad social particular de proteger sus servicios del uso indebido por parte de los terroristas y a ayudar a luchar contra la difusi髇 de contenidos terroristas a trav閟 de sus servicios en l韓ea, teniendo en cuenta la importancia fundamental de la libertad de expresi髇, incluida la libertad de recibir y comunicar informaci髇 e ideas en una sociedad abierta y democr醫ica.
• (6) La labor a escala de la Uni髇 destinada a combatir los contenidos terroristas en l韓ea comenz� en 2015, con un marco de cooperaci髇 voluntaria entre Estados miembros y prestadores de servicios de alojamiento de datos. Es necesario complementar dicha labor con un marco legislativo claro para seguir reduciendo la accesibilidad de los contenidos terroristas en l韓ea y luchar adecuadamente contra un problema que evoluciona con rapidez. El marco legislativo pretende basarse en esfuerzos voluntarios, reforzados por la Recomendaci髇 (UE) 2018/334 de la Comisi髇 (3) , y responde a los llamamientos del Parlamento Europeo para reforzar las medidas de lucha contra los contenidos il韈itos y nocivos en l韓ea conforme al marco horizontal establecido por la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) , y del Consejo Europeo para mejorar la detecci髇 y la retirada de los contenidos en l韓ea que incitan a actos terroristas.
• (7) El presente Reglamento no debe afectar a la aplicaci髇 de la Directiva 2000/31/CE. En particular, las medidas tomadas por un prestador de servicios de alojamiento de datos en cumplimiento del presente Reglamento, incluidas cualesquiera medidas espec韋icas, no deben suponer, por s� mismas, que ese prestador de servicios de alojamiento de datos deje de beneficiarse de la exenci髇 de responsabilidad que le concede esa Directiva. Adem醩, el presente Reglamento no afecta a los poderes de las autoridades y los 髍ganos jurisdiccionales nacionales de establecer la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento de datos si no se cumplen las condiciones establecidas en dicha Directiva para la exenci髇 de responsabilidad.
• (8) En caso de conflicto entre el presente Reglamento y la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) en relaci髇 con las disposiciones que regulan los servicios de comunicaci髇 audiovisual tal como se definen en el art韈ulo 1, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, debe prevalecer la Directiva 2010/13/UE. Esto debe dejar invariables las obligaciones derivadas del presente Reglamento, en particular respecto a los prestadores de servicios de plataformas de distribuci髇 de v韉eos.
• (9) El presente Reglamento debe establecer las normas para luchar contra el uso indebido de los servicios de alojamiento de datos para la difusi髇 de contenidos terroristas en l韓ea, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. Dichas normas deben respetar plenamente los derechos fundamentales protegidos en la Uni髇, en particular los garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea (en lo sucesivo, 獵arta�).
• (10) El presente Reglamento tiene el prop髎ito de contribuir a la protecci髇 de la seguridad p鷅lica estableciendo al mismo tiempo garant韆s adecuadas y s髄idas para velar por la protecci髇 de los derechos fundamentales, incluido el derecho al respeto de la vida privada, a la protecci髇 de los datos de car醕ter personal; a la libertad de expresi髇, incluido el derecho a recibir y transmitir informaci髇; el derecho a la libertad de empresa y a la tutela judicial. Adem醩, se proh韇e toda discriminaci髇. Las autoridades competentes y los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben adoptar solamente las medidas que sean necesarias, adecuadas y proporcionadas en una sociedad democr醫ica, teniendo en cuenta la importancia particular concedida a la libertad de expresi髇 y de informaci髇, y a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicaci髇, que constituyen los pilares esenciales de una sociedad democr醫ica y pluralista y que son valores en los que se fundamenta la Uni髇. Las medidas que afecten a la libertad de expresi髇 y de informaci髇 deben ser muy espec韋icas, para luchar contra la difusi髇 de contenidos terroristas en l韓ea respetando, al mismo tiempo, el derecho a recibir y transmitir informaci髇 l韈itamente, teniendo en cuenta el papel esencial de los prestadores de servicios de alojamiento de datos en el fomento del debate p鷅lico y en la distribuci髇 y recepci髇 de hechos, opiniones e ideas, de conformidad con la ley. Las medidas efectivas en l韓ea de lucha contra los contenidos terroristas en l韓ea y la protecci髇 de la libertad de expresi髇 y de informaci髇 no son objetivos incompatibles, sino que son objetivos complementarios que se refuerzan mutuamente.
• (11) Con el fin de aportar claridad sobre las acciones que tanto los prestadores de servicios en l韓ea como las autoridades competentes deben emprender para luchar contra la difusi髇 de contenidos terroristas en l韓ea, el presente Reglamento debe establecer una definici髇 de 玞ontenidos terroristas� a efectos preventivos que est� en consonancia con las definiciones de delitos pertinentes de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) . Dada la necesidad de luchar contra la propaganda terrorista en l韓ea m醩 nociva, dicha definici髇 debe incluir el material que incite o induzca a otro a cometer delitos de terrorismo o a contribuir a su comisi髇, que induzca a otro a participar en las actividades de un grupo terrorista, o que haga apolog韆 de actividades terroristas, tambi閚 mediante la difusi髇 de material que describa un ataque terrorista. La definici髇 debe incluir material que proporcione instrucciones sobre la fabricaci髇 o el uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, as� como de sustancias qu韒icas, biol骻icas, radiol骻icas y nucleares (QBRN), o sobre otros m閠odos espec韋icos o t閏nicas, entre ellas la selecci髇 de objetivos, con el objeto de cometer o contribuir a cometer delitos de terrorismo. Dicho material incluye texto, im醙enes, grabaciones de sonido y v韉eos, as� como transmisiones en directo de delitos de terrorismo que conllevan el riesgo de que se puedan cometer otros delitos similares. Al evaluar si el material constituye contenido terrorista en el sentido del presente Reglamento, las autoridades competentes y los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben tener en cuenta factores como la naturaleza y la literalidad de las declaraciones, el contexto en el que se realizaron y su potencial de conllevar consecuencias nocivas con respecto a la seguridad y la integridad de las personas. El hecho de que el material haya sido producido por una persona, grupo o entidad incluidos en la lista de la Uni髇 de personas, grupos o entidades implicados en actos terroristas y sujetos a medidas restrictivas, le sea atribuible o se haya difundido en su nombre, debe constituir un factor importante en esa evaluaci髇.
• (12) El material difundido con fines educativos, period韘ticos, art韘ticos o de investigaci髇, o con fines de sensibilizaci髇 contra actividades terroristas no debe considerarse contenido terrorista. Al determinar si el material proporcionado por un proveedor de contenidos constituye 玞ontenidos terroristas� con arreglo al presente Reglamento, se debe tener en cuenta, concretamente, el derecho a la libertad de expresi髇 y de informaci髇, incluida la libertad y el pluralismo de los medios de comunicaci髇, y la libertad de las artes y las ciencias. Especialmente en los casos en que el proveedor de contenidos asuma una responsabilidad editorial, cualquier decisi髇 relativa a la retirada de material difundido debe tener en cuenta las normas period韘ticas, establecidas por la reglamentaci髇 de prensa o de los medios de comunicaci髇, de conformidad con el Derecho de la Uni髇, incluida la Carta. Adem醩, la expresi髇 de puntos de vista radicales, pol閙icos o controvertidos en el debate p鷅lico sobre cuestiones pol韙icas sensibles no debe considerarse contenido terrorista.
• (13) Con objeto de luchar de manera eficaz contra la difusi髇 de contenidos terroristas en l韓ea y de asegurar al mismo tiempo el respeto de la vida privada de las personas, el presente Reglamento debe ser aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la informaci髇 que almacenen y difundan entre el p鷅lico informaci髇 y material proporcionados por un usuario del servicio a petici髇 de este, independientemente de que el almacenamiento y la difusi髇 al p鷅lico de tal informaci髇 y material sea de naturaleza meramente t閏nica, autom醫ica y pasiva. El concepto de 玜lmacenamiento� se debe entender como la conservaci髇 de datos en la memoria de un servidor f韘ico o virtual. Por lo tanto, deben quedar fuera del 醡bito de aplicaci髇 del presente Reglamento los prestadores de servicios de 玬era transmisi髇� o 玜lmacenamiento temporal�, as� como de otros servicios proporcionados en otros niveles de la infraestructura de internet, que no conllevan almacenamiento, como los registros y los registradores, los proveedores de sistemas de nombres de dominio (DNS, por sus siglas en ingl閟 玠omain name systems�), los servicios de pago o los servicios de protecci髇 contra ataques de denegaci髇 de servicio distribuido (DDoS, por sus siglas en ingl閟 玠istributed denial of service�).
• (14) El concepto de 玠ifusi髇 entre el p鷅lico� debe suponer poner la informaci髇 a disposici髇 de un n鷐ero potencialmente ilimitado de personas, a saber, facilitar el acceso a la informaci髇 a los usuarios en general sin exigir intervenci髇 ulterior del proveedor de contenidos, independientemente de que dichas personas accedan realmente a dicha informaci髇. En consecuencia, cuando el acceso a la informaci髇 exija un registro o una admisi髇 a un grupo de usuarios, debe considerarse que existe difusi髇 entre el p鷅lico solo cuando el registro o la admisi髇 de los usuarios que intenten acceder a la informaci髇 se produzca de modo autom醫ico sin que un ser humano decida o seleccione a qui閚 otorgar acceso. Los servicios de comunicaciones interpersonales, tal como se definen en el art韈ulo 2, punto 5, de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) , como el correo electr髇ico o los servicios de mensajer韆 privada, deben quedar fuera del 醡bito de aplicaci髇 del presente Reglamento. Se considerar� que la informaci髇 se almacena y difunde entre el p鷅lico a los efectos del presente Reglamento tan solo cuando dichas actividades se lleven a cabo previa solicitud directa del proveedor de contenidos. Por consiguiente, los prestadores de servicios tales como de infraestructura en la nube, que se proporcionan previa solicitud de partes distintas de los proveedores de contenidos y solo benefician en modo indirecto a estos 鷏timos, no deben entrar en el 醡bito de aplicaci髇 del presente Reglamento. El presente Reglamento debe abarcar, por ejemplo, los proveedores de medios sociales, los servicios de distribuci髇 de v韉eo, im醙enes y audio, los servicios de intercambio de archivos y otros servicios en la nube, en la medida en que dichos servicios se emplean para poner la informaci髇 almacenada a disposici髇 del p鷅lico previa solicitud directa del proveedor de contenidos. Cuando un prestador de servicios de alojamiento de datos preste varios servicios, el presente Reglamento se debe aplicar solamente a aquellos servicios que entren dentro de su 醡bito de aplicaci髇.
• (15) A menudo los contenidos terroristas se difunden entre el p鷅lico a trav閟 de servicios suministrados por prestadores de servicios de alojamiento de datos establecidos en terceros pa韘es. Con objeto de proteger a los usuarios en la Uni髇 y asegurar que se aplican los mismos requisitos a todos los prestadores de servicios de alojamiento de datos con actividad en el mercado 鷑ico digital, el presente Reglamento debe aplicarse a todos los proveedores de los servicios pertinentes prestados en la Uni髇, independientemente de su pa韘 de establecimiento. Debe considerarse que un prestador de servicios de alojamiento de datos ofrece dichos servicios en la Uni髇 si dicho prestador permite a las personas f韘icas o jur韉icas que se encuentren en uno o m醩 Estados miembros utilizar sus servicios y si tiene una conexi髇 sustancial con dichos Estados miembros.
• (16) Debe considerarse que existe una conexi髇 sustancial con la Uni髇 cuando el prestador de servicios de alojamiento de datos tiene un establecimiento en la Uni髇, cuando existe un n鷐ero significativo de usuarios de sus servicios en uno o m醩 Estados miembros, o cuando sus actividades se orientan hacia uno o m醩 Estados miembros. La orientaci髇 de las actividades hacia uno o m醩 Estados miembros debe determinarse en funci髇 de todas las circunstancias pertinentes, incluidos factores como el uso de una lengua o una moneda utilizada generalmente en el Estado miembro de que se trate, o la posibilidad de encargar bienes o servicios de ese Estado miembro. Dicha orientaci髇 tambi閚 puede derivarse de la disponibilidad de una aplicaci髇 para m髒il en la tienda de aplicaciones nacional correspondiente, de la existencia de publicidad local o publicidad en una lengua com鷑mente utilizada en el Estado miembro de que se trate, o de una gesti髇 de las relaciones con los clientes que incluya por ejemplo la prestaci髇 de servicios a los clientes en una lengua com鷑mente utilizada en tal Estado miembro. Tambi閚 se presumir� que existe una conexi髇 sustancial cuando el prestador de servicios dirija sus actividades hacia uno o m醩 Estados miembros, como establece el art韈ulo 17, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.� 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) . La mera accesibilidad del sitio web de un prestador de servicios de alojamiento de datos, de una direcci髇 de correo electr髇ico u otros datos de contacto en uno o m醩 Estados miembros no debe ser, por s� sola, una condici髇 suficiente para constituir una conexi髇 sustancial. Adem醩, la prestaci髇 del servicio con el mero objeto de cumplir la prohibici髇 de discriminaci髇 establecida en el Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) no debe, por esa 鷑ica raz髇, constituir una conexi髇 sustancial con la Uni髇.
• (17) Deben armonizarse el procedimiento y las obligaciones resultantes de las 髍denes de retirada que exijan a los prestadores de servicios de alojamiento de datos retirar o bloquear el acceso a los contenidos terroristas, previa evaluaci髇 por las autoridades competentes. Dada la velocidad con la que se difunden los contenidos terroristas por los servicios en l韓ea, se debe imponer a los prestadores de servicios en l韓ea la obligaci髇 de garantizar que se retiren los contenidos terroristas a que se refiere la orden de retirada, o que se bloquee el acceso a ellos en todos los Estados miembros, en el plazo de una hora desde la recepci髇 de la orden de retirada. Excepto en situaciones de emergencia debidamente justificadas, la autoridad competente debe proporcionar al prestador de servicios de alojamiento informaci髇 sobre los procedimientos y los plazos aplicables con al menos doce horas de antelaci髇 a la emisi髇 de la primera orden de retirada a ese prestador. Los casos de emergencia debidamente justificados se producen cuando la retirada de los contenidos o el bloqueo del acceso a los contenidos terroristas transcurrida m醩 de una hora desde la recepci髇 de la orden de retirada producir韆 un da駉 grave, como por ejemplo situaciones de amenaza inminente para la vida o para la integridad f韘ica de una persona o cuando dichos contenidos muestren acontecimientos en curso que produzcan da駉s continuados para la vida o para la integridad f韘ica de una persona. La autoridad competente debe determinar si constituyen casos de emergencia y justificar debidamente su decisi髇 en la orden de retirada. El prestador de servicios de alojamiento de datos debe informar lo antes posible a la autoridad competente que dict� la orden en caso de que no pueda acatar la orden de retirada en el plazo de una hora desde su recepci髇 por motivos de fuerza mayor o imposibilidad de hecho, incluidos los motivos t閏nicos u operativos justificados, y cumplir� la orden de retirada tan pronto como se haya resuelto la situaci髇.
• (18) La orden de retirada debe incluir una motivaci髇 calificando el material que tiene que ser retirado o el acceso que debe ser bloqueado en tanto que contenido terrorista y proporcionar informaci髇 suficiente para localizar dicho contenido, facilitando una direcci髇 exacta URL y, cuando proceda, cualquier otra informaci髇 adicional, por ejemplo una captura de pantalla del contenido en cuesti髇. No obstante, la motivaci髇 debe permitir al prestador de servicios de alojamiento de datos y, en 鷏tima instancia, al proveedor de contenidos, ejercer de forma efectiva su derecho a la tutela judicial. Los motivos aducidos no deben implicar la divulgaci髇 de informaci髇 sensible que pudiera poner en riesgo las investigaciones en curso.
• (19) Las autoridades competentes deben presentar la orden de retirada directamente al punto de contacto designado o establecido por el prestador de servicios de alojamiento de datos a los efectos del presente Reglamento por cualquier medio electr髇ico capaz de producir un registro escrito en unas condiciones que permitan al prestador de servicios de alojamiento de datos determinar la autenticidad de la orden, incluida la exactitud de su fecha y hora de env韔 y recepci髇, como correos electr髇icos o plataformas seguros u otros canales seguros, incluidos aquellos dispuestos por el prestador de servicios de alojamiento de datos, de conformidad con el Derecho de la Uni髇 sobre la protecci髇 de los datos de car醕ter personal. Tal requisito debe poder cumplirse, en particular, mediante el uso de servicios cualificados de entrega electr髇ica certificada, tal y como establece el Reglamento (UE) n.� 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) . Cuando el prestador de servicios de alojamiento de datos tenga su establecimiento principal en un Estado miembro distinto de la autoridad competente que dict� la orden, o su representante legal resida o est� establecido en 閘, se debe presentar simult醤eamente a la autoridad competente de dicho Estado miembro una copia de la orden de retirada.
• (20) Debe ser posible para la autoridad competente del Estado miembro en el que el prestador de servicios de alojamiento de datos tenga su establecimiento principal o en el que su representante legal resida o est� establecido, examinar la orden de retirada dictada por las autoridades competentes de otro Estado miembro para determinar si infringe grave o manifiestamente el presente Reglamento o los derechos fundamentales garantizados en la Carta. Tanto el proveedor de contenidos como el prestador de servicios de alojamiento de datos deben tener derecho a solicitar dicho examen por parte de la autoridad competente del Estado miembro en el que el prestador de servicios de alojamiento de datos tenga su establecimiento principal o en el que resida o est� establecido su representante legal. Cuando se presente dicha solicitud, la autoridad competente debe adoptar una decisi髇 sobre si la orden de retirada contiene o no tal infracci髇. Si la decisi髇 constata tal infracci髇, la orden de retirada debe dejar de tener efectos jur韉icos. El examen debe llevarse a cabo r醦idamente para garantizar que los contenidos retirados o cuyo acceso ha sido bloqueado por error se restablezcan lo antes posible.
• (21) Los prestadores de servicios de alojamiento de datos expuestos a contenidos terroristas deben incluir en sus t閞minos y condiciones, en caso de que las tengan, disposiciones destinadas a luchar contra el uso indebido de sus servicios para la difusi髇 entre el p鷅lico de contenidos terroristas en l韓ea. Deben aplicarlas de manera resuelta, transparente, proporcionada y no discriminatoria.
• (22) Dadas la magnitud del problema y la rapidez necesaria para detectar y retirar eficazmente los contenidos terroristas, la adopci髇 de medidas espec韋icas eficaces y proporcionadas constituye un elemento esencial para luchar contra los contenidos terroristas en l韓ea. Con el fin de reducir la accesibilidad de los contenidos terroristas en sus servicios, los prestadores de servicios de alojamiento de datos expuestos a contenidos terroristas deben tomar medidas espec韋icas, teniendo en cuenta los riesgos y el nivel de exposici髇 a los contenidos terroristas, as� como los efectos sobre los derechos de terceros, y el inter閟 p鷅lico a la informaci髇. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben determinar qu� medida espec韋ica adecuada, eficaz y proporcionada debe emplearse para identificar y retirar los contenidos terroristas. Las medidas espec韋icas pueden incluir medidas o capacidades t閏nicas u operativas adecuadas, como personal o medios t閏nicos para identificar y retirar o desactivar con prontitud el acceso a los contenidos terroristas, mecanismos para que los usuarios denuncien o se馻len los supuestos contenidos terroristas, u otras medidas que el prestador de servicios de alojamiento de datos considere adecuadas y eficaces para hacer frente a la disponibilidad de contenidos terroristas en sus servicios.
• (23) Al tomar medidas espec韋icas, los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben garantizar que se respeta el derecho de los usuarios a la libertad de expresi髇 y de informaci髇, as� como la libertad y el pluralismo de los medios de comunicaci髇 protegidos por la Carta. Adem醩 de cumplir las exigencias que establece la ley, en particular la legislaci髇 sobre protecci髇 de los datos de car醕ter personal, los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben actuar con la diligencia debida e implementar garant韆s, cuando proceda, incluidas la supervisi髇 y las verificaciones por personas para evitar que cualquier decisi髇 no intencionada o err髇ea d� lugar a la retirada o el bloqueo de acceso de contenidos que no sean terroristas.
• (24) El prestador de servicios de alojamiento de datos debe presentar a la autoridad competente informes sobre las medidas espec韋icas tomadas, con el fin de permitirle establecer si las medidas son eficaces y proporcionadas y si, en caso de que se usen medios automatizados, el prestador de servicios de alojamiento de datos posee la capacidad necesaria para la supervisi髇 y verificaci髇 por personas. En su examen de la eficacia y la proporcionalidad de las medidas, las autoridades competentes deben tener en cuenta par醡etros adecuados, entre ellos el n鷐ero de 髍denes de retirada dirigidas al prestador de servicios de alojamiento de datos, el tama駉 y capacidad econ髆ica del servicio de alojamiento de datos y los efectos de sus servicios en la difusi髇 de contenidos terroristas, por ejemplo sobre la base del n鷐ero de usuarios en la Uni髇, as� como las garant韆s establecidas para hacer frente al uso indebido de sus servicios para la difusi髇 de contenidos terroristas en l韓ea.
• (25) En el caso de que la autoridad competente considere que las medidas espec韋icas tomadas son insuficientes para hacer frente a los riesgos, dicha autoridad debe poder exigir la adopci髇 de medidas espec韋icas adicionales adecuadas, eficaces y proporcionadas. La exigencia de aplicar dichas medidas espec韋icas adicionales no debe conllevar una exigencia general de supervisi髇 o de iniciar b鷖quedas activas de hechos en el sentido del art韈ulo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE ni una exigencia de utilizar instrumentos automatizados. No obstante, debe ser posible para los prestadores de servicios de alojamiento de datos utilizar instrumentos automatizados si lo consideran adecuado y necesario para hacer frente con eficacia al uso indebido de sus servicios para la difusi髇 de contenidos terroristas.
• (26) La obligaci髇 de los prestadores de servicios de alojamiento de datos de conservar los contenidos retirados y los datos conexos debe fijarse con fines espec韋icos y limitarse al plazo necesario. Es preciso ampliar la exigencia de conservaci髇 a los datos conexos en la medida en que, de no hacerse as�, cualquiera de esos datos pudiera perderse como consecuencia de la retirada de los contenidos terroristas correspondiente. Los datos conexos pueden consistir en datos tales como datos de los abonados, en particular datos correspondientes a la identidad del proveedor de contenidos, o en datos de acceso, incluidos datos sobre la fecha y hora de uso por parte del proveedor de contenidos y la conexi髇 y desconexi髇 del servicio, junto con la direcci髇 IP asignada por el prestador de servicios de acceso a internet al proveedor de contenidos.
• (27) La obligaci髇 de conservar los contenidos para procedimientos de control administrativos o judiciales es necesaria y se justifica por la necesidad de garantizar la existencia de recursos eficaces para el proveedor de contenidos cuyo contenido en l韓ea haya sido retirado o cuyo acceso haya sido bloqueado, as� como para garantizar el restablecimiento de dichos contenidos, en funci髇 del resultado de dichos procedimientos. La obligaci髇 de conservar el material a efectos de investigaci髇 o enjuiciamiento es necesaria y se justifica por el valor que este material podr韆 tener a efectos de interrumpir o evitar las actividades terroristas. Por tanto, la conservaci髇 de los contenidos terroristas retirados con fines de prevenci髇, detecci髇, investigaci髇 y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo debe ser tambi閚 considerada como justificada. Los contenidos terroristas y los datos conexos deben almacenarse 鷑icamente durante el plazo necesario que permita a las autoridades policiales comprobar su contenido y decidir si ser韆 necesario para esos fines. Con fines de prevenci髇, detecci髇, investigaci髇 y enjuiciamiento de delitos terroristas, la conservaci髇 de datos exigida se debe limitar a los datos que puedan tener un v韓culo con los delitos de terrorismo y que, por lo tanto, puedan ser de utilidad para el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo o para evitar graves riesgos para la seguridad p鷅lica. Si los prestadores de servicios de alojamiento de datos retiran el material o bloquean el acceso a 閘, en particular a trav閟 de sus propias medidas espec韋icas, deben informar sin demora a las autoridades competentes sobre los contenidos cuya informaci髇 conlleve una amenaza inminente para la vida o a una sospecha de delito de terrorismo.
• (28) Para garantizar la proporcionalidad, el plazo de conservaci髇 debe limitarse a seis meses, con objeto de dejar a los proveedores de contenidos el tiempo suficiente para iniciar el procedimiento de control administrativo o judicial y permitir el acceso de las autoridades policiales a los datos necesarios para la investigaci髇 y el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo. Sin embargo, a petici髇 de la autoridad o del 髍gano jurisdiccional competente, se debe poder prorrogar este plazo por el tiempo que sea necesario en caso de que se inicien dichos procedimientos y no se completen en el plazo de seis meses. La duraci髇 del plazo de conservaci髇 debe ser suficiente para permitir a las autoridades policiales conservar el material necesario en relaci髇 con las investigaciones y el enjuiciamiento, garantizando el equilibrio con los derechos fundamentales.
• (29) El presente Reglamento no debe afectar a las garant韆s procedimentales ni a las medidas de investigaci髇 procedimentales relacionadas con el acceso a los contenidos y los datos conexos conservados a efectos de investigaci髇 y enjuiciamiento de delitos de terrorismo, tal y como se regulan en el Derecho de la Uni髇 o en el Derecho nacional.
• (30) La transparencia de las pol韙icas de los prestadores de servicios de alojamiento de datos en relaci髇 con los contenidos terroristas es esencial para reforzar la rendici髇 de cuentas con respecto a sus usuarios y reforzar la confianza de los ciudadanos en el mercado 鷑ico digital. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos que hayan adoptado medidas o a los que se les haya exigido la adopci髇 de medidas con arreglo al presente Reglamento en un a駉 natural determinado deben publicar informes anuales de transparencia que contengan informaci髇 sobre la actuaci髇 relacionada con la identificaci髇 y retirada de contenidos terroristas.
• (31) Las autoridades competentes deben publicar informes anuales de transparencia que incluyan informaci髇 sobre el n鷐ero de 髍denes de retirada, el n鷐ero de casos en que una orden no fue ejecutada y el n鷐ero de decisiones relativas a medidas espec韋icas, el n鷐ero de asuntos sometidos a procedimientos de control administrativos o judiciales y el n鷐ero de decisiones que impongan sanciones.
• (32) El derecho a una tutela judicial efectiva est� garantizado en el art韈ulo 19 del Tratado de la Uni髇 Europea (TUE) y en el art韈ulo 47 de la Carta. Toda persona f韘ica o jur韉ica tiene derecho a una tutela judicial efectiva por parte del 髍gano jurisdiccional nacional competente contra cualquier medida tomada con arreglo al presente Reglamento que pueda afectar negativamente a sus derechos. Este derecho debe incluir, en particular, la posibilidad de que los prestadores de servicios de alojamiento de datos y los proveedores de contenidos impugnen de manera efectiva las 髍denes de retirada o cualquier decisi髇 que resulte del examen de las 髍denes de retirada con arreglo al presente Reglamento ante un 髍gano jurisdiccional del Estado miembro cuya autoridad competente haya dictado la orden de retirada o haya tomado respectivamente la decisi髇 as� como la posibilidad de que los prestadores de servicios de alojamiento de datos impugnen una decisi髇 relativa a sanciones o medidas espec韋icas ante un 髍gano jurisdiccional del Estado miembro cuya autoridad competente tom� dicha decisi髇.
• (33) Los procedimientos de reclamaci髇 constituyen una garant韆 necesaria contra la retirada o bloqueo de acceso err髇eos de contenidos en l韓ea cuando dichos contenidos est醤 protegidos en virtud de la libertad de expresi髇 y de informaci髇. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben, en consecuencia, dise馻r mecanismos de reclamaci髇 f醕iles de usar y garantizar que las reclamaciones se tratan con celeridad y plena transparencia para con el proveedor de contenidos. La exigencia de que el prestador de servicios de alojamiento de datos restablezca un contenido cuando se haya retirado o cuyo acceso se haya bloqueado por error no debe afectar a la posibilidad que tiene el prestador de servicios de alojamiento de hacer cumplir sus t閞minos y condiciones.
• (34) La tutela judicial efectiva en virtud del art韈ulo 19 del TUE y del art韈ulo 47 de la Carta exige que los proveedores de contenidos puedan cerciorarse de los motivos por los que los contenidos que suministran han sido retirados o tienen su acceso bloqueado. A esos efectos, el prestador de servicios de alojamiento de datos debe facilitar al proveedor de contenidos informaci髇 para impugnar la retirada o bloqueo. Dependiendo de las circunstancias, los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben poder sustituir contenidos que han sido retirados o cuyo acceso ha sido bloqueado por un mensaje que indique que los contenidos han sido retirados o cuyo acceso ha sido bloqueado de conformidad con el presente Reglamento. Si as� se solicita por los proveedores de contenidos, debe facilitarse informaci髇 adicional sobre los motivos de la retirada o del bloqueo as� como los recursos para la retirada o bloqueo. Si las autoridades competentes deciden que, por razones de seguridad p鷅lica y en particular en el contexto de una investigaci髇, es inadecuado o contraproducente notificar directamente al proveedor de contenidos la retirada o bloqueo, deben informar en consecuencia al prestador de servicios de alojamiento de datos.
• (35) A efectos del presente Reglamento, los Estados miembros deben designar a las autoridades competentes. Ello no debe necesariamente implicar la creaci髇 de una nueva autoridad, y deben poder encomendarse las funciones establecidas en el presente Reglamento a un organismo ya existente. El presente Reglamento debe requerir la designaci髇 de autoridades competentes para dictar 髍denes de retirada, examinar 髍denes de retirada, supervisar medidas espec韋icas e imponer sanciones, mientras que debe ser posible para todo Estado miembro decidir el n鷐ero de autoridad competente que debe designarse y si son administrativa, policial o judicial. Los Estados miembros deben garantizar que las autoridades competentes desempe馿n sus funciones de forma objetiva y no discriminatoria y no soliciten ni acepten instrucciones de ning鷑 otro organismo en relaci髇 con el ejercicio de las funciones con arreglo al presente Reglamento. Esto no debe impedir su supervisi髇 de conformidad con el Derecho constitucional nacional. Los Estados miembros deben comunicar las autoridades competentes designadas con arreglo al presente Reglamento a la Comisi髇, que debe publicar en l韓ea un registro en el que figuren las autoridades competentes. Dicho registro en l韓ea debe ser f醕ilmente accesible, a fin de facilitar la r醦ida verificaci髇 de la autenticidad de las 髍denes de retirada por parte de los prestadores de servicios de alojamiento de datos.
• (36) Con objeto de evitar la duplicaci髇 del trabajo y posibles interferencias con las investigaciones, y para minimizar la carga de los prestadores de servicios afectados, las autoridades competentes deben intercambiar informaci髇, coordinarse y cooperar entre s� y, cuando proceda, con Europol, antes de dictar 髍denes de retirada. A la hora de decidir la emisi髇 de una orden de retirada, la autoridad competente debe tener debidamente en cuenta toda notificaci髇 de injerencia en una investigaci髇 (prevenci髇 de conflictos). Cuando una autoridad competente sea informada por la autoridad competente de otro Estado miembro de una orden de retirada existente, no debe dictar una orden relativa al mismo asunto. Al aplicar las disposiciones del presente Reglamento, Europol puede proporcionar apoyo conforme a su mandato actual y al marco jur韉ico vigente.
• (37) Con objeto de garantizar una aplicaci髇 eficaz y suficientemente coherente de las medidas espec韋icas adoptadas por los prestadores de servicios de alojamiento de datos, las autoridades competentes deben coordinarse y cooperar entre s� en relaci髇 con las conversaciones que mantengan con los prestadores de servicios de alojamiento de datos en lo que se refiere a las 髍denes de retirada y la determinaci髇, la aplicaci髇 y el examen de las medidas espec韋icas. Dicha coordinaci髇 y cooperaci髇 tambi閚 son necesarias en relaci髇 con las dem醩 medidas de aplicaci髇 del presente Reglamento, incluidas las relativas a la adopci髇 de normas relativas a sanciones y a su imposici髇. La Comisi髇 debe facilitar esta coordinaci髇 y cooperaci髇.
• (38) Es crucial que la autoridad competente del Estado miembro responsable de la imposici髇 de sanciones est� plenamente informada de la emisi髇 de 髍denes de retirada y de las conversaciones posteriores entre el prestador de servicios de alojamiento de datos y las autoridades competentes de otros Estados miembros. A esos efectos, los Estados miembros deben garantizar unos canales y mecanismos de comunicaci髇 adecuados y seguros que permitan compartir la informaci髇 pertinente a su debido tiempo.
• (39) Con el fin de facilitar los intercambios r醦idos entre las autoridades competentes y entre estas y los prestadores de servicios de alojamiento de datos, y de impedir la duplicaci髇 del trabajo, se debe animar a los Estados miembros a utilizar los instrumentos espec韋icos desarrollados por Europol, como la actual Aplicaci髇 de Gesti髇 de los Requerimientos de Internet, o los que la han sucedido.
• (40) Los requerimientos por parte de los Estados miembros y de Europol han demostrado ser un medio eficaz y r醦ido de aumentar la concienciaci髇 de los prestadores de servicios de alojamiento de datos respecto de contenidos espec韋icos accesibles a trav閟 de sus servicios y de capacitarlos para actuar con rapidez. Estos requerimientos, que constituyen un mecanismo para alertar a los prestadores de servicios de alojamiento de datos acerca de informaci髇 que puede considerarse contenido terrorista, para que el prestador tome voluntariamente en consideraci髇 la compatibilidad de ese contenido con sus t閞minos y condiciones, debe seguir estando disponible junto a las 髍denes de retirada. La decisi髇 final sobre la retirada o no de los contenidos por su incompatibilidad con sus t閞minos y condiciones sigue correspondiendo al prestador de servicios de alojamiento de datos. El presente Reglamento no debe afectar al mandato de Europol establecido en el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) . Por consiguiente, ninguna disposici髇 del presente Reglamento debe interpretarse como impedimento para que los Estados miembros y Europol utilicen requerimientos como instrumento para hacer frente a los contenidos terroristas en l韓ea.
• (41) Dadas las consecuencias particularmente graves de determinados contenidos terroristas en l韓ea, los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben informar con celeridad a las autoridades oportunas del Estado miembro pertinente, o a las autoridades competentes del Estado miembro en que est閚 establecidos o tengan un representante legal, de los contenidos terroristas que impliquen una amenaza inminente para la vida o a una sospecha de delito de terrorismo. Para garantizar la proporcionalidad, esta obligaci髇 se debe limitar a los delitos de terrorismo definidos en el art韈ulo 3, apartado 1 de la Directiva (UE) 2017/541. Dicha obligaci髇 de informar no debe implicar para los prestadores de servicios de alojamiento de datos una obligaci髇 de b鷖queda activa de indicios de tal amenaza inminente para la vida o sospecha de delito de terrorismo. Se debe entender que el Estado miembro pertinente es el Estado miembro que tenga jurisdicci髇 para investigar y enjuiciar los delitos de terrorismo, en funci髇 de la nacionalidad del infractor o de la posible v韈tima del delito o de la ubicaci髇 del objetivo del acto terrorista. En caso de duda, los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben remitir la informaci髇 a Europol, que puede dar el oportuno curso al asunto con arreglo a su mandato, incluido el remitir dicha informaci髇 a las autoridades nacionales correspondientes. Las autoridades competentes de los Estados miembros deben poder usar esa informaci髇 para adoptar medidas de investigaci髇 disponibles con arreglo al Derecho de la Uni髇 o del Estado miembro.
• (42) Los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben designar o establecer puntos de contacto para facilitar el tratamiento r醦ido de las 髍denes de retirada. El punto de contacto solo debe servir para funciones operativas. El punto de contacto debe consistir en cualquier medio espec韋ico, interno o externalizado, que permita la presentaci髇 electr髇ica de 髍denes de retirada, as� como en los medios t閏nicos o personales que permitan el tratamiento r醦ido de estas. No es necesario que el punto de contacto est� situado en la Uni髇. El prestador de servicios de alojamiento de datos debe ser libre de utilizar un punto de contacto ya existente a efectos del presente Reglamento, siempre que el punto de contacto pueda desempe馻r las funciones establecidas en el presente Reglamento. Con vistas a garantizar que los contenidos terroristas se retiren o que el acceso a ellos se bloquee en el plazo de una hora desde la recepci髇 de una orden de retirada, los puntos de contacto de los prestadores de servicios de alojamiento de datos expuestos a contenidos terroristas deben ser accesibles en cualquier momento. La informaci髇 sobre el punto de contacto debe incluir informaci髇 sobre la lengua en que se puede dirigir a 閘. Para facilitar la comunicaci髇 entre los prestadores de servicios de alojamiento de datos y las autoridades competentes, se anima a los prestadores de servicios de alojamiento de datos a habilitar la comunicaci髇 en una de las lenguas oficiales de las instituciones de la Uni髇 en la que se puedan consultar sus t閞minos y condiciones.
• (43) A falta de la exigencia general de que los prestadores de servicios de alojamiento de datos garanticen una presencia f韘ica en el territorio de la Uni髇, es necesario velar por la claridad en lo que respecta al Estado miembro a cuya jurisdicci髇 pertenece el prestador de servicios de alojamiento de datos que ofrece servicios dentro de la Uni髇. Como norma general, el prestador de servicios de alojamiento de datos pertenece a la jurisdicci髇 del Estado miembro en el que tenga su establecimiento principal o en el que su representante legal resida o est� establecido. Esto debe entenderse sin perjuicio de las normas de competencia establecidas a los efectos de las 髍denes de retirada y las decisiones que resulten del examen de las 髍denes de retirada con arreglo al presente Reglamento. En lo que respecta a los prestadores de servicios de alojamiento de datos que no tengan establecimientos en la Uni髇 y no hayan designado un representante legal, cualquier Estado miembro debe, no obstante, tener jurisdicci髇 sobre ellos y en consecuencia, poder imponer sanciones, siempre que se respete el principio de ne bis in idem.
• (44) Los prestadores de servicios de alojamiento de datos que no est閚 establecidos en la Uni髇 deben designar un representante legal por escrito para garantizar la aplicaci髇 y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento. Debe ser posible para ellos recurrir a un representante legal ya designado a otros efectos, siempre que este pueda desempe馻r las funciones previstas en el presente Reglamento. El representante legal debe tener la capacidad de actuar en representaci髇 del prestador de servicios de alojamiento de datos.
• (45) Las sanciones son necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo del presente Reglamento por los prestadores de servicios de alojamiento de datos. Los Estados miembros deben adoptar normas sobre sanciones, que pueden ser de car醕ter administrativo o penal, as� como, cuando proceda, directrices para la imposici髇 de multas. El incumplimiento en casos concretos puede ser sancionado, con respeto de los principios de ne bis in idem y de proporcionalidad, y con la garant韆 de que esas sanciones tienen en cuenta la inobservancia sistem醫ica. Las sanciones pueden adoptar diferentes formas, entre ellas la de advertencia formal en caso de infracciones leves o la de sanci髇 pecuniaria en relaci髇 con infracciones m醩 graves o sistem醫icas. Deben imponerse sanciones particularmente rigurosas en los casos en que el prestador de servicios de alojamiento de datos incumpla de forma sistem醫ica o reiterada la obligaci髇 de retirada de los contenidos terroristas, o de bloqueo del acceso a ellos, en el plazo de una hora desde la recepci髇 de una orden de retirada. Para garantizar la seguridad jur韉ica, el presente Reglamento debe establecer qu� infracciones son sancionables y las circunstancias que son pertinentes para determinar el tipo y nivel de tales sanciones. Al determinar si se deben imponer o no sanciones econ髆icas, deben tenerse debidamente en cuenta los recursos econ髆icos del prestador de servicios de alojamiento de datos. Asimismo, la autoridad competente debe tener en cuenta si el prestador de servicios de alojamiento de datos es una empresa emergente o una micro empresa, peque馻 o mediana empresa tal que definidas en la Recomendaci髇 2003/361/CE de la Comisi髇 (12) . Tambi閚 se deben tener en cuenta otras circunstancias adicionales, por ejemplo, si la conducta del prestador de servicios de alojamiento de datos ha sido objetivamente imprudente o reprobable o si la infracci髇 se ha cometido por negligencia o intencionadamente. Los Estados miembros deben garantizar que las sanciones impuestas por infracci髇 del presente Reglamento no incentiven la retirada de material que no sea terrorista.
• (46) El uso de plantillas normalizadas facilita la cooperaci髇 y el intercambio de informaci髇 entre las autoridades competentes y los prestadores de servicios de alojamiento de datos, y les permite comunicarse con mayor rapidez y eficacia. Es de particular importancia garantizar una actuaci髇 r醦ida tras la recepci髇 de una orden de retirada. Las plantillas reducen los costes de traducci髇 y contribuyen a un mayor nivel de calidad del proceso. Del mismo modo, las plantillas de informaci髇 deben permitir un intercambio de informaci髇 normalizado, lo cual reviste especial importancia cuando los prestadores de servicios de alojamiento de datos no pueden cumplir las exigencias que les imponen una orden de retirada. Los canales de env韔 autenticado pueden garantizar la autenticidad de la orden de retirada, incluida la precisi髇 de la fecha y la hora de env韔 y de recepci髇 de la orden.
• (47) A fin de permitir una modificaci髇 r醦ida, cuando sea necesario, del contenido de las plantillas que deben utilizarse a efectos del presente Reglamento, debe delegarse en la Comisi髇 los poderes para adoptar actos con arreglo al art韈ulo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, por lo que respecta a la modificaci髇 de los anexos del presente Reglamento. Con objeto de poder tener en cuenta el desarrollo tecnol骻ico y el del marco jur韉ico conexo, la Comisi髇 debe tambi閚 estar facultada para adoptar actos delegados que completen el presente Reglamento con requisitos t閏nicos para los medios electr髇icos que deben usar las autoridades competentes a efectos de la transmisi髇 de las 髍denes de retirada. Reviste especial importancia que la Comisi髇 lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislaci髇 (13) . En particular, a fin de garantizar una participaci髇 equitativa en la preparaci髇 de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentaci髇 al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistem醫icamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisi髇 que se ocupen de la preparaci髇 de actos delegados.
• (48) Los Estados miembros deben recabar informaci髇 relativa a la aplicaci髇 del presente Reglamento. Los Estados miembros deben poder utilizar los informes de transparencia de los prestadores de servicios de alojamiento de datos y complementarlos, cuando sea necesario, con informaci髇 m醩 pormenorizada, como sus informes de transparencia propios en virtud del presente Reglamento. Debe elaborarse un programa detallado para el seguimiento de las realizaciones, los resultados y las repercusiones del presente Reglamento, con objeto de servir de base a una evaluaci髇 de la aplicaci髇 del presente Reglamento.
• (49) Fundament醤dose en los hallazgos y conclusiones del informe de aplicaci髇 y en el resultado de la actividad de seguimiento, la Comisi髇 debe llevar a cabo una evaluaci髇 del presente Reglamento en el plazo de tres a駉s a partir de la fecha de su entrada en vigor. La evaluaci髇 debe basarse en los criterios de eficiencia, necesidad, eficacia, proporcionalidad, pertinencia, coherencia y valor a馻dido de la Uni髇. Debe evaluar el funcionamiento de las diferentes medidas operativas y t閏nicas previstas en el presente Reglamento, incluidas la eficacia de las medidas de refuerzo de la detecci髇, la identificaci髇 y la retirada de contenidos terroristas en l韓ea, la eficacia de los mecanismos de salvaguardia y las repercusiones sobre los derechos fundamentales que puedan resultar afectados, como la libertad de expresi髇 y de informaci髇, incluida la libertad y el pluralismo de los medios de comunicaci髇, la libertad de empresa, el derecho a la vida privada y la protecci髇 de los datos de car醕ter personal. La Comisi髇 debe tambi閚 evaluar la repercusi髇 sobre los intereses de terceros que puedan resultar afectados.
• (50) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, garantizar el correcto funcionamiento del mercado 鷑ico digital luchando contra la difusi髇 de contenidos terroristas en l韓ea, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y efectos de la acci髇, puede lograrse mejor a escala de la Uni髇, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el art韈ulo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo art韈ulo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

SECCI覰 I
DISPOSICIONES GENERALES

SECCI覰 II
MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA LA DIFUSI覰 DE CONTENIDOS TERRORISTAS EN L蚇EA

SECCI覰 III
GARANT虯S Y RENDICI覰 DE CUENTAS

SECCI覰 IV
AUTORIDADES COMPETENTES Y COOPERACI覰

Art韈ulo 12 Designaci髇 de las autoridades competentes

1. Cada Estado miembro designar� la autoridad o autoridades competentes para:

• a) dictar 髍denes de retirada de conformidad al art韈ulo 3;
• b) examinar las 髍denes de retirada de conformidad con el art韈ulo 4;
• c) supervisar la aplicaci髇 de las medidas espec韋icas de conformidad al art韈ulo 5;
• d) imponer sanciones de conformidad al art韈ulo 18.

2. Cada Estado miembro garantizar� que se designe o establezca un punto de contacto en el seno de las autoridades competentes a que se refiere el apartado 1, letra a), para tramitar las solicitudes de aclaraciones e informaci髇 en relaci髇 con las 髍denes de retirada que haya dictado dicha autoridad competente.

Los Estados miembros velar醤 por que la informaci髇 sobre el punto de contacto est� disponible para el p鷅lico.

3. A m醩 tardar el 7 de junio de 2022, los Estados miembros notificar醤 a la Comisi髇 la autoridad o las autoridades competentes a que se refiere el apartado 1 as� como cualquier modificaci髇 de las mismas. La Comisi髇 publicar� la notificaci髇 y sus eventuales modificaciones en el Diario Oficial de la Uni髇 Europea.

V閍se Informaci髇 2023/C 224/06. Lista de Estados miembros y sus autoridades competentes a tenor del art韈ulo 12, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/784 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la difusi髇 de contenidos terroristas en l韓ea (獶.O.U.E.C.� 27 junio)LE0000763769_20230627

4. A m醩 tardar el 7 de junio de 2022 la Comisi髇 crear� un registro en l韓ea en el que figurar醤 las autoridades competentes a que se refiere el apartado 1 as� como el punto de contacto designado o establecido con arreglo al apartado 2 para cada una de ellas. La Comisi髇 publicar� con regularidad sus eventuales modificaciones.

SECCI覰 V
APLICACI覰 Y EJECUCI覰

SECCI覰 VI
DISPOSICIONES FINALES

Art韈ulo 18 Sanciones

1. Los Estados miembros establecer醤 el r間imen de sanciones aplicable a las infracciones del presente Reglamento cometidas por prestadores de servicios de alojamiento de datos y tomar醤 todas las medidas necesarias para garantizar su aplicaci髇. Dichas sanciones se limitar醤 a las infracciones del art韈ulo 3, apartados 3 y 6, el art韈ulo 4, apartados 2 y 7, el art韈ulo 5, apartados 1, 2, 3, 5 y 6, los art韈ulos 6, 7, 10 y 11, el art韈ulo 14, apartado 5, el art韈ulo 15, apartado 1, y el art韈ulo 17.

Las sanciones contempladas en el p醨rafo primero ser醤 eficaces, proporcionadas y disuasorias. A m醩 tardar el 7 de junio de 2022, los Estados miembros notificar醤 dichas normas y medidas a la Comisi髇, y le notificar醤 sin demora toda modificaci髇 posterior de estas.

El t韙ulo I del libro tercero del R.D.-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias econ髆icas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucci髇 de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposici髇 de Directivas de la Uni髇 Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliaci髇 de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecuci髇 y cumplimiento del Derecho de la Uni髇 Europea (獴.O.E.� 29 junio), desarrolla y da cumplimiento al mandato contenido en el art韈ulo 18.1 del presente Reglamento.LE0000764517_20230630

2. Los Estados miembros garantizar醤 que las autoridades competentes, al decidir si se imponen sanciones y al determinar el tipo y el nivel de las sanciones, tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre ellas:

• a) la naturaleza, gravedad y duraci髇 de la infracci髇;
• b) el car醕ter doloso o culposo de la infracci髇;
• c) las infracciones previas del prestador de servicios de alojamiento de datos;
• d) la solidez financiera del prestador de servicios de alojamiento de datos;
• e) el nivel de cooperaci髇 con las autoridades competentes del prestador de servicios de alojamiento de datos;
• f) la naturaleza y el tama駉 del prestador de servicios de alojamiento de datos considerado responsable, en particular si es una microempresa o una peque馻 o mediana empresa;
• g) el grado de responsabilidad del prestador de servicios de alojamiento de datos considerado responsable, teniendo en cuenta las medidas t閏nicas y organizativas adoptadas por 閘 para cumplir con el presente Reglamento.

3. Los Estados miembros garantizar醤 que el incumplimiento sistem醫ico o persistente de las obligaciones contempladas en el art韈ulo 3, apartado 3, sea objeto de sanciones econ髆icas de hasta el 4 % del volumen de negocios mundial del prestador de servicios de alojamiento de datos en el ejercicio precedente.