Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisi髇 marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisi髇 2005/671/JAI del Consejo

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Sumario

Directiva燙E 2017/541, 15 marzo rectificada por correcci髇 de errores (獶.O.U.E.L.� 9 abril 2018).LE0000618472_20170420

V閍se Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de denegaci髇 de entrada relativos a nacionales de terceros pa韘es que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros, se determinan las condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de aplicaci髇 del Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) n.� 767/2008 y (UE) n.� 1077/2011 (獶.O.U.E.L.� 9 diciembre).LE0000609643_20210803

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, y en particular su art韈ulo 83, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de texto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) La Uni髇 se basa en los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se fundamenta en los principios de la democracia y el Estado de Derecho, que son comunes a los Estados miembros.
• (2) Los actos terroristas constituyen una de las violaciones m醩 graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los que se basa la Uni髇. Tambi閚 representan uno de los ataques m醩 graves contra la democracia y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros y en los que se fundamenta la Uni髇.
• (3) La Decisi髇 marco 2002/475/JAI del Consejo (3) es la piedra angular de la respuesta de la justicia penal de los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo. La existencia de un marco jur韉ico com鷑 a todos los Estados miembros y, m醩 concretamente, de una definici髇 armonizada de los delitos de terrorismo, sirve como punto de referencia para el intercambio de informaci髇 y la cooperaci髇 entre las autoridades nacionales competentes en virtud de la Decisi髇 marco 2006/960/JAI del Consejo (4) , las Decisiones 2008/615/JAI (5) y 2005/671/JAI del Consejo (6) , el Reglamento (UE) n.� 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y las Decisiones marco 2002/584/JAI (8) y 2002/465/JAI del Consejo (9) .
• (4) La amenaza terrorista ha aumentado y se ha desarrollado r醦idamente en los 鷏timos a駉s. Los denominados 玞ombatientes terroristas extranjeros� viajan al extranjero con fines terroristas. Los combatientes terroristas extranjeros que regresan suponen una importante amenaza de seguridad para todos los Estados miembros. Los combatientes terroristas extranjeros han estado relacionados con atentados y complots recientes en varios Estados miembros. Adem醩, la Uni髇 y sus Estados miembros se enfrentan a la creciente amenaza que representan las personas que, aunque permanecen dentro de Europa, reciben inspiraci髇 o instrucciones de grupos terroristas situados en el extranjero.
• (5) En su Resoluci髇 2178 (2014), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expres� su preocupaci髇 por la creciente amenaza que plantean los combatientes terroristas extranjeros y pidi� a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas que velasen por que los delitos relacionados con este fen髆eno se tipifiquen con arreglo al Derecho nacional. En 2015, el Consejo de Europa adopt� al respecto un Protocolo adicional del Convenio del Consejo de Europa para la prevenci髇 del terrorismo.
• (6) Teniendo en cuenta la evoluci髇 de las amenazas terroristas para la Uni髇 y los Estados miembros y las obligaciones jur韉icas que les incumben en virtud del Derecho internacional, procede aproximar en mayor medida en todos los Estados miembros la definici髇 de delitos de terrorismo, de delitos relacionados con un grupo terrorista y de delitos relacionados con actividades terroristas, de modo que abarque de forma m醩 exhaustiva las conductas asociadas, en particular, a los combatientes terroristas extranjeros y a la financiaci髇 del terrorismo. Este tipo de conductas deben ser igualmente punibles si se cometen a trav閟 de internet, incluidas las redes sociales.
• (7) Adem醩, el car醕ter transfronterizo del terrorismo exige una firme y coordinada respuesta y una firme cooperaci髇 en y entre los Estados miembros as� como con y entre las agencias y 髍ganos competentes de la Uni髇 para combatir el terrorismo, entre otros Eurojust y Europol. A tal fin, se debe hacer un uso eficaz de las herramientas y recursos de cooperaci髇 disponibles, como los equipos conjuntos de investigaci髇 y las reuniones de coordinaci髇 organizadas por Eurojust. El car醕ter mundial del terrorismo requiere una respuesta internacional, lo que exige que la Uni髇 y sus Estados miembros refuercen la cooperaci髇 con los terceros pa韘es pertinentes. La respuesta firme y coordinada y la cooperaci髇 firme son tambi閚 necesarias para proteger y obtener pruebas electr髇icas.
• (8) En la presente Directiva se enumeran con car醕ter exhaustivo una serie de delitos graves, como los atentados contra la vida de las personas, en tanto actos intencionados que pueden calificarse de delitos de terrorismo cuando y en la medida en que se cometan con un fin terrorista espec韋ico, a saber: intimidar gravemente a la poblaci髇, presionar indebidamente a los poderes p鷅licos o a una organizaci髇 internacional para que lleve a cabo o se abstenga de llevar a cabo cualquier acto, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras pol韙icas, constitucionales, econ髆icas o sociales fundamentales de un pa韘 o de una organizaci髇 internacional. Tambi閚 se debe considerar delito de terrorismo la amenaza de cometer esos actos intencionados cuando quede establecido, sobre la base de circunstancias objetivas, que tal amenaza se produjo con cualquiera de esos fines terroristas. Por el contrario, aquellos actos destinados, por ejemplo, a obligar a los poderes p鷅licos a realizar o abstenerse de realizar un acto que, sin embargo, no est� incluido en la lista exhaustiva de delitos graves, no deben considerarse delitos de terrorismo con arreglo a la presente Directiva.
• (9) Los delitos relacionados con las actividades terroristas son de extrema gravedad, ya que pueden llevar a la comisi髇 de delitos de terrorismo y permitir que los terroristas y los grupos terroristas mantengan y sigan desarrollando sus actividades delictivas, lo que justifica la tipificaci髇 penal de dicha conducta.
• (10) Los delitos de provocaci髇 p鷅lica a la comisi髇 de un delito de terrorismo comprenden, entre otros, la apolog韆 y la justificaci髇 del terrorismo o la difusi髇 de mensajes o im醙enes, ya sea en l韓ea o no, entre ellas las relacionadas con las v韈timas del terrorismo, con objeto de obtener apoyo para causas terroristas o de intimidar gravemente a la poblaci髇. Esta conducta debe tipificarse cuando conlleve el riesgo de que puedan cometerse actos terroristas. En cada caso concreto, al examinar si se ha materializado ese riesgo se deben tener en cuenta las circunstancias espec韋icas del caso, como el autor y el destinatario del mensaje, as� como el contexto en el que se haya cometido el acto. Tambi閚 deben considerarse la importancia y la verosimilitud del riesgo al aplicar la disposici髇 sobre provocaci髇 p鷅lica de acuerdo con el Derecho nacional.
• (11) La tipificaci髇 penal de la recepci髇 de adiestramiento para el terrorismo complementa el delito ya reconocido de adiestramiento y aborda espec韋icamente las amenazas que plantean las personas que se preparan activamente para la comisi髇 de delitos de terrorismo, entre ellas las que acaban actuando en solitario. La recepci髇 de adiestramiento para el terrorismo incluye la obtenci髇 de conocimientos, documentaci髇 o capacidades pr醕ticas. El aprendizaje aut髇omo, en particular a trav閟 de internet o consultando otro tipo de material de aprendizaje, tambi閚 debe considerarse recepci髇 de adiestramiento para el terrorismo cuando sea el resultado de una conducta activa y se efect鷈 con la intenci髇 de cometer o contribuir a la comisi髇 de un delito de terrorismo. En el contexto de todas las circunstancias espec韋icas del caso, esta intenci髇 puede inferirse, por ejemplo, del tipo de materiales y de la frecuencia de la consulta. Por lo tanto, descargarse un manual para fabricar explosivos con el fin de cometer un delito de terrorismo podr韆 considerarse recepci髇 de adiestramiento para el terrorismo. Por el contrario, el mero hecho de visitar sitios web o de recopilar materiales con fines leg韙imos, como fines acad閙icos o de investigaci髇, no se considera recepci髇 de adiestramiento para el terrorismo a tenor de la presente Directiva.
• (12) En vista de la gravedad de la amenaza y de necesidad, en particular, de frenar el flujo de combatientes terroristas extranjeros, es preciso tipificar el hecho de viajar al extranjero con fines terroristas, en concreto no solo la comisi髇 de delitos de terrorismo y el adiestramiento y la recepci髇 de adiestramiento, sino tambi閚 la participaci髇 en las actividades de un grupo terrorista. No es indispensable tipificar el acto de viajar como tal. Adem醩, los viajes a territorio de la Uni髇 con fines terroristas constituyen una amenaza creciente en materia de seguridad. Los Estados miembros tambi閚 pueden decidir tratar la amenaza terrorista derivada del hecho de viajar con fines terroristas al Estado miembro de que se trate mediante la tipificaci髇 de los actos preparatorios, entre los que se puede incluir la planificaci髇 o la conspiraci髇 con vistas a la comisi髇 o la contribuci髇 a la comisi髇 de un delito de terrorismo. Debe asimismo tipificarse cualquier acto que facilite tales viajes.
• (13) El comercio il韈ito de armas de fuego, petr髄eo, estupefacientes, cigarrillos, mercanc韆s, bienes falsificados y bienes culturales, as� como la trata de seres humanos, el chantaje y la extorsi髇 se han convertido en formas lucrativas de obtenci髇 de financiaci髇 por parte de los grupos terroristas. En este contexto, el aumento de las relaciones entre el delito organizado y los grupos terroristas constituye una amenaza creciente en materia de seguridad para la Uni髇, y por ello las autoridades de los Estados miembros que act鷄n en procesos penales deben tenerlo en cuenta.
• (14) La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) establece normas comunes relativas a la prevenci髇 de la utilizaci髇 del sistema financiero de la Uni髇 para el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo. Adem醩 de este enfoque preventivo, la financiaci髇 del terrorismo debe tipificarse en los Estados miembros. La tipificaci髇 penal no solo debe abarcar la financiaci髇 de actos terroristas, sino tambi閚 la financiaci髇 de grupos terroristas, as� como la de otros delitos relacionados con las actividades terroristas, como la captaci髇 y el adiestramiento o el viajes con fines terroristas, con objeto de desarticular las estructuras de apoyo que facilitan la comisi髇 de delitos de terrorismo.
• (15) La prestaci髇 de ayuda material con fines terroristas a trav閟 de la participaci髇 o la intermediaci髇 en el suministro o la circulaci髇 de bienes, servicios y activos, incluidas las operaciones comerciales que conlleven su entrada a la Uni髇 o su salida de esta, entre las que se incluyen la venta, adquisici髇 o intercambio de bienes culturales de inter閟 arqueol骻ico, art韘tico, hist髍ico o cient韋ico sustra韉os il韈itamente de una zona que, en el momento de la sustracci髇, se encontraba bajo el control de un grupo terrorista, deben tipificarse en los Estados miembros como complicidad en un delito de terrorismo o como financiaci髇 del terrorismo si se realizan con conocimiento de que tales operaciones o el producto obtenido de ellas pretenden utilizarse, en su totalidad o en parte, con fines terroristas o redundar醤 en beneficio de grupos terroristas. Puede ser necesario adoptar medidas adicionales con el fin de luchar eficazmente contra el comercio il韈ito de bienes culturales como fuente de ingresos de los grupos terroristas.
• (16) Debe tipificarse la tentativa de viajar con fines terroristas, de adiestramiento para el terrorismo y de captaci髇 para el terrorismo.
• (17) La noci髇 de intenci髇 debe concurrir en todos los elementos constitutivos de los delitos establecidos en la presente Directiva. El car醕ter intencionado de una acci髇 u omisi髇 puede inferirse de circunstancias f醕ticas objetivas.
• (18) Deben establecerse sanciones penales para las personas f韘icas y jur韉icas que sean responsables de tales delitos, acordes con su gravedad.
• (19) Si la captaci髇 y el adiestramiento para el terrorismo se dirigen a menores, los Estados miembros deben velar por que los jueces puedan tener en cuenta esta circunstancia al dictar sentencia contra los responsables criminales, aunque no est閚 obligados a aumentar la condena. Se deja a la discreci髇 del juez evaluar esa circunstancia junto con otros hechos del caso concreto.
• (20) Conviene establecer normas sobre jurisdicci髇 para garantizar que se puedan enjuiciar eficazmente los delitos establecidos en la presente Directiva. En particular, parece conveniente determinar la jurisdicci髇 respecto de los delitos cometidos por los adiestradores para el terrorismo, sea cual sea su nacionalidad, en vista de las repercusiones que pueden tener tales conductas en el territorio de la Uni髇 y de la estrecha conexi髇 material existente entre el delito de adiestramiento para el terrorismo y el de recepci髇 de adiestramiento para el terrorismo.
• (21) Para garantizar el 閤ito de las investigaciones y el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo, los delitos relacionados con un grupo terrorista o los delitos relacionados con actividades terroristas, los responsables de la investigaci髇 o enjuiciamiento de dichos delitos deben tener la posibilidad de utilizar instrumentos de investigaci髇 eficaces como los que se utilizan para combatir la delincuencia organizada u otros delitos graves. El recurso a tales instrumentos, de conformidad con el Derecho nacional, debe ser selectivo y tener en cuenta el principio de proporcionalidad y la naturaleza y gravedad de los delitos investigados, y respetar el derecho a la protecci髇 de los datos personales. Entre dichos instrumentos se deben incluir, por ejemplo y seg鷑 proceda, el registro de efectos personales, la interceptaci髇 de comunicaciones, la vigilancia encubierta, incluidas la vigilancia electr髇ica, la captaci髇 y grabaci髇 de sonido en veh韈ulos y lugares p鷅licos o privados y de im醙enes de personas en veh韈ulos y lugares p鷅licos, y las investigaciones financieras.
• (22) Un medio eficaz de combatir el terrorismo en internet es eliminar en origen los contenidos en l韓ea que constituyan una provocaci髇 p鷅lica a la comisi髇 de un delito de terrorismo. Los Estados miembros deben esforzarse al m醲imo por cooperar con terceros pa韘es al objeto de garantizar la eliminaci髇 de contenidos en l韓ea que constituyan una provocaci髇 p鷅lica a la comisi髇 de un delito de terrorismo desde los servidores ubicados en su territorio. No obstante, cuando no sea factible la eliminaci髇 de estos contenidos en origen, tambi閚 pueden ponerse en marcha mecanismos que bloqueen el acceso a los mismos desde el territorio de la Uni髇. Las medidas adoptadas por los Estados miembros con arreglo a la presente Directiva para eliminar los contenidos en l韓ea que constituyan una provocaci髇 p鷅lica a la comisi髇 de un delito de terrorismo o, cuando esto no sea posible, para bloquear el acceso a dichos contenidos, podr韆n basarse en una actuaci髇 p鷅lica de car醕ter legislativo, no legislativo o judicial. En ese sentido, la presente Directiva se entiende sin perjuicio de la acci髇 voluntaria emprendida por la industria de internet para evitar un uso indebido de sus servicios, ni de cualquier apoyo a una acci髇 de estas caracter韘ticas por parte de los Estados miembros, como, por ejemplo, detectar y advertir de los contenidos terroristas. Independientemente de la base o el m閠odo elegido, los Estados miembros deben garantizar que se facilite un nivel adecuado de certidumbre y previsibilidad jur韉ica a los usuarios y los proveedores de servicios, as� como la posibilidad de recurso judicial con arreglo al Derecho nacional. Cualquiera de estas medidas debe tener en cuenta los derechos de los usuarios finales, y cumplir los procedimientos jur韉icos y judiciales existentes y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea (en lo sucesivo, 獵arta�).
• (23) La eliminaci髇 de contenidos en l韓ea que constituyan una provocaci髇 p鷅lica a la comisi髇 de un delito de terrorismo o, cuando esto no sea posible, el bloqueo del acceso a tales contenidos, con arreglo a la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las normas establecidas en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11) . En particular, no debe imponerse a los proveedores de servicio una obligaci髇 general de controlar la informaci髇 que transmitan o almacenen, ni de buscar activamente hechos o circunstancias indicativas de actividad ilegal. Por otra parte, los proveedores de servicios de alojamiento de datos no deben ser considerados responsables, en la medida en que no dispongan de un conocimiento real de la actividad o informaci髇 ilegal y no tengan conocimiento de los hechos o circunstancias a partir de los cuales sea patente la actividad o informaci髇 ilegal.
• (24) Para luchar contra el terrorismo de forma efectiva es fundamental que las autoridades competentes y agencias de la Uni髇 intercambien entre ellas de manera eficaz la informaci髇 que consideren pertinente las autoridades competentes en materia de prevenci髇, detecci髇, investigaci髇 o enjuiciamiento de delitos de terrorismo. Los Estados miembros deben garantizar que se intercambie la informaci髇 de manera eficaz y en el momento oportuno con arreglo al Derecho nacional y al marco jur韉ico vigente de la Uni髇, como la Decisi髇 2005/671/JAI, la Decisi髇 2007/533/JAI del Consejo (12) y la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) . Al considerar si se intercambia o no informaci髇 pertinente, las autoridades nacionales competentes deben tener en cuenta la gravedad de la amenaza que susciten los delitos de terrorismo.
• (25) Para reforzar el marco existente sobre intercambio de informaci髇 en la lucha contra el terrorismo como establece la Decisi髇 2005/671/JAI, los Estados miembros deben garantizar que la informaci髇 pertinente obtenida por sus autoridades competentes en el marco de procesos penales, por ejemplo, las autoridades policiales, los fiscales o los jueces de instrucci髇, se ponga a disposici髇 de las autoridades competentes respectivas de otros Estados miembros para los que se considere que dicha informaci髇 podr韆 ser pertinente. Como m韓imo, dicha informaci髇 pertinente debe incluir, en su caso, la informaci髇 que se transmite a Europol o a Eurojust con arreglo a la Decisi髇 2005/671/JAI. Lo anterior est� supeditado a las normas de la Uni髇 sobre protecci髇 de datos establecidas en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) , y se entiende sin perjuicio de las normas de la UE sobre cooperaci髇 entre autoridades competentes nacionales en el marco de los procesos penales, como las establecidas en la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (15) o la Decisi髇 marco 2006/960/JAI.
• (26) Conviene intercambiar la informaci髇 pertinente recabada por las autoridades competentes de los Estados miembros en el marco de procesos penales en relaci髇 con delitos de terrorismo. Por 玴roceso penal� se entienden todas las fases del proceso, desde el momento en que una persona es sospechosa o acusada de haber cometido una infracci髇 penal hasta que adquiere firmeza la resoluci髇 que concluye si la persona ha cometido o no la infracci髇 penal en cuesti髇.
• (27) Los Estados miembros deben adoptar medidas de protecci髇, apoyo y asistencia que respondan a las necesidades espec韋icas de las v韈timas del terrorismo, de conformidad con la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (16) y con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva. Se entiende por v韈tima del terrorismo la definida en el art韈ulo 2 de la Directiva 2012/29/UE, es decir, toda persona f韘ica que haya sufrido un da駉 o perjuicio, en particular lesiones f韘icas o mentales, da駉s emocionales o un perjuicio econ髆ico, directamente causados por un delito de terrorismo, o el familiar de una persona cuya muerte haya sido directamente causada por un delito de terrorismo y que haya sufrido un da駉 o perjuicio como consecuencia de la muerte de dicha persona. Los familiares de las v韈timas supervivientes del terrorismo, seg鷑 se definen en el citado art韈ulo, tienen acceso a servicios de apoyo a las v韈timas y medidas de protecci髇 de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva.
• (28) La asistencia en lo que respecta a las solicitudes de indemnizaci髇 de las v韈timas se entiende sin perjuicio de aquella que reciban las v韈timas del terrorismo por parte de las autoridades de asistencia en virtud de la Directiva 2004/80/CE del Consejo (17) . Lo anterior se entiende sin perjuicio de las normas nacionales sobre representaci髇 jur韉ica para solicitar indemnizaci髇, con inclusi髇 de las disposiciones sobre asistencia jur韉ica gratuita, y de otras normas nacionales aplicables en materia de indemnizaci髇.
• (29) Los Estados miembros deben garantizar que se d� una respuesta global a las necesidades espec韋icas de las v韈timas del terrorismo inmediatamente despu閟 de un atentado terrorista, y durante el tiempo que sea necesario, en el marco de la infraestructura nacional de respuesta en casos de emergencia. Para ello, los Estados miembros pueden establecer un sitio web 鷑ico y actualizado con toda la informaci髇 pertinente y un centro de apoyo a las v韈timas y sus familiares que preste primeros auxilios psicol骻icos y apoyo emocional. Las iniciativas de los Estados miembros en este sentido deben estar respaldadas por el pleno uso de los mecanismos y los recursos comunes disponibles de asistencia a escala de la Uni髇. Dichos servicios de apoyo deben tener en cuenta que las necesidades espec韋icas de las v韈timas del terrorismo pueden desarrollarse con el tiempo. En este sentido, los Estados miembros deben garantizar que los servicios de apoyo atiendan, en primer lugar y como m韓imo, las necesidades emocionales y psicol骻icas de las v韈timas del terrorismo m醩 vulnerables, e informar a todas ellas de la existencia de servicios adicionales de apoyo emocional y psicol骻ico, incluidos apoyo y asesoramiento en casos traum醫icos.
• (30) Los Estados miembros deben garantizar que todas las v韈timas del terrorismo tengan acceso, en el Estado miembro en que se cometi� el delito de terrorismo, a informaci髇 sobre los derechos de las v韈timas y a los servicios de apoyo y los sistemas de indemnizaci髇 disponibles. Los Estados miembros afectados deben adoptar las medidas necesarias para promover la cooperaci髇 entre ellos, con el fin de garantizar que las v韈timas del terrorismo que residan en un Estado miembro distinto de aquel en que se haya cometido el delito de terrorismo tengan acceso efectivo a dicha informaci髇. Adem醩, los Estados miembros deben garantizar que las v韈timas del terrorismo tengan acceso a servicios de apoyo a largo plazo en el Estado miembro de residencia, aun cuando el delito de terrorismo se haya cometido en otro Estado miembro.
• (31) Como se refleja en la Estrategia revisada de la UE para luchar contra la radicalizaci髇 y la captaci髇 para el terrorismo de 2014 y en las Conclusiones del Consejo de la Uni髇 Europea y de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo sobre mejora de la respuesta judicial penal a la radicalizaci髇 que conduce al extremismo terrorista y violento de 2015, la prevenci髇 de la radicalizaci髇 y la captaci髇 para el terrorismo, incluida la radicalizaci髇 en l韓ea, requiere un planteamiento global y preventivo a largo plazo. Dicho planteamiento debe combinar medidas en materia de justicia penal con pol韙icas en materia de educaci髇, inclusi髇 social e integraci髇, as� como la disponibilidad de programas efectivos de desradicalizaci髇 o desmovilizaci髇, de salida o rehabilitaci髇, incluido en el contexto penitenciario y de libertad condicional. Los Estados miembros deben poner en com鷑 las pr醕ticas id髇eas sobre las medidas y proyectos eficaces en esta materia, en particular en lo que se refiere a los combatientes terroristas extranjeros y a los retornados, en su caso en cooperaci髇 con la Comisi髇 y las agencias y 髍ganos correspondientes de la Uni髇.
• (32) Los Estados miembros deben persistir en sus esfuerzos para prevenir la radicalizaci髇 que conduce al terrorismo y luchar contra ella, mediante la coordinaci髇 y el intercambio de informaci髇 y experiencias sobre pol韙icas nacionales de prevenci髇 y mediante la puesta en pr醕tica o, en su caso, la actualizaci髇 de pol韙icas nacionales de prevenci髇, habida cuenta de sus propias necesidades, objetivos y capacidades a partir de sus propias experiencias. Cuando proceda, la Comisi髇 ha de prestar ayuda a las autoridades nacionales, regionales y locales en la elaboraci髇 de pol韙icas de prevenci髇.
• (33) Los Estados miembros, en funci髇 de las necesidades correspondientes y las circunstancias espec韋icas de cada Estado miembro, deben facilitar apoyo a los profesionales, incluidos aquellos interlocutores de la sociedad civil con probabilidades de entrar en contacto con personas vulnerables a la radicalizaci髇. Entre las medidas de apoyo se pueden incluir, en particular, medidas de formaci髇 y sensibilizaci髇 destinadas a facilitar la detecci髇 de los signos de radicalizaci髇 y a hacerles frente. Cuando proceda, dichas medidas se adoptar醤 en cooperaci髇 con las empresas privadas, las organizaciones pertinentes de la sociedad civil, las comunidades locales y otras partes interesadas.
• (34) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la necesidad de disponer de normas armonizadas a escala de la Uni髇, pueden lograrse mejor a escala de la Uni髇, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el art韈ulo 5 del Tratado de la Uni髇 Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en dicho art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
• (35) La presente Directiva observa los principios establecidos en el art韈ulo 2 del TUE, respeta los derechos y libertades fundamentales y se atiene a los principios consagrados, en particular, en la Carta, incluidos los enunciados en sus t韙ulos II, III, V y VI, que engloban, entre otros, el derecho a la libertad y la seguridad; la libertad de expresi髇 y de informaci髇; la libertad de asociaci髇 y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religi髇; la prohibici髇 de toda discriminaci髇, en particular, la ejercida por raz髇 de raza, color, or韌enes 閠nicos o sociales, caracter韘ticas gen閠icas, lengua, religi髇 o convicciones, opiniones pol韙icas o de cualquier otro tipo; el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protecci髇 de los datos de car醕ter personal; los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, que abarcan, asimismo, los requisitos de precisi髇, claridad y previsibilidad del Derecho penal; la presunci髇 de inocencia, y la libertad de circulaci髇, que se recoge en el art韈ulo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE) y en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (18) . La presente Directiva debe aplicarse con arreglo a los derechos y principios citados, teniendo en cuenta tambi閚 el Convenio europeo para la protecci髇 de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol韙icos y otras obligaciones en materia de derechos humanos establecidas en virtud del Derecho internacional.
• (36) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en virtud del Derecho de la Uni髇 en lo que se refiere a los derechos procesales de los sospechosos o acusados en los procesos penales.
• (37) La presente Directiva no debe suponer la modificaci髇 de los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados miembros en virtud del Derecho internacional y, m醩 concretamente, del Derecho internacional humanitario. La presente Directiva no rige las actividades de las fuerzas armadas en per韔dos de conflicto armado, en el sentido dado a estas expresiones por el Derecho internacional humanitario, que se rijan por dicho Derecho, y las actividades del Ej閞cito de un Estado en el ejercicio de sus funciones oficiales, cuando se rijan por otras normas de Derecho internacional.
• (38) La provisi髇 de actividades humanitarias por parte de organizaciones humanitarias imparciales reconocidas por el Derecho internacional, concretamente el Derecho internacional humanitario, no entra en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea.
• (39) La aplicaci髇 de las disposiciones legales penales adoptadas en virtud de la presente Directiva debe ser proporcional a la naturaleza y las circunstancias del delito, tener en cuenta los objetivos leg韙imos perseguidos y su necesaria existencia en una sociedad democr醫ica, y excluir cualquier forma de arbitrariedad, racismo o discriminaci髇.
• (40) Ninguna disposici髇 de la presente Directiva podr� interpretarse como un intento de reducir u obstaculizar la difusi髇 de informaci髇 con fines cient韋icos, acad閙icos o informativos. La expresi髇 p鷅lica de opiniones radicales, pol閙icas o controvertidas sobre cuestiones pol韙icas delicadas queda fuera del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva y, en especial, de la definici髇 de provocaci髇 p鷅lica a la comisi髇 de delitos de terrorismo.
• (41) De conformidad con los art韈ulos 1 y 2 del Protocolo n.� 21 sobre la posici髇 del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del art韈ulo 4 de dicho Protocolo, dichos Estados miembros no participan en la adopci髇 de la presente Directiva y no quedan vinculados por la misma ni sujetos a su aplicaci髇.
• (42) De conformidad con los art韈ulos 1 y 2 del Protocolo n.� 22 sobre la posici髇 de Dinamarca anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopci髇 de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicaci髇.
• (43) La presente Directiva debe, por lo tanto, sustituir a la Decisi髇 marco 2002/475/JAI por lo que respecta a los Estados miembros obligados por la presente Directiva y modificar la Decisi髇 2005/671/JAI.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

T蚑ULO I
OBJETO Y DEFINICIONES

T蚑ULO II
DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS RELACIONADOS CON UN GRUPO TERRORISTA

T蚑ULO III
DELITOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES TERRORISTAS

Art韈ulo 11 Financiaci髇 del terrorismo

1. Los Estados miembros adoptar醤 las medidas necesarias para garantizar que se tipifique como delito, cuando se cometa intencionadamente, el hecho de aportar o recaudar fondos, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con 醤imo de que se utilicen o con conocimiento de que se vayan a utilizar, en su totalidad o en parte, a los fines de la comisi髇 o la contribuci髇 a la comisi髇 de cualquiera de los delitos enumerados en los art韈ulos 3 a 10.

2. Cuando la financiaci髇 del terrorismo contemplada en el apartado 1 del presente art韈ulo se refiera a alguno de los delitos establecidos en los art韈ulos 3, 4 o 9, no ser� necesario que los fondos se utilicen efectivamente, en su totalidad o en parte, a los fines de la comisi髇 o la contribuci髇 a la comisi髇 de cualquiera de dichos delitos, ni que el responsable criminal tenga conocimiento del delito o delitos concretos para los que se van a utilizar dichos fondos.

V閍se Reglamento(UE) 2019/880 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a la introducci髇 y la importaci髇 de bienes culturales (獶.O.U.E.L.� 7 junio).LE0000646573_20190627

T蚑ULO IV
DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS DELITOS DE TERRORISMO, LOS DELITOS RELACIONADOS CON UN GRUPO TERRORISTA Y LOS DELITOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES TERRORISTAS

Art韈ulo 22 Modificaciones de la Decisi髇 2005/671/JAI

La Decisi髇 2005/671/JAI se modifica como sigue:

1) En el art韈ulo 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

• � a) “delitos de terrorismo”: los delitos a que se refiere la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo (21) ;

LE0000218679_20231031

2) El art韈ulo 2 se modifica como sigue:

a) el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

� 6. Los Estados miembros adoptar醤 las medidas necesarias para garantizar que la informaci髇 pertinente obtenida por sus autoridades competentes en el marco de procesos penales en relaci髇 con delitos de terrorismo se ponga a disposici髇 lo antes posible de las autoridades competentes de otro Estado miembro cuando dicha informaci髇 pueda ser utilizada en este para la prevenci髇, detecci髇, investigaci髇 o enjuiciamiento de delitos de terrorismo a tenor de la Directiva (UE) 2017/541, bien previa petici髇 o espont醤eamente, y conforme a lo dispuesto en el Derecho nacional y en los correspondientes instrumentos jur韉icos internacionales.�;

b) se a馻den los apartados siguientes:

� 7. No se aplicar� lo dispuesto en el apartado 6 cuando el intercambio de informaci髇 pudiera comprometer investigaciones en curso o la seguridad de una persona, ni cuando sea contraria a intereses esenciales de la seguridad del Estado miembro afectado.

8. Los Estados miembros adoptar醤 las medidas necesarias para garantizar que, una vez recibida la informaci髇 mencionada en el apartado 6, sus autoridades competentes adopten, si procede, las medidas oportunas de conformidad con el Derecho nacional.�.

LE0000218679_20231031

T蚑ULO V
DISPOSICIONES SOBRE PROTECCI覰, APOYO Y DERECHOS DE LAS V虲TIMAS DEL TERRORISMO

T蚑ULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Art韈ulo 27 Sustituci髇 de la Decisi髇 marco 2002/475/JAI

Queda sustituida la Decisi髇 marco 2002/475/JAI con respecto a los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en lo concerniente al plazo de transposici髇 de dicha Decisi髇 marco al Derecho interno.

Por lo que respecta a los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, las referencias a la Decisi髇 marco 2002/475/JAI se entender醤 hechas a la presente Directiva.

LE0000174584_20081209

Art韈ulo 28 Transposici髇

1. Los Estados miembros pondr醤 en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a m醩 tardar el 8 de septiembre de 2018. Informar醤 inmediatamente de ello a la Comisi髇.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluir醤 una referencia a la presente Directiva o ir醤 acompa馻das de dicha referencia en su publicaci髇 oficial. Los Estados miembros establecer醤 las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicar醤 a la Comisi髇 el texto de las principales medidas de Derecho interno que adopten en el 醡bito regulado por la presente Directiva.

V閍se, respecto a la incorporaci髇 de Derecho de la Uni髇 Europea, la letra a) de la disposici髇 final primera de L.O. 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal, para transponer Directivas de la Uni髇 Europea en los 醡bitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de 韓dole internacional (獴.O.E.� 21 febrero).LE0000638342_20190313