• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• EXPOSICI覰 DE MOTIVOS
• Art韈ulo 1 燨bjeto y fuentes jur韉icas
• Art韈ulo 2 燚e la cooperaci髇 pasiva
• Art韈ulo 3 燚e la cooperaci髇 activa
• Art韈ulo 4 燚e las autoridades competentes
• Art韈ulo 5 燚e la representaci髇 y defensa procesal
• Art韈ulo 6 燚e los 髍ganos de relaci髇 y consulta con la Corte
• Art韈ulo 7 燚e la solicitud para iniciar una investigaci髇 por el Fiscal de la Corte
• Art韈ulo 8 燚el requerimiento de inhibici髇 al Fiscal de la Corte
• Art韈ulo 9 燚e la impugnaci髇 de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa
• Art韈ulo 10 燚e la inhibici髇 de la jurisdicci髇 espa駉la a favor de la Corte
• Art韈ulo 11 燚e la detenci髇
• Art韈ulo 12 燚e la libertad provisional
• Art韈ulo 13 燚e la entrega simplificada
• Art韈ulo 14 燚e la orden de comparecencia de un imputado ante la Corte
• Art韈ulo 15 燚e la entrega a la Corte
• Art韈ulo 16 燚e las solicitudes concurrentes
• Art韈ulo 17 燚e los recursos
• Art韈ulo 18 燚e la entrega temporal a la Corte
• Art韈ulo 19 燚e las actuaciones posteriores a la entrega
• Art韈ulo 20 燚e otras formas de cooperaci髇 con la Corte
• Art韈ulo 21 燚e las personas sujetas a la jurisdicci髇 de la Corte
• Art韈ulo 22 燚e la ejecuci髇 de las penas en Espa馻
• Art韈ulo 23 燚e las medidas de reparaci髇
• Art韈ulo 24 燚e la intervenci髇 de Espa馻 en calidad de 玜micus curiae�
• Art韈ulo 25 燚e la celebraci髇 del juicio y otras actuaciones procesales en Espa馻
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera 燫eglas de procedimiento y prueba de la Corte
  • Disposici髇 adicional segunda 燚el modo de proceder por los delitos contra la Administraci髇 de Justicia por la Corte
  • Disposici髇 adicional tercera 燚e los 髍ganos jurisdiccionales militares
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera 燙ar醕ter de esta ley
  • Disposici髇 final segunda 燛ntrada en vigor

Art韈ulo 1 Objeto y fuentes jur韉icas

El objeto de esta ley org醤ica es regular las relaciones de cooperaci髇 entre el Estado espa駉l y la Corte Penal Internacional en el ejercicio de la jurisdicci髇 y funciones encomendadas a esta instituci髇 por el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998 -en lo sucesivo, el Estatuto- y su normativa complementaria, mediante la atribuci髇 de competencias a los 髍ganos estatales y el establecimiento de procedimientos internos adecuados, aplicables en lo no previsto en el Estatuto y sus normas complementarias en la medida en que 閟tas resulten pertinentes, en particular las reglas de procedimiento y prueba, as� como en los acuerdos espec韋icos de cooperaci髇 que Espa馻 pueda celebrar con la Corte.

Con car醕ter supletorio a esta ley se aplicar醤 las normas org醤icas y procesales de aplicaci髇 general.

Art韈ulo 2 De la cooperaci髇 pasiva

Espa馻 prestar� plena cooperaci髇 a la Corte Penal Internacional -en lo sucesivo, la Corte- de conformidad con lo prevenido en el Estatuto y en especial en su art韈ulo 86.

Art韈ulo 3 De la cooperaci髇 activa

Los 髍ganos judiciales y el Ministerio Fiscal podr醤 dirigir, por conducto del Ministerio de Justicia, solicitudes de cooperaci髇 a la Corte que se consideren necesarias en el marco de un proceso que se siguiere en Espa馻 y en los casos y condiciones que establece el art韈ulo 93.10 del Estatuto.

Art韈ulo 4 De las autoridades competentes

Son autoridades competentes para la aplicaci髇 de esta ley:

• a) El Gobierno.
• b) El Ministerio de Justicia.
• c) El Ministerio de Asuntos Exteriores, en los casos previstos en esta ley, y, en todo caso, cuando intervinieran factores de pol韙ica exterior.
• d) El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, cuando el acto de cooperaci髇 afecte a sus competencias.
• e) Los 髍ganos judiciales de la jurisdicci髇 ordinaria y, en particular, la Audiencia Nacional.
• f) Los 髍ganos judiciales militares y, en particular, el Tribunal Militar Central.
• g) El Ministerio Fiscal.

Art韈ulo 5 De la representaci髇 y defensa procesal

1. La representaci髇 y defensa en juicio de Espa馻 ante los 髍ganos de la Corte corresponder� a los Abogados del Estado integrados en la Abogac韆 General del Estado y de acuerdo con las instrucciones impartidas conjuntamente, en cada caso, por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores. En los supuestos en que el procedimiento afecte a materias propias de alg鷑 departamento ministerial, se oir� a 閟te antes de impartir las citadas instrucciones.

2. El Gobierno, por motivos excepcionales y o韉o el Abogado General del Estado, podr� acordar que una persona, especialmente designada al efecto, act鷈 como agente de Espa馻 en un determinado procedimiento ante los 髍ganos de la Corte. La persona designada por el Gobierno asumir� en el desempe駉 de sus servicios las funciones de Abogado del Estado y se ajustar� a las disposiciones que regulan el ejercicio de dichas funciones.

Art韈ulo 6 De los 髍ganos de relaci髇 y consulta con la Corte

1. El Ministerio de Justicia es el 鷑ico 髍gano de relaci髇 entre la Corte, por un lado, y los 髍ganos judiciales y Ministerio Fiscal, por otro, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores.

2. El Ministerio de Justicia es tambi閚 el 髍gano de consulta con la Corte en los casos previstos en el Estatuto, debiendo informar previamente de cada consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores. En el supuesto de que la consulta afecte a materias propias del 醡bito competencial de los Ministerios del Interior o Defensa, recabar� el informe de estos departamentos.

Cuando la consulta incluya, a juicio del Ministerio de Asuntos Exteriores, aspectos de pol韙ica exterior, ser� 閟te el competente, en coordinaci髇 con el Ministerio de Justicia y, en su caso, con otros ministerios concernidos.

Art韈ulo 7 De la solicitud para iniciar una investigaci髇 por el Fiscal de la Corte

1. Corresponde exclusivamente al Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministro de Asuntos Exteriores y del Ministro de Justicia, decidir la presentaci髇 de la denuncia de una situaci髇 ante el Fiscal de la Corte, de conformidad con lo prevenido en los art韈ulos 13, p醨rafo a), y 14 del Estatuto, y en su caso, para instar de la Sala de Cuestiones Preliminares que el Fiscal reconsidere su decisi髇 de no iniciar actuaciones, conforme al art韈ulo 53.3.a) del Estatuto.

2. Cuando se presentare una denuncia o querella ante un 髍gano judicial o del Ministerio Fiscal o una solicitud en un departamento ministerial, en relaci髇 con hechos sucedidos en otros Estados, cuyos presuntos autores no sean nacionales espa駉les y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, dichos 髍ganos se abstendr醤 de todo procedimiento, limit醤dose a informar al denunciante, querellante o solicitante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte, que podr�, en su caso, iniciar una investigaci髇, sin perjuicio de adoptar, si fuera necesario, las primeras diligencias urgentes para las que pudieran tener competencia. En iguales circunstancias, los 髍ganos judiciales y el Ministerio Fiscal se abstendr醤 de proceder de oficio.

3. No obstante, si el Fiscal de la Corte no acordara la apertura de la investigaci髇 o la Corte acordara la inadmisibilidad del asunto, la denuncia, querella o solicitud podr� ser presentada nuevamente ante los 髍ganos correspondientes.

Art韈ulo 8 Del requerimiento de inhibici髇 al Fiscal de la Corte

1. Recibida en el Ministerio de Justicia notificaci髇 del Fiscal de la Corte de inicio de una investigaci髇 conforme al art韈ulo 18.1 del Estatuto, de tratarse de hechos cuyo conocimiento podr韆 corresponder a la jurisdicci髇 espa駉la por haber acaecido en territorio espa駉l u ostentar sus presuntos responsables la nacionalidad espa駉la, dicho departamento ministerial solicitar� del Fiscal General del Estado informaci髇 urgente sobre la existencia de actuaciones penales que se sigan o se hayan seguido en relaci髇 con los hechos objeto de la investigaci髇, as� como sobre si tienen competencia los tribunales espa駉les.

2. Cuando de la informaci髇 suministrada por el Fiscal General del Estado apareciera que se ha ejercido jurisdicci髇 en Espa馻, se est� ejerciendo o, como consecuencia de la notificaci髇 recibida, se ha iniciado una investigaci髇 por las autoridades espa駉las, los Ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores, en plazo que no podr� rebasar los veinte d韆s desde la recepci髇 de la notificaci髇 del Fiscal de la Corte, elevar醤 propuesta conjunta al Consejo de Ministros para que resuelva sobre sostener la competencia de las autoridades espa駉las y, en su caso, pedir la inhibici髇 al Fiscal de la Corte conforme al art韈ulo 18.2 del Estatuto.

3. Una vez aprobado el Acuerdo del Consejo de Ministros del apartado anterior, corresponder� al Ministerio de Justicia formular la petici髇 de inhibici髇 y realizar las restantes actuaciones previstas en el Estatuto para dar cumplimiento a dicho Acuerdo.

4. El Ministerio de Justicia responder� con car醕ter urgente a cualquier petici髇 de informaci髇 del Fiscal de la Corte referida al estado de los procedimientos penales que se siguieren en Espa馻 y que hubieren sido objeto de petici髇 de inhibici髇, recabando dicha informaci髇 del Fiscal General del Estado o directamente del 髍gano judicial que estuviere conociendo del asunto. La informaci髇 se transmitir� con los l韒ites de utilizaci髇 que estableciere el 髍gano judicial que autorizare la informaci髇.

5. Cuando de la informaci髇 suministrada por el Fiscal General del Estado de conformidad con el apartado 1 resulte que no se ha ejercido jurisdicci髇, ni se est� ejerciendo, ni se ha iniciado investigaci髇 en Espa馻, el Ministerio de Justicia lo comunicar� urgentemente al Fiscal de la Corte.

Art韈ulo 9 De la impugnaci髇 de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa

1. Corresponde exclusivamente al Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministro de Justicia y del Ministro de Asuntos Exteriores, acordar la impugnaci髇 de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa, de conformidad con lo previsto en los art韈ulos 17 y 19 del Estatuto, cuando los tribunales espa駉les hayan conocido del asunto y haya reca韉o sentencia, o se haya decretado el sobreseimiento libre de la causa o est閚 conociendo del asunto. Dicho acuerdo habilitar�, en su caso, al Ministerio de Justicia para llevar a cabo la impugnaci髇.

2. Tal impugnaci髇 se formalizar� a la mayor brevedad posible, antes del inicio del juicio en la Corte y, excepcionalmente, en el momento de su iniciaci髇 o en un momento posterior, fund醤dose en este 鷏timo caso en el solo motivo de haberse producido ya cosa juzgada en Espa馻.

Art韈ulo 10 De la inhibici髇 de la jurisdicci髇 espa駉la a favor de la Corte

Si, a pesar de la solicitud de inhibici髇 al Fiscal de la Corte prevista en el art韈ulo 8 de esta ley o de la impugnaci髇 de la competencia o la admisibilidad de la causa contemplada en el art韈ulo 9, la Sala competente de la Corte autoriza al Fiscal a proceder a la investigaci髇 o mantiene su competencia, el 髍gano jurisdiccional espa駉l se inhibir� a favor de la Corte y a su solicitud le remitir� lo actuado.

Art韈ulo 11 De la detenci髇

1. Cuando fuere detenida una persona, en cumplimiento de una orden de la Corte de detenci髇 provisional o de detenci髇 y entrega, la autoridad que practicare la detenci髇 lo comunicar� inmediatamente al Ministerio de Justicia y al Juez Central de Instrucci髇 de la Audiencia Nacional, debiendo ser puesta dicha persona a disposici髇 del Juez Central de Instrucci髇 sin demora y, en todo caso, dentro del plazo de setenta y dos horas siguientes a la detenci髇.

2. El Juez Central de Instrucci髇 oir� a la persona reclamada, asistida de letrado y, en su caso, de int閞prete y al Ministerio Fiscal, dentro de las setenta y dos horas siguientes a su puesta a disposici髇 judicial. Despu閟 de verificar la identidad del detenido, el contenido de la orden de detenci髇 y las circunstancias previstas en el art韈ulo 59.2 del Estatuto informar� al detenido del contenido de la orden de detenci髇 y de su derecho a solicitar la libertad provisional.

3. Cuando la orden de detenci髇 de la Corte se refiera a una persona que se encuentra cumpliendo condena impuesta por los tribunales espa駉les o por los de un tercer Estado desde el cual hubiere sido trasladada a Espa馻 para su cumplimiento, la autoridad penitenciaria competente informar� con antelaci髇 suficiente sobre la fecha de excarcelaci髇 al Juez Central de Instrucci髇 y al Ministerio de Justicia, que informar� a la Corte sobre la fecha prevista de excarcelaci髇.

Art韈ulo 12 De la libertad provisional

1. Si el detenido solicitara, en la comparecencia prevista en el art韈ulo anterior, su libertad provisional, el Juez Central de Instrucci髇 acordar� remitir dicha solicitud a la Corte, a trav閟 del Ministerio de Justicia, con indicaci髇 del plazo para recibir sus recomendaciones, que no ser� inferior a veinte d韆s. En la misma resoluci髇 el Juez Central de Instrucci髇 acordar� la prisi髇 provisional del detenido por el tiempo estrictamente necesario para recibir las recomendaciones de la Corte sobre dicha solicitud y hasta que se resuelva sobre 閟ta.

2. Una vez recibida, a trav閟 del Ministerio de Justicia, la comunicaci髇 de la Corte con las recomendaciones que 閟ta formule sobre la solicitud de libertad, o concluido el plazo se馻lado para su formulaci髇, el Juez Central de Instrucci髇, previa valoraci髇 de dichas recomendaciones, podr� acordar la libertad provisional del detenido cuando existan circunstancias urgentes y excepcionales que lo justifiquen y adoptar� las salva guardias necesarias para cumplir la obligaci髇 de entregar la persona a la Corte y, en especial, las medidas recomendadas al efecto por 閟ta.

3. Si en el plazo establecido en las reglas de procedimiento y prueba la Corte no hubiera remitido la documentaci髇 para la entrega prevista en el art韈ulo 91.2 y 3 del Estatuto, el Juez Central de Instrucci髇 podr� acordar la libertad provisional y las medidas cautelares adecuadas, que se mantendr醤 por un tiempo m醲imo de ciento ochenta d韆s, sin perjuicio de volver a decretar la prisi髇 una vez recibida la documentaci髇 de la Corte.

4. Cuando se acordare la libertad provisional, se informar� a la Sala de Cuestiones Preliminares y, posteriormente, cuantas veces 閟ta lo solicite.

Art韈ulo 13 De la entrega simplificada

1. En la comparecencia regulada en el art韈ulo 11 de esta ley se interrogar� a la persona reclamada acerca de si consiente en su entrega y, si diere el consentimiento, el Juez Central de Instrucci髇 dictar� auto acordando la entrega a la Corte sin m醩 tr醡ites y sin que sea necesario que la Corte remita la documentaci髇 prevista en el art韈ulo 91 del Estatuto.

Se proceder� de la misma manera si tambi閚 consiente en la entrega respecto a otros hechos no comprendidos en la solicitud de la Corte y que pudieren aparecer en el curso del proceso ante 閟ta, y, si no accediere, la entrega se efectuar� s髄o por los hechos contenidos en la solicitud, sin perjuicio de lo que proceda, despu閟 de la entrega, en aplicaci髇 del apartado 2 del art韈ulo 101 del Estatuto. Fuera de este caso, no se admitir� un consentimiento parcial.

2. El Juez Central de Instrucci髇 remitir� urgentemente copia del auto al Ministerio de Justicia, que informar� de inmediato a la Corte y solicitar� indicaciones de 閟ta, en orden a la realizaci髇 del traslado. Una vez recibidas dichas instrucciones, las transmitir� al Juzgado Central de Instrucci髇 y al Ministerio del Interior a los fines de la entrega.

3. La persona reclamada, aunque se hubiere opuesto a la entrega en la citada comparecencia, podr� dar su consentimiento dentro de los quince d韆s siguientes, procedi閚dose en tal caso conforme a lo prevenido en los apartados precedentes.

4. En la misma comparecencia se informar� al detenido de que el consentimiento, una vez dado, es irrevocable.

Art韈ulo 14 De la orden de comparecencia de un imputado ante la Corte

Cuando, en lugar de una solicitud de detenci髇, la Corte hubiere dictado una orden de comparecencia, el Ministerio de Justicia remitir� la solicitud de la Corte al juez de instrucci髇 del domicilio o residencia de la persona buscada, el cual citar� a 閟ta personalmente, inform醤dole de la fecha y dem醩 circunstancias relativas a dicha comparecencia, y adoptar� las medidas de aseguramiento de la comparecencia previstas en la legislaci髇 procesal espa駉la que considere m醩 adecuadas, con exclusi髇 de las privativas de libertad, remitiendo las diligencias practicadas al Ministerio de Justicia, que las transmitir� a la Corte.

Art韈ulo 15 De la entrega a la Corte

1. No habi閚dose accedido a la entrega simplificada, cuando hubiera sido detenida una persona en cumplimiento de una orden de la Corte de detenci髇 y entrega o una vez recibida en el Juzgado Central de Instrucci髇 la documentaci髇 prevista en el art韈ulo 91.2 � 3 del Estatuto, seg鷑 los casos, se pondr� 閟ta de manifiesto en Secretar韆 y se convocar� a una audiencia que tendr� lugar en el plazo m醲imo de diez d韆s, con citaci髇 de la persona reclamada y su defensor y, en su caso, de un int閞prete, as� como del Ministerio Fiscal. A dicha audiencia podr� asistir e intervenir un delegado del Fiscal de la Corte.

No se admitir醤 otras alegaciones o pruebas que las relativas a la concurrencia o no de los requisitos establecidos en los apartados 2 � 3 del art韈ulo 91 del Estatuto, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. Cuando se alegare la excepci髇 de cosa juzgada, el Juzgado Central de Instrucci髇 lo comunicar� al Ministerio de Justicia, aplazando la resoluci髇 sobre la entrega, mientras el Ministerio de Justicia efect鷄 las consultas con la Corte previstas en el art韈ulo 89.2 del Estatuto. Si de tales consultas resultare que la causa ha sido declarada admisible por la Corte, el Juzgado Central de Instrucci髇 alzar� la suspensi髇. Dicho Juzgado podr� tambi閚 acordar la suspensi髇 de la vista cuando hubiere de practicar alguna informaci髇 complementaria.

3. Concluida la vista, el Juzgado Central de Instrucci髇 resolver� sobre la petici髇 de entrega, por medio de auto, en el plazo de tres d韆s.

4. Si en el citado auto se denegare la entrega, podr� mantenerse la situaci髇 de prisi髇 provisional hasta la firmeza de dicha resoluci髇.

5. Si la resoluci髇 fuere estimatoria, una vez firme, se notificar� de inmediato al Ministerio de Justicia y por 閟te se dar� traslado seguidamente a la Corte, solicitando indicaciones para la realizaci髇 del traslado, que una vez recibidas se comunicar醤 al Juzgado Central de Instrucci髇 y al Ministerio del Interior.

6. Si la resoluci髇 fuere denegatoria de la entrega, una vez firme, se pondr� urgentemente en libertad a la persona detenida y se comunicar� al Ministerio de Justicia, que a su vez lo har� a la Corte.

Art韈ulo 16 De las solicitudes concurrentes

1. Cuando concurriere con la solicitud de entrega de la Corte una solicitud de extradici髇 de un Estado, sea o no parte en el Estatuto, o una orden europea de detenci髇 y entrega, se notificar� este hecho a la Corte y al Estado requirente y se tramitar醤 conjuntamente ambos procedimientos en el Juzgado Central de Instrucci髇 que estuviere conociendo de la solicitud de entrega.

2. El Juez Central de Instrucci髇 se abstendr� de decidir sobre la entrega, elevando ambos procesos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que resolver� de acuerdo con el Estatuto y, en su caso, de acuerdo con el tratado que existiere con el Estado requirente. Cuando no existiere tratado, se dar� preferencia a la solicitud de la Corte.

3. El Ministerio de Justicia informar� a la Corte cuando, habiendo sido declarada inadmisible la causa por 閟ta, asimismo se hubiere denegado la extradici髇 al Estado requirente.

Art韈ulo 17 De los recursos

1. Contra las resoluciones del Juez Central de Instrucci髇 relativas a la situaci髇 personal del reclamado cabe recurso de apelaci髇 ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se sustanciar� conforme a lo previsto en el art韈ulo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se resolver� por auto en el plazo de cinco d韆s.

2. Contra el auto del Juez Central de Instrucci髇 en el que se resuelve sobre la entrega cabe recurso de apelaci髇 ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se sustanciar� conforme a lo prevenido en el art韈ulo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien en el escrito de formalizaci髇 del recurso no se podr醤 formular otras alegaciones que las relativas a quebrantamiento de las normas y garant韆s procesales en el expediente y las relativas a la concurrencia de los requisitos establecidos en los art韈ulos 89.2 y 91.2 � 3, seg鷑 los casos, del Estatuto.

3. Los autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolviendo los recursos de los apartados anteriores no ser醤 susceptibles de recurso alguno.

Art韈ulo 18 De la entrega temporal a la Corte

1. Cuando se hubiere acordado la entrega a la Corte y la persona que deba ser entregada estuviere cumpliendo condena en Espa馻 o sujeta a proceso por hechos distintos de los que han servido de base para la entrega, el Ministerio de Justicia, si no se opusiere el Tribunal sentenciador o el instructor, celebrar� consultas con la Corte, a efectos de decidir sobre la entrega temporal a la Corte mediante resoluci髇 motivada, con las modalidades de la restituci髇 a Espa馻 que se determinen y comput醤dose en todo caso el per韔do pasado a disposici髇 de la Corte.

2. Por el Ministerio de Justicia se transmitir醤 las informaciones precisas a los 髍ganos judiciales competentes, seg鷑 los casos, y al Ministerio del Interior, para efectuar el desplazamiento y en su momento el retorno.

Art韈ulo 19 De las actuaciones posteriores a la entrega

1. Si, despu閟 de la entrega, la Corte pidiere autorizaci髇 a Espa馻 para proceder por una conducta anterior a la entrega, se trasladar� la petici髇 al Juzgado Central de Instrucci髇, o a la Sala de lo Penal en el caso previsto en el art韈ulo 16 de esta ley, que resolver醤 de acuerdo con el criterio establecido en el apartado 2 del art韈ulo 101 del Estatuto. Si a la solicitud de la Corte no se acompa馻re un acta en la que se contengan las observaciones de la persona entregada, el Ministerio de Justicia pedir� a la Corte que le sea transmitida y una vez recibida se remitir� al 髍gano judicial competente.

2. Cuando la persona entregada fuere puesta en libertad por la Corte por razones distintas del cumplimiento de la sentencia y la Corte se propusiera trasladarla a otro Estado, se remitir� esta informaci髇 al Juzgado Central de Instrucci髇 de la Audiencia Nacional y, en su caso, por el Ministerio de Justicia se dar� el consentimiento de Espa馻 para tal traslado o se solicitar� su devoluci髇 a Espa馻 si la raz髇 de la puesta en libertad se debiere a que la causa fue declarada inadmisible por la Corte por el motivo previsto en el art韈ulo 17.1.a) del Estatuto.

Art韈ulo 20 De otras formas de cooperaci髇 con la Corte

1. Los 髍ganos judiciales y las restantes autoridades intervinientes dar醤 cumplimiento a las solicitudes de cooperaci髇 formuladas por la Corte previstas en el art韈ulo 93 del Estatuto que no estuvieran prohibidas en la legislaci髇 espa駉la y cuyo fin fuera tambi閚 facilitar el proceso ante la Corte.

El Ministerio de Justicia acusar� recibo e informar� a la Corte acerca del 髍gano interno al que se haya transmitido la solicitud.

2. Cuando la solicitud de la Corte pudiera afectar a la defensa o a la seguridad nacionales o tenga por objeto documentos o informaciones que hubieren sido transmitidos a Espa馻 con car醕ter confidencial por un Estado, una organizaci髇 internacional o una organizaci髇 intergubernamental, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en coordinaci髇 con los Ministerios de Justicia, del Interior y de Defensa u otros Ministerios competentes, efectuar� consultas con el Estado u organizaci髇 de que proceda la informaci髇 o documentaci髇, inform醤dose a la Corte del resultado de tales consultas.

3. Cualquier otra dificultad en el cumplimiento de la solicitud ser� objeto de consultas por el Ministerio de Justicia con la Corte.

4. El objeto de las consultas ser� exponer a la Corte la raz髇 fundada por la que no puede prestarse la asistencia solicitada, considerar la posibilidad de atenderla de otra manera o con arreglo a otras condiciones, estudiar su modificaci髇 o retirada, as� como asegurar la protecci髇 de informaciones de car醕ter confidencial o restringido.

5. En el caso de concurrencia de solicitudes de asistencia de la Corte y de un Estado, si aparecieren dificultades para atender a ambas, el Ministerio de Justicia celebrar� consultas con la Corte y dicho Estado, con el fin de postergar o condicionar una de ellas, informando en su caso a la Corte, conforme al art韈ulo 93.9.b) del Estatuto, de que las informaciones, bienes o personas objeto de la solicitud est醤 bajo el control de un tercer Estado u organizaci髇 internacional.

Art韈ulo 21 De las personas sujetas a la jurisdicci髇 de la Corte

1. Las personas citadas como peritos o testigos para comparecer ante los tribunales espa駉les en cumplimiento de una comisi髇 rogatoria expedida por la Corte tendr醤 las mismas obligaciones y responsabilidades que si hubieren sido citadas en una causa que se siguiere en Espa馻.

Si la comparecencia fuere en la sede de la Corte, tendr� car醕ter voluntario, solicit醤dose de 閟ta por el Ministerio de Justicia informaci髇 acerca de las inmunidades y plazo de vigencia para la persona citada, que ser� transmitida a dicha persona, anticip醤dose los gastos por el Ministerio de Justicia. Si la Corte hubiere remitido alguna instrucci髇 sobre la regla relativa a la autoinculpaci髇, se entregar� dicho documento al testigo y el 髍gano judicial se cerciorar� de que ha sido debidamente entendido.

No ser� necesario el consentimiento cuando se tratare de un condenado por la Corte que se encontrare cumpliendo condena en Espa馻, en cuyo caso se efectuar� el traslado temporal, en las condiciones que se acuerden con la Corte.

2. Cuando la solicitud de comparecencia en la sede de la Corte se refiriese a una persona detenida en Espa馻, el Ministerio de Justicia se dirigir� al 髍gano judicial que estuviere conociendo del asunto para que interrogue a dicha persona acerca de si consiente el traslado, y si lo consintiere y la autoridad judicial espa駉la no se opusiere, el Ministerio de Justicia autorizar� el traslado, comunic醤dolo al citado 髍gano judicial y al Ministerio del Interior, en coordinaci髇 con la Corte.

3. Las personas en tr醤sito en Espa馻 para comparecer ante la Corte gozar醤 de inmunidad.

4. Cuando hubieren de comparecer ante la Corte agentes o funcionarios espa駉les en calidad de perito o testigo, el Ministerio de Justicia, en coordinaci髇, en su caso, con otros Ministerios o Administraciones de que dependan, solicitar� de la Corte su protecci髇.

5. El Ministerio de Justicia, en coordinaci髇 con el Ministerio del Interior y, en su caso, con otras Administraciones competentes, podr� convenir con el Secretario de la Corte la acogida temporal de v韈timas traumatizadas o de testigos que pudieran correr peligro por su testimonio.

Art韈ulo 22 De la ejecuci髇 de las penas en Espa馻

1. De conformidad con el acuerdo que eventualmente se celebre entre Espa馻 y la Corte y con la disposici髇 adicional 鷑ica de la Ley Org醤ica 6/2000, de 4 de octubre, por la que se autoriza la ratificaci髇 por Espa馻 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Ministerio de Justicia, previas las consultas oportunas, comunicar� a la Corte las condiciones en las que Espa馻 estuviese dispuesta a aceptar el traslado de un condenado a pena privativa de libertad o las razones que impidiesen la aceptaci髇 de dicho traslado.

Por el Ministerio de Justicia se transmitir醤 las oportunas informaciones al Ministerio del Interior para la realizaci髇 del traslado, debiendo comunicarse por las autoridades penitenciarias al juez de vigilancia penitenciaria competente la llegada del recluso, en un plazo de veinticuatro horas.

2. En el caso de que, encontr醤dose cumpliendo condena en Espa馻 una persona condenada por la Corte, 閟ta se propusiere designar a otro Estado para la continuaci髇 de la ejecuci髇, el Ministerio de Justicia formular� las observaciones pertinentes.

3. Los jueces de vigilancia penitenciaria y el Ministerio del Interior prestar醤 el m醲imo apoyo a Magistrados y funcionarios de la Corte que se personaren en Espa馻 para supervisar la ejecuci髇 de las penas.

4. Para que se pueda proceder en Espa馻 contra un condenado que estuviere cumpliendo una condena impuesta por la Corte en un establecimiento penitenciario espa駉l, por hechos anteriores a su entrega a Espa馻, el juez instructor o el tribunal competente dirigir� la comunicaci髇 y la documentaci髇 pertinente al Ministerio de Justicia, que las trasladar� a la Corte, absteni閚dose de proceder hasta la decisi髇 de 閟ta. Igualmente se actuar� para la extradici髇 a un Estado.

5. Cuando se celebre una vista en la Sala de Apelaciones acerca de una posible reducci髇 de la pena de quien estuviere cumpliendo condena en Espa馻, corresponder� al Ministerio de Justicia determinar la conveniencia de la intervenci髇 procesal y los t閞minos en que deba producirse.

6. En caso de evasi髇 del condenado, el Ministerio de Justicia informar� con urgencia al Secretario de la Corte de tal circunstancia y consultar� con ella acerca de si Espa馻 solicita su extradici髇 al Estado en que se encuentre o si la Corte insta su entrega a dicho Estado.

7. Cuando la petici髇 de ejecuci髇 de la Corte se refiriese a una multa u orden de decomiso, el Ministerio de Justicia transmitir� la documentaci髇 pertinente al Fiscal General del Estado para que inste la ejecuci髇 ante el 髍gano judicial competente y, en su caso, se pongan a disposici髇 del Ministerio de Justicia los bienes o sumas obtenidas para su transferencia a la Corte.

Art韈ulo 23 De las medidas de reparaci髇

1. El Ministerio de Justicia, en el plazo indicado por la Corte o, en su caso, en el m醩 breve plazo posible, remitir� observaciones sobre las cuestiones planteadas por la Corte, incluidas las relativas a las observaciones formuladas por los peritos, pudiendo recabar, a tal efecto, informaciones de organismos competentes.

2. Cuando las observaciones se refiriesen a la atribuci髇 del importe de la reparaci髇 a una organizaci髇 intergubernamental o internacional, el Ministerio de Justicia consultar� con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

3. Cuando para cumplimentar la comunicaci髇 de la Corte hubieran de adoptarse medidas de ejecuci髇, se proceder�, en lo que sea pertinente, conforme al procedimiento previsto en el apartado 7 del art韈ulo 22 de esta ley.

Art韈ulo 24 De la intervenci髇 de Espa馻 en calidad de 玜micus curiae�

Si Espa馻 recibiere una invitaci髇 de la Corte para participar en un proceso en calidad de 玜micus curiae�, el Ministerio de Justicia consultar� con el Ministerio de Asuntos Exteriores para determinar la conveniencia u oportunidad de hacerlo y, en su caso, fijar los t閞minos de dicha participaci髇.

Art韈ulo 25 De la celebraci髇 del juicio y otras actuaciones procesales en Espa馻

Si la Corte propusiere la celebraci髇 del juicio u otras actuaciones procesales en Espa馻, el Ministerio de Justicia, previa consulta con los Ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior y otras autoridades competentes, comunicar� a la Corte la decisi髇 al respecto. En su caso, los aspectos no jurisdiccionales de dichas actuaciones estar醤 sometidos al acuerdo espec韋ico que se celebre con la Corte.

Disposici髇 adicional primera Reglas de procedimiento y prueba de la Corte

Las reglas de procedimiento y prueba as� como sus enmiendas se publicar醤 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.

Disposici髇 adicional segunda Del modo de proceder por los delitos contra la Administraci髇 de Justicia por la Corte

1. El Ministerio de Justicia remitir� a la Corte, a petici髇 de 閟ta, el informe que se le solicitare con car醕ter previo a la decisi髇 de la Corte para ejercer o no su jurisdicci髇.

2. S髄o se podr� proceder en Espa馻 en relaci髇 a estos delitos a solicitud de la Corte.

3. Si la Corte se inhibiere en favor de la jurisdicci髇 espa駉la, el Ministerio de Justicia remitir� la solicitud al Fiscal de la Audiencia Nacional, si el delito hubiera sido cometido por un espa駉l en el extranjero, o al Fiscal General del Estado cuando el delito se hubiera cometido en Espa馻.

4. El Ministerio de Justicia informar� a la Corte sobre el resultado del proceso.

Disposici髇 adicional tercera De los 髍ganos jurisdiccionales militares

1. Las referencias que esta ley hace al Juzgado Central de Instrucci髇 y a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deben entenderse hechas, cuando la cooperaci髇 sea de la competencia de la jurisdicci髇 militar, al Juzgado Togado Militar Central Decano y al Tribunal Militar Central, respectivamente.

En los mismos casos, las referencias que la ley hace al Ministerio Fiscal y al juzgado de vigilancia penitenciaria deben entenderse hechas al Fiscal Jur韉ico Militar y al Juez Togado Militar de Vigilancia Penitenciaria.

2. Lo dispuesto en el apartado 2 del art韈ulo 7 de esta ley se entender� sin perjuicio de lo establecido en las leyes reguladoras de la jurisdicci髇 militar con respecto a la competencia de esta 鷏tima en los casos de presencia permanente o temporal, fuera de territorio nacional, de fuerzas o unidades militares espa駉las, ni afectar� tampoco al desempe駉 de la funci髇 jurisdiccional por los 髍ganos judiciales militares que las acompa馿n.

Disposici髇 final primera Car醕ter de esta ley

Los preceptos contenidos en los art韈ulos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (excepto su apartado 2), 15 y 21.3, la disposici髇 adicional segunda y el apartado 2 de la disposici髇 adicional tercera de esta ley tienen car醕ter org醤ico. Los restantes preceptos tienen car醕ter ordinario y han sido dictados en ejercicio de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.3.�, 5.� y 6.� de la Constituci髇.

Disposici髇 final segunda Entrada en vigor

La presente ley org醤ica entrar� en vigor el d韆 siguiente de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.