Sumario

La Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesi髇 de la nacionalidad espa駉la a los sefard韊s originarios de Espa馻, satisface una leg韙ima pretensi髇 de las comunidades de la di醩pora sefard� cuyos antepasados se vieron forzados al exilio o a convertirse al cristianismo como consecuencia del Edicto decretado en el Palacio de la Alhambra el 31 de marzo de 1492.

La Ley introduce un nuevo cauce para obtener la nacionalidad espa駉la entendiendo que concurren las circunstancias excepcionales a que se refiere el art韈ulo 21 del C骴igo Civil en los sefard韊s originarios de Espa馻 que prueben dicha condici髇 y su especial vinculaci髇 con Espa馻, con independencia de que tengan o no fijada en nuestro pa韘 su residencia. Como complemento de lo anterior, se reforma el art韈ulo 23 del C骴igo Civil para evitar que al adquirir la nacionalidad espa駉la deban renunciar a la previamente ostentada. De esta forma se repara la anomal韆 hasta ahora existente al ser los sefard韊s los 鷑icos a quienes, concedi閚doseles la nacionalidad con dos a駉s de residencia, se les obligaba a dicha renuncia.

La Ley regula adem醩 un procedimiento novedoso tanto por su car醕ter enteramente electr髇ico, en consonancia con las exigencias de la modernizaci髇 que la sociedad exige en todos los campos de la Administraci髇, como por la forma de acreditaci髇 de los requisitos para la obtenci髇 de la nacionalidad. As�, la tramitaci髇 de la solicitud se inicia mediante la intervenci髇 de notario, quien deber� examinar la documentaci髇, apreciar la validez y eficacia probatoria de los documentos aportados y valorarlos en su conjunto, para, una vez estime inicialmente justificados los requisitos previstos en el art韈ulo 1 de la norma, concertar la comparecencia del interesado y emitir su juicio acerca del cumplimiento de dichos requisitos, lo que quedar� plasmado en un acta de notoriedad espec韋ica para este fin. Finalmente, la resoluci髇 del Director General de los Registros y del Notariado, una vez recabados y obtenidos los informes complementarios a que hace referencia el texto legal, ser� t韙ulo suficiente para practicar la inscripci髇.

Hay que destacar asimismo la intervenci髇 del Encargado del Registro Civil, estableci閚dose un criterio de competencia que pretende conciliar la posible y m醩 que probable condici髇 de no residente en Espa馻 del solicitante, facilitando la realizaci髇 de la jura o promesa ante el Encargado del Registro Civil de su domicilio, con la regla de competencia para la inscripci髇 de la nacionalidad adquirida que recae en el Registro Civil correspondiente a su nacimiento.

La inminente entrada en vigor de la Ley 12/2015, de 24 de junio, ha llevado a este Centro Directivo, en uso de las facultades que tiene atribuidas para la tramitaci髇 y resoluci髇 de los expedientes de nacionalidad y su inscripci髇 en el Registro Civil, a dictar la presente Instrucci髇 con objeto de establecer las reglas necesarias para dar cumplimiento a las previsiones legales, despejando las dudas que pudiera generar en su aplicaci髇 pr醕tica y fijando las siguientes directrices tanto en materia de tramitaci髇 como de documentaci髇.

I De los requisitos para acceder a la concesi髇 de la nacionalidad espa駉la en el marco de la Ley 12/2015, de 24 de junio.

I.1 Solicitud.

El procedimiento recogido en la Ley es totalmente electr髇ico, se inicia con la solicitud que deber� realizarse a trav閟 de la aplicaci髇 inform醫ica habilitada al efecto y regulada por el Ministerio de Justicia. El dominio que alojar� el portal de nacionalidad para la obtenci髇 de la nacionalidad espa駉la de conformidad con la Ley 12/2015, de 24 de junio, a trav閟 del cual se tramitar� la solicitud para la autorizaci髇 del acta de notoriedad, es www.justicia.sefardies.notariado.org.

La solicitud se formular� en espa駉l e ir� dirigida a la Direcci髇 General de los Registros y del Notariado. El n鷐ero identificador que se facilitar� en ese momento servir� para que el interesado ingrese en el sistema y pueda conocer el estado de la tramitaci髇 de su expediente.

I.2 Personas que pueden acogerse al procedimiento previsto por la Ley.

Son dos las circunstancias excepcionales que se exigen para adquirir la nacionalidad: probar la condici髇 de sefard� originario de Espa馻 del solicitante y demostrar una especial vinculaci髇 con Espa馻.

Pueden acogerse a la ley quienes acrediten ser sefard韊s de origen espa駉l cualesquiera que sean su ideolog韆, religi髇 o creencia actuales si bien deben asimismo demostrar su actual vinculaci髇 a Espa馻 ya que la ley establece la necesidad de concurrencia de ambos requisitos.

I.3 Capacidad. Especial consideraci髇 de los solicitantes menores de 18 a駉s. Autorizaci髇 previa en caso de menores de 14 a駉s e incapaces.

I.3.1 Capacidad de los solicitantes.

En cuanto a la capacidad de los solicitantes para solicitar la nacionalidad ser醤 de aplicaci髇 las normas generales contenidas en el art韈ulo 21.3 del C骴igo Civil, si bien dado que los interesados pueden ser, y de hecho as� suceder� en la mayor parte de los casos, no residentes en Espa馻 deben resolverse diversas situaciones que pueden plantearse, en especial cuando el solicitante sea menor de 14 a駉s o incapacitado.

El citado art韈ulo 21.3 del C骴igo Civil se馻la al respecto que la solicitud de adquisici髇 de la nacionalidad espa駉la corresponder� formularla: al interesado emancipado o mayor de dieciocho a駉s, al mayor de catorce a駉s asistido por su representante legal, al representante legal del menor de catorce a駉s y por 鷏timo al representante legal del incapacitado o al incapacitado, por si solo o debidamente asistido, seg鷑 resulte de la sentencia de incapacitaci髇.

Pueden efectuar la solicitud los mayores de 18 a駉s cualquiera que sea su nacionalidad o residencia habitual, ya que dicho art韈ulo establece este requisito con independencia de la ley personal o reguladora de la responsabilidad parental o de medidas de protecci髇 que le pudieran ser aplicables. En el caso de los emancipados ser� de aplicaci髇 el art韈ulo 9.1 del C骴igo Civil que dispone que la ley personal correspondiente a las personas f韘icas sea la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regir� la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesi髇 por causa de muerte, por lo tanto el solicitante deber� acreditar su condici髇 de emancipado conforme a su respectiva ley personal. La misma norma es aplicable para el caso de incapacitados mayores de 18 a駉s, debiendo acreditarse la declaraci髇 de incapacidad y las medidas adoptadas para la protecci髇 del incapaz, as� como las personas designadas como representantes legales conforme a su ley personal.

La solicitud de la concesi髇 de la nacionalidad debe realizarse por el propio interesado mayor de 18 a駉s que deber� efectuar su comparecencia ante el notario designado personalmente sin posibilidad de representaci髇 voluntaria alguna.

I.3.2 Especial consideraci髇 de los solicitantes menores de 18 a駉s.

El p醨rafo segundo del art韈ulo 9.4 del C骴igo Civil, en la redacci髇 dada por el art韈ulo 2.1 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificaci髇 del sistema de protecci髇 a la infancia y a la adolescencia, se馻la que la ley aplicable al ejercicio de la responsabilidad parental se determinar� con arreglo al Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecuci髇 y la cooperaci髇 en materia de responsabilidad parental y de medidas de protecci髇 de los ni駉s. El Convenio, conforme a su art韈ulo segundo, se aplica a los ni駉s a partir de su nacimiento y hasta que alcancen la edad de 18 a駉s, si bien, seg鷑 su art韈ulo 4, est� excluida del convenio la regulaci髇 de la emancipaci髇.

Con respecto a la atribuci髇 o la extinci髇 de la responsabilidad parental, el art韈ulo 16 del referido Convenio regula su atribuci髇 o extinci髇 en los siguientes t閞minos: �1. La atribuci髇 o la extinci髇 de pleno derecho de la responsabilidad parental, sin intervenci髇 de una autoridad judicial o administrativa, se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del ni駉. 2. La atribuci髇 o la extinci髇 de la responsabilidad parental en virtud de un acuerdo o de un acto unilateral, sin intervenci髇 de una autoridad judicial o administrativa, se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del ni駉 en el momento en que deviene eficaz el acuerdo o el acto unilateral. 3. La responsabilidad parental existente seg鷑 la ley del Estado de la residencia habitual del ni駉 subsiste despu閟 del cambio de esta residencia habitual a otro Estado. 4. En caso de cambio de la residencia habitual del ni駉, la atribuci髇 de pleno derecho de la responsabilidad parental a una persona que no estuviera ya investida de tal responsabilidad se rige por la ley del Estado de la nueva residencia habitual.� Y el art韈ulo 17 establece que: 獷l ejercicio de la responsabilidad parental se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del ni駉. En caso de cambio de la residencia habitual del ni駉, se rige por la ley del Estado de la nueva residencia habitual�.

Trat醤dose de menores, cobra especial importancia la residencia habitual de 閟tos a los efectos de justificar qui閚 ostenta su representaci髇 legal. Si son residentes en Espa馻 y el menor est� sometido a patria potestad que est� siendo ejercida conjuntamente, la solicitud deber� efectuarse por ambos progenitores, o por uno solo con el consentimiento expreso o t醕ito del otro, pues como ya se recogi� en la Instrucci髇 de esta Direcci髇 General de 26 de julio de 2007, sobre tramitaci髇 de las solicitudes de adquisici髇 de la nacionalidad espa駉la por residencia, afectando la adquisici髇 de la nacionalidad al estado civil del menor, el cual est� presidido por un principio general de estabilidad, la cuesti髇 excede de los actos que pueden ser realizados por uno solo de los titulares de la patria potestad, por no constituir la mutaci髇 del 玸tatus nacionalitatis� del menor un acto de aquellos en que el C骴igo Civil excepciona la regla general de ejercicio conjunto de la patria potestad. En el caso de ejercicio de la patria potestad por un solo progenitor, acreditando debidamente esta circunstancia o por hab閞sele asignado en procesos de separaci髇, nulidad o divorcio, ser� este quien deba realizar la solicitud. En estos casos habr� que examinar cuidadosamente el contenido de la sentencia en cuanto pueda afectar al ejercicio de la patria potestad. Por 鷏timo en caso de desacuerdo entre ambos progenitores sobre la conveniencia y oportunidad o no de promover el expediente de nacionalidad deber醤 obtener la oportuna resoluci髇 judicial favorable a la solicitud.

En el caso de que los menores residan en el extranjero, de conformidad con lo anteriormente expuesto, los responsables parentales del menor deber醤 acreditar dicha condici髇 conforme a la ley del Estado de la residencia habitual del menor, para asistirle si es mayor de 14 a駉s, o efectuar la solicitud en su nombre en el caso de que sea menor de dicha edad.

Respecto a las medidas para la protecci髇 del menor, el art韈ulo 9.6 del C骴igo Civil dispone: �6. La ley aplicable a la protecci髇 de menores se determinar� de acuerdo con el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, a que se hace referencia en el apartado 4 de este art韈ulo�. El citado convenio en su art韈ulo 3 se馻la como medidas de protecci髇 en lo que aqu� interesa las siguientes: 玞) la tutela, la curatela y otras instituciones an醠ogas; d) la designaci髇 y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la persona o de los bienes del ni駉, de representarlo o de asistirlo; e) la colocaci髇 del ni駉 en una familia de acogida o en un establecimiento, o su protecci髇 legal mediante "kafala" o mediante una instituci髇 an醠oga�; y en el apartado 1 de su art韈ulo 5, establece con car醕ter general que: 獿as autoridades, tanto judiciales como administrativas, del Estado contratante de la residencia habitual del ni駉 son competentes para adoptar las medidas para la protecci髇 de su persona o de sus bienes�.

Debe nuevamente tenerse en cuenta el lugar de residencia habitual del menor sometido a dichas medidas. Si el menor reside en Espa馻 y est� sometido a un r間imen de tutela o curatela se aplicar� la legislaci髇 espa駉la y ser� la persona designada en el respectivo procedimiento, que deber� acreditar debidamente tal condici髇, quien deba, seg鷑 los casos, asistir al menor o solicitar en su nombre la concesi髇 de la nacionalidad. En el caso de acogimiento en Espa馻 ser� asimismo aplicable lo se馻lado para este caso en la Instrucci髇 de 26 de julio de 2007.En el caso de que los menores sometidos a medidas de protecci髇 residan en el extranjero, sus representantes o responsables deber醤 acreditar dicha condici髇 conforme a la Ley del Estado de la residencia habitual del menor para asistir a este si es mayor de 14 a駉s o efectuar la solicitud en su nombre en el caso de que sea menor de dicha edad. En todos estos casos habr� que examinar cuidadosamente el contenido de las resoluciones judiciales o administrativas en cuanto pueda afectar al ejercicio y alcance de la representaci髇.

En orden a la acreditaci髇 de las anteriores circunstancias el art韈ulo 40 del citado Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996 establece que ser醤 las autoridades de la residencia habitual del ni駉 o del Estado en que se haya adoptado la medida de protecci髇 quienes podr醤 expedir un certificado al titular de la responsabilidad parental o a toda otra persona a quien se haya confiado la protecci髇 de la persona del ni駉, a petici髇 suya, indicando la condici髇 y los poderes que le han sido atribuidos.

I.3.3 Autorizaci髇 previa en caso de menores de 14 a駉s e incapaces.

Tanto si el solicitante es menor de 14 a駉s como si es incapaz, ser� necesaria, conforme al art韈ulo 21 del C骴igo Civil, la previa autorizaci髇 del Encargado del Registro Civil del domicilio del declarante, que la conceder� en inter閟 de los mismos, previo dictamen del Ministerio Fiscal.

En el caso de la Ley 12/2015, de 24 de junio, no se aprecia 玜 priori� que la adquisici髇 de la nacionalidad espa駉la pueda conllevar consecuencias contrarias a los intereses del menor. No obstante la autorizaci髇 deber� obtenerse siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) cuando corresponda, conforme a la ley aplicable, el ejercicio de la responsabilidad parental a ambos progenitores y la solicitud la efect鷈 uno solo de ellos; b) en el caso de que la responsabilidad parental deba ejercitarse, conforme a la ley aplicable, por uno solo de los progenitores y no constare el consentimiento expreso del otro a la presentaci髇 de la solicitud; c) en los casos de guarda, tutela o acogimiento y en general, en todos los casos de representaci髇 legal distinta a la atribuida a los progenitores.

Puesto que la residencia en Espa馻 no es un requisito para la obtenci髇 de la nacionalidad espa駉la al amparo de esta Ley, en el caso de no residentes la competencia para autorizar la solicitud corresponder� al Encargado del Registro Civil consular correspondiente al domicilio del solicitante previo dictamen del Canciller del Consulado en funciones de Ministerio Fiscal y, en defecto de sustituto reglamentario, por dos espa駉les capaces e instruidos, nombrados por el Jefe de la Oficina Consular o de la Misi髇 Diplom醫ica, conforme a las reglas generales del procedimiento (art韈ulo 54 del Reglamento del Registro Civil).

Dado el car醕ter completamente electr髇ico del procedimiento, tanto la documentaci髇 acreditativa de la representaci髇 de los menores como, en su caso, la autorizaci髇 obtenida, deber醤 adjuntarse telem醫icamente junto con la solicitud, sin perjuicio de la necesaria aportaci髇 de los documentos originales en el momento de autorizarse el acta notarial.

I.4 Documentos que deben aportarse.

Con car醕ter general, la documentaci髇 a que se refieren los siguientes apartados deber� remitirse telem醫icamente junto con la solicitud que ir� dirigida a la Direcci髇 General de los Registros y del Notariado, que a su vez la remitir� telem醫icamente al Consejo General del Notariado. Este Consejo le dar� curso y designar� al notario competente para valorar la documentaci髇 aportada teniendo en cuenta las preferencias del interesado en el caso de que las haya manifestado en la propia solicitud. Dicho notario efectuar� una primera valoraci髇 de la documentaci髇 previa a concertar con el solicitante su comparecencia, evitando su desplazamiento cuando no estime inicialmente cumplidos los requisitos para la concesi髇 de la nacionalidad.

Los documentos que deber醤 adjuntarse telem醫icamente a la solicitud son los siguientes:

I.4.1 Documentos identificativos.

Certificado de nacimiento, pasaporte completo o DNI para ciudadanos de la Uni髇 Europea y, si es mayor de edad, certificado de antecedentes penales de su pa韘 de origen. Estos documentos son preceptivos y su aportaci髇, por tanto, es indispensable para la continuaci髇 del procedimiento. Por ello deber醤 acompa馻r en todo caso a la solicitud, con independencia del resto de documentos necesarios para formalizar el acta de notoriedad posterior, y ser醤 remitidos junto a la misma, a la Direcci髇 General de los Registros y del Notariado, para la continuaci髇 de los tr醡ites posteriores del expediente. Tendr醤 que estar debidamente legalizados o apostillados y en su caso, traducidos.

I.4.2 Pruebas de idioma (DELE A2 o superior) y de conocimientos constitucionales y socioculturales de Espa馻 (CCSE).

En el momento de efectuar la solicitud, deber� acreditarse la superaci髇 de las pruebas de idioma y de conocimientos constitucionales y socioculturales, ya que su ausencia impedir� el avance del procedimiento.

Ser� necesaria la aportaci髇 del diploma acreditativo de la superaci髇 de la prueba de conocimiento b醩ico de la lengua espa駉la, DELE de nivel A2 o superior y del t韙ulo acreditativo de la superaci髇 de la prueba de evaluaci髇 del conocimiento de la Constituci髇 Espa駉la y de la realidad social y cultural espa駉las. Ambos documentos son asimismo imprescindibles dada la exigencia legal recogida en el apartado 5 del art韈ulo 1 de la Ley.

Estar醤 dispensados de la prueba de examen DELE los interesados que hayan obtenido con anterioridad un diploma de espa駉l como lengua extranjera (DELE) como m韓imo del nivel A2, que no obstante deber醤 acreditarlo, as� como los nacionales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, M閤ico, Nicaragua, Panam�, Paraguay, Per�, Puerto Rico, Rep鷅lica Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Los diplomas acreditativos de la superaci髇 de dichas pruebas podr醤 adjuntarse directamente por el solicitante. Asimismo y previa su autorizaci髇, se podr� comprobar el resultado de las pruebas de examen DELE de nivel A2 o superior y de conocimientos constitucionales y socioculturales de Espa馻 (CCSE), mediante consulta telem醫ica al Instituto Cervantes. El resultado de la comprobaci髇 telem醫ica tendr� el mismo valor probatorio que la aportaci髇 por los interesados de los certificados correspondientes.

Los menores de 18 a駉s y personas con capacidad modificada judicialmente quedan exentos de la realizaci髇 de las pruebas y deber醤 aportar certificados de sus centros de formaci髇, residencia, acogida, atenci髇 o educaci髇 especial en los que, en su caso, hubieran estado inscritos. El certificado del centro de formaci髇 ser� obligatorio en el caso de ni駉s en edad escolar. En el caso de menores en edad pre-escolar o personas con la capacidad modificada judicialmente, la presentaci髇 de dicho certificado ser� voluntaria. Si dichos certificados estuvieran redactados en un idioma distinto al espa駉l, deber醤 constar debidamente traducidos.

I.4.3 Documentos acreditativos de los requisitos para adquirir la nacionalidad espa駉la por carta de naturaleza regulada en la Ley 12/2015, de 24 de junio.

A) Acreditaci髇 del origen sefard�.

El art韈ulo 1.2 de la Ley enumera diversos documentos probatorios que ser醤 valorados en su conjunto por el notario autorizante del acta, que dar� fe de dicha condici髇. No se establece un n鷐ero m醲imo o m韓imo de documentos a presentar junto a la solicitud, pero el hecho de que deban valorarse conjuntamente indica la necesidad de aportar m醩 de uno de ellos. Tampoco se exige la presentaci髇 con car醕ter obligatorio de ninguno de los documentos que menciona, ni estos son los 鷑icos que podr醤 presentarse ya que tendr� car醕ter probatorio cualquier otra circunstancia que demuestre fehacientemente su condici髇 de sefard� originario de Espa馻.

1. Certificados.

El art韈ulo 1.2, en sus p醨rafos a), b) y c), enumera entre los distintos medios probatorios los certificados expedidos respectivamente por el Presidente de la Comisi髇 Permanente de la Federaci髇 de Comunidades Jud韆s de Espa馻, por el Presidente o cargo an醠ogo de la comunidad jud韆 de la zona de residencia o ciudad natal del interesado y por autoridad rab韓ica competente reconocida legalmente en el pa韘 de residencia habitual de solicitante.

a) Certificado expedido por el Presidente de la Comisi髇 Permanente de la Federaci髇 de Comunidades Jud韆s de Espa馻.

Tiene especial valor probatorio el Certificado expedido por el Presidente de la Comisi髇 Permanente de la Federaci髇 de Comunidades Jud韆s de Espa馻, en coherencia con el contenido del Acuerdo de Cooperaci髇 con el Estado aprobado por la Ley 25/1992 de 10 de noviembre, cuya solicitud podr� efectuarse tanto en la Web de dicha Federaci髇, https://certificadosefardies.fcje.org, como en la aplicaci髇 electr髇ica habilitada al efecto por el Ministerio de Justicia.

A estos efectos, la Federaci髇 de Comunidades Jud韆s de Espa馻 podr� analizar, utilizando todos los medios a su alcance, los distintos elementos probatorios enumerados por la Ley, o cualesquiera otros que pueda acompa馻r el interesado para acreditar su condici髇 de sefard� originario de Espa馻, de forma que, aseverada su certeza y validez y emitido el certificado, no ser� necesario adjuntar ning鷑 otro documento.

No obstante lo anterior, los documentos que la Federaci髇 de Comunidades Jud韆s de Espa馻 haya considerado suficientes para certificar el origen sefard� estar醤 siempre a disposici髇, para su consulta, del notario que deba levantar el acta de notoriedad.

b) Certificado expedido por el presidente o cargo an醠ogo de la comunidad jud韆 de la zona de residencia o ciudad natal del interesado y certificado de la autoridad rab韓ica competente reconocida legalmente en el pa韘 de residencia habitual de solicitante.

Estos certificados pueden presentarse o bien con el aval de un certificado expedido por el Presidente de la Comisi髇 Permanente de la Federaci髇 de Comunidades Jud韆s de Espa馻 o bien por s� solos con los requisitos que se exponen a continuaci髇:

• b.1) Avalados por un certificado expedido por el Presidente de la Comisi髇 Permanente de la Federaci髇 de Comunidades Jud韆s de Espa馻.

  El certificado expedido por el Presidente de la Comisi髇 Permanente de la Federaci髇 de Comunidades Jud韆s de Espa馻 podr� acompa馻rse a los efectos de avalar la condici髇 de autoridad del presidente o cargo an醠ogo de la comunidad jud韆 de la zona de residencia o ciudad natal del interesado o de la autoridad rab韓ica competente, reconocida legalmente en el pa韘 de la residencia habitual del solicitante, que expidan certificados acreditativos del origen sefard� espa駉l del solicitante, imprimiendo a estos certificados avalados igual relevancia a los efectos de acreditar el origen sefard�.

  Los certificadores de origen, es decir los presidentes y rabinos de las comunidades jud韆s del pa韘 de origen o residencia del interesado, podr醤 acreditarse a estos efectos en la propia Plataforma de la Federaci髇 de Comunidades Jud韆s de Espa馻 que, para avalar estas firmas, solicitar�: a) copia de los Estatutos originales de la entidad religiosa extranjera; b) certificado de la entidad extranjera que contenga los nombres de quienes hayan sido designados representantes legales; c) certificado o documento que acredite que la entidad extranjera est� legalmente reconocida en su pa韘 de origen; y d) certificado emitido por el representante legal de la entidad que acredite que el Rabino firmante ostenta, efectiva y actualmente, tal condici髇 conforme a los requisitos establecidos en sus normas estatutarias.

  Si el aval de la Federaci髇 de Comunidades Jud韆s de Espa馻 se limita a la condici髇 de autoridad del presidente o cargo an醠ogo de la comunidad jud韆 o de la autoridad rab韓ica competente, deber醤 acompa馻rse adem醩 los distintos documentos probatorios enumerados por la Ley o cualesquiera otros que el solicitante haya presentado ante el certificado de origen y que hayan servido de justificaci髇 para certificar su condici髇 de sefard� de origen espa駉l.

  En el caso de que la Federaci髇 de Comunidades Jud韆s de Espa馻, adem醩 de avalar la condici髇 de autoridad del presidente o cargo an醠ogo de la comunidad jud韆 o de la autoridad rab韓ica competente de la zona de residencia o ciudad natal del interesado, analice, utilizando todos los medios a su alcance, los distintos elementos probatorios enumerados por la Ley, o cualesquiera otros que pueda acompa馻r el interesado para acreditar su condici髇 de sefard� originario de Espa馻 y asevere su certeza y validez, no ser� necesario adjuntar ning鷑 otro documento.

• b.2) Certificado expedido por el presidente o cargo an醠ogo de la comunidad jud韆 de la zona de residencia o ciudad natal del interesado y certificado de la autoridad rab韓ica competente reconocida legalmente en el pa韘 de residencia habitual del solicitante a los que no se acompa馿 el certificado de la Federaci髇 de Comunidades Jud韆s de Espa馻.

  En el caso de que los certificados expedidos por el presidente o cargo an醠ogo de la comunidad jud韆 o por la autoridad rab韓ica competente de la zona de residencia o ciudad natal del solicitante no se acompa馿n del expedido por la Federaci髇 de Comunidades Jud韆s de Espa馻, la Ley prev� como alternativa que el interesado, para acreditar su idoneidad, adjunte debidamente autorizados, apostillados o legalizados y, en su caso, traducidos al espa駉l por traductor jurado, la totalidad de los siguientes documentos:

  • 1.� Copia de los Estatutos originales de la entidad religiosa extranjera. No ser� necesaria su aportaci髇 韓tegra, bastando con una copia parcial en la que se contengan, adem醩 de los datos identificativos del propio documento, los datos de constituci髇, fines funcionamiento y forma de representaci髇 de la entidad.
  • 2.� Certificado de la entidad extranjera que contenga los nombres de quienes hayan sido designados representantes legales.
  • 3.� Certificado o documento que acredite que la entidad extranjera est� legalmente reconocida en su pa韘 de origen.
  • 4.� Certificado emitido por el representante legal de la entidad que acredite que el rabino firmante ostenta, efectiva y actualmente, tal condici髇 conforme a los requisitos establecidos en sus normas estatutarias.

En este caso, junto con los certificados que acrediten la condici髇 de sefard� del interesado, expedidos por el presidente o cargo an醠ogo de la comunidad jud韆 o por la autoridad rab韓ica competente de la zona de residencia o ciudad natal del solicitante, deber醤 acompa馻rse los distintos documentos probatorios enumerados por la Ley o cualesquiera otros que este haya acompa馻do para acreditar su condici髇 de sefard� originario de Espa馻 y con base en los cuales se hayan emitido.

El Ministerio de Justicia pondr� a disposici髇 de los interesados un listado de entidades facultadas para expedir los certificados de origen sefard�, bien porque 閟tas han sido reconocidas y avalada la condici髇 de autoridad de sus representantes por la Federaci髇 de Comunidades Jud韆s de Espa馻 en los t閞minos antes se馻lados, bien porque han solicitado su reconocimiento directamente al Ministerio de Justicia a trav閟 de la Direcci髇 General de los Registros y del Notariado, previa aportaci髇 de la documentaci髇 legalmente exigible. Dicha relaci髇 estar� disponible en el portal Web del Ministerio de Justicia www.mjusticia.gob.es y ser� objeto de actualizaci髇 continuada.

La documentaci髇 aportada por las entidades para su reconocimiento y aval deber� ser objeto de consulta por el notario designado para formalizar el acta.

Una vez obtenido el reconocimiento por una Entidad, no ser� necesaria la sucesiva aportaci髇 de la documentaci髇 para cada una de las solicitudes, salvo en el caso de modificaci髇 de los representantes legales o del Rabino firmante, que deber� ser debidamente acreditada.

Las comunidades reconocidas para expedir certificados que acrediten la condici髇 de sefard� de origen espa駉l, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, solo podr醤 expedir certificados en el pa韘 de origen o de residencia del interesado, que coincidir� con el 醡bito territorial donde tengan fijada su sede o domicilio social.

2. Otros documentos acreditativos de la condici髇 de sefard� de origen espa駉l.

En relaci髇 a los restantes documentos citados en la Ley para la acreditaci髇 del origen sefard�, hacen referencia al mantenimiento de las tradiciones propias de dicha comunidad, tales como el uso del idioma ladino, certificado por una entidad competente o la pertenencia de los apellidos del solicitante al linaje sefard� de origen espa駉l. Se considera que la facultad de emisi髇 de dichos documentos corresponde a las entidades cuya competencia en esta materia se encuentre reconocida por las autoridades del pa韘 de origen o residencia del interesado o por las propias comunidades jud韆s o autoridades rab韓icas.

Debe destacarse a este respecto que s髄o son v醠idos, a efectos de la Ley, los apellidos de origen inequ韛ocamente sefard� de origen espa駉l. Para acreditar esta circunstancia, el interesado deber� aportar un informe razonado emitido por entidad de competencia suficiente, que acredite la genealog韆 familiar o que sus apellidos proceden de los sefard韊s que fueron expulsados de los reinos de Castilla, Arag髇 y Navarra o forzados a convertirse al Cristianismo, a partir de 1492. Tambi閚 se deber醤 justificar las variaciones que hayan sufrido estos apellidos como consecuencia de la influencia de los idiomas o lenguas propios de los lugares donde se establecieron las comunidades sefarditas con posterioridad a su expulsi髇 de Espa馻.

En cuanto a la partida de nacimiento o la 玨etubah� o contrato matrimonial celebrado seg鷑 las tradiciones de Castilla, deber� aportarse acompa馻do de un certificado del Presidente o cargo an醠ogo de la Comunidad jud韆 o autoridad rab韓ica de la zona de residencia del interesado que acredite su validez.

B) Acreditaci髇 de la especial vinculaci髇 con Espa馻.

El art韈ulo 1.3 de la Ley enumera diversos documentos probatorios que ser醤 valorados en su conjunto por el notario autorizante del acta, que dar� fe de dicha vinculaci髇. Es aplicable lo se馻lado en el apartado anterior en relaci髇 con los documentos probatorios y la competencia de las entidades que los expidan.

En cuanto a la inclusi髇 del peticionario o de su ascendencia directa en las listas de familias sefard韊s protegidas por el Decreto-ley de 29 de diciembre de 1948 o que obtuvieron su naturalizaci髇 mediante el Real Decreto de 20 de diciembre de 1924, a que hace referencia la letra c) del apartado 3 del art韈ulo 1 y al parentesco de consanguinidad del solicitante con alguna de dichas personas a que se refiere el apartado d), deber� acreditarse debidamente la condici髇 de descendiente directo o pariente consangu韓eo del solicitante. Para acreditar la condici髇 de descendiente de las familias protegidas por Espa馻 a trav閟 de dichas normas, el interesado podr� aportar, entre otros medios probatorios, copia del expediente de inmigraci髇 o naturalizaci髇 del pariente a quien le fue concedida la nacionalidad espa駉la o la protecci髇 consular correspondiente, as� como los certificados de nacimiento que sean necesarios para acreditar su parentesco de consanguinidad con el interesado.

En referencia a la realizaci髇 de actividades ben閒icas, culturales o econ髆icas podr� acreditarse por el certificado en el que conste la realizaci髇 de dicha actividad expedido por la Instituci髇 que la ofrezca.

Hay otras muchas circunstancias que pueden contemplarse a los efectos de acreditar la especial vinculaci髇 con Espa馻. A t韙ulo de ejemplo podemos destacar las siguientes: estar casado con un/a nacional espa駉l/a, acreditar parentesco en l韓ea directa con un nacional espa駉l, tener acciones en una empresa espa駉la, tener una vivienda u otros bienes en Espa馻, haber cursado estudios de intercambio en una ciudad espa駉la, tener un contrato de trabajo en Espa馻, ser patrocinador de instituciones espa駉las que desarrollen actividades ben閒icas, cient韋icas o culturales, realizar donativos a instituciones ben閒icas espa駉las, vivir o haber vivido en Espa馻 durante al menos seis meses, haber celebrado cursos de diferente naturaleza impartidos en Espa馻, tener hijos matriculados en colegios espa駉les, ser socio de un centro cultural de Espa馻 en el extranjero o de cualquier club espa駉l de diversa 韓dole (deportivo, cultural…). Los medios probatorios de la vinculaci髇 a Espa馻 ser醤 asimismo valorados en su conjunto por el notario autorizante del acta que acreditara dicha vinculaci髇.

I.5 Legalizaci髇 de los documentos.

En todo caso ser� preciso el estricto control de autenticidad de los documentos expedidos por funcionarios o entidades extranjeras y en su caso su traducci髇 al espa駉l. La legalizaci髇 de los documentos aportados en el expediente se exige con car醕ter general. Deber� pues el notario designado comprobar tanto las legalizaciones que se hayan efectuado como las que no se hayan hecho, por tratarse en este 鷏timo caso de documentos expedidos por funcionarios de Estados parte del Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961, en cuyo caso la legalizaci髇 se sustituye por el tr醡ite de la apostilla.

Adem醩 existen otros convenios que eximen de la necesidad de legalizar algunos documentos, as� el Convenio de Viena n.^o 16 de la Comisi髇 Internacional del Estado Civil en relaci髇 a las certificaciones pluriling黣s de actas de nacimiento, matrimonio o defunci髇, el Convenio de Atenas n.^o 17 de la Comisi髇 Internacional del Estado Civil relativo a documentos que se refieran al estado civil, a la capacidad o a la situaci髇 familiar de las personas f韘icas, a su nacionalidad, domicilio o residencia, cualquiera que sea el uso al que est閚 destinados y a cualquier otro documento que haya sido extendido para la celebraci髇 del matrimonio o para la formalizaci髇 de un acto de estado civil, el convenio de Londres n.^o 63 del Consejo Europeo en cuanto a los documentos expedidos por los Agentes diplom醫icos o consulares y tambi閚 las declaraciones oficiales, tales como menciones de registro, visados de fecha cierta y certificaciones de firma en cualquier otro documento y en general los distintos convenios bilaterales suscritos por Espa馻 en relaci髇 con la exenci髇 de legalizaci髇 para determinados documentos.

I.6 Traducci髇.

Los documentos deber醤 estar traducidos al espa駉l. Son v醠idas las traducciones efectuadas por un Int閞prete Jurado autorizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci髇 (est醤 exentas de legalizaci髇 por modificaci髇 del art韈ulo 13 del Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de la Oficina de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores), las traducciones hechas o revisadas por la Representaci髇 diplom醫ica o consular de Espa馻 en el extranjero o las efectuadas por la Representaci髇 diplom醫ica o consular en Espa馻 del pa韘 que ha expedido el documento (estas 鷏timas deber醤 ser legalizadas posteriormente por el Ministerio de Asuntos y de Cooperaci髇 para ser presentadas ante la Administraci髇 en Espa馻). Ser醤 igualmente v醠idas las traducciones locales realizadas en el pa韘 de origen o residencia del interesado, aunque para que puedan surtir efectos en Espa馻 tendr醤 que estar debidamente legalizadas o apostilladas.

I.7 Validez temporal de los certificados.

En cuanto a los certificados que preceptivamente deben presentarse, singularmente el de nacimiento del interesado y en su caso el de matrimonio y certificados de nacimiento de los hijos, as� como los certificados de antecedentes penales de los pa韘es de origen o residencia de los ciudadanos extranjeros que se presenten en el procedimiento, tendr醤 la validez que se determine en el propio documento, a contar desde la fecha de su expedici髇. En cuanto a los certificados de antecedentes penales que no tengan determinado plazo de vigencia, dada la naturaleza de este tipo de documentos, que reflejan datos importantes y muy sensibles de los ciudadanos, si en los mismos no figura ning鷑 plazo de validez, esta Direcci髇 General aplica un plazo m醲imo de vigencia de seis meses desde su fecha de expedici髇. Para determinar la validez de dichos certificados de antecedentes penales, con independencia del plazo concreto de caducidad, se exige que el certificado de antecedentes penales del pa韘 de origen este vigente en la fecha de la presentaci髇 de la solicitud, sin que pueden aceptarse pr髍rogas de estos certificados de antecedentes penales que se realicen por Embajadas o Consulados en Espa馻, ya que cada pa韘 tiene una autoridad competente para su emisi髇 y es 鷑icamente esa autoridad emisora quien podr韆, en su caso, ampliar la validez del certificado. Todo ello sin perjuicio de los casos en que los propios Consulados espa駉les est閚 autorizados para expedir dichos certificados.

En los Estados Federales (Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Estados Unidos, India, M閤ico, Rusia y Venezuela) es necesario que el certificado de antecedentes penales sea de todo el pa韘 y no solo de un Estado Federado concreto. En el caso de que no se expida un certificado 鷑ico para todo el Estado Federal, deber醤 adjuntarse los certificados correspondientes a los Estados Federados en los que el peticionario haya residido durante los cinco a駉s anteriores a la fecha de la solicitud.

II Del procedimiento de adquisici髇 establecido por la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesi髇 de la nacionalidad espa駉la a los sefard韊s originarios de Espa馻.

II.1 Acta de notoriedad.

Cumplimentada la solicitud y adjuntados los documentos a que se ha hecho referencia en el apartado I anterior, una vez el notario designado para levantar el acta de notoriedad los haya examinado y solo cuando entienda que de la documentaci髇 aportada resultan cumplidos los requisitos exigidos por la ley, concertar� con el solicitante su comparecencia.

El desplazamiento a Espa馻 a los efectos del otorgamiento del acta es, pues, obligatorio. Para agilizar los tr醡ites de entrada en nuestro pa韘 y dada la posibilidad de que algunos solicitantes de la nacionalidad espa駉la al amparo de esta ley sean nacionales de Estados sujetos a la exigencia de visado, ser� motivo para facilitar su expedici髇 la necesaria realizaci髇 del viaje, del mismo modo y aun cuando se trate de nacionales para los que no sea necesaria la expedici髇 de visado, el otorgamiento del acta justificar� la entrada en nuestro pa韘, en ambos casos siempre y cuando acrediten su condici髇 de solicitantes y la decisi髇 favorable del notario previa a la tramitaci髇 del acta. A estos efectos el citado notario expedir� un acta notarial de invitaci髇 para proceder a la identificaci髇 del interesado en el momento de su entrada en nuestro pa韘. Se adjunta el modelo de acta de invitaci髇 como anexo I.

La ley prev� un formato uniforme de la copia electr髇ica del acta de notoriedad que se une a esta Instrucci髇 como anexo II.

A salvo las especialidades del acta rese馻das en la Ley ser� de aplicaci髇 a la misma la legislaci髇 notarial.

El notario podr� solicitar el certificado de ley expedido por el consulado espa駉l en el pa韘 de origen del interesado para constatar el texto de una ley o disposici髇 legal aplicable y la fecha en que est� o estuvo vigente, as� como su interpretaci髇 conforme a los usos y costumbres del pa韘. De igual forma y con la misma finalidad podr� solicitar aseveraci髇 o informe de un Diplom醫ico, C髇sul o funcionario competente del pa韘 de la legislaci髇 que sea aplicable.

Con car醕ter previo a la emisi髇 del juicio de notoriedad, el interesado deber� justificar el pago de la preceptiva tasa en los t閞minos a que hace referencia el apartado siguiente.

Contra la negativa del notario designado a levantar el acta podr� el interesado recurrir en queja ante la Direcci髇 General de los Registros y del Notariado conforme a la legislaci髇 notarial.

II.2 Tasa.

El pago de la tasa se ajustar� a lo dispuesto en la disposici髇 adicional segunda de la Ley 12/2015, de 24 de junio, a la normativa tributaria que resulte de aplicaci髇 y a la regulaci髇 que efect鷈 el Ministerio de Justicia sobre la gesti髇 y el pago de la tasa por la presentaci髇 de solicitudes en procedimientos de nacionalidad espa駉la por residencia y carta de naturaleza para sefard韊s originarios de Espa馻.

II.3 Resoluci髇 de la Direcci髇 General de los Registros y del Notariado. Inscripci髇 Recursos.

II.3.1 Resoluci髇.

Recibida por esta Direcci髇 General el acta de notoriedad, que dar� fe de los hechos acreditados, se solicitar醤 de oficio los preceptivos informes de los 髍ganos correspondientes del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Presidencia y, una vez recibidos estos, resolver�, en el plazo m醲imo de doce meses, de manera motivada y declarando, en su caso, la estimaci髇 de la solicitud y remitir� de oficio una copia de la resoluci髇 al Encargado del Registro Civil competente para la inscripci髇 del nacimiento.

II.3.2 Inscripci髇.

La resoluci髇 favorable dictada por este Centro Directivo ser� t韙ulo suficiente para la pr醕tica de la correspondiente inscripci髇 en el Registro Civil, si bien su eficacia quedar� supeditada a que, en el plazo de un a駉 contado a partir del d韆 siguiente a la notificaci髇 de dicha resoluci髇 al interesado, este cumpla ante el Encargado del Registro Civil competente por raz髇 de su domicilio, a quien deber� dirigirse para solicitar la pertinente cita, con las condiciones que se se馻lan en el apartado 6 del art韈ulo 2 de la Ley.

El Encargado del Registro Civil competente por raz髇 del domicilio comunicar� al Encargado del Registro Civil competente para la inscripci髇 del nacimiento, que habr� recibido conforme a lo se馻lado anteriormente copia de la resoluci髇 de la Direcci髇 General de los Registros y del Notariado, el cumplimiento de las citadas condiciones para que este pueda efectuar la inscripci髇.

La realizaci髇 de la inscripci髇 se notificar� a la Direcci髇 General de los Registros y del Notariado y al interesado a trav閟 de la aplicaci髇 inform醫ica concluyendo as� la tramitaci髇 del expediente.

II.3.3 Especial consideraci髇 a la asignaci髇 de apellidos.

En la atribuci髇 de apellidos al extranjero que adquiere la nacionalidad, la regla general es la prevalencia de Ley espa駉la (art韈ulo 213 del Reglamento del Registro Civil) conforme a la cual la filiaci髇 determina los apellidos ( art韈ulo 109 del C骴igo Civil). Si dicha filiaci髇 est� determinada por ambas l韓eas, el primer apellido de un espa駉l es el primero del padre y el segundo apellido el primero de los personales de la madre, sin perjuicio de la opci髇 de invertirlo del art韈ulo 109 del C骴igo Civil, que deber� ejercitarse con car醕ter previo a la inscripci髇, ante el Encargado del Registro Civil correspondiente al domicilio.

Hay que tener en cuenta adem醩 diversas peculiaridades que pueden producirse:

En caso de que la filiaci髇 no determine otros apellidos, o cuando resulte imposible acreditar la identidad de los progenitores del interesado, se mantendr醤 los apellidos que viniere usando. En ambos casos, si el interesado s髄o ostentaba o usaba un apellido, 閟te se duplicar� a fin de cumplir la exigencia legal de duplicidad de apellidos (art韈ulo 55.V de la Ley del Registro Civil).

Si en el pa韘 extranjero de la anterior nacionalidad del interesado los apellidos del mismo tienen terminaciones distintas masculinas o femeninas seg鷑 el sexo, deber� consignarse la variante respectiva, en funci髇 del sexo del nuevo nacional espa駉l, con independencia del sexo del progenitor que se lo transmite (art韈ulo 200 del Reglamento del Registro Civil). No obstante, debe tenerse en cuenta que los hijos de la persona nacionalizada llevar醤 el apellido que haya fijado su progenitor o progenitora, independientemente del sexo de aqu閘los.

La prevalencia en la aplicaci髇 de la Ley espa駉la rige tambi閚 en casos de plurinacionalidad ( art韈ulo 9.9 del C骴igo Civil). No obstante, si quien adquiere la nacionalidad espa駉la ostenta la nacionalidad de origen de otro Estado miembro de la Uni髇 Europea, en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea en el asunto 獹arc韆-Avello�, se admite que una vez practicada la inscripci髇 conforme a la ley espa駉la, pueda el interesado solicitar el cambio de apellidos para adecuarlos a los que ostenta conforme a su otra nacionalidad comunitaria (Directriz 2.� Instrucci髇 de la Direcci髇 General de los Registros y del Notariado de 23 de mayo de 2007).

Por 鷏timo, el art韈ulo 199 del Reglamento del Registro Civil prev� la posibilidad, para el que adquiere la nacionalidad espa駉la, de conservar los apellidos que ostente en forma distinta de la legal en Espa馻, siempre que as� lo declare en el acto de adquirirla o dentro de los dos meses siguientes a la adquisici髇 o a la mayor韆 de edad, y cuando del resultado de su aplicaci髇 no resulten perjuicios al llamado orden p鷅lico internacional espa駉l que, en esta materia, se aplica al menos en relaci髇 con dos principios jur韉icos: a) el de la duplicidad de apellidos de los espa駉les, a salvo de lo que para los binacionales espa駉les-comunitarios resulta del Derecho comunitario a que se refiere la directriz segunda de la citada Instrucci髇 de 23 de mayo de 2007; y b) el principio de la infungibilidad de l韓eas, de manera que, en caso de determinaci髇 bilateral de la filiaci髇 por ambas l韓eas, resulta contraria a nuestro orden p鷅lico la transmisi髇 exclusiva de los dos apellidos por una sola de ellas, sea la paterna o la materna. El ejercicio de esta facultad de conservaci髇 de los apellidos anteriores a la nacionalizaci髇 es incompatible con el ejercicio posterior de la facultad de inversi髇.

En el caso de los sefard韊s que se acojan a la Ley 12/2015, de 24 de junio, al objeto de facilitar su tramitaci髇 y evitar en lo posible la necesidad de llevar a cabo posteriores expedientes de rectificaci髇, se contempla la posibilidad de facilitar anticipadamente junto con la solicitud inicial y para su constancia en la hoja de datos para la inscripci髇 que deber� cumplimentarse ante el Encargado del Registro Civil competente para la realizaci髇 de la jura o promesa, los apellidos con los que desee ser inscrito el interesado, debiendo adjuntarse asimismo los documentos justificativos de la designaci髇 de dichos apellidos cuando estos no sean los mismos que los que ostenta en su nacionalidad de origen. Dichos documentos podr醤 incluirse en el acta notarial a efectos de recoger las manifestaciones del interesado en orden a la determinaci髇 de su identificaci髇 una vez se haya resuelto favorablemente su solicitud, si bien la designaci髇 del nombre y apellidos no ser醤 objeto en ning鷑 caso de la declaraci髇 de notoriedad.

Las previsiones de los art韈ulos 199 y 213 del Reglamento del Registro Civil se tendr醤 en cuenta en el momento de la jura o promesa. En todo caso, la inscripci髇 de los apellidos propuestos queda sujeta a la calificaci髇 que debe realizar el Encargado del Registro Civil del lugar donde deba practicarse dicha inscripci髇.

En todo caso, si los apellidos atribuidos conforme a la legislaci髇 espa駉la resultan distintos de los que el interesado ostentaba conforme a su anterior estatuto personal, podr� solicitar la anotaci髇 prevista en el art韈ulo 38.3.� de la Ley del Registro Civil. Tambi閚 podr� solicitar la expedici髇 del Certificado de diversidad de apellidos previsto en el Convenio n.^o 21 de la Comisi髇 Internacional de Estado Civil de la Haya.

Lo dispuesto en el p醨rafo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad general de instar un expediente de cambio de apellidos ante el Encargado del Registro Civil de su domicilio, que lo instruir� y lo remitir� a esta Direcci髇 General.

II.3.4 Consignaci髇 de apellidos que inicialmente consten en un alfabeto distinto al latino.

Si en el certificado de nacimiento, que debe aportarse debidamente traducido, se incluye la transliteraci髇, es decir la asignaci髇 de los caracteres latinos, o esta se efect鷄 por el Encargado del Registro Civil en caso de conocimiento suficiente del idioma, se inscribir醤 as� los apellidos. En caso contrario o cuando resulte un nombre o apellido de imposible o muy dif韈il pronunciaci髇 en espa駉l, se puede efectuar la trascripci髇 de los mismos por aproximaci髇 del sonido original del apellido adaptado aunque no reproduzca fielmente la graf韆 original. La traducci髇 solo es aplicable al nombre, nunca a los apellidos, y es siempre de car醕ter voluntario para el interesado por lo que podr� hacerlo constar as� en la solicitud.

II.3.5 Recursos.

En caso de resoluci髇 desfavorable adem醩 del recurso potestativo de reposici髇 ante la propia Direcci髇 General de los Registros y del Notariado, cabe recurso de alzada ante la Subsecretar韆 de Justicia y contra esta resoluci髇 cabe recurso en v韆 contencioso administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La presente instrucci髇 entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.