Ley Org醤ica 7/2022, de 27 de julio, de modificaci髇 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• Art韈ulo 鷑ico燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria primera燡uzgados de lo Mercantil existentes
  • Disposici髇 transitoria segunda燩rocedimientos judiciales pendientes
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera燤odificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
  • Disposici髇 final segunda燤odificaci髇 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
  • Disposici髇 final tercera燦aturaleza de la presente ley
  • Disposici髇 final cuarta燭韙ulos competenciales
  • Disposici髇 final quinta燛ntrada en vigor

Art韈ulo 鷑ico Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

La Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, queda modificada en los t閞minos siguientes:

• Uno. Se modifica la letra i) del apartado 1 del art韈ulo 74, que queda redactado como sigue:
  • 玦) Los actos y resoluciones dictados por 髍ganos de la Administraci髇 General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel org醤ico sea inferior a Ministro o Secretario de Estado, en materias de personal, propiedades especiales y expropiaci髇 forzosa, a excepci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 82.2.3.夯
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• Dos. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 82 y se introduce un nuevo apartado 3 en los t閞minos siguientes, pasando el actual apartado 3 a ser el apartado 4:

  �2. Las Audiencias Provinciales conocer醤 en el orden civil:

  • 1.� De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de Primera Instancia de la provincia.
    Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia que se sigan por los tr醡ites del juicio verbal por raz髇 de la cuant韆, la Audiencia se constituir� con un solo magistrado, mediante un turno de reparto.
  • 2.� De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia en materia civil por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al n鷐ero de asuntos existentes, podr醤 especializarse una o varias de sus Secciones de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 82 bis de la presente ley org醤ica.
  • 3.� De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil, salvo las que se dicten por estos juzgados en incidentes concursales en materia laboral. Asimismo, conocer醤 de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la v韆 administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas.

  3. Asimismo, la Secci髇 o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante especializadas en materia mercantil conocer醤, adem醩, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el art韈ulo 133 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Uni髇 Europea y el Reglamento (CE) n.^o 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extender醤 su jurisdicci髇 a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominar醤 Tribunales de Marca de la Uni髇 Europea.�

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• Tres. Se a馻de un nuevo art韈ulo 82 bis con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 82 bis

  1. El Consejo General del Poder Judicial, o韉a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podr� acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Primera Instancia sobre determinadas materias.

  2. El Consejo General del Poder Judicial, o韉a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podr� acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia.

  3. El Consejo General del Poder Judicial, o韉a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podr� acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil y de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la v韆 administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas. El acuerdo de especializaci髇 deber� adoptarse necesariamente cuando el n鷐ero de Juzgados de lo Mercantil existentes en la provincia fuera superior a cinco.

  Si las secciones especializadas fueran m醩 de una, el Consejo General del Poder Judicial deber� distribuir las materias competencia de los Juzgados de lo Mercantil entre cada una de esas secciones.

  En aquellas capitales de provincia donde existan Juzgados exclusivos de lo Mercantil, se especializar� una secci髇 de la Audiencia Provincial para resolver los recursos que en 閟tos se planteen. En funci髇 del n鷐ero de asuntos a resolver dicha secci髇 tendr� car醕ter exclusivo o bien exclusivo pero no excluyente.

  4. Los acuerdos a que se refiere el presente art韈ulo ser醤 objeto de publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado� y producir醤 efectos desde el inicio del a駉 siguiente a aquel en que se adopten, salvo que, por razones de urgencia, razonadamente se establezca otro momento anterior.�

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• Cuatro. Se suprime el apartado 6 del art韈ulo 85.LE0000019669_20220729
• Cinco. Se modifica el art韈ulo 86, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 86

  1. En la capital de cada provincia, con jurisdicci髇 en toda ella, habr� uno o varios Juzgados de lo Mercantil.

  2. Por excepci髇 a lo establecido en el apartado anterior cuando una provincia tenga una poblaci髇 inferior a los 500.000 habitantes, el Gobierno por Real Decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial con informe favorable previo de la Comunidad Aut髇oma con competencias en materia de Justicia o a propuesta de la Comunidad Aut髇oma con competencias en materia de Justicia o韉o el Consejo General del Poder Judicial, podr� extender a esa provincia la jurisdicci髇 del Juzgado de lo Mercantil de otra provincia lim韙rofe perteneciente a la misma Comunidad Aut髇oma.

  3. Cuando un municipio de la provincia distinto de aquel en que radique la capital, que no sea lim韙rofe con 閟te, tenga m醩 de 250.000 habitantes, el Gobierno por Real Decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial con informe favorable previo de la Comunidad Aut髇oma con competencias en materia de Justicia o a propuesta de la Comunidad Aut髇oma con competencias en materia de Justicia o韉o el Consejo General del Poder Judicial, podr� establecer en el mismo un Juzgado de lo Mercantil, con jurisdicci髇 en ese municipio y en aquellos otros lim韙rofes que se considere oportuno.

  4. En aquellas capitales de provincia en las que exista m醩 de un Juzgado de lo Mercantil y menos de cinco, las solicitudes de declaraci髇 de concurso de acreedores de persona natural se repartir醤 a uno solo de ellos. Si el n鷐ero de juzgados especializados fuera m醩 de cinco, esas solicitudes se repartir醤 a dos o m醩 igualmente determinados, con exclusi髇 de los dem醩.�

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• Seis. Se modifica el art韈ulo 86 bis queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 86 bis

  1. Los Juzgados de lo Mercantil conocer醤 de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de propiedad intelectual e industrial; competencia desleal y publicidad; sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, agrupaciones de inter閟 econ髆ico; transporte terrestre, nacional o internacional; derecho mar韙imo, y derecho a閞eo.

  Por excepci髇 a lo establecido en el p醨rafo anterior, los Juzgados de lo Mercantil no ser醤 competentes para conocer de las cuestiones en materia de da駉s derivadas de la destrucci髇, p閞dida o aver韆 del equipaje facturado previstas en el Convenio para la unificaci髇 de ciertas reglas para el transporte a閞eo internacional hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999; ni de las cuestiones previstas en el Reglamento (CE) n.^o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensaci髇 y asistencia a los pasajeros a閞eos en caso de denegaci髇 de embarque y de cancelaci髇 o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.^o 295/91; en el Reglamento (CE) n.^o 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril; en el Reglamento (UE) n.^o 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autob鷖 y autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.^o 2006/2004; y en el Reglamento (UE) n.^o 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por v韆s navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.^o 2006/2004.

  2. Los Juzgados de lo Mercantil igualmente ser醤 competentes para conocer de las acciones relativas a la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea y de los art韈ulos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, as� como de las pretensiones de resarcimiento del perjuicio ocasionado por la infracci髇 del Derecho de la competencia.

  3. Los Juzgados de lo Mercantil conocer醤 igualmente de los recursos directos contra las calificaciones negativas de los registradores mercantiles o, en su caso, contra las resoluciones expresas o presuntas de la Direcci髇 General de Seguridad Jur韉ica y de Fe P鷅lica relativas a esas calificaciones.�

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• Siete. Se modifica el art韈ulo 86 ter que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 86 ter

  1. Los Juzgados de lo Mercantil conocer醤 de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de concurso de acreedores, cualquiera que sea la condici髇 civil o mercantil del deudor, de los planes de reestructuraci髇 y del procedimiento especial para microempresas, en los t閞minos establecidos por el texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo.

  2. En todo caso, la jurisdicci髇 del juez del concurso ser� exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

  • 1.� Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el concursado, con excepci髇 de las que se ejerciten en los procesos civiles sobre capacidad, filiaci髇, matrimonio y menores.
  • 2.� Las ejecuciones relativas a cr閐itos concursales o contra la masa sobre los bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que la hubiera ordenado, sin m醩 excepciones que las previstas en la legislaci髇 concursal.
  • 3.� La determinaci髇 del car醕ter necesario de un bien o derecho para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
  • 4.� La declaraci髇 de la existencia de sucesi髇 de empresa a efectos laborales y de seguridad social en los casos de transmisi髇 de unidad o de unidades productivas y la determinaci髇 de los l韒ites de esa declaraci髇 conforme a lo dispuesto en la legislaci髇 laboral y de seguridad social.
  • 5.� Las medidas cautelares que afecten o pudieran afectar a los bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que la hubiera acordado, excepto las que se adopten en los procesos civiles sobre capacidad, filiaci髇, matrimonio y menores.
  • 6.� Las dem醩 materias establecidas en la legislaci髇 concursal.

  3. Cuando el deudor sea persona natural, la jurisdicci髇 del juez del concurso ser� tambi閚 exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

  • 1.� Las que en el procedimiento concursal deba adoptar en relaci髇 con la asistencia jur韉ica gratuita.
  • 2.� La disoluci髇 y liquidaci髇 de la sociedad o comunidad conyugal del concursado.

  4. Cuando el deudor sea persona jur韉ica, la jurisdicci髇 del juez del concurso ser� tambi閚 exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

  • 1.� Las acciones de reclamaci髇 de deudas sociales que se ejerciten contra los socios de la sociedad concursada que sean subsidiariamente responsables del pago de esas deudas, cualquiera que sea la fecha en que se hubieran contra韉o, y las acciones para exigir a los socios de la sociedad concursada el desembolso de las aportaciones sociales diferidas o el cumplimiento de las prestaciones accesorias.
  • 2.� Las acciones de responsabilidad contra los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho; contra la persona natural designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jur韉ica y contra las personas, cualquiera que sea su denominaci髇, que tengan atribuidas facultades de la m醩 alta direcci髇 de la sociedad cuando no exista delegaci髇 permanente de facultades del consejo de administraci髇 en uno o varios consejeros delegados o en una comisi髇 ejecutiva, por los da駉s y perjuicios causados, antes o despu閟 de la declaraci髇 judicial de concurso, a la persona jur韉ica concursada.
  • 3.� Las acciones de responsabilidad contra los auditores por los da駉s y perjuicios causados, antes o despu閟 de la declaraci髇 judicial de concurso, a la persona jur韉ica concursada.

  5. La jurisdicci髇 del juez del concurso es exclusiva y excluyente para conocer de las acciones sociales que tengan por objeto la modificaci髇 sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensi髇 de contratos y la reducci髇 de jornada por causas econ髆icas, t閏nicas, organizativas o de producci髇 que, conforme a la legislaci髇 laboral y a lo establecido en la legislaci髇 concursal, tengan car醕ter colectivo, as� como de las que versen sobre la suspensi髇 o extinci髇 de contratos de alta direcci髇.

  La suspensi髇 de contratos y la reducci髇 de jornada tendr醤 car醕ter colectivo cuando afecten al n鷐ero de trabajadores establecido en la legislaci髇 laboral para la modificaci髇 sustancial de las condiciones de trabajo con este car醕ter.

  6. La jurisdicci髇 del juez del concurso se extiende a todas las cuestiones prejudiciales civiles, sin m醩 excepciones que las establecidas en la legislaci髇 concursal, las administrativas y las sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resoluci髇 sea necesaria para la adecuada tramitaci髇 del procedimiento concursal. La decisi髇 sobre estas cuestiones no surtir� efecto fuera del concurso de acreedores en que se produzca.�

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• Ocho. Se a馻de un nuevo art韈ulo 86 quater con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 86 quater

  Los Juzgados de lo Mercantil ser醤 competentes para el reconocimiento y ejecuci髇 de sentencias y dem醩 resoluciones judiciales extranjeras cuando 閟tas versen sobre cualquiera de las materias a que se refieren los dos art韈ulos anteriores, salvo que, seg鷑 los tratados y otras normas internacionales, el conocimiento de esa materia corresponda a otro juzgado o tribunal.�

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• Nueve. Se a馻de un nuevo art韈ulo 86 quinquies con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 86 quinquies

  1. Adem醩 de la competencia para conocer con jurisdicci髇 en toda la provincia de las materias a que se refieren los dos art韈ulos anteriores, los Juzgados de lo Mercantil con sede en la ciudad de Alicante tendr醤 competencia exclusiva para conocer en primera instancia con jurisdicci髇 en todo el territorio nacional de aquellas acciones que se ejerciten al amparo de lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Uni髇 Europea, y del Reglamento (CE) n.^o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

  2. A los solos efectos de la competencia espec韋ica a que se refiere el apartado anterior, esos juzgados se denominar醤 Juzgados de Marca de la Uni髇 Europea.

  3. Los Juzgados de Marca de la Uni髇 Europea tendr醤 tambi閚 competencia exclusiva para conocer de aquellas demandas civiles en las que se ejerciten acumuladas acciones relativas a marcas de la Uni髇 y a marcas nacionales o internacionales id閚ticas o similares; y de aquellas en las que existiera cualquier otra conexi髇 entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Uni髇.�

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• Diez. Se modifica el art韈ulo 98 que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 98

  1. El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia o previo informe bien del Ministerio de Justicia en las Comunidades donde el Estado tenga competencia en materia de Justicia o bien de la Comunidad Aut髇oma con competencias en materia de Justicia, podr� acordar que, en aquellas circunscripciones donde exista m醩 de un juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con car醕ter exclusivo el conocimiento de determinadas clases de asuntos, o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes que al efecto se constituyan.

  2. El Consejo General del Poder Judicial, o韉a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podr� acordar que en aquellas provincias en que existan m醩 de cinco Juzgados de lo Mercantil, uno o varios de ellos asuman con car醕ter exclusivo el conocimiento de determinados asuntos de entre los que sean competencia de estos Juzgados.

  3. El Consejo General del Poder Judicial, con informe favorable del Ministerio de Justicia o, en su caso, de la Comunidad Aut髇oma con competencias en materia de Justicia, o韉a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podr� acordar que uno o varios Juzgados de Primera Instancia de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional, est閚 o no en el mismo partido judicial y, si no lo estuvieran, previa delimitaci髇 del 醡bito de competencia territorial, asuman por tiempo determinado el conocimiento de determinadas materias o clases de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes constituidos o que al efecto se constituyan.

  En estos casos, el 髍gano u 髍ganos especializados asumir醤 la competencia para conocer de todos aquellos asuntos que sean objeto de tal especializaci髇, aun cuando su conocimiento inicial estuviese atribuido a 髍ganos radicados en distinto partido judicial. No podr� adoptarse este acuerdo para atribuir a los 髍ganos as� especializados asuntos que por disposici髇 legal estuviesen atribuidos a otros de diferente clase. Tampoco podr醤 ser objeto de especializaci髇 por esta v韆 los Juzgados de Instrucci髇, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas de exenci髇 de reparto o de refuerzo que fuese necesario adoptar por necesidades del servicio.

  4. Los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial a que se refieren los apartados anteriores se publicar醤 en el 獴olet韓 Oficial del Estado� y producir醤 efectos desde el inicio del a駉 siguiente a aquel en que se adopten, salvo que, por razones de urgencia, razonadamente se establezca otro momento anterior.

  5. Los juzgados afectados continuar醤 conociendo hasta su conclusi髇 de todos los procesos que estuvieran pendientes ante los mismos.�

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• Once. Se a馻de una nueva disposici髇 transitoria cuadrag閟ima tercera con la siguiente redacci髇:

  獵uadrag閟ima tercera. Destino de los Jueces Encargados de los Registros Civiles Exclusivos y de los Encargados del Registro Civil Central.

  1. Ser醤 declarados en la situaci髇 de servicios especiales, con los efectos previstos en los apartados 1 y 2 del art韈ulo 354 de esta ley org醤ica, sin perjuicio de las precisiones que se indican en el p醨rafo siguiente, los jueces y magistrados que, en los t閞minos que se馻la la disposici髇 transitoria d閏ima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, opten por mantenerse ejerciendo funciones como Encargados de los Registros Civiles Exclusivos y del Registro Civil Central, siempre que se dieren las circunstancias de acceso a tales plazas antes del 22 de julio de 2011 a que se refiere dicha norma.

  No obstante, los Jueces y Magistrados que pasen a la situaci髇 de servicios especiales conforme a lo indicado en el p醨rafo anterior no tendr醤 derecho a la reserva de plaza a que se refiere el apartado 2 del citado art韈ulo 354. Adem醩, mientras se mantengan en esta situaci髇, seguir醤 percibiendo las retribuciones correspondientes al puesto que ya ven韆n desempe馻ndo con anterioridad a su pase a la misma, que se ver� anualmente actualizada en los t閞minos que prevea la ley de presupuestos generales del Estado.

  Cuando los Jueces y Magistrados que se encuentren en situaci髇 de servicios especiales en los t閞minos previstos en esta disposici髇 adicional deseen incorporarse al ejercicio de la funci髇 jurisdiccional, solicitando plaza en la forma prevista para su provisi髇 en cualquier 髍gano judicial, deber醤 solicitar el reingreso al servicio activo antes de participar en cualquier concurso.

  2. Los asuntos jurisdiccionales pendientes de resolver se repartir醤 entre los Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucci髇 seg鷑 corresponda.

  3. Las competencias jurisdiccionales atribuidas a jueces y magistrados por ostentar la condici髇 de Encargados del Registro Civil, pasar醤 a corresponder a los Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucci髇 conforme a las normas de competencia establecidas en las leyes procesales.

  4. Los Jueces Encargados de los Registros Civiles exclusivos que con arreglo a lo dispuesto en esta ley dejen de ostentar tal condici髇 quedar醤 provisionalmente a disposici髇 del Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, sin merma de las retribuciones que vinieren percibiendo. Mientras permanezcan en esta situaci髇 prestar醤 sus servicios en los puestos que determinen las respectivas Salas de Gobierno, devengando las indemnizaciones correspondientes por raz髇 del servicio cuando 閟tos se prestaren en lugar distinto al del Registro Civil en el que estaban destinados, todo ello de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Estos Jueces ser醤 destinados a los juzgados o tribunales del lugar y orden jurisdiccional de su elecci髇, en la primera vacante que se produzca en el 髍gano elegido, a no ser que se trate de plazas de Presidente, de nombramiento discrecional o legalmente reservadas a magistrados procedentes de pruebas selectivas, salvo que 閟tos tuvieran esa condici髇, siempre y cuando re鷑an el resto de condiciones objetivas previstas en esta ley para poder acceder a dichas plazas.

  5. Los Encargados de los Registros Civiles Centrales que por virtud de esta ley dejen de ostentar tal condici髇 quedar醤 adscritos a disposici髇 del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mientras permanezcan en esta situaci髇 prestar醤 sus servicios en los puestos que determine la Sala de Gobierno y ser醤 destinados a la primera vacante que se produzca en cualesquiera secciones civiles de la Audiencia Provincial de Madrid, a determinar por el Presidente, a no ser que se trate de las plazas de Presidente o legalmente reservadas a magistrados procedentes de pruebas selectivas, y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista.

  6. No obstante lo anterior, el tiempo durante el cual los jueces y magistrados afectados pueden permanecer en situaci髇 de adscripci髇 provisional a las Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia podr� extenderse, a petici髇 del propio interesado, a dos a駉s a contar del momento en que perdieron la condici髇 de Encargados del Registro Civil.

  7. Los miembros de la Carrera Judicial que, a la fecha de entrada en vigor de la presente disposici髇 transitoria, se encontraran en situaci髇 de excedencia voluntaria por la causa prevista en la letra b) del art韈ulo 356, al haber optado por continuar prestando servicios con destino como Encargados de los Registros Civiles Exclusivos y del Registro Civil Central con ocasi髇 de la entrada en servicio efectiva de las aplicaciones inform醫icas que permiten el funcionamiento del Registro Civil de forma 韓tegramente electr髇ica conforme a las previsiones de la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, ser醤 considerados en situaci髇 de servicios especiales desde la fecha de pase a la situaci髇 de excedencia voluntaria, comput醤dose como servicios efectivos en la Carrera Judicial el tiempo que hayan permanecido en dicha situaci髇.�

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Disposici髇 transitoria primera Juzgados de lo Mercantil existentes

Se mantendr醤 los Juzgados de lo Mercantil con jurisdicci髇 en un municipio distinto de la capital de la provincia que ya estuvieran establecidos a la entrada en vigor de la presente ley, aunque ese municipio no supere la cifra de poblaci髇 a que se refiere el apartado 3 del art韈ulo 86 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Disposici髇 transitoria segunda Procedimientos judiciales pendientes

1. La competencia para conocer de las demandas de las que corresponda conocer a los Juzgados de Primera Instancia y a los Juzgados de lo Mercantil y de las solicitudes de concurso presentadas antes de la entrada en vigor de esta ley org醤ica que estuvieran pendientes de admisi髇 a tr醡ite se determinar� por las normas legales vigentes a la fecha de la presentaci髇.

2. La competencia para conocer de los recursos interpuestos antes de la entrada en vigor de esta ley org醤ica contra sentencias dictadas por los Jueces de Primera Instancia se determinar� por las normas legales vigentes en la fecha en que se remitan los autos a la Audiencia Provincial.

3. Los procedimientos judiciales en tramitaci髇 a la fecha de entrada en vigor de esta ley org醤ica continuar醤 tramit醤dose por el Juzgado que haya sido competente para conocer de ellos.

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica el art韈ulo 45, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 45 Competencia de los Juzgados de Primera Instancia

  Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposici髇 legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales. Conocer醤, asimismo, dichos Juzgados de los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Org醤ica del Poder Judicial.�

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• Dos. Se modifica el ordinal 13.� del apartado 1 del art韈ulo 52 y se a馻de un nuevo ordinal 13.� bis, en los siguientes t閞minos:

  �13.� En materia de propiedad industrial, ser� competente el tribunal que se馻le la legislaci髇 especial sobre dicha materia.

  13.� bis. En los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la v韆 administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas ser醤 competentes las secciones especializadas en materia mercantil de la Audiencia Provincial en cuya circunscripci髇 radique la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Aut髇oma del domicilio del demandante o, en su defecto, del domicilio del representante autorizado en Espa馻 para actuar en su nombre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva a los Juzgados de lo Mercantil de esa localidad el conocimiento de los asuntos en materia de propiedad industrial. Tambi閚 ser醤 competentes, a elecci髇 del demandante, las secciones especializadas de la Audiencia Provincial en cuya circunscripci髇 radique la sede de la Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas.�

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• Tres. Se a馻den dos nuevos p醨rafos segundo y tercero al ordinal 1.� del apartado 1 del art韈ulo 73 con la siguiente redacci髇:

  玁o obstante lo dispuesto en el p醨rafo anterior, cuando se acumulen inicialmente varias acciones conexas cuyo conocimiento se atribuya a tribunales con diferente competencia objetiva, corresponder� conocer de todas ellas a los Juzgados de lo Mercantil si 閟tos resultaren competentes para conocer de la principal y las dem醩 fueren conexas o prejudiciales a ella. En caso de que no se diera tal conexi髇 o prejudicialidad, se proceder� conforme a lo establecido en el apartado 3.

  Cuando la acci髇 principal deba ser conocida por los Juzgados de Primera Instancia, no se permitir� la acumulaci髇 inicial de cualesquiera otras que no sean de su competencia objetiva, de conformidad con lo previsto en el p醨rafo primero de este n鷐ero.�

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• Cuatro. Se a馻de un nuevo p醨rafo segundo al apartado 2 del art韈ulo 77 con la siguiente redacci髇:

  玁o obstante lo anterior, podr� instarse la acumulaci髇 de procesos ante el Juzgado de lo Mercantil, aunque no est� conociendo del proceso m醩 antiguo y alguno de ellos se est� tramitando ante un Juzgado de Primera Instancia, siempre que se cumplan los dem醩 requisitos mencionados en los art韈ulos 76 y 78.�

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• Cinco. Se modifica el ordinal 4.� del apartado 1 del art韈ulo 249, que queda redactado como sigue:

  �4.� Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea o de los art韈ulos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitar醤 por el procedimiento que les corresponda en funci髇 de la cuant韆 que se reclame y los recursos contra las resoluciones de la Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas en materia de propiedad industrial que pongan fin a la v韆 administrativa, que se tramitar醤 por los tr醡ites del juicio verbal conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 250.3 de esta ley. No obstante, se estar� a lo dispuesto en el punto 12 del apartado 1 del art韈ulo 250 de esta ley cuando se trate del ejercicio de la acci髇 de cesaci髇 en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios en materia de publicidad.�

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• Seis. Se a馻de un nuevo apartado 3 al art韈ulo 250, con la siguiente redacci髇:

  �3. Se decidir醤 en juicio verbal, con las especialidades establecidas en el art韈ulo 447 bis de esta ley, los recursos contra las resoluciones que agoten la v韆 administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas.�

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• Siete. Se a馻den tres nuevos p醨rafos al apartado 2 del art韈ulo 406 con la siguiente redacci髇:

  獶e igual modo, si se estuviera tramitando un proceso ante un Juzgado de Primera Instancia y se planteara mediante reconvenci髇 una acci髇 conexa a la principal que fuera competencia de los Juzgados de lo Mercantil, previa audiencia del actor y dem醩 partes personadas por un plazo de cinco d韆s, el Juzgado de Primera Instancia deber� inhibirse del conocimiento del asunto, remitiendo los autos en el estado en que se hallen al Juez de lo Mercantil que resulte competente.

  Se proceder� de la misma manera cuando el demandado alegare la nulidad a que se refiere el apartado 2 del art韈ulo 408 y 閟ta se fundare en una materia competencia de los Juzgados de lo Mercantil.

  El auto que inadmita la reconvenci髇 por falta de competencia objetiva para conocer de la acci髇 reconvencional podr� ser recurrido en apelaci髇, suspendi閚dose la tramitaci髇 del procedimiento principal hasta que dicho recurso sea resuelto.�

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• Ocho. Se a馻de un nuevo art韈ulo 447 bis, con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 447 bis Especialidades para la tramitaci髇 de los recursos contra las resoluciones que agoten la v韆 administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas

  La impugnaci髇 de las resoluciones que agoten la v韆 administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas se sustanciar� por los tr醡ites del juicio verbal con las siguientes especialidades:

  • 1.� Est醤 legitimadas para la interposici髇 del recurso las partes que hubieran intervenido en el procedimiento administrativo previo cuya resoluci髇 se recurre.
  • 2.� El plazo para interponer el recurso ser� de dos meses contados desde el d韆 siguiente al de la notificaci髇 o publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial de la Propiedad Industrial de la resoluci髇 dictada si fuera expresa. Si no lo fuera, el plazo ser� de seis meses y se contar� a partir del d韆 siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa espec韋ica, se produzca el acto presunto.
  • 3.� Admitido el recurso, el letrado de la Administraci髇 de Justicia requerir� a la Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas para que remita el expediente administrativo.
  • 4.� El expediente deber� ser remitido en el plazo improrrogable de veinte d韆s, a contar desde que la comunicaci髇 judicial tenga entrada en el registro general de la Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas.
  • 5.� Transcurrido el plazo de remisi髇 del expediente sin haberse recibido completo, se reiterar� la reclamaci髇.
  • 6.� Recibido el expediente, el letrado de la Administraci髇 de Justicia acordar� el emplazamiento de los interesados para que se puedan personar como demandados en el plazo de nueve d韆s.
  • 7.� El emplazamiento de la Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas se entender� efectuado por la reclamaci髇 del expediente. La Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas se entender� personada por el env韔 del expediente.
  • 8.� Los interesados legalmente emplazados podr醤 personarse en autos dentro del plazo concedido. Si lo hicieren posteriormente, se les tendr� por parte para los tr醡ites no precluidos. Si no se personaren oportunamente continuar� el procedimiento por sus tr醡ites, sin que haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
  • 9.� El letrado de la Administraci髇 de Justicia acordar� que se entregue el expediente al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte d韆s.
  • 10.� El demandante podr� pretender la declaraci髇 de no ser conforme a Derecho y, en su caso, la anulaci髇 de la resoluci髇 recurrida.
    Tambi閚 podr� pretender el reconocimiento y restablecimiento de una situaci髇 jur韉ica individualizada y la adopci髇 de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma.
  • 11.� Si la demanda no se presenta dentro del plazo, el Tribunal, de oficio, declarar� por auto el archivo de las actuaciones.
  • 12.� Transcurrido el t閞mino para la remisi髇 del expediente administrativo sin que 閟te hubiera sido enviado, la parte recurrente podr� pedir, por s� o a iniciativa del letrado de la Administraci髇 de Justicia, que se conceda plazo para formalizar la demanda.
    Si despu閟 de que la parte demandante hubiera usado del derecho establecido en el p醨rafo anterior se recibiera el expediente, el letrado de la Administraci髇 de Justicia pondr� 閟te de manifiesto a las partes por plazo com鷑 de diez d韆s para que puedan efectuar las alegaciones complementarias que estimen oportunas.
  • 13.� Presentada la demanda, el letrado de la Administraci髇 de Justicia dar� traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo o copia del mismo, a los interesados que hubieran comparecido, para que la contesten en el plazo de veinte d韆s. Si la demanda se hubiere formalizado sin haberse recibido el expediente administrativo, se emplazar� a la Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas para contestar, apercibi閚dola de que no se admitir� la contestaci髇 si no va acompa馻da de dicho expediente.�
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• Nueve. Se modifica el art韈ulo 468, con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 468 觬gano competente y resoluciones recurribles

  Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer醤, como Salas de lo Civil, de los recursos por infracci髇 procesal contra sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia y contra las sentencias dictadas en los recursos contra las resoluciones que agotan la v韆 administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas.�

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• Diez. Se a馻de un nuevo apartado 4 al art韈ulo 477, con la siguiente redacci髇:

  �4. Ser醤 recurribles en casaci髇 las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan la v韆 administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas.�

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Disposici髇 final segunda Modificaci髇 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Se suprime el apartado 3 de la disposici髇 adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

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Disposici髇 final tercera Naturaleza de la presente ley

La presente ley tiene el car醕ter de ley org醤ica. No obstante, tienen car醕ter de ley ordinaria las disposiciones finales primera y segunda.

Disposici髇 final cuarta T韙ulos competenciales

La presente ley org醤ica se dicta al amparo de la competencia exclusiva en materia de Administraci髇 de Justicia y de legislaci髇 procesal atribuida al Estado por el art韈ulo 149.1. 5.� y 6.� de la Constituci髇 Espa駉la.

Disposici髇 final quinta Entrada en vigor

La presente ley org醤ica entrar� en vigor a los veinte d韆s de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.

No obstante, la modificaci髇 de los art韈ulos 74.1 y 82.2.3.� de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relaci髇 con los recursos contra las resoluciones de la Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas que pongan fin a la v韆 administrativa, entrar� en vigor el d韆 14 de enero de 2023.