Atenci髇 norma derogada, ver regulaci髇 posterior

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal

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Sumario

LE0000017558

LE0000664780 Art韈ulos 1 a 242 bis, disposiciones adicionales segunda, segunda bis, segunda ter, cuarta, quinta, sexta, s閜tima y octava y las disposiciones finales quinta y sexta derogados a partir del 1 de septiembre de 2020, por el n鷐ero 1 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del R.D. Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (獴.O.E.� 7 mayo). Los art韈ulos 27, 34 y 198 permaneceran en vigor en la redacci髇 anterior a la entrada en vigor de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciaci髇 y reestructuraci髇 de deuda empresarial, hasta que se se apruebe el reglamento a que se refiere la disposici髇 transitoria segunda de la citada Ley.

V閍se el Cap韙ulo II sobre Medidas concursales y societarias del R.D.-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el 醡bito de la Administraci髇 de Justicia (獴.O.E.� 29 abril).LE0000664345

JUAN CARLOS I

REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

Esta ley persigue satisfacer una aspiraci髇 profunda y largamente sentida en el derecho patrimonial espa駉l: la reforma de la legislaci髇 concursal. Las severas y fundadas cr韙icas que ha merecido el derecho vigente no han ido seguidas, hasta ahora, de soluciones legislativas, que, pese a su reconocida urgencia y a los meritorios intentos realizados en su preparaci髇, han venido demor醤dose y provocando, a la vez, un agravamiento de los defectos de que adolece la legislaci髇 en vigor: arca韘mo, inadecuaci髇 a la realidad social y econ髆ica de nuestro tiempo, dispersi髇, carencia de un sistema arm髇ico, predominio de determinados intereses particulares en detrimento de otros generales y del principio de igualdad de tratamiento de los acreedores, con la consecuencia de soluciones injustas, frecuentemente propiciadas en la pr醕tica por maniobras de mala fe, abusos y simulaciones, que las normas reguladoras de las instituciones concursales no alcanzan a reprimir eficazmente.

El arca韘mo y la dispersi髇 de las normas vigentes en esta materia son defectos que derivan de la codificaci髇 espa駉la del siglo XIX, estructurada sobre la base de la dualidad de c骴igos de derecho privado, civil y de comercio, y de la regulaci髇 separada de la materia procesal respecto de la sustantiva, en una Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero tambi閚 contribuye a aumentar esos defectos y a dificultar la correcta composici髇 del sistema la multiplicidad de procedimientos concursales; as�, junto a las cl醩icas instituciones de la quiebra y del concurso de acreedores, para el tratamiento de la insolvencia de comerciantes y de no comerciantes, respectivamente, se introducen otras, preventivas o preliminares, como la suspensi髇 de pagos y el procedimiento de quita y espera, de presupuestos objetivos poco claros y, por tanto, de l韒ites muy difusos respecto de aqu閘las. La Ley de Suspensi髇 de Pagos, de 26 de julio de 1922, promulgada con car醕ter provisional, porque se dict� para resolver un caso concreto, lleg� a convertirse en pieza b醩ica de nuestro derecho concursal gracias a la flexibilidad de su regulaci髇, que, si bien pali� el tratamiento de las situaciones de crisis patrimonial de los comerciantes, complic� a鷑 m醩 la falta de coherencia de un conjunto normativo carente de los principios generales y del desarrollo sistem醫ico que caracterizan a un sistema arm髇ico, y permiti� corruptelas muy notorias.

A鷑 m醩 se agrava la situaci髇 del derecho concursal espa駉l con fen髆enos tan anacr髇icos como la actual vigencia de un buen n鷐ero de art韈ulos de nuestro primer C骴igo de Comercio, promulgado por Fernando VII el 30 de mayo de 1829, en virtud de la invocaci髇 que de ellos hace la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881, anterior al C骴igo de Comercio de 22 de agosto de 1885, y vigente en esta materia, conforme al apartado 1 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, hasta la entrada en vigor de esta Ley Concursal.

El legislador espa駉l no ha puesto hasta ahora remedio a estos males. Pese a la pronta reforma que en el C骴igo de Comercio de 1885 introdujo la Ley de 10 de junio de 1897 y de la muy importante que supuso la citada Ley de Suspensi髇 de Pagos de 1922, las modificaciones legislativas han sido muy parciales y limitadas a materias concretas, lo que, lejos de mejorar el sistema concursal, ha contribuido a complicarlo con mayor dispersi髇 de normas especiales y excepcionales, y, frecuentemente, con la introducci髇 de privilegios y de alteraciones del orden de prelaci髇 de los acreedores, no siempre fundada en criterios de justicia.

No han faltado, sin embargo, meritorios trabajos prelegislativos en la senda de la reforma concursal. Adem醩 del realizado por la Comisi髇 General de Codificaci髇, en virtud de la Real Orden de 10 de junio de 1926, que concluy� con la elaboraci髇 de un anteproyecto de C骴igo de Comercio, publicado, en lo que se refiere a esta materia, en la Gaceta de Madrid de 15 de octubre de 1929, y orientado en la m醩 precisa distinci髇 de los supuestos de la quiebra y de la suspensi髇 de pagos, hay que se馻lar fundamentalmente los siguientes:

• a) El anteproyecto elaborado por la Secci髇 de Justicia del Instituto de Estudios Pol韙icos, concluso en 1959 y no publicado oficialmente, en el que por vez primera se ensayaba la regulaci髇 conjunta, sustantiva y procesal, de las instituciones concursales, para comerciantes y no comerciantes, si bien se manten韆 la dualidad de procedimientos en funci髇 de los diversos supuestos objetivos que determinaba la de sus respectivas soluciones: la liquidaci髇 y el convenio.
• b) El anteproyecto elaborado por la Comisi髇 General de Codificaci髇 en virtud de lo dispuesto en las 觬denes Ministeriales de 17 de mayo de 1978, publicado en su texto articulado por la Secretar韆 General T閏nica del Ministerio de Justicia con fecha 27 de junio de 1983, que se basaba en los principios de unidad legal -material y formal-, de disciplina -para deudores comerciantes y no comerciantes- y de sistema -un 鷑ico procedimiento, flexible, con diversas soluciones posibles: el convenio, la liquidaci髇 y la gesti髇 controlada-. Ese texto, posteriormente revisado, fue seguido, en 1987-, de otro anteproyecto de Ley de Bases por la que se delegaba en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre el concurso de acreedores.
• c) La propuesta de anteproyecto elaborada en la Comisi髇 General de Codificaci髇 conforme a los criterios b醩icos comunicados por el Ministro de Justicia e Interior el 23 de junio de 1994, conclusa el 12 de diciembre de 1995 y publicada por la Secretar韆 General T閏nica con fecha 15 de febrero de 1996, en la que se mantienen los principios de unidad legal y de disciplina, pero se vuelve a la dualidad de concurso de acreedores y suspensi髇 de pagos, sobre la base de la diferencia entre insolvencia e iliquidez, reservando este 鷏timo procedimiento, con alto grado de desjudicializaci髇, como beneficio de deudores solventes y de buena fe.
• d) El anteproyecto de Ley Concursal elaborado por la Secci髇 Especial para la Reforma Concursal, creada durante la anterior legislatura en el seno de la Comisi髇 General de Codificaci髇 por Orden del Ministerio de Justicia de 23 de diciembre de 1996, y concluso en mayo de 2000, que es el que constituye antecedente del proyecto origen de esta ley, con el que el Gobierno ha dado cumplimiento a la disposici髇 final decimonovena de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, conforme a la cual, en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta ley, deb韆 remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley Concursal.

Se aborda, as�, la tan esperada como necesaria reforma global del derecho concursal espa駉l, sin duda una de las m醩 importantes tareas legislativas pendientes en la modernizaci髇 de nuestro ordenamiento jur韉ico.

La reforma no supone una ruptura con la larga tradici髇 concursal espa駉la, pero s� una profunda modificaci髇 del derecho vigente, en la que se han tenido en cuenta las aportaciones doctrinales y prelegislativas realizadas en el 醡bito nacional y las m醩 recientes concreciones producidas en la legislaci髇 comparada, as� como los instrumentos supranacionales elaborados para la unificaci髇 y la armonizaci髇 del derecho en esta materia.

El resultado de esa delicada tarea es un texto legal que se propone corregir las deficiencias del anterior derecho con soluciones en las que puede apreciarse el prop髎ito de coordinar la originalidad del nuevo sistema concursal con su arm髇ica inserci髇 en el conjunto de nuestro ordenamiento, preocupaci髇 a la que responde el cuidado puesto en las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales que cierran esta ley.

II

La ley opta por los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema.

La regulaci髇 en un solo texto legal de los aspectos materiales y procesales del concurso, sin m醩 excepci髇 que la de aquellas normas que por su naturaleza han exigido el rango de ley org醤ica, es una opci髇 de pol韙ica legislativa que ven韆 ya determinada por la nueva Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, al excluir esta materia de su 醡bito y remitirla expresamente a la Ley Concursal.

La superaci髇 de la diversidad de instituciones concursales para comerciantes y no comerciantes es una f髍mula que, adem醩 de estar justificada por la desaparici髇 del car醕ter represivo de la insolvencia mercantil, viene determinada por la tendencia a simplificar el procedimiento, sin que ello suponga ignorar determinadas especialidades del concurso de los empresarios sometidos a un estatuto propio (llevanza obligatoria de contabilidad, inscripci髇 en el Registro Mercantil) y de la existencia en la masa activa de unidades productivas de bienes o de servicios, especialidades que son tenidas en cuenta a lo largo de la regulaci髇 del concurso, desde su solicitud hasta su soluci髇 mediante convenio o liquidaci髇.

La unidad del procedimiento de concurso se consigue en virtud de la flexibilidad de que la ley lo dota, que permite su adecuaci髇 a diversas situaciones y soluciones, a trav閟 de las cuales puede alcanzarse la satisfacci髇 de los acreedores, finalidad esencial del con curso. A mayor abundamiento, se han previsto reglas especialmente 醙iles para los concursos de menor entidad.

El nombre elegido para denominar el procedimiento 鷑ico es el de 玞oncurso�, expresi髇 cl醩ica que, desde los tratadistas espa駉les del siglo XVII, fundamentalmente de Amador Rodr韌uez (Tractatus de concursu, 1616) y de Francisco Salgado de Somoza (Labyrinthus creditorum concurrentium, 1646), pas� al vocabulario procesal europeo y que, por antonomasia, describe la concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio del deudor com鷑. No se persigue con ello solamente rescatar un vocablo tradicional en la terminolog韆 jur韉ica espa駉la, sino utilizarlo para significar el fen髆eno unificador de los diversos procedimientos de insolvencia e identificar as� gr醘icamente el procedimiento 鷑ico, como ha ocurrido en otras legislaciones.

La unidad del procedimiento impone la de su presupuesto objetivo, identificado con la insolvencia, que se concibe como el estado patrimonial del deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones. Pero ese concepto unitario es tambi閚 flexible y opera de manera distinta seg鷑 se trate de concurso necesario o voluntario. Los legitimados para solicitar el concurso del deudor (sus acreedores y, si se trata de una persona jur韉ica, quienes respondan personalmente de sus deudas) han de basarse en alguno de los hechos que como presuntos reveladores de la insolvencia enuncia la ley: desde la ejecuci髇 singular infructuosa hasta el sobreseimiento, general o sectorial, seg鷑 afecte al conjunto de las obligaciones o a alguna de las clases que la ley considera especialmente sensibles en el pasivo del deudor, entre otros hechos tasados.

Incumbe al solicitante del concurso necesario la prueba de los hechos en que fundamente su solicitud; en todo caso, la declaraci髇 ha de hacerse con respeto de las garant韆s procesales del deudor, quien habr� de ser emplazado y podr� oponerse a la solicitud, bas醤dose en la inexistencia del hecho en que 閟ta se fundamente o en la de su estado de insolvencia, incumbi閚dole en este caso la prueba de su solvencia. Las garant韆s del deudor se complementan con la posibilidad de recurrir la declaraci髇 de concurso.

Si la solicitud de concurso la insta el propio deudor, deber� justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, si bien en este caso no s髄o podr� ser actual, sino futuro, previsto como 玦nminente�. El deudor tiene el deber de solicitar la declaraci髇 de concurso cuando conozca o hubiera debido conocer su estado de insolvencia; pero tiene la facultad de anticiparse a 閟te.

El sistema legal combina as� las garant韆s del deudor con la conveniencia de adelantar en el tiempo la declaraci髇 de concurso, a fin de evitar que el deterioro del estado patrimonial impida o dificulte las soluciones m醩 adecuadas para satisfacer a los acreedores. Los est韒ulos a la solicitud de concurso voluntario, las sanciones al deudor por incumplimiento del deber de solicitarlo y el otorgamiento al cr閐ito del acreedor instante de privilegio general hasta la cuarta parte de su importe son medidas con las que se pretende alcanzar ese objetivo.

La unidad y la flexibilidad del procedimiento se reflejan en su propia estructura, articulada, en principio, en una fase com鷑 que puede desembocar en otra de convenio o de liquidaci髇. La fase com鷑 se abre con la declaraci髇 de concurso y concluye una vez presentado el informe de la administraci髇 concursal y transcurrido el plazo de impugnaciones o resueltas las formuladas contra el inventario o contra la lista de acreedores, con lo que se alcanza el m醩 exacto conocimiento del estado patrimonial del deudor a trav閟 de la determinaci髇 de las masas activa y pasiva del concurso. A todo lo cual se suma la posibilidad de utilizar, en determinados supuestos, un procedimiento abreviado.

III

La flexibilidad del procedimiento se percibe tambi閚 en el r間imen de los efectos que produce la declaraci髇 de concurso. Respecto del deudor, se aten鷄n los establecidos por la legislaci髇 anterior y se suprimen los que tienen un car醕ter represivo de la insolvencia. La 玦nhabilitaci髇� se reserva para los supuestos de concurso calificado como culpable, en los que se impone como sanci髇 de car醕ter temporal a las personas afectadas. Declarado el concurso, el ejercicio de las facultades patrimoniales del deudor se somete a intervenci髇 o se suspende, con sustituci髇 en este caso por la administraci髇 concursal. En principio, la primera de estas situaciones corresponde al concurso voluntario y la segunda al necesario; pero se reconocen al juez del concurso amplias facultades para adoptarlas o modificarlas. Se aten鷄 tambi閚 la sanci髇 de los actos realizados por el deudor con infracci髇 de estas limitaciones, que pasa a ser de anulabilidad, adem醩 de la prohibici髇 de su acceso a registros p鷅licos.

La ley limita los efectos de la declaraci髇 de concurso, reduci閚dolos, con un sentido funcional, a aquellos que beneficien la normal tramitaci髇 del procedimiento y, en la medida en que 閟ta lo exija, confiriendo al juez la potestad de graduarlos y de adecuarlos a las circunstancias concretas de cada caso. Todo ello, adem醩 de los efectos que, por alcanzar a derechos fundamentales de la persona del deudor, como son los de libertad, secreto de las comunicaciones, residencia y circulaci髇 por el territorio nacional, se regulan en la Ley Org醤ica para la Reforma Concursal.

Se establece, con un sentido positivo, el deber del deudor de colaborar con los 髍ganos del concurso, informarles de cuanto sea de inter閟 de 閟te, auxiliarles en la conservaci髇 y administraci髇 de la masa activa y poner a disposici髇 de la administraci髇 concursal los libros y documentos relativos al ejercicio de su actividad profesional o empresarial.

La declaraci髇 de concurso, por s� sola, no interrumpe el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor, sin perjuicio de los efectos que produce sobre las facultades patrimoniales de 閟te; pero goza el juez del concurso de amplias potestades para acordar el cierre de sus oficinas, establecimientos o explotaciones, e incluso, cuando se trate de una actividad empresarial, el cese o la suspensi髇, total o parcial, de 閟ta, previa audiencia del deudor y de los representantes de los trabajadores.

Especial atenci髇 dedica la ley a los supuestos de concurso de persona jur韉ica y a los efectos que en este caso produce la declaraci髇, materia de gran importancia, como corresponde a la que estos entes y, fundamentalmente, las sociedades revisten en el moderno tr醘ico. As� como la ley org醤ica permite extender las medidas relativas a las comunicaciones y a la residencia del deudor, en caso de persona jur韉ica, a sus administradores y liquidadores, la Ley Concursal impone a 閟tos y a los apoderados generales del deudor los deberes de colaboraci髇 e informaci髇.

Durante la tramitaci髇 del concurso se mantienen los 髍ganos de la persona jur韉ica deudora. Los administradores concursales est醤 legitimados para ejercer las acciones de responsabilidad contra los administradores, auditores y liquidadores, sin necesidad de previo acuerdo de la junta o asamblea de socios. El efecto m醩 severo que la ley establece es el del embargo de bienes y derechos de los administradores y liquidadores, que el juez puede acordar cuando exista fundada posibilidad de que el concurso se califique como culpable y de que la masa activa resulte insuficiente para satisfacer todas las deudas.Las referencias a 玪os administradores concursales� contenidas en la presente Ley, deben entenderse sustituidas por la f髍mula 玪a administraci髇 concursal�, conforme establece la disposici髇 final primera de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (獴.O.E.� 11 octubre).LE0000462765

Original es tambi閚, respecto del derecho anterior, la regulaci髇 de los efectos del concurso de la sociedad sobre los socios subsidiariamente responsables de las deudas de 閟ta, que se reduce a atribuir a la administraci髇 concursal la legitimaci髇 exclusiva para ejercitar la correspondiente acci髇 una vez aprobado el convenio o abierta la liquidaci髇. Se evitan as� tanto la extensi髇 autom醫ica del concurso a personas que, aun responsables de las deudas sociales, pueden ser solventes, como las reclamaciones individuales de los acreedores contra los socios, perturbadoras del buen orden del concurso.

La ley regula asimismo con criterios de funcionalidad los efectos de la declaraci髇 de concurso sobre los acreedores, ordenando la paralizaci髇 de las acciones individuales promovidas por 閟tos contra el patrimonio del concursado. Esta paralizaci髇, consecuencia natural de la integraci髇 de los acreedores en la masa pasiva del concurso, no afecta a las declarativas de los 髍denes civil o social ya en tramitaci髇 en el momento de declararse el concurso, que continuar醤 hasta la firmeza de la sentencia, ni a las de naturaleza contencioso-administrativa o penal con trascendencia sobre el patrimonio del deudor, incluso si se ejercitan con posterioridad a la declaraci髇, pero s� a todas las de car醕ter ejecutivo, incluidos los apremios administrativos o tributarios, que quedar醤 en suspenso si se hallasen en tramitaci髇, salvo los acordados con anterioridad a la declaraci髇 de concurso, y no podr醤 iniciarse una vez declarado el concurso.

Una de las novedades m醩 importantes de la ley es el especial tratamiento que dedica a las acciones de ejecuci髇 de garant韆s reales sobre bienes del concursado. Se respeta la naturaleza propia del derecho real sobre cosa ajena, que impone una regulaci髇 diferente de la aplicable a los derechos de cr閐ito integrados en la masa pasiva del concurso, pero al mismo tiempo se procura que la ejecuci髇 separada de las garant韆s no perturbe el mejor desarrollo del procedimiento concursal ni impida soluciones que puedan ser convenientes para los intereses del deudor y de la masa pasiva. La f髍mula que combina estos prop髎itos es la de paralizaci髇 temporal de las ejecuciones, en tanto se negocie un convenio o se abra la liquidaci髇, con el m醲imo de un a駉 a partir de la declaraci髇 de concurso. Salvo que al tiempo de la declaraci髇 de concurso ya estuviese anunciada la subasta, las actuaciones de ejecuci髇 iniciadas con anterioridad se suspender醤 y no se reanudar醤, ni podr醤 iniciarse otras, hasta que transcurran los plazos se馻lados. Este efecto de obligatoria y limitada espera para los titulares de garant韆s reales se considera justo en el tratamiento de todos los intereses implicados en el concurso, que han de sufrir un sacrificio en aras de la soluci髇 definitiva y m醩 beneficiosa del estado de insolvencia.

Naturalmente, los cr閐itos con garant韆 real gozan en el concurso de privilegio especial y el convenio s髄o les afectar� si su titular firma la propuesta, vota a su favor o se adhiere a ella o al convenio aprobado.

De no estar afectados por un convenio, los cr閐itos con privilegio especial se pagar醤 con cargo a los bienes y derechos sobre los que recaiga la garant韆. La ejecuci髇 se tramitar� ante el juez del concurso. No obstante, en tanto subsista la paralizaci髇 temporal de estas acciones, la administraci髇 concursal podr� optar por atender con cargo a la masa el pago de estos cr閐itos. Aun en caso de realizaci髇, el juez podr� autorizarla con subsistencia de la carga y subrogaci髇 del adquirente en la obligaci髇 del deudor, que quedar� excluida de la masa pasiva, o mediante venta directa, con aplicaci髇 del precio al pago del cr閐ito especialmente privilegiado. Se articulan, as� una serie de f髍mulas flexibles tendentes a evitar que el ejercicio de los derechos reales de garant韆 perturbe innecesariamente a los dem醩 intereses implicados en el concurso.

A estos efectos, la ley extiende el tratamiento de las acciones de ejecuci髇 de garant韆s reales a las de recuperaci髇 de bienes muebles vendidos a plazo y a los cedidos en arrendamientos financieros, siempre que los correspondientes contratos o documentos est閚 inscritos en los respectivos registros, as� como a las resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago de precio aplazado.

Se ha procurado as� permitir planteamientos realistas, que sin menoscabar la naturaleza de estos derechos ni perturbar el mercado del cr閐ito, muy sensible a la protecci髇 de las garant韆s en caso de insolvencia del deudor, no impidan sino que hagan viables soluciones beneficiosas para los intereses del concurso.

F髍mulas flexibles en inter閟 del concurso y sin perjuicio de los de la contraparte se establecen tambi閚 para permitir la rehabilitaci髇 de los contratos de cr閐ito o de adquisici髇 de bienes con precio aplazado, as� como la enervaci髇 de desahucio en arrendamientos urbanos, afectados por incumplimientos del deudor concursado.

Objeto de especial atenci髇 ha sido tambi閚 la regulaci髇 de los efectos de la declaraci髇 de concurso sobre los contratos, una de las materias m醩 deficientemente tratadas en el anterior derecho y, por tanto, de mayor originalidad en la nueva ley. Conforme a 閟ta, la declaraci髇 de concurso no afecta, en principio, a la vigencia de los contratos con prestaciones rec韕rocas pendientes de cumplimiento por ambas partes; no obstante, en inter閟 del concurso y con garant韆s para el derecho de la contraparte, se prev� tanto la posibilidad de una declaraci髇 judicial de resoluci髇 del contrato como la de enervarla en caso de que exista causa para una resoluci髇 por incumplimiento. No se admiten las cl醬sulas contractuales de resoluci髇 o extinci髇 en caso de declaraci髇 de concurso, pero s� la aplicaci髇 de normas legales que dispongan la extinci髇 o expresamente faculten a las partes para pactarla o para denunciar el contrato.

Cuesti髇 tratada con especial cuidado es la relativa a los contratos de trabajo existentes a la fecha de declaraci髇 del concurso y en los que sea empleador el concursado. Al amparo de la reforma introducida en la Ley Org醤ica del Poder Judicial por la Ley Org醤ica para la Reforma Concursal, se atribuye al juez del concurso jurisdicci髇 para conocer de materias que, en principio, son de la competencia de los juzgados y tribunales del orden social, pero que por su especial trascendencia en la situaci髇 patrimonial del concursado y en aras de la unidad del procedimiento no deben resolverse por separado. Pero conciliando todo ello con la regulaci髇 material actualmente contenida en la legislaci髇 laboral.

Se remiten a lo establecido por su regulaci髇 especial los efectos de la declaraci髇 de concurso sobre los contratos de car醕ter administrativo celebrados por el deudor.

La ley da un nuevo tratamiento al dif韈il tema de los efectos de la declaraci髇 de concurso sobre los actos realizados por el deudor en per韔do sospechoso por su proximidad a 閟ta. El perturbador sistema de retroacci髇 del concurso se sustituye por unas espec韋icas acciones de reintegraci髇 destinadas a rescindir los actos perjudiciales para la masa activa, perjuicio que en unos casos la ley presume y en los dem醩 habr� de probarse por la administraci髇 concursal o, subsidiariamente, por los acreedores legitimados para ejercitar la correspondiente acci髇. Los terceros adquirentes de bienes o derechos afectados por estas acciones gozan de la protecci髇 que derive, en su caso, de la buena fe, de las normas sobre irreivindicabilidad o del registro.

IV

La ley simplifica la estructura org醤ica del concurso. S髄o el juez y la administraci髇 concursal constituyen 髍ganos necesarios en el procedimiento. La junta de acreedores 鷑icamente habr� de constituirse en la fase de convenio cuando no se haya aprobado por el sistema de adhesiones escritas una propuesta anticipada. La intervenci髇 como parte del Ministerio Fiscal se limita a la secci髇 sexta, de calificaci髇 del concurso, cuando proceda su apertura, sin perjuicio de la actuaci髇 que se establece en esta ley cuando intervenga en delitos contra el patrimonio o el orden socioecon髆ico.

La reducci髇 de los 髍ganos concursales tiene como l骻ica consecuencia la atribuci髇 a 閟tos de amplias e importantes competencias. La ley configura al juez como 髍gano rector del procedimiento, al que dota de facultades que aumentan el 醡bito de las que le correspond韆n en el derecho anterior y la discrecionalidad con que puede ejercitarlas, siempre motivando las resoluciones.

La competencia para conocer del concurso se atribuye a los nuevos Juzgados de lo Mercantil, que se crean, al hilo de esta ley, en la Ley Org醤ica para la Reforma Concursal, mediante la pertinente modificaci髇 de la Ley Org醤ica del Poder Judicial.

Los criterios de competencia territorial parten del dato econ髆ico-real de la ubicaci髇 del centro de los intereses principales del deudor, ya adoptado en reglas internacionales, que se prefiere al del domicilio, de predominante car醕ter jur韉ico-formal. No obstante, si el centro de los intereses principales y el domicilio del deudor no coincidieran, se concede al acreedor solicitante del concurso la facultad de elegir cualquiera de ellos a efectos de competencia territorial. En caso de persona jur韉ica, se presume que ambos lugares coinciden, pero se considera ineficaz a estos efectos el cambio de domicilio efectuado en los seis meses anteriores a la solicitud de concurso, para evitar que la competencia se configure con criterios ficticios.

Conforme a las reglas generales de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, no se admite m醩 cuesti髇 de competencia que la planteada mediante declinatoria, pero 閟ta no suspender� el procedimiento concursal y todo lo actuado ser� v醠ido aunque se estime.

La Ley Org醤ica del Poder Judicial, modificada por la Ley Org醤ica para la Reforma Concursal, atribuye al juez del concurso jurisdicci髇 exclusiva y excluyente en aquellas materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, aunque sean de naturaleza social, as� como las de ejecuci髇 y las cautelares, cualquiera que sea el 髍gano del que hubieran dimanado. El car醕ter universal del concurso justifica la concentraci髇 en un solo 髍gano jurisdiccional del conocimiento de todas estas materias, cuya dispersi髇 quebranta la necesaria unidad procedimental y de decisi髇.

Adem醩, la Ley Concursal concede al juez del concurso una amplia discrecionalidad en el ejercicio de sus competencias, lo que contribuye a facilitar la flexibilidad del procedimiento y su adecuaci髇 a las circunstancias de cada caso. Las facultades discrecionales del juez se manifiestan en cuestiones tan importantes como la adopci髇 de medidas cautelares con anterioridad a su declaraci髇 o a la entrada en funcionamiento de la administraci髇 concursal; la ampliaci髇 de la publicidad que haya de darse a la declaraci髇 de concurso y a otras resoluciones de inter閟 de terceros; la acumulaci髇 de concursos; el nombramiento, la separaci髇 y el r間imen de funcionamiento de los administradores concursales; la graduaci髇 de los efectos de la declaraci髇 de concurso sobre la persona del deudor, los acreedores y los contratos; la aprobaci髇 del plan de liquidaci髇 o el r間imen de pago de cr閐itos.Las referencias a 玪os administradores concursales� contenidas en la presente Ley, deben entenderse sustituidas por la f髍mula 玪a administraci髇 concursal�, conforme establece la disposici髇 final primera de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (獴.O.E.� 11 octubre).LE0000462765

La administraci髇 concursal se regula conforme a un modelo totalmente diferente del hasta ahora en vigor y se opta por un 髍gano colegiado en cuya composici髇 se combina la profesionalidad en aquellas materias de relevancia para todo concurso -la jur韉ica y la econ髆ica- con la presencia representativa de un acreedor que sea titular de un cr閐ito ordinario o con privilegio general, que no est� garantizado. Las 鷑icas excepciones al r間imen de composici髇 de este 髍gano vienen determinadas por la naturaleza de la persona del concursado -cuando se trate de entidad emisora de valores cotizados en bolsa, empresa de servicios de inversi髇, entidad de cr閐ito o aseguradora-, o por la escasa importancia del concurso -en cuyo caso el juez podr� nombrar un solo administrador, de car醕ter profesional-.

A la administraci髇 concursal se encomiendan funciones muy importantes, que habr� de ejercer de forma colegiada, salvo las que el juez atribuya individualizadamente a alguno de sus miembros. Cuando la complejidad del procedimiento lo exija, el juez podr� autorizar la delegaci髇 de determinadas funciones en auxiliares.

La ley prev� la reglamentaci髇 mediante arancel de la retribuci髇 de los administradores concursales y fija como criterios los de cuant韆 del activo y del pasivo y la previsible complejidad del concurso. En todo caso, compete al juez aprobar la retribuci髇.Las referencias a 玪os administradores concursales� contenidas en la presente Ley, deben entenderse sustituidas por la f髍mula 玪a administraci髇 concursal�, conforme establece la disposici髇 final primera de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (獴.O.E.� 11 octubre).LE0000462765

Se regula el r間imen de responsabilidad de los administradores frente al deudor y a los acreedores y el de su separaci髇 por justa causa.

Son funciones esenciales de este 髍gano las de intervenir los actos realizados por el deudor en ejercicio de sus facultades patrimoniales o sustituir al deudor cuando haya sido suspendido en ese ejercicio, as� como la de redactar el informe de la administraci髇 concursal al que habr醤 de unirse el inventario de la masa activa, la lista de acreedores y, en su caso, la evaluaci髇 de las propuestas de convenio presentadas.

La ley establece reglas precisas para la elaboraci髇 de estos documentos. El inventario contendr� la relaci髇 y el aval鷒 de los bienes y derechos que integran la masa activa. Se regula el tratamiento de los bienes conyugales conforme al r間imen econ髆ico del matrimonio del deudor persona casada, as� como el derecho de separaci髇 de los bienes de propiedad ajena en poder del deudor.

La lista de acreedores comprender� una relaci髇 de los reconocidos y otra de los excluidos, as� como una adicional, separada, de los que conforme a la ley tienen la consideraci髇 de cr閐itos contra la masa.

La administraci髇 concursal habr� de pronunciarse sobre la inclusi髇 de todos los cr閐itos puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que hayan sido comunicados en el plazo y en la forma que la ley establece como de los que resultaran de los libros y documentos del deudor o que por cualquier otro medio consten en el concurso. En la relaci髇 de los reconocidos, los cr閐itos se clasificar醤, conforme a la ley, en privilegiados -con privilegio especial o general-, ordinarios y subordinados.

V

La regulaci髇 de esta materia de clasificaci髇 de los cr閐itos constituye una de las innovaciones m醩 importantes que introduce la ley, porque reduce dr醩ticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercer韆s de mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas.

Las excepciones que la ley admite son positivas o negativas, en relaci髇 con los cr閐itos ordinarios. Las primeras se concretan en los privilegios, especiales o generales, por raz髇 de las garant韆s de que gocen los cr閐itos o de la causa o naturaleza de 閟tos. A los acreedores privilegiados, en principio, s髄o afectar� el convenio con su conformidad y, en caso de liquidaci髇, se les pagar� con prioridad respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se reducen en n鷐ero e incluso se limitan en su cuant韆 a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso). Por su parte, los salarios de los 鷏timos 30 d韆s de trabajo anteriores a la declaraci髇 del concurso y en cuant韆 que no supere el doble del salario m韓imo interprofesional, y los devengados con posterioridad a la declaraci髇 de concurso, as� como los de indemnizaci髇 por extinci髇 del contrato de trabajo, acordada por el juez del concurso, tendr醤 la consideraci髇 de cr閐itos contra la masa y ser醤 satisfechos con preferencia respecto de los cr閐itos concursales; los salarios del art韈ulo 32.1 del Estatuto de los Trabajadores ser醤 satisfechos con anterioridad al resto de cr閐itos concursales; y los salariales del art韈ulo 32.3 del mismo texto gozar醤 de privilegio general, al igual que las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral devengadas con anterioridad a la declaraci髇 del concurso. Se pretende as� evitar que el concurso se consuma con el pago de algunos cr閐itos, y, sin desconocer el inter閟 general de la satisfacci髇 de 閟tos, conjugarlo con el de la masa pasiva en su conjunto, a la vez que se fomentan soluciones de convenio que est閚 apoyadas por los trabajadores y la Administraci髇 p鷅lica en la parte en que sus cr閐itos no gozan de privilegio.

Las excepciones negativas son las de los cr閐itos subordinados, una nueva categor韆 que introduce la ley para clasificar aquellos que merecen quedar postergados tras los ordinarios, por raz髇 de su tard韆 comunicaci髇, por pacto contractual, por su car醕ter accesorio (intereses), por su naturaleza sancionadora (multas) o por la condici髇 personal de sus titulares (personas especialmente relacionadas con el concursado o partes de mala fe en actos perjudiciales para el concurso). A estos efectos, conviene precisar que la categor韆 de cr閐itos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasi髇 de la exacci髇 de los cr閐itos p鷅licos, tanto tributarios como de la Seguridad Social. Los titulares de estos cr閐itos subordinados carecen de derecho de voto en la junta de acreedores y, en caso de liquidaci髇, no podr醤 ser pagados hasta que hayan quedado 韓tegramente satisfechos los ordinarios.

La subordinaci髇 por motivo de especiales relaciones personales con el concursado no s髄o se basa en las de parentesco o de convivencia de hecho, sino que, en caso de persona jur韉ica, se extiende a los socios con responsabilidad por las deudas sociales o con una participaci髇 significativa en el capital social, as� como a los administradores de derecho o de hecho, a los liquidadores y a las sociedades del mismo grupo. En todo caso, la clasificaci髇 afecta tambi閚 a los cesionarios o adjudicatarios de cr閐itos pertenecientes a personas especialmente relacionadas con el concursado si la adquisici髇 se produce dentro de los dos a駉s anteriores a la declaraci髇 de concurso.

VI

Las soluciones del concurso previstas en la ley son el convenio y la liquidaci髇 para cuya respectiva tramitaci髇 se articulan espec韋icas fases en el procedimiento.

El convenio es la soluci髇 normal del concurso, que la ley fomenta con una serie de medidas, orientadas a alcanzar la satisfacci髇 de los acreedores a trav閟 del acuerdo contenido en un negocio jur韉ico en el que la autonom韆 de la voluntad de las partes goza de una gran amplitud.

Entre las medidas para facilitar esta soluci髇 del concurso destaca la admisi髇 de la propuesta anticipada de convenio que el deudor puede presentar con la propia solicitud de concurso voluntario o, incluso, cuando se trate de concurso necesario, hasta la expiraci髇 del plazo de comunicaci髇 de cr閐itos, siempre que vaya acompa馻da de adhesiones de acreedores en el porcentaje que la ley establece. La regulaci髇 de esta propuesta anticipada permite, incluso, la aprobaci髇 judicial del convenio durante la fase com鷑 del concurso, con una notoria econom韆 de tiempo y de gastos respecto de los actuales procedimientos concursales.

En otro caso, si no se aprueba una propuesta anticipada y el concursado no opta por la liquidaci髇 de su patrimonio, la fase de convenio se abre una vez concluso el tr醡ite de impugnaci髇 del inventario y de la lista de acreedores.

La ley procura agilizar la tramitaci髇 de las propuestas de convenio. La propuesta anticipada que no hubiese alcanzado adhesiones suficientes para su aprobaci髇 podr� ser mantenida en junta de acreedores. El concursado que no hubiese presentado propuesta anticipada ni solicitado la liquidaci髇 y los acreedores que representen una parte significativa del pasivo podr醤 presentar propuestas incluso hasta 40 d韆s antes del se馻lado para la celebraci髇 de la junta. Hasta el momento del cierre de la lista de asistentes a 閟ta podr醤 admitirse adhesiones a las propuestas, lo que contribuir� a agilizar los c髆putos de votos y, en general, el desarrollo de la junta.

Tambi閚 es flexible la ley en la regulaci髇 del contenido de las propuestas de convenio, que podr� consistir en proposiciones de quita o de espera, o acumular ambas; pero las primeras no podr醤 exceder de la mitad del importe de cada cr閐ito ordinario, ni las segundas de cinco a駉s a partir de la aprobaci髇 del convenio, sin perjuicio de los supuestos de concurso de empresas de especial trascendencia para la econom韆 y de presentaci髇 de propuesta anticipada de convenio cuando as� se autorice por el juez. Se admiten proposiciones alternativas, como las ofertas de conversi髇 del cr閐ito en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en cr閐itos participativos. Lo que no admite la ley es que, a trav閟 de cesiones de bienes y derechos en pago o para pago de cr閐itos u otras formas de liquidaci髇 global del patrimonio del concursado, el convenio se convierta en cobertura de soluci髇 distinta de aquella que le es propia. Para asegurar 閟ta y la posibilidad de cumplimiento, la propuesta de convenio ha de ir acompa馻da de un plan de pagos.

La finalidad de conservaci髇 de la actividad profesional o empresarial del concursado puede cumplirse a trav閟 de un convenio, a cuya propuesta se acompa馻r� un plan de viabilidad. Aunque el objeto del concurso no sea el saneamiento de empresas, un convenio de continuaci髇 puede ser instrumento para salvar las que se consideren total o parcialmente viables, en beneficio no s髄o de los acreedores, sino del propio concursado, de los trabajadores y de otros intereses. El informe preceptivo de la administraci髇 concursal es una garant韆 m醩 de esta soluci髇.

Al regular las mayor韆s necesarias para la aceptaci髇 de las propuestas de convenio, la ley prima a las que menor sacrificio comportan para los acreedores, reduciendo la mayor韆 a la relativa del pasivo ordinario.

El convenio necesita aprobaci髇 judicial. La ley regula la oposici髇 a la aprobaci髇, las personas legitimadas y los motivos de oposici髇, as� como los de rechazo de oficio por el juez del convenio aceptado.

La aprobaci髇 del convenio no produce la conclusi髇 del concurso, que s髄o se alcanza con el cumplimiento de aqu閘.

VII

La ley concede al deudor la facultad de optar por una soluci髇 liquidatoria del concurso, como alternativa a la de convenio, pero tambi閚 le impone el deber de solicitar la liquidaci髇 cuando durante la vigencia de un convenio conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contra韉as con posterioridad a su aprobaci髇. En los casos de apertura de oficio o a solicitud de acreedor, la liquidaci髇 es siempre una soluci髇 subsidiaria, que opera cuando no se alcanza o se frustra la de convenio. La unidad y la flexibilidad del procedimiento permiten en estos supuestos pasar de forma r醦ida y simple a la fase de liquidaci髇. Es 閟ta una de las principales y m醩 ventajosas novedades que introduce la ley, frente a la anterior diversidad de procedimientos concursales y, concretamente, frente a la necesidad de solicitar la declaraci髇 de quiebra en los casos en que no se alcanzara o se incumpliera un convenio en el expediente de suspensi髇 de pagos.

Los efectos de la liquidaci髇 son, l骻icamente, m醩 severos. El concursado quedar� sometido a la situaci髇 de suspensi髇 en el ejercicio de sus facultades patrimoniales de administraci髇 y disposici髇 y sustituido por la administraci髇 concursal; si fuese persona natural, perder� el derecho a alimentos con cargo a la masa; si fuese persona jur韉ica, se declarar� su disoluci髇, de no estar ya acordada, y, en todo caso, el cese de sus administradores o liquidadores.

La ley reserva para esta fase de liquidaci髇 los cl醩icos efectos concursales de vencimiento anticipado de los cr閐itos aplazados y conversi髇 en dinero de los que consistan en otras prestaciones.

No obstante la mayor imperatividad de las normas que regulan esta fase, la ley las dota tambi閚 de la conveniente flexibilidad, como se refleja en el plan de liquidaci髇, que habr� de preparar la administraci髇 concursal y sobre el que podr醤 formular observaciones o propuestas el deudor y los acreedores concursales antes de su aprobaci髇 por el juez. S髄o si 閟ta no se produce y, en su caso, en lo que no prevea el plan aprobado, se aplicar醤 supletoriamente las reglas legales sobre realizaci髇 de bienes y derechos de la masa activa del concurso.

Aun en este 鷏timo caso, la ley procura la conservaci髇 de las empresas o unidades productivas de bienes o servicios integradas en la masa, mediante su enajenaci髇 como un todo, salvo que resulte m醩 conveniente a los intereses del concurso su divisi髇 o la realizaci髇 aislada de todos o alguno de sus elementos componentes, con preferencia a las soluciones que garanticen la continuidad de la empresa.

La ley quiere evitar la excesiva prolongaci髇 de las operaciones liquidatorias, a cuyo fin impone a la administraci髇 concursal la obligaci髇 de informar trimestralmente del estado de aqu閘las y le se馻la el plazo de un a駉 para finalizarlas, con las sanciones, si lo incumpliera, de separaci髇 de los administradores y p閞dida del derecho a retribuci髇.

Las operaciones de pago a los acreedores se regulan dentro de la fase de liquidaci髇. Los cr閐itos contra la masa operan con el car醕ter de prededucibles, en el sentido de que, antes de proceder al pago de los concursales, han de deducirse de la masa activa los bienes y derechos, no afectos a cr閐itos singularmente privilegiados, que sean necesarios para satisfacer aqu閘los a sus respectivos vencimientos.

Como ya ha quedado expuesto al tratar de los efectos de la declaraci髇 de concurso sobre los cr閐itos con garant韆 real, la ley regula el pago de los cr閐itos con privilegio especial de forma muy flexible, para evitar, en inter閟 de la masa, la realizaci髇 de los bienes o derechos afectos, autorizarla con subsistencia del gravamen o mediante venta directa.

La regulaci髇 legal establece el orden de los pagos con privilegio general, de los ordinarios y de los subordinados, y contempla los supuestos especiales de pagos anticipados, de deudas solidarias y de los realizados en fase de cumplimiento de convenio anterior a la de liquidaci髇.

VIII

Una de las materias en las que la reforma ha sido m醩 profunda es la de calificaci髇 del concurso. La ley limita la formaci髇 de la secci髇 de calificaci髇 a supuestos muy concretos: la aprobaci髇 de un convenio que, por la cuant韆 de la quita o la duraci髇 de la espera, resulte especialmente gravoso para los acreedores, y la apertura de la liquidaci髇.

En estos supuestos, el concurso se calificar� como fortuito o como culpable. La 鷏tima calificaci髇 se reserva a aquellos casos en los que en la generaci髇 o agravaci髇 del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor, o de sus representantes legales, administradores o liquidadores.

La ley formula el criterio general de calificaci髇 del concurso como culpable y la continuaci髇 enuncia una serie de supuestos que, en todo caso, determinan esa calificaci髇, por su intr韓seca naturaleza, y otra de supuestos que, salvo prueba en contrario, son presuntivos de dolo o culpa grave, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso.

Si el preceptivo informe de la administraci髇 concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal coincidieran en la calificaci髇 del concurso como fortuito, se archivar醤 las actuaciones sin m醩 tr醡ites. En otro caso, la calificaci髇 como culpable se decidir� tras un contradictorio, en el que ser醤 partes el Ministerio Fiscal, la administraci髇 concursal, el deudor y todas las personas que pudieran resultar afectadas por la calificaci髇. La oposici髇 se sustanciar� por los tr醡ites del incidente concursal. La sentencia que califique el concurso como culpable habr� de determinar las personas afectadas y, en su caso, las declaradas c髆plices; impondr� a todas aqu閘las la inhabilitaci髇 para administrar bienes ajenos y para representar a cualquier persona, sanci髇 que ser� temporal, durante un per韔do de dos a 15 a駉s; les impondr�, asimismo, la p閞dida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes y derechos que indebidamente hubieren obtenido del deudor o recibido de la masa activa, m醩 la de indemnizar los da駉s y perjuicios causados.

Es novedad la previsi髇 de un procedimiento para asegurar el registro p鷅lico de las sentencias que declaren concursados culpables y de aquellas resoluciones que acuerden la designaci髇 o la inhabilitaci髇 de los administradores concursales en los casos que la propia ley prev�.Las referencias a 玪os administradores concursales� contenidas en la presente Ley, deben entenderse sustituidas por la f髍mula 玪a administraci髇 concursal�, conforme establece la disposici髇 final primera de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (獴.O.E.� 11 octubre).LE0000462765

Los efectos de la calificaci髇 se limitan a la esfera civil, sin trascender a la penal ni constituir condici髇 de prejudicialidad para la persecuci髇 de las conductas que pudieran ser constitutivas de delitos. La ley mantiene la neta separaci髇 de il韈itos civiles y penales en esta materia.

IX

La ley regula detalladamente las causas de conclusi髇 del concurso, cuya naturaleza puede ser muy diversa: bien porque la apertura no se ajust� a derecho (revocaci髇 del auto de declaraci髇 de concurso), bien porque el procedimiento alcanz� su finalidad (cumplimiento del convenio, 韓tegra satisfacci髇 de todos los acreedores), bien por su frustraci髇 (inexistencia de bienes y derechos con los que satisfacer a los acreedores), bien por el ejercicio del derecho de disposici髇 de las partes sobre el procedimiento (desistimiento o renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos transacci髇 del deudor con ellos, causas 閟tas que, por sus caracter韘ticas, s髄o pueden operar una vez terminada la fase com鷑 del procedimiento y que exigen aceptaci髇 u homologaci髇 del juez, previo informe de la administraci髇 concursal).

En los casos de conclusi髇 por inexistencia de bienes y derechos, del concursado o de terceros responsables, con los que satisfacer a los acreedores, que conservan su derecho a hacer efectiva la responsabilidad del deudor sobre los que en el futuro aparezcan, la ley contempla tambi閚 la reapertura del concurso, tanto si se trata de deudor persona natural como de persona jur韉ica. En este 鷏timo caso, puesto que la conclusi髇 por inexistencia de activos patrimoniales lleva consigo la extinci髇 de la persona jur韉ica, la reapertura por aparici髇 posterior de bienes y derechos se concretar� a liquidarlos; pero si se trata de persona natural, la continuaci髇 de su actividad patrimonial habr� podido reflejarse tanto en la aparici髇 de activos como de nuevos pasivos, lo que habr� de tenerse en cuenta en la actualizaci髇 del inventario y de la lista de acreedores.

X

La flexibilidad que inspira todo el procedimiento concursal se combina con las caracter韘ticas de rapidez y simplicidad. La Ley de Enjuiciamiento Civil act鷄 como supletoria de la Ley Concursal, en cuanto 閟ta no contemple normas procesales especiales. La finalidad que se persigue es la de reconducir la complejidad del concurso a un procedimiento que permita su m醩 pronta, eficaz y econ髆ica tramitaci髇, sin merma de las garant韆s que exige la tutela judicial efectiva de todos los interesados.

Pieza b醩ica en este sistema procesal de la nueva ley es el incidente concursal, un procedimiento especial a trav閟 del cual se ventilar醤 todas las cuestiones que se susciten durante el concurso y que no tengan se馻lada en la ley otra tramitaci髇 distinta. Este incidente se configura con dos modalidades procesales distintas, seg鷑 la materia sobre la que verse: una que tiene por objeto resolver aquellas materias de 韓dole laboral que se planteen en el marco del procedimiento concursal, y otra modalidad para tratar las materias estrictamente concursales. Con estas dos modalidades de incidente se obtiene una mayor eficacia del proceso concursal.

La celeridad de este procedimiento se complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que, en principio, s髄o se admite el de reposici髇 contra providencias y autos y el de apelaci髇 contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusi髇 del concurso, aunque en este recurso pueden volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposici髇 o en incidentes concursales durante la fase com鷑 o la de convenio. Contra las sentencias resolutorias de incidentes planteados con posterioridad o durante la fase de liquidaci髇, cabr� tambi閚 recurso de apelaci髇.

S髄o se admite el recurso de casaci髇 y el extraordinario de infracci髇 procesal contra las sentencias que resuelvan la apelaci髇 cuando se trate de aprobar o rechazar un convenio, declarar su cumplimiento o incumplimiento, calificar el concurso, resolver sobre acciones de reintegraci髇 o acordar la conclusi髇 del concurso.

Igualmente, y para hacer plenamente efectiva la aplicaci髇 de la legislaci髇 social a las cuestiones de esta naturaleza y unificar la doctrina en tan sensible materia, se introduce el recurso de suplicaci髇 y los dem醩 que prev� la ley contra las resoluciones de los Juzgados de lo Mercantil de la comunidad aut髇oma en materia laboral y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia.

De este modo, en l韓ea con la orientaci髇 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, se elimina la multiplicidad de recursos de apelaci髇 interlocutorios, de naturaleza parcial o relativos a resoluciones no definitivas, que actualmente dificultan y dilatan la tramitaci髇 de los procedimientos concursales, y se ordena, sin merma de las garant韆s procesales, un sistema de recursos que obliga a las partes a concentrar y racionalizar sus motivos de disconformidad y facilita su resoluci髇 con la necesaria visi髇 de conjunto.

XI

Especial atenci髇 dedica la ley a las cuestiones que plantea el concurso con elemento extranjero, fen髆eno carente de adecuada regulaci髇 en el derecho anterior y cada vez m醩 frecuente en una econom韆 globalizada.

La Ley Concursal contiene unas normas de derecho internacional privado sobre esta materia, que siguen, con las convenientes adaptaciones, el modelo del Reglamento (CE) n.� 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia. As�, se facilita la aplicaci髇 de ambos textos en el 醡bito intracomunitario y se ajusta el mismo modelo normativo a la regulaci髇 de otras relaciones jur韉icas que est醤 fuera de ese 醡bito. En este sentido, la nueva regulaci髇 se inspira tambi閚 en la Ley Modelo de la Comisi髇 de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL) sobre Insolvencia Transfronteriza, recomendada por la Asamblea General de la Organizaci髇 de las Naciones Unidas en su Resoluci髇 52/158, de 15 de diciembre de 1997.

La competencia internacional para declarar y tramitar el concurso se basa en el lugar de situaci髇 del centro de los intereses principales del deudor, teniendo el car醕ter de 玴rincipal� el concurso que se declare sobre esa base, sin perjuicio de que puedan abrirse otros concursos 玹erritoriales� en aquellos Estados en los que el deudor tenga establecimientos.

Se regulan las relaciones entre procedimiento principal y territorial y sus respectivos efectos, el reconocimiento en Espa馻 de los abiertos en el extranjero y de sus administradores o representantes, con el fin de establecer la mejor coordinaci髇 entre ellos, en beneficio de la seguridad jur韉ica y de la eficiencia econ髆ica en el tratamiento de estos fen髆enos, lo que constituye una de las materias en las que con mayor relieve se pone de manifiesto la modernizaci髇 introducida por la reforma concursal.

XII

La profundidad de la reforma tiene su m醩 clara expresi髇 en las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales que cierran la ley. El alcance de la nueva regulaci髇 se extiende a m鷏tiples sectores de nuestro ordenamiento jur韉ico y afecta a numerosas normas, que, en virtud de la reforma, han de quedar modificadas, en unos casos y, derogadas, en otros. Se pretende as� armonizar el derecho vigente con la reforma introducida por esta ley y, al propio tiempo, limitar el 醡bito de 閟ta a la materia concursal. Ello explica que de las disposiciones contenidas en el t韙ulo XVII del libro IV del C骴igo Civil (獶e la concurrencia y prelaci髇 de cr閐itos�) se deroguen las relativas a los procedimientos colectivos de quita y espera y de concurso y se mantengan las de preferencia de cr閐itos para los supuestos de ejecuci髇 singular. Del mismo modo, subsisten para esos supuestos los llamados 玴rivilegios� mercantiles, aunque en el concurso no se admitan m醩 que los expresamente reconocidos en esta ley. Objeto de regulaci髇 espec韋ica son los privilegios sobre buques y aeronaves, a cuyos titulares se reconoce en el concurso derecho de separaci髇 para su ejecuci髇 extraconcursal.

La delimitaci髇 de los 醡bitos concursal y extraconcursal de la concurrencia y prelaci髇 de cr閐itos, si bien responde a una correcta definici髇 de la materia propia de esta ley, puede ocasionar en la pr醕tica problemas de desajuste, por la muy diversa regulaci髇 que mantiene el viejo derecho respecto de la que establece la reforma concursal, pero el alcance de 閟ta no puede extenderse a una revisi髇 completa de toda la materia de preferencias de cr閐itos que rigen fuera del concurso. Resulta necesaria esa revisi髇, y ahora no s髄o por el arca韘mo de un sistema formado por sedimentos hist髍icos carente del orden l骻ico que debe presidir esta materia, sino por la acuciante exigencia de su armonizaci髇 con la reforma concursal. Por ello, la disposici髇 final trig閟ima primera encomienda al Gobierno que en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta ley presente a las Cortes Generales un proyecto de ley sobre reforma de los C骴igos Civil y de Comercio en materia de concurrencia y prelaci髇 de cr閐itos en caso de ejecuciones singulares.

La ley ha respetado la legislaci髇 espec韋ica aplicable a las entidades de cr閐ito, a las aseguradoras y a las operaciones relativas a los sistemas de pagos y de compensaci髇 de valores o instrumentos financieros derivados, en gran parte impuesta por el derecho de la Uni髇 Europea, y que afecta a determinados aspectos del concurso. S髄o en defecto de normas especiales y en la medida en que sean compatibles con la naturaleza de aquellos sistemas, se aplicar醤 en esta materia las de esta ley.

Materia especialmente delicada es la relativa al derecho transitorio, en la que la ley ha optado por respetar el principio de irretroactividad con algunas excepciones, dos de ellas muy se馻ladas: la primera, para hacer posible la aplicaci髇 a los procedimientos que se encuentran en tr醡ite de las normas sobre conclusi髇 del concurso; la segunda, para permitir la aplicaci髇 a aquellos procedimientos del r間imen m醩 flexible de propuesta de convenio y de adhesiones que establece esta ley, lo que contribuir� a facilitar la tramitaci髇 de los que se hallan en curso e incluso, en algunos casos, la conclusi髇 de aquellos que se encuentren paralizados. Se ha previsto tambi閚, transitoriamente, la competencia de los Juzgados de Primera Instancia, hasta la entrada en funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil.

A trav閟 de estas medidas legislativas, con plenas garant韆s constitucionales, se inserta en el ordenamiento jur韉ico espa駉l la reforma concursal, una de las m醩 importantes piezas hasta ahora pendientes en el proceso de modernizaci髇 de nuestro derecho.