Sumario

Exposici髇 de Motivos

1

La actividad aseguradora y la concerniente a los planes y fondos de pensiones han evolucionado en nuestro pa韘 de una manera acelerada, de modo que puede sostenerse que la din醡ica que les afecta es de las m醩 avanzadas de nuestro sistema financiero. Ello ha hecho preciso una din醡ica paralela en la ordenaci髇 y supervisi髇 p鷅lica de tales actividades, exigiendo constantes modificaciones legislativas, por raz髇 de la materia afectada, para que el Derecho no quede rezagado respecto de la realidad social.

Adem醩, el fen髆eno de progresiva integraci髇 de la actividad aseguradora dentro del marco jur韉ico del Derecho Comunitario Europeo y del Espacio Econ髆ico Europeo ha requerido la adaptaci髇, en l韓ea de tal homogeneizaci髇, de numerosas Directivas. Recientemente por Ley 21/1990, de 19 de diciembre, se incorpor� la Directiva de libre prestaci髇 de servicios en seguro directo distinto del seguro de vida; ahora resulta necesario adaptar el resto de las Directivas aprobadas por la Uni髇 Europea e incluidas en el 醡bito del Acuerdo sobre el Espacio Econ髆ico Europeo, hecho en Oporto el 2 de mayo de 1992 y adaptado en Bruselas el 17 de marzo de 1993, y que todav韆 no han sido objeto de incorporaci髇 a nuestro ordenamiento jur韉ico. Ha de tenerse en cuenta, adem醩, que entre 閟tas se encuentran las fundamentales Terceras Directivas en seguros distintos al de vida y en seguros de vida que regulan la denominada 玜utorizaci髇 administrativa 鷑ica� con la que se sientan las bases, en principio definitivas, de la armonizaci髇 en la Uni髇 Europea y en el Espacio Econ髆ico Europeo.

Son, por tanto, estos dos aspectos los que motivan la presente regulaci髇 y exigen una nueva Ley de Ordenaci髇 y Supervisi髇 de los Seguros Privados, que sustituya a la todav韆 pr髕ima Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci髇 del Seguro Privado, ya que la variedad e intensidad de las modificaciones que se operan hacen necesario y aconsejable regular la materia en una nueva Ley.

2

La legislaci髇 reguladora del seguro privado constituye una unidad institucional que, integrada por normas de Derecho privado y de Derecho p鷅lico, se ha caracterizado, en este 鷏timo 醡bito, por su misi髇 tutelar en favor de los asegurados y beneficiarios amparados por un contrato de seguro. En efecto, que el contrato de seguro suponga el cambio de una prestaci髇 presente y cierta (prima) por otra futura e incierta (indemnizaci髇), exige garantizar la efectividad de la indemnizaci髇 cuando eventualmente se produzca el siniestro. Es este inter閟 p鷅lico el que justifica la ordenaci髇 y supervisi髇 de las entidades aseguradoras por la Administraci髇 p鷅lica al objeto de comprobar que mantienen una situaci髇 de solvencia suficiente para cumplir su objeto social.

La ordenaci髇 y supervisi髇 estatal, que reclaman la unidad de mercado y los principios de divisi髇 y dispersi髇 de los riesgos, tiene lugar mediante el sistema de autorizaci髇 administrativa de v韓culo permanente, en virtud de la cual se examinan los requisitos financieros, t閏nicos y profesionales precisos para acceder al mercado asegurador; se controlan las garant韆s financieras y el cumplimiento de las normas de contrato de seguro y actuariales durante su actuaci髇 en dicho mercado; y, finalmente, se determinan las medidas de intervenci髇 sobre las entidades aseguradoras que no ajusten su actuaci髇 a dichas normas pudiendo llegar, incluso, a la revocaci髇 de la autorizaci髇 administrativa concedida o la disoluci髇 de la entidad aseguradora cuando carezcan de las exigencias m韓imas para mantenerse en el mercado.

Este esquema normativo de control de solvencia y protecci髇 del asegurado es de aplicaci髇 general, y a 閘 se ajustan la casi totalidad de los Estados de econom韆 libre.

Ahora bien, para que el sistema de ordenaci髇 y supervisi髇 sea eficaz es preciso que act鷈 sobre situaciones reales y vigentes en cada momento, por lo que su ordenamiento legal debe adaptarse a los constantes cambios de todo orden que el transcurso del tiempo revela como necesarios.

La Ley de 14 de mayo de 1908, que inici� en Espa馻 la ordenaci髇 del seguro privado, constituy� un instrumento muy eficaz en los casi cincuenta a駉s que tuvo de vida. Sus bases fundamentales, centradas en el control previo, si bien garantizaban, hasta cierto punto, que no habr韆 actuaciones temerarias por parte de las entidades aseguradoras, limitaban extraordinariamente el campo de acci髇 de las mismas, con perjuicio para la iniciativa empresarial.

La siguiente Ley de 16 de diciembre de 1954 no tuvo un desarrollo sistem醫ico por lo que, al mantener la misma concepci髇 del control, sin dotarle de medios e instrumentos para adoptar las medidas correctoras oportunas, dej� mermada la efectividad de la acci髇 de ordenaci髇 y supervisi髇 administrativa. El transcurso del tiempo revelaba la separaci髇 de esta Ley de la situaci髇 real del mercado, separaci髇 que nunca pudo acartarse, pese a la profusi髇 de normas dictadas, ya que lo preciso era una nueva concepci髇 del control de solvencia, as� como la adopci髇 de medidas que racionalizaran el mercado de seguros, dot醤dole de una mayor competitividad y transparencia.

La Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci髇 del Seguro Privado, constituy� el instrumento id髇eo para resolver los problemas que se hab韆n suscitado bajo la vigencia de la Ley de 1954. La Ley de 1984 se bas� en un doble orden de principios: la ordenaci髇 del mercado de seguros en general y el control de las entidades aseguradoras en particular, con la finalidad 鷏tima de protecci髇 del asegurado. A este esquema b醩ico se a馻d韆 la existencia de nuevas necesidades de cobertura de riesgos, las innovaciones en el campo del seguro con vigencia en 醨eas internacionales, la necesaria unidad de mercado que impon韆 no s髄o la realidad econ髆ica sino la tambi閚, entonces, posible adhesi髇 de Espa馻 a la Comunidad Econ髆ica Europea con la recepci髇 de la normativa vigente en esta 鷏tima. Ello hizo posible precisamente que la efectiva adhesi髇 en 1986 a la actual Uni髇 Europea exigiera escasas modificaciones, que tuvieron lugar por el Real Decreto legislativo 1255/1986, de 6 de junio, por el que se modifican determinados art韈ulos de la Ley 33/1984, para adaptarla a los compromisos derivados del Tratado de Adhesi髇 de Espa馻 a la Comunidad Econ髆ica Europea.

En cuanto a la ordenaci髇 del mercado de seguros en general, la Ley de 1984 se fij� los siguientes objetivos:

- Normalizar el mercado, dando a todas las entidades aseguradoras la posibilidad de participar en el mismo r間imen de absoluta concurrencia y sin tratamientos legales discriminatorios.

En este sentido incluy� en su regulaci髇 las mutualidades de previsi髇 social, en su d韆 acogidas a la Ley de 6 de diciembre de 1941, con el fin de someterlas a control de solvencia, al igual que las restantes entidades aseguradoras, si bien de menor intensidad, correlativa a la posibilidad legal de tambi閚 menores prestaciones. Asimismo, la Ley se preocup� de tener en cuenta las particularidades de la distribuci髇 de competencias de control sobre las mutualidades de previsi髇 social, frente a las restantes entidades aseguradoras, entre el Estado y las Comunidades Aut髇omas.

- Fomentar la concentraci髇 de entidades aseguradoras y, consiguientemente, la reestructuraci髇 del sector, con el objeto de dar paso a grupos y entidades aseguradoras m醩 competitivos, nacional e internacionalmente, y con menores costes de gesti髇.

- Potenciar el mercado nacional de reaseguros, a trav閟 del cual se aprovechase al m醲imo el pleno nacional de retenci髇.

- Lograr una mayor especializaci髇 de las entidades aseguradoras, sobre todo en el ramo de vida, de acuerdo con las exigencias de la Uni髇 Europea y las tendencias internacionales sobre la materia.

- Clarificar el r間imen de formas jur韉icas que pueden adoptar las entidades aseguradoras, ordenando la estructura de las insuficientemente reguladas mutualidades de previsi髇 social, y dando entrada a las cooperativas de seguro.

Al objeto de lograr todos estos fines, y al amparo del art韈ulo 149.1.6.�, 11.� y 13.� de la Constituci髇, la Ley de 1984 dict� las bases de la ordenaci髇 de los seguros, dotadas de la necesaria amplitud para que la actividad aseguradora se desarrollase cumpliendo la ley de los grandes n鷐eros y atendiese a su perspectiva internacional. Ello exigi� en el momento de dictar dicha Ley -y se mantiene hoy en todo su vigor- cierta uniformidad de las normas reguladoras de la ordenaci髇 y supervisi髇 de la actividad aseguradora con el objeto de facilitar la relaci髇 de unas entidades aseguradoras espa駉las con otras, de todas ellas con las radicadas en la Uni髇 Europea -en este sentido, el sector de seguros es uno de los m醩 armonizados del Derecho Comunitario Europeo a trav閟 del sistema de Directivas- y en el Espacio Econ髆ico Europeo y de todas ellas con los mercados internacionales, cuyas pr醕ticas resulta indispensable respetar. Adem醩, dada la importancia financiera del sector de seguros dentro de la econom韆 nacional y por su car醕ter primordialmente mercantil, que debe considerar la unidad de mercado, las competencias de las Comunidades Aut髇omas han de respetar la competencia exclusiva estatal en la legislaci髇 mercantil y, a鷑 en el supuesto de asunci髇 de competencias -incluso exclusivas en materia de mutualidades de previsi髇 social-, deben quedar sometidas al alto control financiero del Estado a fin de lograr la necesaria coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica a que se refiere el art韈ulo 149.1.13.� de la Constituci髇.

En cuanto al segundo de los aspectos, referido al concreto control administrativo de las entidades aseguradoras, la Ley de 1984 se bas� fundamentalmente en las siguientes l韓eas directrices:

- Regular las condiciones de acceso y ejercicio de la actividad aseguradora, potenciando las garant韆s financieras previas de las entidades aseguradoras y consagrando el principio de solvencia, acentuado y especialmente proyectado a sus aspectos t閏nico y financiero.

- Sanear el sector, evitando, en la medida de lo posible, la insolvencia de las entidades aseguradoras. En supuestos de dificultad para las mismas, adoptar las medidas correctoras que produzcan el m韓imo perjuicio para sus empleados y los asegurados.

- Protecci髇 al m醲imo de los intereses de los asegurados y beneficiarios amparados por el seguro, no s髄o mediante el control administrativo gen閞ico de las entidades aseguradoras, sino mediante la regulaci髇 de medidas espec韋icas de tutela, entre las que destacan la preferencia de sus cr閐itos frente a la entidad aseguradora y la protecci髇 de la libertad de los asegurados para decidir la contrataci髇 de los seguros y para elegir asegurador; asimismo, a trav閟 de la adopci髇 de medidas, incluso sancionadoras, en los supuestos que los asegurados y los beneficiarios comunicaren a la Direcci髇 General de Seguros las pr醕ticas de las aseguradoras contrarias a la Ley o que afectasen a sus derechos.

Este esquema b醩ico de principios rectores y l韓eas directrices, que inaugur� la Ley de 2 de agosto de 1984, permanece en las ulteriores reformas y su esencia se mantiene viva y en plena actualidad en la presente Ley de Ordenaci髇 y Supervisi髇 de los Seguros Privados. Las modificaciones que introduce respecto de la regulaci髇 de la Ley de 1984 -como ya se anticip� y a continuaci髇 va a desarrollarse- responden al doble fundamento de adaptaci髇 de Directivas de la Uni髇 Europea e incorporaci髇 al Espacio Econ髆ico Europeo y de la l韓ea de convergencia que se han trazado los pa韘es miembros de ambos, que exige que la ordenaci髇 y supervisi髇 p鷅lica de la actividad aseguradora vaya paralela a la din醡ica de la misma. Todo ello partiendo de que el marco de actuaci髇 de la actividad aseguradora viene configurado por las reglas del mercado y la libre competencia.

3

En el orden concreto de adaptaci髇 de Directivas de la Uni髇 Europea, la presente Ley incorpora al Derecho espa駉l las normas contenidas en las siguientes Directivas:

- Directiva 92/96/CEE, del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordinaci髇 de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (tercera Directiva de seguros de vida).

Su adaptaci髇 a nuestro Derecho supone la recepci髇 del concepto de 玜utorizaci髇 administrativa 鷑ica� en los seguros de vida. Ello significa que las entidades aseguradoras espa駉las podr醤 operar en todo el 醡bito del Espacio Econ髆ico Europeo en r間imen de derecho de establecimiento o en r間imen de libre prestaci髇 de servicios sometidas, exclusivamente, al control financiero de las autoridades espa駉las. Lo mismo resulta aplicable a las entidades aseguradoras domiciliadas en cualquier Estado miembro del Espacio Econ髆ico Europeo, que podr醤 operar en el resto de la misma -y, por tanto tambi閚 en Espa馻- en r間imen de derecho de establecimiento y en r間imen de libre prestaci髇 de servicios sujetas al control financiero del Estado de origen.

- Directiva 92/49/CEE, del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinaci髇 de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida).T閚gase en cuenta que la Directiva 92/49/CEE, ha sido derogada por el art韈ulo 310 de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (獶.O.U.E.L.� 17 diciembre) 1 de enero de 2016.

Constituye id閚tica innovaci髇 que la Directiva anterior, pero referida al seguro directo distinto al seguro de vida.

- Segunda Directiva 90/619/CEE, del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, sobre coordinaci髇 de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestaci髇 de servicios y por la que se modifica la Directiva 79/267/CEE.

Su introducci髇 en nuestro ordenamiento jur韉ico implica, en lo concerniente al seguro de vida, recoger las normas de Derecho Internacional Privado aplicables a los contratos de seguro y el derecho del tomador a resolver unilateralmente el contrato. Y -al igual que en la Directiva que a continuaci髇 se referir�- exige que deban determinarse las normas aplicables a las sociedades dominadas por entidades sometidas al Derecho de un Estado no miembro de la Uni髇 Europea y a la adquisici髇 de participaciones significativas por parte de tales sociedades dominantes, todo ello en materia de seguros directos de vida.

- Directiva 90/618/CEE, del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, que modifica, en particular por lo que se refiere al seguro de responsabilidad civil resultante de la circulaci髇 de veh韈ulos autom髒iles, las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE, referentes a la coordinaci髇 de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida.

La adaptaci髇 de esta Directiva exige -am閚 de recoger las normas aplicables a las sociedades dominadas y a la adquisici髇 de participaciones por sociedades dominantes sometidas al Derecho de un Estado no miembro de la Comunidad Econ髆ica Europea, antes mencionadas, pero referidas ahora al seguro directo distinto del de vida- la ampliaci髇 al seguro de responsabilidad civil en veh韈ulos terrestres autom髒iles del r間imen de libertad de prestaci髇 de servicios -que estaba expresamente excluido en la Directiva 88/357/CEE- con sus peculiaridades propias, consistentes, sobre todo, en la designaci髇 de un representante -que en ning鷑 caso tiene la consideraci髇 de sucursal de entidad extranjera- de las entidades aseguradoras que, en este ramo, operen en Espa馻 en r間imen de libre prestaci髇 de servicios.

- Directiva 91/674/CEE, del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguro.

Su incorporaci髇 a nuestro Derecho clarifica la regulaci髇 de la contabilidad de las entidades aseguradoras admitiendo, sin lugar a ambages, la especialidad de algunas normas reguladoras de la ordenaci髇 contable de tales entidades exigida por el Derecho Comunitario Europeo.

- Directiva 95/26/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 junio de 1995, por la que se modifican las Directivas 77/780/CEE y 89/646/CEE, relativas a las entidades de cr閐ito, las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE, relativas al seguro directo distinto del seguro de vida, las Directivas 79/267/CEE y 92/96/CEE, relativas al seguro directo de vida, la Directiva 93/22/CEE, relativa a las empresas de inversi髇 y la Directiva 85/611/CEE sobre determinados organismos de inversi髇 colectiva en valores mobiliarios (OICVM) con objeto de reforzar la ordenaci髇 y supervisi髇 prudencial.

Esta Directiva, en lo concerniente a las entidades aseguradoras, introduce la innovaci髇 sustancial del concepto de 玽韓culos estrechos� como instrumento de ordenaci髇 y supervisi髇, precisa el de domicilio social y el alcance de deber de secreto profesional y, finalmente, concreta la obligaci髇 de los auditores de cuentas de colaborar con las autoridades supervisoras.

- Tercera Directiva 90/232/CEE, del Consejo, de 14 de mayo de 1990, relativa a la aproximaci髇 de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulaci髇 de veh韈ulos autom髒iles.T閚gase en cuenta que la Tercera Directiva 90/232/CEE, ha sido derogada por el art韈ulo 29 de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulaci髇 de veh韈ulos autom髒iles, as� como al control de la obligaci髇 de asegurar esta responsabilidad (獶.O.U.E.L.� 7 octubre) el 27 de octubre de 2009.

Esta tercera Directiva ampl韆 el sistema obligatorio de cobertura en un seguro muy sensible socialmente, dada la importancia creciente de la circulaci髇 de veh韈ulos a motor, as� como de las responsabilidades derivadas de los accidentes ocasionados con su utilizaci髇. De ah� que el r間imen de garant韆s que contiene se pueda sintetizar del siguiente modo: en el 醡bito de los da駉s a las personas, 鷑icamente los sufridos por el conductor quedan excluidos de la cobertura por el seguro obligatorio; la prima 鷑ica que se satisface en todas las p髄izas del seguro obligatorio cubre, en todo el territorio del Espacio Econ髆ico Europeo, los l韒ites legales del mismo con arreglo a la legislaci髇 del Estado miembro en el que se ocasiona el siniestro o, incluso, la del estacionamiento del veh韈ulo, cuando estos l韒ites sean superiores; en ning鷑 caso puede condicionarse el pago de la indemnizaci髇 por el seguro obligatorio a la demostraci髇 de que el responsable no puede satisfacerla; y, finalmente, que las personas implicadas en el accidente puedan conocer en el plazo m醩 breve posible la entidad aseguradora que cubre la responsabilidad civil del causante.

Estos aspectos se incorporan en la disposici髇 adicional octava de la presente Ley a la norma que actualmente regula esta materia en nuestro ordenamiento jur韉ico, cual es la Ley sobre Uso y Circulaci髇 de Veh韈ulos de Motor. Pero, con el objeto de dotar de estructura adecuada a su T韙ulo I, regulador de la materia, se ha considerado necesario reorganizarlo 韓tegramente de modo que responda al conjunto de las tres Directivas que han sido adoptadas en este seguro; y, con el objeto de clarificar su 醡bito, recibe esta Ley la nueva denominaci髇 de Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulaci髇 de Veh韈ulos a Motor.

En virtud del Acuerdo sobre el Espacio Econ髆ico Europeo las Directivas que se adaptan mediante la presente Ley extienden su 醡bito a los Estados que, aun no siendo miembros de la Uni髇 Europea, est醤 incorporados al Espacio Econ髆ico Europeo.

4

Un segundo bloque de modificaciones normativas viene exigido, no por la adaptaci髇 o incorporaci髇 de Directivas de la Uni髇 Europea, sino por, en mayor o menor medida, la l韓ea de convergencia que se han trazado los pa韘es miembros del Espacio Econ髆ico Europeo. Estas modificaciones se incorporan a la nueva Ley de Ordenaci髇 y Supervisi髇 de los Seguros Privados y, b醩icamente, en las siguientes materias:

- Requisitos de la autorizaci髇 administrativa de entidades aseguradoras espa駉las y de la adquisici髇 en las mismas de participaciones significativas.

- Los art韈ulos 6 y 21 se refieren, respectivamente, a ambas materias, regulando los requisitos de acceso a la actividad aseguradora y perfeccionando el r間imen de ordenaci髇 y supervisi髇 administrativa en la toma de participaciones significativas, con adecuaci髇 al Derecho Comunitario Europeo, tanto en seguros directos de vida como en seguros directos distintos al de vida, siempre, unos y otros, dentro del 醡bito de las potestades regladas, sin perjuicio del margen de apreciaci髇 en la valoraci髇 por la Administraci髇 de los conceptos jur韉icos indeterminados que forman parte de los requisitos exigibles.

- Protecci髇 del asegurado.

La experiencia adquirida, desde la entonces novedosa regulaci髇 de la protecci髇 del asegurado en 1984, ha permitido depurar las instituciones que tienden a la protecci髇 del mismo, ampliando tal protecci髇 a los terceros perjudicados en el 醡bito del seguro de responsabilidad civil, por corresponder ambas protecciones a id閚tico fundamento; se perfeccionan los mecanismos de protecci髇, tanto en el cr閐ito singularmente privilegiado a que se refiere el art韈ulo 59, cuanto en la adecuaci髇 de los mecanismos de soluci髇 de conflictos que configura el art韈ulo 61, teniendo muy presente la nueva regulaci髇 del arbitraje, as� como remitiendo el mecanismo arbitral 玸ui generis� al de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios; y, finalmente, se introduce, bien que con car醕ter potestativo, la figura del 玠efensor del asegurado� en su art韈ulo 63.

- Procedimientos administrativos de ordenaci髇 y supervisi髇.

Tambi閚 se ha considerado necesario fijar con claridad la regulaci髇 que ha de presidir la tramitaci髇 de las distintas actividades y mecanismos de ordenaci髇 y supervisi髇 que a la Administraci髇 se encomiendan en la Ley respecto de las entidades aseguradoras. A estos efectos, el principio b醩ico que ha presidido la regulaci髇 procedimental ha sido que las actividades de ordenaci髇 y supervisi髇 sean ejercidas con la m醲ima agilidad posible pero sin olvidar, en ning鷑 caso, el respeto de todas las garant韆s de las entidades aseguradoras, concediendo una importancia singular al tr醡ite de audiencia de las mismas.

En esta l韓ea, y con car醕ter particular, merecen destacarse las regulaciones del art韈ulo 70.3, referida al procedimiento de ordenaci髇 y supervisi髇 general -que se integra en el procedimiento administrativo general-, y del art韈ulo 72.7, referida al procedimiento de ordenaci髇 y supervisi髇 por inspecci髇, que recoge un procedimiento especial respecto del cual las normas del procedimiento administrativo general 鷑icamente se aplicar醤 con car醕ter supletorio.

5

Consideraci髇 separada merecen los reg韒enes de revocaci髇 de la autorizaci髇 administrativa, de disoluci髇 y liquidaci髇 de entidades aseguradoras, y de adopci髇 de medidas de control especial. La finalidad que persiguen todos ellos es adecuar las causas y el procedimiento de revocaci髇 y disoluci髇, as� como el r間imen de liquidaci髇, al general de sociedades mercantiles -inspir醤dose en la Ley de Sociedades An髇imas- de modo que s髄o se recojan las que han de ser especialidades del propio sector asegurador. Por lo que al procedimiento de disoluci髇 administrativa se refiere, coordina las garant韆s a la propia entidad aseguradora -a trav閟 de la imposici髇 de la obligaci髇 a los administradores, junto con el derecho de los socios, de instar la disoluci髇- con una eficaz actuaci髇 de la Administraci髇 cuando ni uno ni otro hayan tenido lugar. Y en cuanto a la liquidaci髇 de la entidad aseguradora afecta, aclara y especifica el r間imen de ordenaci髇 y supervisi髇 sobre la entidad en liquidaci髇 y sobre sus liquidadores en particular y regula, en los supuestos de liquidaci髇 administrativa, el r間imen jur韉ico de la Comisi髇 Liquidadora de Entidades Aseguradoras, con car醕ter potestativo, permitiendo tambi閚 la designaci髇 de otros liquidadores por el Ministro de Econom韆 y Hacienda.T閚gase en cuenta que el organismo aut髇omo 獵omisi髇 Liquidadora de Entidades Aseguradoras� ha sido suprimido por el art韈ulo 10 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (獴.O.E.� 23 noviembre), siendo asumidas sus funciones, patrimonio y personal por la entidad p鷅lica empresarial 獵onsorcio de Compensaci髇 de Seguros�.

Precisamente en este orden de ideas se incorporan a la Ley de Ordenaci髇 y Supervisi髇 de los Seguros Privados los preceptos hasta ahora reguladores de la Comisi髇 Liquidadora de Entidades Aseguradoras, dotando a la Comisi髇 Liquidadora de Entidades Aseguradoras de un r間imen legal estable, ya que la necesidad de permanencia del mismo se ha puesto de manifiesto merced a la experiencia acumulada desde su creaci髇 en 1984 y de las notables ventajas que para los asegurados y, en general, para todos los acreedores, supone este sistema de liquidaci髇. Ello ha aconsejado incluir en la Ley todos aquellos aspectos referentes a la Comisi髇 que la pr醕tica ha demostrado que permiten aunar el mejor desempe駉 de su cometido y la m醲ima garant韆 de los derechos de todos los acreedores de la entidad en liquidaci髇 e, incluso, de los propios socios de la misma.

Finalmente, en lo que concierne a las medidas de control especial -que han venido a sustituir a las hasta ahora denominadas medidas cautelares- se precisan y especifican las mismas y se establece una correlaci髇 entre los supuestos de hecho determinantes de su adopci髇 y las medidas a adoptar, como exigen la seguridad jur韉ica y las Directivas comunitarias.

6

Junto a las l韓eas directrices b醩icas anteriormente apuntadas, tambi閚 introduce la Ley otras modificaciones de muy diversa 韓dole. No pueden dejar de destacarse, dada su trascendencia, las siguientes:

- Modificaci髇 en el r間imen de las Mutualidades de Previsi髇 Social.

Son modificaciones concretas que, una vez superada la fase inicial de incorporaci髇 al r間imen asegurador de estas Mutualidades de Previsi髇 Social, tienen como finalidad fijar el objeto social de estas entidades como exclusivamente asegurador, si bien, atendiendo a su especial naturaleza, pueden, en el 醡bito de otra autorizaci髇 administrativa espec韋ica concedida al efecto, otorgar prestaciones sociales; depurar la regulaci髇 de sus requisitos, de modo que 閟tos no puedan entenderse como los precisos para disfrutar de beneficios fiscales sino los esenciales para constituir mutualidades de previsi髇 social; permitir, mediante el mecanismo de la autorizaci髇 administrativa previa a la ampliaci髇 de prestaciones, la superaci髇 de los l韒ites legales de las prestaciones por aquellas mutualidades que voluntariamente quieran acogerse al r間imen de garant韆s financieras de las mutuas de seguros, constituyendo un r間imen especial frente al general de mutualidades de previsi髇 social con menores garant韆s y, en su consecuencia, con correlativas menores prestaciones; prohibir la actividad aseguradora a las federaciones y confederaciones de estas mutualidades, en cuanto que no constituyen entidades aseguradoras sino fen髆enos asociativos de las mismas; y adecuar su procedimiento de creaci髇 al de las restantes entidades aseguradoras, evitando la confusi髇 que actualmente se deriva de la colisi髇 entre los art韈ulos 7 y 17 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci髇 del Seguro Privado.

- R間imen de nulidad de los contratos de seguro.

La experiencia ha determinado la necesidad de dotar de una nueva redacci髇 al n鷐ero 6 del art韈ulo 6 de la Ley sobre Ordenaci髇 del Seguro Privado -que pasa a ser n鷐ero 2 del art韈ulo 5 de la presente Ley- con el objeto de fijar los supuestos en que el contrato de seguro queda viciado de nulidad radical de pleno derecho, as� como las consecuencias de tal nulidad, siempre con la mira puesta en la protecci髇 del asegurado. El eje de la nulidad ya no es el de la 玡ntidad no inscrita� sino el de la 玡ntidad no autorizada, cuya autorizaci髇 haya sido revocada, o transgrediendo los l韒ites de la autorizaci髇 administrativa concedida�.

- Determinaci髇 legal del importe de la responsabilidad patrimonial derivada de los da駉s ocasionados a las personas en accidentes de circulaci髇.

Adem醩 de las modificaciones que se introducen en la antigua Ley sobre Uso y Circulaci髇 de Veh韈ulos de Motor derivadas de la Directiva 90/232/CEE, se recoge un sistema legal de delimitaci髇 cuantitativa del importe de las indemnizaciones exigibles como consecuencia de la responsabilidad civil en que se incurre con motivo de la circulaci髇 de veh韈ulos de motor. Este sistema indemnizatorio se impone en todo caso, con independencia de la existencia o inexistencia de seguro y de los l韒ites cuantitativos del aseguramiento obligatorio y se articula a trav閟 de un cuadro de importes fijados en funci髇 de los distintos conceptos indemnizables que permiten, atendidas las circunstancias de cada caso concreto y dentro de unos m醨genes m醲imos y m韓imos, individualizar la indemnizaci髇 derivada de los da駉s sufridos por las personas en un accidente de circulaci髇.

Constituye, por tanto, una cuantificaci髇 legal del 玠a駉 causado� a que se refiere el art韈ulo 1.902 del C骴igo Civil, y de la responsabilidad civil a que hace referencia el art韈ulo 19 del C骴igo Penal.

- Reforma del inter閟 de demora aplicable a las aseguradoras.

Se reforma tambi閚 el inter閟 de demora aplicable a las aseguradoras, derogando la disposici髇 adicional tercera de la Ley Org醤ica 3/1989, de 21 de junio, y dando nueva redacci髇 al art韈ulo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, con la finalidad de aclarar los t閞minos de la regulaci髇 de la materia y evitar la multiplicidad de interpretaciones a las que se est� dando lugar en las distintas resoluciones judiciales.

Se especifica el sistema de devengo de intereses que en dicho art韈ulo se establece; se da un tratamiento homog閚eo al asegurado, beneficiario y tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil; se ampl韆 la obligaci髇 de abono de intereses a los supuestos de falta de pago del importe m韓imo de la indemnizaci髇; y se cuantifica el inter閟 de demora, moderando la f髍mula de un inter閟 absoluto para hacerlo, durante los dos primeros a駉s, referencial al inter閟 legal del dinero.

Se establece, tambi閚, la no acumulaci髇 de los intereses que se devengan por aplicaci髇 de este art韈ulo 20 con los previstos en el art韈ulo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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Esta Ley ampl韆 el r間imen de ordenaci髇 y supervisi髇 administrativa de entidades aseguradoras, por medio de medidas de control especial y de disoluci髇 administrativa, al 醡bito de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones.

Con la experiencia adquirida desde 1987 en la aplicaci髇 de esta norma, se ha considerado preciso, en la l韓ea de paralelismo -que no confluencia- que ha de seguir la ordenaci髇 y supervisi髇 de entidades aseguradoras y la de planes y fondos de pensiones, completar, actualizar y perfeccionar el r間imen administrativo sancionador, ampli醤dolo a los expertos que emiten los dict醡enes actuariales, introducir un sistema de medidas de control especial que garantice, en todo caso, la finalidad para la que los planes de pensiones fueron en su d韆 regulados, articular las causas de disoluci髇 de las entidades gestoras y de los fondos de pensiones y las de terminaci髇 de los planes de pensiones, determinar cu醤do puede ser acordada administrativamente as� como la intervenci髇 en la liquidaci髇 y, finalmente, precisar la revocaci髇 de la autorizaci髇 administrativa de las entidades gestoras y de los fondos de pensiones, todo ello en paralelo a los de las entidades aseguradoras.

Asimismo, y con el objeto de proteger los intereses de los trabajadores, aun en los supuestos en que se haya extinguido su contrato de trabajo, frente a posibles insolvencias del empresario en orden al cumplimiento de los compromisos por pensiones asumidos por 閟te se incorpora un precepto -dando nueva redacci髇 a su disposici髇 adicional primera- a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, adaptando as� el art韈ulo 8 de la Directiva 80/987/CEE.

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La recepci髇 de todos estos mandatos normativos ha supuesto, como ya se dijo, su plasmaci髇 en una nueva Ley de Ordenaci髇 y Supervisi髇 de los Seguros Privados, am閚 de la estructuraci髇 de la parte final con las necesarias disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. La Ley se articula en tres T韙ulos, referidos, respectivamente, a la determinaci髇 del 醡bito normativo de la Ley, a la ordenaci髇 y supervisi髇 de las entidades aseguradoras espa駉las -dedicando un cap韙ulo a su actuaci髇 en r間imen de derecho de establecimiento o de libre prestaci髇 de servicios-, y a las entidades aseguradoras extranjeras que operen en Espa馻 -distinguiendo el r間imen aplicable a las aseguradoras domiciliadas en otros Estados miembros del Espacio Econ髆ico Europeo del que afecta a las domiciliadas en terceros pa韘es-. Es, b醩icamente en las disposiciones adicionales donde se han recogido las modificaciones de otras Leyes afectadas por la presente reforma: en concreto, la Ley de Contrato de Seguro (en la sexta), la Ley de Mediaci髇 en Seguros Privados (en la s閜tima), la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulaci髇 de Veh韈ulos a Motor (en la octava), el Estatuto Legal del Consorcio de Compensaci髇 de Seguros (en la novena), la Ley de Seguros Agrarios Combinados (en la d閏ima), la Ley reguladora de Planes y Fondos de Pensiones (en la und閏ima), la disposici髇 adicional und閏ima de la Ley General de la Seguridad Social (en la duod閏ima) y la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas (en la decimotercera).Las referencias a la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas, han de entenderse hechas a los preceptos correspondientes de la Ley 40/1998, 9 diciembre (獴.O.E.� 10 diciembre), del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y otras Normas Tributarias.