Sumario

Pre�mbulo

I.

La competencia desleal, aun constituyendo una pieza legislativa de importancia capital dentro del sistema del Derecho mercantil, ha sido un sector del que tradicionalmente ha estado ausente el legislador. Esta circunstancia, parcialmente remediada por la reciente aprobaci�n de las Leyes 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, hab�a propiciado la formaci�n de una disciplina discontinua y fragmentaria que muy pronto habr�a de revelarse obsoleta y de quedar, en la realidad de los hechos, desprovista de fuerza. En efecto, las normas que tradicionalmente han nutrido dicha disciplina se encontraban dispersas en leyes de distinta edad y procedencia: contemplaban �nicamente aspectos parciales (y a menudo meramente marginales) de esa vasta realidad que es la competencia desleal; respond�an a modelos de regulaci�n desfasados, que en la actualidad -seg�n ha mostrado nuestra m�s reciente y atenta doctrina- carecen de parang�n en el Derecho comparado e incluso de anclaje en la evoluci�n general del propio; y, en fin, eran normas que ni siquiera dentro de sus limitaciones pod�an considerarse eficaces, debido a la escasa calidad y flexibilidad de su aparato sancionador. El r�gimen de la competencia desleal se hab�a convertido as� en un escenario normativo languideciente, al amparo del cual pudieron proliferar pr�cticas concurrenciales incorrectas, que en no pocas ocasiones han ocasionado un grave deterioro de nuestro tr�fico mercantil.

II.

La presente Ley, completando y, en ocasiones, refundiendo los esfuerzos de la racionalizaci�n sectoriales iniciados por las ya recordadas leyes de Marcas y Publicidad, aspira a poner t�rmino a la tradicional situaci�n de incertidumbre y desamparo que ha vivido el sector, creando un marco jur�dico cierto y efectivo, que sea capaz de dar cauce a la cada vez m�s en�rgica y sofisticada lucha concurrencial. Varias circunstancias hac�an inexcusable esta iniciativa.

La primera viene dada por la creciente demanda social que al respecto se ha dejado sentir en los �ltimos tiempos. La apertura de nuevos mercados, la emancipaci�n de nuestra vida mercantil de v�nculos corporativos y proteccionistas y una mayor sensibilidad de nuestros hombres de empresa hacia la innovaci�n de las estrategias comerciales han abierto nuevas perspectivas a nuestra econom�a, pero al propio tiempo han puesto de manifiesto el peligro de que la libre iniciativa empresarial sea objeto de abusos, que con frecuencia se revelan gravemente nocivos para el conjunto de los intereses que confluyen en el sector: El inter�s privado de los empresarios, el inter�s colectivo de los consumidores y el propio inter�s p�blico del Estado al mantenimiento de un orden concurrencial debidamente saneado.

La Ley responde, en segundo lugar, a la necesidad de homologar, en el plano internacional, nuestro ordenamiento concurrencial. Espa�a ha omitido esta equiparaci�n en ocasiones anteriores. Pero en el momento presente, esa situaci�n ya no pod�a prolongarse por m�s tiempo sin grave inconveniente. El ingreso en la Comunidad Econ�mica Europea exig�a, en efecto, la introducci�n en el entramado de nuestro Derecho mercantil y econ�mico de una disciplina de la competencia desleal que estableciese condiciones concurrenciales similares a las que reinan o imperan en el conjunto de los dem�s Estados miembros. Desde esta perspectiva, la presente Ley se propone dar un paso m�s en la direcci�n iniciada por la reciente Ley de Marcas, por medio de la cual se ha tratado de materializar el compromiso contra�do en los art�culos 10 bis y 10 ter del Convenio de La Uni�n de Par�s.

Obedece la Ley, finalmente, a la necesidad de adecuar el ordenamiento concurrencial a los valores que han cuajado en nuestra constituci�n econ�mica. La Constituci�n Espa�ola de 1978 hace gravitar nuestro sistema econ�mico sobre el principio de libertad de empresa y, consiguientemente, en el plano institucional, sobre el principio de libertad de competencia. De ello se deriva, para el legislador ordinario, la obligaci�n de establecer los mecanismos precisos para impedir que tal principio pueda verse falseado por pr�cticas desleales, susceptibles, eventualmente, de perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado. Esta exigencia constitucional se complementa y refuerza por la derivada del principio de protecci�n del consumidor, en su calidad de parte d�bil de las relaciones t�picas de mercado, acogido por el art�culo 51 del texto constitucional. Esta nueva vertiente del problema, en general desconocida por nuestro Derecho tradicional de la competencia desleal, ha constituido un est�mulo adicional de la m�xima importancia para la emanaci�n de la nueva legislaci�n.

III.

Las circunstancias antes se�aladas, al tiempo que ponen de manifiesto la oportunidad de la Ley, dan raz�n de los criterios y objetivos que han presidido su elaboraci�n; a saber: Generalidad, modernidad e institucionalidad. El prop�sito que ha guiado al legislador ha sido, en efecto, el de elaborar una Ley general, capaz de satisfacer la heterog�nea demanda social que registra el sector desde la perspectiva unitaria del fen�meno concurrencial; una Ley moderna, inspirada en los modelos de regulaci�n m�s avanzados y susceptible de situar a nuestro ordenamiento de la competencia en la �rbita del Derecho europeo del momento; una Ley, en fin, de corte institucional, apta para garantizar o asegurar una ordenaci�n del juego competitivo acorde con la escala de valores e intereses que ha cristalizado en nuestra constituci�n econ�mica.

El resultado no pod�a ser otro que una profunda renovaci�n de nuestro vigente Derecho de la competencia desleal. Dicha renovaci�n se advierte, cuando menos, en el triple plano de la orientaci�n, de la configuraci�n y de la realizaci�n de la disciplina.

1. Por lo que se refiere al principio de los planos mencionados, la Ley introduce un cambio radical en la concepci�n tradicional del Derecho de la competencia desleal. Este deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenaci�n y control de las conductas en el mercado. La instituci�n de la competencia pasa a ser as� el objeto directo de protecci�n. Significativo a este respecto es, entre otros muchos, el art�culo 1. Tambi�n, y muy especialmente, el art�culo 5 en el que, impl�citamente al menos, se consagra la noci�n de abuso de la competencia. Esta nueva orientaci�n de la disciplina trae consigo una apertura de la misma hacia la tutela de intereses que tradicionalmente hab�an escapado a la atenci�n del legislador mercantil. La nueva Ley, en efecto, se hace portadora no s�lo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino tambi�n de los intereses colectivos del consumo. Esta ampliaci�n y reordenaci�n de los intereses protegidos est� presente a lo largo de todos los preceptos de la Ley. Particularmente ilustrativo resulta el art�culo 19, que atribuye legitimaci�n activa para el ejercicio de las acciones derivadas de la competencia desleal a los consumidores (individual y colectivamente considerados).

2. En lo que ata�e a la configuraci�n sustantiva de la disciplina, las novedades no son menos importantes. A este respecto resultan especialmente destacables los dos primeros cap�tulos de la Ley, en los que, respectivamente, se incardinan la parte general y la parte especial de la disciplina.

En el Cap�tulo I, y espec�ficamente en los art�culos 2 y 3, se establecen los elementos generales del il�cito concurrencial (aplicables a todos los supuestos concretos tipificados en el Cap�tulo II, excepci�n hecha del previsto en el art�culo 13, relativo a la violaci�n de secretos industriales). A la hora de perfilar tales elementos o presupuestos de aplicaci�n de la disciplina se ha seguido por imperativo de la orientaci�n institucional y social de la Ley, un criterio marcadamente restrictivo. Para que exista acto de competencia desleal basta, en efecto, con que se cumplan las dos condiciones previstas en el p�rrafo primero del art�culo 2: Que el acto se �realice en el mercado� (es decir, que se trate de un acto dotado de trascendencia externa) y que se lleve a cabo con �fines concurrenciales� (es decir, que el acto -seg�n se desprende del p�rrafo segundo del citado art�culo- tenga por finalidad �promover o asegurar la difusi�n en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero�). Si dichas circunstancias concurren, el acto podr� ser perseguido en el marco de la nueva Ley. No es necesaria ninguna otra condici�n ulterior; y concretamente -seg�n se encarga de precisar el art�culo 3- no es necesario que los sujetos -agente y paciente- del acto sean empresarios (la Ley tambi�n resulta aplicable a otros sectores del mercado: artesan�a, agricultura, profesiones liberales, etc.), ni se exige tampoco que entre ellos medie una relaci�n de competencia. En este punto, y por exigencia de sus propios puntos de partida, la Ley ha incorporado las orientaciones m�s avanzadas del Derecho comparado, desvinculando la persecuci�n del acto del tradicional requisito de la relaci�n de competencia, que s�lo tiene acomodo en el seno de una concepci�n profesional y corporativa de la disciplina.

Las disposiciones generales del Cap�tulo I se cierran con una norma unilateral de Derecho internacional privado que establece un criterio de conexi�n -el mercado afectado por el acto de competencia desleal- en plena armon�a con la inspiraci�n institucional de la Ley.

El n�cleo dispositivo de la Ley se halla ubicado en el Cap�tulo II, donde se tipifican las conductas desleales. El cap�tulo se abre con una generosa cl�usula general de la que en buena medida va a depender -como muestra la experiencia del Derecho comparado- el �xito de la Ley y la efectiva represi�n de la siempre cambiante fenomenolog�a de la competencia desleal. El aspecto tal vez m�s significativo de la cl�usula general radica en los criterios seleccionados para evaluar la deslealtad del acto. Se ha optado por establecer un criterio de obrar, como es la �buena fe�, de alcance general, con lo cual, impl�citamente, se han rechazado los m�s tradicionales (�correcci�n profesional�, �usos honestos en materia comercial e industrial�, etc.), todos ellos sectoriales y de inequ�voco sabor corporativo.

Pero la amplitud de la cl�usula general no ha sido �bice para una igualmente generosa tipificaci�n de los actos concretos de competencia desleal, con la cual se aspira a dotar de mayor certeza a la disciplina. El cat�logo incluye, junto a las m�s tradicionales pr�cticas de confusi�n (art�culo 6), denigraci�n (art�culo 9) y explotaci�n de la reputaci�n ajena (art�culo 12), los supuestos de enga�o (art�culo 7), de violaci�n de secretos (art�culo 13), de inducci�n a la infracci�n contractual (art�culo 14) y otros que s�lo han cobrado un perfil n�tido y riguroso en la evoluci�n europea de las �ltimas d�cadas, tales como la venta con primas y obsequios (art�culo 8), la violaci�n de normas (art�culo 15), la discriminaci�n (art�culo 16) y la venta a p�rdida (art�culo 17). De acuerdo con la finalidad de la Ley, que en definitiva se cifra en el mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos, la redacci�n de los preceptos anteriormente citados ha estado presidida por la permanente preocupaci�n de evitar qu� pr�cticas concurrenciales inc�modas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales. En este sentido, se ha tratado de hacer tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, m�s que dirigirse a incriminar una determinada pr�ctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas acerca de su deslealtad. Significativos a este respecto son los art�culos 10 y 11, relativos a la publicidad comparativa y a los actos de imitaci�n e incluso los ya citados art�culos 16 y 17 en materia de discriminaci�n y venta a p�rdida.

3. La Ley se esfuerza, finalmente, por establecer mecanismos sustantivos y procesales suficientemente eficaces para una adecuada realizaci�n de la disciplina. Al respecto resultan relevantes los Cap�tulos III y IV. En el primero de ellos se regulan con detalle las acciones derivadas del acto de competencia desleal. Los extremos m�s significativos se hallan contemplados por los art�culos 18 y 19. El art�culo 18 realiza un censo completo de tales acciones (declarativa, de cesaci�n, de remoci�n, de rectificaci�n, de resarcimiento de da�os y perjuicios y de enriquecimiento injusto), poniendo a disposici�n de los interesados un amplio abanico de posibilidades para una eficaz persecuci�n del il�cito concurrencial. El art�culo 19 disciplina en t�rminos muy avanzados la legitimaci�n activa para el ejercicio de las acciones anteriormente mencionadas. La novedad reside en la previsi�n, junto a la tradicional legitimaci�n privada (que se ampl�a al consumidor perjudicado), de una legitimaci�n colectiva (atribuida a las asociaciones profesionales y de consumidores). De este modo se pretende armonizar este sector de la normativa con la orientaci�n general de la Ley y al mismo tiempo multiplicar la probabilidad de que las conductas incorrectas no queden sin sanci�n.

El Cap�tulo IV alberga algunas especialidades procesales que se ha cre�do oportuno introducir al objeto de conseguir, sin merma de las debidas garant�as, un mayor rigor, y una mayor eficacia y celeridad en las causas de competencia desleal. Desde esta perspectiva resultan particularmente elocuentes los art�culos 24 y 25. El primero de ellos prev� un generoso cat�logo de diligencias preliminares encaminado a facilitar al posible demandante la obtenci�n de la informaci�n necesaria para preparar el juicio. La experiencia demuestra que sin instrumentos de este tipo, a trav�s de los cuales se asegure el acceso al �mbito interno de la empresa que presumiblemente ha cometido una pr�ctica desleal, las acciones de competencia desleal se hallan, con frecuencia, condenadas al fracaso. El segundo de los preceptos mencionados, el art�culo 25, regula las medidas cautelares, otra de las piezas clave para una eficaz defensa del interesado contra los actos de competencia desleal.

El Cap�tulo -y con �l la Ley- se cierra con una disposici�n inspirada por la Directiva CEE en materia de publicidad enga�osa. Se trata del art�culo 26, que contempla la posibilidad de que el juez invierta, en beneficio del demandante, la carga de la prueba relativa a la falsedad e inexactitud de las indicaciones o manifestaciones enjuiciadas en una causa de competencia desleal. Ciertamente, la norma se halla ya recogida en la Ley General de Publicidad. No est� de m�s, sin embargo, que se reitere en el �mbito de la legislaci�n general, debido a su m�s amplia proyecci�n.

IV

Finalmente ha de hacerse una referencia a la oportunidad de la presente Ley desde el punto de vista de la distribuci�n territorial de competencias. La premisa de la que se ha partido es que la �competencia desleal� constituye una materia reservada a la competencia del Estado. Esta es en efecto, la conclusi�n a la que se arriba en aplicaci�n del art�culo 149 n�mero 1 de la Constituci�n, tanto en sus apartados 6 y 8 que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la �legislaci�n mercantil� y las �bases de las obligaciones contractuales� como, en cierto modo, en su apartado 13, que reserva al Estado las �bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica�. Este punto de vista se refuerza apelando a la doctrina del Tribunal Constitucional a tenor de la cual el l�mite impl�cito de la competencia auton�mica ha de situarse en la necesidad de garantizar la �unidad de mercado� en el territorio nacional.

El legislador es consciente, ciertamente, de que la materia de la �competencia desleal� se halla muy pr�xima a las materias de �comercio interior� y de �tutela del consumidor� respecto de las cuales las Comunidades Aut�nomas tienen asumidas competencias. Precisamente por ello ha tratado de ser especialmente escrupuloso a la hora de delimitar el objeto y el campo de su regulaci�n. La cuesti�n es clara con relaci�n al t�tulo competencial de �comercio interior�, cuyas materias quedan perfectamente excluidas de la presente Ley. M�s dudas puede suscitar, a primera vista, el t�tulo relativo a la �protecci�n del consumidor�. Un examen atento de la normativa aprobada enseguida muestra, sin embargo, que tampoco por este lado se han mezclado o confundido �rdenes materiales y, competenciales distintas. La Ley, en efecto, disciplina directa e inmediatamente la actividad concurrencial. El hecho de que a la hora de establecer el cauce jur�dico de esa actividad haya tenido en cuenta, muy especialmente por cierto, los intereses de los consumidores, no significa que haya invadido terrenos que no son propios de su regulaci�n; significa simplemente que, en el trance de reglamentar los comportamientos de los operadores del mercado, se ha guiado -de acuerdo con los criterios consolidados en la evoluci�n actual del Derecho comparado y por imperativo de la propia Carta Constitucional- por la necesidad de reforzar la posici�n del consumidor como parte d�bil de las relaciones t�picas del mercado.

CAP�TULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAP�TULO II

ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

CAP�TULO III

ACCIONES DERIVADAS DE LA COMPETENCIA DESLEAL

CAP�TULO IV

DISPOSICIONES PROCESALES